Cuba ante una posible transición: ¿cambio real o pacto de impunidad?

Conversaciones atribuidas a Marco Rubio con el nieto de Raúl Castro, abren interrogantes sobre el alcance de una eventual apertura.

Desde hace varias semanas algo parece moverse entre Washington y La Habana. Según tres fuentes anónimas de la administración Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y su equipo están hablando con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y representante del núcleo más íntimo del poder real en Cuba. Las conversaciones, según esas fuentes, no incluyen al “presidente” Miguel Díaz-Canel. El régimen cubano lo negó públicamente. Washington no lo confirma con claridad ni lo desmiente.

El jueves 26 de febrero, durante una reunión ordinaria de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM), celebrada en Saint Kitts y Nevis, ocurrió, según el Nuevo Herald, otro encuentro entre Rodríguez Castro y el equipo de Rubio. En una conferencia de prensa posterior, el secretario de Estado estadounidense evitó dar detalles: “No comentaré sobre ninguna conversación que hayamos tenido”, dijo. “Basta con decir que Estados Unidos siempre está preparado para hablar con funcionarios de cualquier gobierno”. Y añadió que Cuba “tiene una crisis económica muy severa y catastrófica. Y si alguien en su sistema tiene información que compartir con nosotros sobre cambios que están dispuestos a implementar o medidas que están dispuestos a aceptar, sin duda la escucharíamos”. Rubio insistió en que “Cuba necesita cambiar”, aunque ese cambio no sea “de la noche a la mañana”.

Hay mucho de incertidumbre y especulación en torno a esas conversaciones y las circunstancias en que ocurren. Pero la pregunta que no se puede ignorar es: ¿qué se está negociando y para quién? Más que buscar respuestas que nadie tiene, es útil pensar los escenarios que esa posible negociación estaría valorando: ¿qué querrían los Castro a cambio de una apertura? ¿Qué salida es más probable? ¿Qué pasaría con los represores? ¿Qué lugar ocupan en todo esto los más de mil presos políticos que siguen hoy en las cárceles de la isla, y el pueblo que lleva décadas esperando justicia y libertades esenciales?

“El Cangrejo”

El nombre que apareció en el reporte de Axios y que el Herald confirma es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 41 años, conocido en los círculos de poder cubanos como “El Cangrejo”. Hijo del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, que durante 26 años estuvo al mando del conglomerado militar GAESA, Rodríguez Castro es el nieto predilecto de Raúl Castro, quien a sus 94 años sigue siendo el centro del poder en Cuba. No ocupa cargos públicos, pero el poder real no siempre coincide con los nombramientos. Se han documentado al menos 25 viajes suyos a Panamá en jets privados entre 2024 y 2025. Sus vínculos con el panameño Ramón Carretero Napolitano, albacea de Nicolás Maduro y Cilia Flores, añaden matices a la imagen de “joven con mentalidad empresarial” que se ha proyectado sobre él.

Para Marco Rubio, hablar con “El Cangrejo” sería casi hablar directamente con Raúl Castro. Rubio sabe que Díaz-Canel es el rostro pero no el poder: ninguna decisión estratégica en Cuba se toma sin el aval del nonagenario expresidente, y si alguien quiere llegar al que realmente decide en la isla, debe hablar con aquel en quien Raúl Castro más confía, su nieto.

Cuba en caída libre

Lo que está fuera de dudas es el estado actual de Cuba. La isla atraviesa una de las peores crisis de su historia. El colapso energético, agravado por el fin del suministro de petróleo venezolano tras la caída de Maduro, ha obligado al país a actualizar una “Opción Cero” que hace insostenibles la vida de sus habitantes y el funcionamiento de sus estructuras de gobierno. El FMI estimó una contracción económica superior al 2% en 2024, el segundo año consecutivo de caída, y la crisis se ha agravado desde entonces con una emigración que alcanza niveles sin precedentes.

Ese colapso puede explicar por qué la familia Castro estaría explorando una vía que hace cinco años era impensable. No porque crean que el pueblo merece vivir mejor, sino porque sus propios privilegios están en juego.

