Melody González Pedraza habla sobre su responsabilidad en la condena de cuatro jóvenes y sobre los juicios del 11J

Exjueza Melody González Pedraza, solicitante de asilo político en EE.UU., habla sobre el sistema judicial cubano y responde a quienes la acusan.

La exjueza cubana Melody González Pedraza, solicitante de asilo político en Estados Unidos, deberá demostrar el 31 de julio que lo merece, mientras personas a las que sentenció a penas de cárcel en el Tribunal Municipal de Encrucijada, Villa Clara, piden que le sea negado y se le deporte a la Isla. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) la incluyó en su lista de represores por estar entre los jueces que condenaron a prisión a cuatro jóvenes, sin pruebas. González Pedraza, quien espera su audiencia de asilo en el centro de detención Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, Florida, ofrece su versión sobre esos hechos en entrevista con Diario de Cuba.

“La prueba fundamental estaba basada en la confesión de uno de los cuatro”, explica González Pedraza sobre el juicio contra los jóvenes Andy Gabriel González Fuentes, Eddy Daniel Rodríguez Pérez, Luis Ernesto Medina Pedraza y Adain Barreiro Pérez, por el presunto delito de atentado, en el que ella presidió el tribunal.

“Adain Barreiro, justo el hijo de la mujer que aparece en el vídeo hablando mal de mí, durante las investigaciones confesó e implicó a los otros tres. Redactó un documento con su puño y letra, reconstruyó los hechos, y realizó presentación para reconocimiento por fotos, donde implicó a los otros”, detalla la jurista, que arribó a EE.UU. el 30 de mayo, como beneficiaria del Programa de Parole Humanitario implementado en enero de 2020 por la Administración del presidente estadounidense Joe Biden. Al serle negada la entrada al país por su presunto historial represivo en Cuba, pidió asilo político.

Sobre Barreiro, cuenta que se retractó durante el juicio y dijo haber sido coaccionado para confesar: “Dijo que lo habían obligado y que lo habían amenazado con llevar a prisión a su hermano, si no lo hacía, pero no dio más detalles”.

“El que alegó estar en salida ilegal fue uno solo. Había un documento que decía que lo habían regresado de la salida ilegal el 30 de noviembre y el hecho tuvo lugar el 17 de noviembre. Él decía que había salido el mismo 17 y comparecieron algunos testigos que dijeron haber salido con él en esa fecha, pero la única prueba era que había entrado el 30, no cuándo salió”, añade.

González Pedraza explica que el expediente entró al Tribunal de Encrucijada a principios de enero. Los acusados estaban en prisión provisional desde hacía varios meses. El expediente fue tramitado por la Fiscalía provincial y las conclusiones fueron presentadas por un fiscal provincial.

“Incluso, el juicio vino a hacerlo a Encrucijada un fiscal de la provincia”, subraya la jurista, que desde el principio recibió la indicación de mantener la medida cautelar de prisión provisional. El juicio se realizó en la fecha autorizada por el Tribunal Provincial.

“El 18 y el 23 de abril recibí una visita en mi centro de trabajo, una inspección de la presidenta del Tribunal Provincial y la presidenta de la Sala de Seguridad. Me dieron indicaciones precisas; yo debatí que los abogados de la Defensa habían presentado un grupo de pruebas importantes, sobre todo, testigos. Pero la orden que recibí fue que las de las Fiscalía eran suficientes y tenían más valor. Había que mantener la prisión provisional y sancionarlos”, cuenta la exjueza.

Entre las redes sociales y la Seguridad del Estado

Como si esas “indicaciones” no hubieran bastado, la jurista villaclareña cuenta que también la visitaron dos oficiales de la Seguridad del Estado, a los que identifica como Yoandry Cárdenas y Osmany Castellanos, “en pleno apagón y como a las 12 de la noche”.

