10 de octubre: Actos de repudio, represión y violencia de género.

No me intimidan los mítines de repudio, pero las imágenes de este 10 de octubre en el Barrio de San Isidro y en otros lugares de La Habana me han resultado profundamente apabullantes.

Este sentir no es de asombro ante la represión del gobierno cubano para con sus detractores; está más bien asociado a la inocente creencia de la evolución del cubano como ciudadano.

La poeta Katherine Bisquet quien fue una de las víctimas de las turbas oficialistas ese día, ha descrito su experiencia de la siguiente manera:

“Este sábado 10 de octubre algo se fracturó en mí. Me di cuenta tarde. No cuando varios policías me empujaban a la fuerza hacia una patrulla en mi primera detención del día, ni cuando más de diez mujeres, inexplicablemente enardecidas, a las que no conozco y en apariencia tampoco me conocen, me gritaban «gusana», ni cuando me dejaron casi tres horas dentro de esa misma patrulla cerrada, casi sin aire, con reguetón a todo volumen. Me di cuenta del dolor, de la fractura, pasadas muchas horas, y fue como un desvanecimiento”.

Sentir el trauma, el miedo y la incomprensión hechas músculo, como una entidad propia que se extiende por todo el cuerpo, es algo que me resulta familiar. Sin embargo, tales acciones del gobierno se han normalizado de manera tan natural, incluso con la complicidad de países democráticos, que aún puede ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (del que ha sido parte ya en cuatro ocasiones desde la fundación de este Consejo).

Con tan solo mirar los últimos intentos de protesta pacífica en la isla nos podemos percatar de la impunidad total de sus actos:

El 30 de junio varios activistas del Movimiento de San Isidro y de otros grupos de la isla, se autoconvocaron en torno a la injusta muerte del joven negro Hansel Ernesto Hernández, víctima de la violencia policial cubana. El saldo de esta acción superó los 130 detenidos y más de 200 impedidos de salir de su hogar. De estas cifras habría que destacar que más de 40 eran mujeres artistas, periodistas u opositoras.

El 8 de septiembre, día de la Virgen de la Caridad del Cobre, el grupo opositor Unión Patriótica de Cuba realizó un llamado, por segundo año consecutivo, a una manifestación pública. Lamentablemente, las 112 cifras totales de incidentes durante la denominada “Revolución de los Girasoles”, deja mucho que desear.

Según la plataforma Cuba Decide ocurrieron 84 detenciones arbitrarias, 27 actos de amenazas y hostigamientos. Entre los afectados 31 víctimas eran mujeres y 81 hombres.

Por último, mencionaré las detenciones del 10 de octubre, día en el que ocurrieron al menos 21, principalmente en La Habana, según reportó la organización independiente Cubalex.

Durante esta desagradable jornada, la periodista independiente Camila Acosta tuvo que orinar dentro de la patrulla de policía que la custodiaba porque le impidieron ir al baño.

Por otro lado, la artista Tania Bruguera, la productora Aminta D’Cárdenas, la activista Kirenia Yalit, y la artista Camila Lobón, luego de ser sometidas a un violento acto de repudio, fueron trasladadas en sendas patrullas por todo el Malecón con las sirenas encendidas, y en lenta peregrinación, como si de un escarmiento público, a la manera medieval, se tratara.

Sobre ese día Tania Bruguera ha comentado:

“El ruido que nos rodeaba como una maleza se cortaba por la voz de Camila, que decía: “Esto es ilegal, esto es ilegal”. De pronto estaba muy claro, para todos, la diferencia entre el oportunismo y la honestidad, entre el abuso y el derecho. (…) Nunca se oyó tan sucio el himno nacional”.

Todos estos eventos y testimonios, no solo manifiestan la represión de un gobierno, de aquí se puede extraer, además, otra certeza: la doble vulnerabilidad a la que está sometida la activista cubana, por su condición de mujer.

Cuba es firmante desde 1980 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en uno de sus artículos se precisa: “Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

Sin embargo, pese a que el gobierno cubano ha ratificado este Tratado Internacional, la periodista Claudia Padrón ha constatado que “desde 2016 a 2018, las mujeres que disienten con el sistema político, sufrieron mayores niveles de represión (10435 denuncias) que los hombres (8834) en la isla. A pesar de que la cantidad de mujeres activistas es menor, ellas denuncian mayores actos de hostigamiento según los datos recogidos por Cubalex en su informe sobre «Graves violaciones de derechos humanos en Cuba”.

En los testimonios de denuncia se percibe el alto nivel de acoso hacia las mujeres activistas, periodistas o artistas : las expulsan de sus alquileres sistemáticamente (Katherine Bisquet, Camila Acosta, Anamely Ramos, entre otras); las amenazan con exponer fotos privadas en las redes sociales (Claudia Genlui); utilizan la difamación pública, generalmente cargada de ataques machistas, y también para tratar de disminuir el valor de su trabajo (a casi todas las activistas las acusan de recibir subvención de la CIA, la NED, o cualquier otra fundación estadounidense, y que por ello sus agendas están parcializadas), las presionan con la familia, les quitan sus medios de trabajo, las interrogan y multan injustamente…

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, “Convención de Belem Do Pará”, entiende que “violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”.

Aunque está Convención está firmada por el «querido hermano» Venezuela, además de por otra treintena de países, el gobierno de Cuba ni la ha firmado ni la ha ratificado. Quizás porque lo ubica a él como lo que es: un agresor que quebranta todos los derechos de la mujer, un Estado maltratador que ejerce con impunidad la violencia de género.