Especial 11J | Justicia 11J: una plataforma de acompañamiento

Hasta la fecha, Justicia 11J ha registrado 1484 detenciones. De ellas 701 personas continúan en prisión y 622 han sido juzgadas.

Salomé García Bacallao, una de las coordinadoras de la plataforma Justicia 11J, comenzó su activismo en España, mientras realizaba una maestría en restauración y en medio del Acuartelamiento de San Isidro en noviembre de 2020.

Su vínculo personal con algunos de los acuartelados, el mayor acceso a la información sobre las sistemáticas prácticas represivas del régimen, así como las restricciones que impone el gobierno a los ciudadanos que deciden regresar a la isla; fueron algunas de las cuestiones que le hicieron desarrollar un activismo pacífico y político de forma consciente.

Tras el estallido social del 11 y 12 de julio en Cuba, el activismo de Salomé alcanzó otro nivel de complejidad, al integrar la coordinación del colectivo de monitoreo Justicia 11J.

En conjunto con la ONG Cubalex, el trabajo de verificación y monitoreo que ha realizado este colectivo conformado por cubanas de dentro y fuera de Cuba, ha contribuido de forma significativa en la denuncia de los detenidos tras las protestas, así como en el acompañamiento a los familiares de los presos políticos.

Hasta la fecha, Justicia 11J ha registrado 1484 detenciones. De ellas 701 personas continúan en prisión y 622 han sido juzgadas.

En fechas recientes Salomé junto al resto de las integrantes de Justicia 11J, y Cubalex han lanzado la campaña «Miren las prisiones de Cuba», debido a la falta de transparencia del régimen, así como de las terribles condiciones humanas y los abusos que han sido denunciados por detenidos y sus familiares.

En la nota de presentación de la campaña describen la situación de la siguiente manera:

«Una investigación reciente de la ONG Cubalex ha documentado 14 técnicas de torturas, aplicadas en las cárceles de Cuba. Las autoridades han operado y operan con total impunidad. A la vez, desde julio, hemos documentado: hacinamiento, malas condiciones higiénico-sanitarias, mala alimentación, limitación de derechos básicos, cambios repentinos de prisión que provocan desapariciones forzadas, traslados arbitrarios a centros de mayor rigor, huelgas de hambre como protesta, reclusión en celdas de castigo, falta o negación de atención médica, intentos de suicidio… Nada de esto ha sido contemplado y denunciado por organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos ni de asistencia humanitaria, pues desde la década del ochenta, ninguna ha entrado a nuestras prisiones».

El trabajo de este colectivo, por lo relevante de su actuar, ha traído serios problemas para sus integrantes. Por ejemplo, Camila Rodríguez, otra de las coordinadoras de Justicia 11J, y residente en Cuba, ha sufrido vigilancia policial, interrogatorios, arrestos arbitrarios así como prisión domiciliaria.