“Supuestamente, fueron a preguntarme cómo yo estaba, ya que habían comenzado los rumores por las redes sociales, pero también me preguntaron si ya la sentencia estaba y si yo sabía lo que tenía que hacer en ese asunto, que lo pensara bien y que pensara en las consecuencias, palabras totalmente amenazantes, incluso en presencia de mi esposo”.

La exjueza explica que, para ese entonces, un influencer radicado en Miami, llamado Samuel Rodríguez, había subido videos en las redes sociales en los que la presentaba de forma negativa y hacía presión para que se absolviera a los acusados.

“También algunos de los familiares de esos jóvenes habían subido a Facebook vídeos similares. La visita de la Seguridad, evidentemente, fue a contrarrestar el efecto que esto podía provocar en mí y en mi familia. Fueron tajantemente a asegurarse de que estas personas fueran sancionadas, y a decirme que yo no podía hacer caso a los comentarios. Pues las consecuencias serían peores; que tenía que sancionarlos o tomarían medidas conmigo y con mi familia. Evidentemente, el temor que sentí a la represalia de ellos fue mayor que a la difamación que ya circulaba en las redes sociales. Fueron momentos de estrés tan grandes, que conllevaron a que mi salud se vea seriamente afectada en estos momentos”, afirma.

González Pedraza optó por solicitar la baja del sistema judicial cubano, el pasado 30 de abril. Pero el 2 de mayo fue al tribunal, para reevaluar las pruebas “y ver si podíamos aliviar la situación”.

“Fueron tajantemente a asegurarse de que estas personas fueran sancionadas y a decirme […] que tenía que sancionarlos o tomarían medidas conmigo y con mi familia.”

La respuesta de las mismas personas que la habían visitado en su trabajo (Laura María León Delgado y Grisel Santos Suárez) fue “que no había otra opción que sancionarlos e imponerles la pena que había solicitado la Fiscalía. Incluso, desde el día del juicio, los jueces legos que participaron no estuvieron de acuerdo con sancionarlos, pues entendían que los abogados habían presentado muchas pruebas. Y me dijeron que tenía que dictar la sentencia sin contar con ellos”.

Pese a que la confesión de un acusado contra otro no constituye evidencia suficiente de culpabilidad, según establece la ley, menos aún si ha sido modificada o el inculpado se ha retractado, la decisión fue sancionar.

“Finalmente, tomé el riesgo de imponer una pena inferior a la solicitada por el fiscal: tres años al que confesó y cuatro a los otros tres. Cuando en el Tribunal Provincial lo supieron, dijeron que eran penas muy benévolas, que le indicarían a la Fiscalía que apelara. No sé si lo hicieron. Dijeron que conmigo iban a hacer los análisis correspondientes de política penal, en el Consejo de Gobierno y en la Comisión de Cuadros”.

Eso no sucedió porque a González Pedraza le llegó el parole el 10 de mayo y el 11, el permiso de viaje.

“Enseguida, por cuestión de respeto, fui al Tribunal Provincial y se lo conté a mi jefa, incluso antes que a mis padres. En lugar de tramitarlo con discreción, como le pedí, se lo contó a todos, para vergüenza mía. Lo informo al Tribunal Supremo y, en lugar de tramitar mi baja, me pusieron una medida de suspensión inmediata del vínculo laboral”.

Sobre la sentencia de los jóvenes, explica que cuando la redactó, tuvo que someterla a revisión del Tribunal Provincial, donde se cambiaron muchas frases, y que no pudo notificarla hasta que la autorizaron.

Juicios del 11J

González Pedraza asegura que no tuvo participación en ningún juicio por las protestas antigubernamentales de julio de 2021. Sin embargo, el ciudadano Uziel García declaró al medio estadounidense Martí Noticias que ella le impuso dos años de cárcel por desacato.