La captura de Maduro, en la que murieron al menos 32 militares cubanos, instaló en La Habana el temor a un final inminente. El mensaje que Trump envió con esa operación militar fue claro: actuará cuando llegue el momento, presiona para que llegue, y ya parece estar muy cerca.

GAESA, la pregunta que toda negociación tiene que responder

No puede pensarse un escenario de transición en Cuba sin entender qué es GAESA. El Grupo de Administración Empresarial no es una empresa en el sentido ordinario; es un Estado dentro del Estado, una estructura que concentra el poder económico real de Cuba y que desde su creación está bajo el control de la familia Castro.

Documentos internos filtrados en 2025 revelaron que GAESA manejaba en 2024 el 95% de las transacciones en divisas del país. Entre 2016 y 2022 el conglomerado pasó de gestionar el 22.6% de los sectores estratégicos de la economía a controlar el 70%. Gaviota, su rama turística, representó en el primer trimestre de 2024 el 72% de los ingresos totales del grupo, con un margen de beneficio neto del 42%. Mientras tanto, el cubano promedio no tiene recursos ni libertades suficientes para vivir con dignidad.

Alrededor del 60% del petróleo que enviaba Venezuela era reexportado a mercados asiáticos por CubaMetales, otra corporación de GAESA, y los beneficios fueron a parar a cuentas en paraísos fiscales. El 40% restante no se usó para satisfacer las necesidades básicas de la población, sino para sostener el aparato represivo y el sector turístico del propio conglomerado.

Cualquier negociación tendría que responder tarde o temprano a esta pregunta: ¿qué pasará con GAESA?

Cualquier negociación tendría que responder tarde o temprano a esta pregunta: ¿qué pasará con GAESA? Si un eventual acuerdo con Estados Unidos la preserva intacta, lo que habrá ocurrido será un maquillaje, no una transición. Si el acuerdo exigiera transparencia, auditoría y disolución del conglomerado, la familia Castro perdería su principal fuente de riqueza. Por eso, GAESA es, casi con certeza, una línea roja para el poder real en Cuba.

Escenario 1: transición con impunidad

El escenario más probable parece ser uno en la que la familia Castro acepte facilitar una transición a cambio de garantías para sí misma: protección de los activos acumulados en el exterior —estimados en miles de millones de dólares— y un retiro político que no pase por los tribunales.

Este es el modelo que tal vez tienen en mente los negociadores: una transición como la chilena tras Pinochet, donde los militares conservaron durante años garantías de impunidad mientras el país avanzaba formalmente hacia la democracia; o un acuerdo como el de Túnez en 2011, que le permitió a Ben Ali escapar con sus bienes. En ambos casos, la impunidad fue el precio de la estabilidad, un precio que las víctimas consideraron inaceptable.

Para Washington, ese escenario tendría sentido: poner fin a décadas de conflicto con Cuba, sacar la inteligencia rusa de la isla y mostrar a la opinión pública que su política de presión máxima funcionó. Para el exilio cubano, en cambio, sería difícil de digerir: su identidad política se construye sobre la exigencia de justicia para las víctimas de la represión. Un acuerdo que proteja a los Castro sería, para muchos de ellos, una traición.

Escenario 2: apertura económica sin cambio político real

Un escenario probable a corto plazo es la liberalización económica sin concesiones sustanciales. El régimen permitiría más inversión extranjera, legalizaría empresas privadas y permitiría la apertura al mercado. Pero el Partido Comunista conservaría el monopolio del poder político y GAESA quedaría intacta.

Un modelo de referencia para ese tipo de transición es Vietnam, con apertura económica controlada y el partido en el poder. La Cuba de 2014, con el llamado “deshielo” de Barack Obama y Raúl Castro, fue una exploración frustrada de esa vía, y mientras funcionó generó un flujo de capital que GAESA captó casi íntegramente a través de sus tiendas, sus hoteles y sus empresas de telecomunicaciones.

