Artículo 19 denuncia la violencia diferenciada, vicaria y machista del régimen cubano

"El temor de las activistas por su vida, la de sus hijos y la de sus familiares es un mecanismo efectivo para imponer la censura y sacar a las mujeres del espacio cívico".

En el más reciente informe sobre Cuba de la ONG Artículo 19, titulado «Democracia de papel«, la organización defensora de la libertad de prensa en el mundo denunció en un acápite especial la violencia diferenciada, vicaria y machista del régimen cubano «para amedrentar, silenciar y expulsar del espacio público a las mujeres».

El documento, que muestra un dramático incremento de la represión contra periodistas y activistas disidentes en la isla, señala que, en el caso específico de las mujeres, el promedio de agresiones aumentó de ocho en 2020 a 11 en 2021.

Concretamente, en el primer semestre de 2021 fueron reportadas 289 agresiones, 174 contra mujeres periodistas y 115 contra activistas, por encima de las 284 acciones represivas de esta índole que totalizó el 2020 (192 contra periodistas y 82 contra activistas), a pesar de que el número de mujeres agredidas disminuyó de 34 en 2020 a 27 en el periodo analizado de 2021.

El texto recoge los testimonios de varias de estas mujeres, que dan cuenta de la naturaleza de las agresiones.

Así, se menciona a Leidys Despaigne Barrero, esposa del periodista independiente Julio Aleaga Pesant y madre de un bebé de un año, quien en abril de 2020 recibió la amenaza de que sería desplazada de manera forzosa desde La Habana a Santiago de Cuba si no colaboraba con la Seguridad del Estado (SE) en relación con el trabajo de su esposo. «Me dijeron que me iban a separar de mi hijo, que me iban a mandar para Oriente y que más nunca iba a entrar a La Habana», dijo Despaigne Barrero.

En julio del mismo año, la periodista independiente Yadisley Rodríguez Ramírez denunció amenazas de las autoridades cubanas de quitarle la custodia de sus tres hijos si continuaba con su trabajo. 

«Por supuesto, ese siempre es el tema de ellos: quitarme a los niños. Según ellos [los agentes de la SE] yo no tengo buena capacidad para atenderlos (…) ni les estoy inculcando buenas ideas, porque lo que ellos quieren es que los adoctrinen como mismo han adoctrinado a todos los niños de Cuba».

Sobre este tipo de amenazas los analistas de Artículo 19 trajeron a colación el discutido Código de las Familias cubano (Ley 1289), que establece que los padres y madres pueden perder la patria potestad de sus hijos cuando observen una conducta peligrosa o incumplan con el deber de «inculcarles el amor a la Patria, el respeto a sus símbolos y la debida estimación a sus valores, el espíritu internacionalista, las normas de la convivencia y de la moral socialista«.

«La Seguridad del Estado utiliza a niñas y niños como un instrumento de chantaje para lograr su cometido y mostrar su dominación sobre las mujeres, aprovechando el significado especial que tienen los hijos. Así, el gobierno cubano ejerce algo equiparable a la violencia vicaria machista para amedrentar, silenciar y expulsar del espacio público a las mujeres», reza el texto.

Por ese orden fue también la amenaza de la SE a Rosemelis Hernández, madre de la hija del rapero contestatario Maikel Castillo «Osorbo», de quitarle la custodia de la niña de cuatro años por no «enseñarle los conceptos reales de Revolución».

«No obstante», considera la ONG, «el método predilecto para agredir a las mujeres periodistas, activistas, defensoras de los derechos humanos y artistas es el arresto domiciliario«. En cifras, el informe recoge que un 64 % (en 2020) y un 72 % (en 2021) de las agresiones fueron de este tipo, que tiene mayor impacto en las mujeres pues «se se ven impedidas de ir a recoger a sus hijos a la escuela o de hacer la compra de productos de primera necesidad, lo que genera efectos no sólo profesionales, sino en su entorno familiar».

Otro tipo de agresiones registrado fue el de las campañas de desprestigio, que sumaron seis en 2020 y 11 en 2021, destacándose las llevadas a cabo por el régimen contra la artista Tania Bruguera y las periodistas Bruguera, Iliana Hernández Cardosa, Elaine Díaz, Yoani Sánchez Cordero y Camila Acosta.

El análisis deja ver cómo las campañas de desprestigio en el caso de las mujeres se concentran más en descalificaciones como ser “prostitutas” en lugar de acusarlas de ayudar a un gobierno extranjero o ser “un espía”, como sucede habitualmente con los hombres.

En todos los casos, según el informe, las campañas de desprestigio califican como una forma de violencia que la relatora especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de las Naciones Unidas cataloga como “desinformación de género”, «la cual entraña el uso de relatos falsos o engañosos basados en el género y el sexo contra las mujeres, a menudo con cierto grado de coordinación, a fin de disuadirlas de participar en la esfera pública».

Artículo 19 citó al respecto las palabras de Camila Acosta, en entrevista concedida a la organización:

“Las campañas de desprestigio contra las mujeres, buscan mostrarnos como vulgares y prostitutas. Para nada se nos reconoce como mujeres profesionales, estudiadas. Lo que buscan es desprestigiar para restar credibilidad”.

La propia Acosta proporcionó a los analistas otra forma de agresión al relatar una de las tantas detenciones arbitrarias de las que fue objeto en los últimos años:

«En una detención el 31 de julio del año pasado, estábamos en medio de la campaña por el Decreto-Ley 370; íbamos a desarrollar una protesta pacífica, pero eso se filtró y me detuvieron en una vía pública, me obligaron a quitarme la ropa, me dijeron que me agachara y toda esa humillación».

El informe señala que también en este aspecto hubo un incremento, particularmente tras las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio, contra manifestantes y periodistas que cubrieron las movilizaciones.

Antes de concluir el acápite la ONG consideró como «censura de género» las acciones represivas contra mujeres cubanas disidentes, y denunció «, el temor por su vida, la de sus hijos y la de sus familiares es un mecanismo efectivo para imponer la censura y sacar a las mujeres del espacio cívico«.

«Por esto, Artículo 19 recuerda que la participación plena de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones es indispensable para lograr la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia», finalizaron.