“Uziel Gracia Díaz es una persona a quien recuerdo por haberlo sancionado en varias ocasiones. Proveniente de una familia disfuncional, alcohólico, sin un trabajo estable, de temperamento airado y violento, nunca sostuvo vínculo laboral. Sus principales causas siempre fueron por lesiones, pleitos y por atentar contra el patrimonio de los demás, nunca por estar vinculado a hechos de política. Tampoco creo que haya tenido el valor de manifestarse cuando el 11 de julio. Si en estos momentos ha hecho alguna declaración es por unas pocas monedas, pues hasta donde recuerdo su situación es precaria”, dice la exjueza.

“En mis manos, evidentemente, no tengo las pruebas, por la situación en la que me encuentro. Pero en los archivos del Tribunal de Encrucijada y en todos los sistemas del país se encuentran sus causas, los motivos por los que ha sido sancionado y las sentencias impuestas. No quiero hablar mal de ninguna persona en particular y menos de este, al que por consideración como con muchos otros, siempre le impuse penas ajustadas a los límites mínimos posibles”, sostiene.

Pese a asegurar que no participó en los juicios del 11J, González Pedraza recuerda que el Tribunal Supremo dictó una Instrucción, firmada por el presidente, Rubén Remigio Ferro, y aprobada en su Consejo de Gobierno, con indicaciones precisas de política penal para esos casos. Las fundamentales: mantener la prisión provisional una vez se recibiera el caso en los tribunales, imponer penas de rigor que implicaran confinamiento, conceder la libertad condicional solo en excepcionales y que las personas cumplieran la mayor parte de la sanción en prisión.

Una vez excarceladas bajo libertad condicional, se debía establecer sobre esas personas “un control riguroso” por todas las autoridades del territorio: Policía, Seguridad y las organizaciones políticas.

Dos verdades, un único miedo y la dificultad de ser creíble tras servir al régimen cubano

La exjueza está consciente de que es difícil que las personas la vean como una víctima más, tras haber trabajado dentro del sistema penal cubano, que responde a los intereses del régimen. Además, fue militante del Partido Comunista. La membresía, asegura, es obligatoria.

“Me ubicaron a trabajar muy joven en el tribunal a hacer mi servicio social. Nunca supe hacer otro trabajo más que ese, además de las pocas opciones que existen en un pueblo tan pequeño. Pasado un tiempo, me exigieron ser militante o de lo contrario tenía que abandonarlo”, argumenta González Peraza, pero aclara que nunca tuvo ningún cargo.

“El Gobierno cubano manipula, controla, dirige y extorsiona al sistema judicial cubano a su antojo y según sus intereses. Y quienes son parte de ese sistema lo saben y lo permiten porque no tienen más opción.”

“Solo era un miembro más, que debía pagar todos los meses una alta cuota de dinero y cumplir con sus indicaciones”, sostiene.

“Estoy consciente de que es difícil que me vean como una víctima. Por varios años ejercí esa profesión y viví guardada tras el caparazón que me obligaba a ponerme el Gobierno cubano. Es muy difícil que hoy las personas entiendan que pienso diferente, y es muy difícil defenderme, pues en mis manos no tengo pruebas físicas. Solo podré contar con unos pocos testimonios y solo de mis familiares más allegados, pues quienes conocen la verdad no van a hablar”, lamenta de cara a la audiencia en la que deberá demostrar méritos para recibir asilo en EE.UU.

“Solo hay dos verdades que quiero gritar y que, aunque muchos hagan silencio, sé que en lo más profundo todos lo saben: una es que el Gobierno cubano manipula, controla, dirige y extorsiona al sistema judicial cubano a su antojo y según sus intereses. Y quienes son parte de ese sistema lo saben y lo permiten porque no tienen más opción. La segunda es que dentro de Cuba no es posible hablar y seguir siendo juez profesional”.

“Decido hablar en este momento, porque ya no tengo qué perder, porque ya no tengo miedo. Mi único temor hoy es regresar a Cuba y la seguridad de mis padres. Y aunque no se levante un abogado en mi defensa, confió en que Dios lo hará por mí”.

Tomado de: Diario de Cuba.