Hay también un problema de fondo con este escenario: cualquier apertura que no desmantele a GAESA reproducirá el ciclo. Los mismos actores que provocaron el colapso seguirán controlando los flujos de dinero; los cubanos de a pie tendrían algo más de margen para sobrevivir, pero el poder real seguiría en las mismas manos.

Escenario 3: cambiar para que nada cambie

El tercer escenario, más preocupante, es una transición que en la superficie parezca un cambio pero en la práctica sea continuidad disfrazada. La oligarquía militar se reciclaría como clase empresarial, los activos de GAESA pasarían a sociedades privadas pero administradas por los mismos actores, y el régimen conseguiría el levantamiento del embargo a cambio de reformas reversibles.

Es el modelo que El Estornudo denomina “Castrismo 2.0” y que tiene un precedente cercano para Cuba: la transición rusa de los años noventa, donde la nomenclatura soviética se convirtió en oligarquía capitalista sin perder el poder. Para Cuba, ese escenario sería cruel: tras décadas de sacrificio y represión los responsables saldrían impunes, enriquecidos y reciclados ante el mundo como “reformadores”.

Piezas sacrificables

Una de las pregunta que los análisis evaden con frecuencia es: si la familia Castro negocia su propia supervivencia con Washington, ¿qué pasará con quienes durante años le sirvieron? El Ministerio del Interior, el Departamento Ideológico del Partido, la Asamblea Nacional del Poder Popular, los cuadros en cada municipio del país, los funcionarios penitenciarios, los agentes que han aplastado a base de pura represión toda forma de disidencia: ellos tienen algo que perder en una transición, y algunos, especialmente en el aparato de seguridad, conservan la capacidad operativa para sabotear la transición.

Si la familia Castro negocia su propia supervivencia con Washington, ¿qué pasará con quienes durante años le sirvieron?

Si un eventual acuerdo protegiera a los Castro y a una pequeña élite, pero dejara expuestos a quienes ejecutaron la represión durante décadas, ese acuerdo implicaría una ruptura dentro del poder y podría volverse contra los negociadores. La historia de las transiciones autoritarias está llena de casos en que esa fractura interna trajo violencia y parálisis: Rumanía en 1989, el fallido golpe de Estado soviético de 1991, la Venezuela de los últimos años antes de la caída de Maduro.

Díaz-Canel, el regente

Díaz-Canel no tiene una base de poder propia, no viene del ejército ni se ha creado redes de lealtad personal independientes del aparato. Su legitimidad pública es nula. La imagen que quedó grabada en la memoria colectiva es la del 11 de julio de 2021, cuando dio en televisión aquella “orden de combate” que empujó al enfrentamiento entre cubanos, algo que para muchos fue una declaración de guerra contra su propio pueblo.

Si la familia Castro negociara una salida, Díaz-Canel sería prescindible. Él es lo que en el lenguaje de las transiciones se llama un “regente”. La historia cubana está llena de figuras que creyeron tener poder real y descubrieron demasiado tarde que eran instrumentos desechables.

Los presos políticos

Hay una realidad que ningún análisis puede ignorar: hoy permanecen en las cárceles cubanas más de mil presos políticos. Todos sometidos, según Prisoners Defenders, a algún tipo de tortura; condenados a largas penas por salir a la calle con un cartel o publicar algo en redes sociales. Ningún acercamiento que ignore a esas personas puede llamarse, con honestidad, una negociación por el cambio en Cuba.

El propio Rubio emitió una declaración el 11 de julio de 2025, cuatro años después de las protestas del 11J, recordando a las víctimas y acusando a los responsables por violaciones graves de los derechos humanos. Unos meses después, Rubio habla con el nieto de quien ordenó la represión. La distancia entre esas dos acciones mide el grado de tensión que existe entre el pragmatismo y la búsqueda de la justicia.

¿Quién juzgaría a los responsables?

Cualquier proceso de justicia transicional debe abordar la pregunta más difícil, de la cual depende su legitimidad: quién juzga a los responsables. Históricamente, existen tres opciones: los tribunales nacionales, que en Cuba requerirían una reforma judicial radical previa; un tribunal internacional ad hoc como el que se creó para Yugoslavia o Ruanda; o la Corte Penal Internacional, de la que Cuba no es parte.

En cualquier caso, las experiencias históricas son poco alentadoras. En Chile, los militares conservaron su impunidad durante años. En Argentina, el proceso tardó décadas y solo fue posible gracias a una democracia con voluntad política. En Cuba, cualquier proceso de justicia exigiría desmantelar el aparato que hace posible la impunidad: el Ministerio del Interior y el sistema judicial controlado por el partido. No hay atajos, y un acuerdo que pase por alto esa realidad no estará construyendo la transición, sino comprando tiempo.

Lo más probable

Con todas las reservas que exige la situación actual, y con tan poca información disponible, lo más probable para Cuba es un escenario de liberalización económica parcial con un cambio político muy limitado. Una transición democrática genuina con pluralismo, elecciones libres y rendición de cuentas para los represores es hoy casi imposible. Nada hace pensar que la familia Castro estarían dispuesta a ceder ese tipo de poder. Y para Washington, vender ese acuerdo como victoria ante el exilio requeriría al menos el enjuiciamiento de los represores del 11J, algo que los Castro difícilmente aceptarían.

Una transición democrática genuina con pluralismo, elecciones libres y rendición de cuentas para los represores es hoy casi imposible.

Si algo se concreta en esas negociaciones tal vez sea un acuerdo que preserve las estructuras económicas esenciales y ofrezca gestos simbólicos: liberación de presos políticos, una flexibilización de la economía, quizás el inicio de un diálogo formal con ciertos sectores de la diáspora. Eso podría bastar para que Washington anuncie su “victoria” y el régimen diga que “resistió” la presión. Pero para quienes llevan años esperando justicia, un acuerdo así sería insuficiente.

La única forma de impedir una transición con impunidad es exigir, desde dentro y fuera de Cuba, que el proceso incluya condiciones no negociables: liberación de todos los presos políticos, garantías para el ejercicio de derechos civiles básicos y un mecanismo de justicia transicional con supervisión internacional. Sin esos elementos no habría transición real.

Lo que está en juego para el pueblo cubano

"Hay algo perturbador en la idea de dos hombres discutiendo el futuro de Cuba en reuniones secretas. La política se ha hecho siempre así, pero eso no significa que sea aceptable cuando lo que está en juego es el futuro de millones de personas que llevan décadas pagando el precio de las decisiones de otros".

Hay algo perturbador en la idea de dos hombres discutiendo el futuro de Cuba en reuniones secretas. La política se ha hecho siempre así, pero eso no significa que sea aceptable cuando lo que está en juego es el futuro de millones de personas que llevan décadas pagando el precio de las decisiones de otros.

Michael Hammer declaró el 23 de febrero que Washington busca una salida pacífica donde no haya derramamiento de sangre, donde el pueblo pueda vivir en libertad. Es un objetivo loable, pero vivir en libertad significa —entre otras cosas— poder hablar, escribir, organizarse, elegir a los gobernantes, saber que si el Estado reprime hay un tribunal independiente al que recurrir. Eso no es querer demasiado, es la definición mínima de un Estado de derecho.

Vivir en libertad significa poder hablar, escribir, organizarse, elegir a los gobernantes, saber que si el Estado reprime hay un tribunal al que recurrir.

Horas después del encuentro en Saint Kitts y Nevis, Donald Trump comentó: “Quizá tengamos una toma amistosa de Cuba. Ahora mismo es, por decirlo suavemente, una nación fallida. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida”. Trump volvió a asegurar que el régimen cubano está dialogando con Estados Unidos, que “quieren nuestra ayuda”, y que Marco Rubio “se está ocupando de ello al más alto nivel”. El diálogo, si avanza, podría ser una oportunidad histórica; pero solo si el pueblo ve sus aspiraciones realizarse con esa negociación, y esas aspiraciones no son solo económicas.