¿Qué podemos esperar las cubanas de la mayoría femenina en la Asamblea Nacional?

Mientras en el mundo muchas mujeres y niñas recibirán este 8 de marzo sin derechos a la educación, al trabajo, al aborto, a la participación política, a expresarse con libertad o a vestirse como les venga en ganas, el Gobierno cubano se encargará de recordarnos que, en Cuba, las mujeres disfrutan de esos derechos y más.

Desde que en 2018 se conformara la Asamblea Nacional del Poder Popular, nuestro Parlamento es el segundo con más diputadas en el mundo. El 53.2% de mujeres le ubica solo por detrás del de Ruanda, cuyo Parlamento cuenta con una presencia femenina del 61.3%.

Dentro y fuera de Cuba, muchas personas consideran que esta cifra evidencia los grandes logros de la Revolución en materia de derechos de la mujer. Si, como suelen hacer los medios oficiales, nos limitamos a comparar tales logros con la situación en países donde la mujer es ciudadana de segunda o tercera clase, coincidiremos en que sí, las cubanas somos privilegiadas.

Pero si tenemos en cuenta que en Cuba existe un único partido político legal, que constituye la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, de acuerdo al Artículo 5 de la Constitución; que históricamente la Asamblea Nacional ha aprobado por unanimidad todas y cada una de las propuestas del Consejo de Estado y que la dirección del país está compuesta mayoritariamente por hombres, tendríamos que preguntarnos a quién representa ese 53,2% de la Asamblea Nacional; qué podemos esperar las mujeres cubanas de esa mayoría femenina en el Parlamento. ¿Defiende los intereses de las mujeres o los del Gobierno?

Los hechos parecen responder esa pregunta. Esa Asamblea Nacional, donde las mujeres constituyen mayoría, no se ha pronunciado una sola vez contra las violaciones a los mencionados derechos de expresarse con libertad y participar en la política del país, de opositoras y activistas cubanas. Esa Asamblea Nacional con mayoría femenina no incluye en su cronograma legislativo hasta 2028, una Ley contra la violencia de género.

Aunque legítimo, resulta ingenuo esperar que las mujeres que integran la Asamblea Nacional aboguen por los derechos de las que tienen una orientación política e ideológica diferente, en un país donde cualquier derecho está subordinado a los intereses del partido único y la élite política. De hecho, nadie que abogue por los derechos de quienes pensamos diferente puede aspirar ni siquiera a ser delegado de circunscripción, como demostró la represión a disidentes que intentaron postularse para este cargo en 2017.

¿Pero qué pueden esperar las mujeres que no se oponen al Gobierno, presumiblemente integradas a los CDR y las FMC, que probablemente dijeron sí en el referéndum para aprobar la presente Constitución, y no sufren violencia por sus ideas políticas, sino por el simple hecho de ser mujeres?

Aunque una ley sobre la violencia de género respondería al artículo 43 de la Constitución, que establece la obligación del Estado de proteger a las mujeres de «la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios» y «crear los mecanismos legales e institucionales para ello», las cubanas debemos esperar una ley que nos proteja de la violencia machista y tipifique el feminicidio en el código penal, en una cola en la que nos preceden, incluso, los animales. Estos, por fin, contarán con un decreto ley sobre su protección. Regocijémonos por ellos, mientras esperamos nuestro turno.

Quizás, no debemos atribuir esta demora en la aprobación de una ley sobre violencia de género a una falta de sensibilidad de la Asamblea Nacional, incluyendo el 53.2% de quien cabría esperar más compromiso con las mujeres del país. Quizás, debamos atribuirla al desconocimiento de la Asamblea Nacional sobre la violencia de género y los feminicidios que ocurren en Cuba.

La diputada Mariela Castro afirmó en 2015, en entrevista con el Diario Tiempo Argentino, que «Nosotros no tenemos, por ejemplo, feminicidios. Porque Cuba no es un país violento, y eso sí es un efecto de la Revolución».

Semejante ignorancia solo puede explicarse por el hecho de que los feminicidios que tienen lugar en Cuba son publicados, fundamentalmente, por la prensa independiente. Nuestros medios oficiales, al igual que la diputada Mariela Castro, parecen considerarlo un fenómeno foráneo. Los resultados de una búsqueda de la palabra feminicidio en el sitio oficial Cubadebate, solo muestra artículos sobre sucesos de este tipo en países como México y Argentina.

Pero pese a la poca información que ofrecen los medios oficiales sobre los feminicidios en Cuba, y a que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI) no publica estadísticas sobre el feminicidio en Cuba, el Anuario Estadístico del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reflejó la muerte de 293 mujeres por agresiones, durante el bienio 2014-2015.

En 2019, el Gobierno cubano reconoció, en su primer Informe Nacional sobre la implementación de la Agenda 2030, la incidencia de 0,99 feminicidios por cada 100.000 adolescentes y mujeres cubanas, en 2016.

Según el documento, presentado en abril de 2019 durante el Foro de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, «el número de muertes ocasionadas por su pareja o expareja han disminuido entre 2013 y 2016 en un 33%».

El feminicidio suele ser el último eslabón en una larga cadena de violencia a la que ha sido sometida la mujer, casi siempre en su circulo íntimo. Pero no son solo los asesinatos cometidos por parejas o exparejas los que deben clasificarse como feminicidios. Es por eso que el análisis de los datos gubernamentales por parte de la investigadora Ailyn Torres Santana, permite suponer que el número de feminicidios en Cuba es mayor que los reconocidos por el Gobierno, que solo reflejan los asesinatos a manos de parejas o exparejas.

Sin embargo, si comparamos el por ciento de feminicidios en Cuba, con los registrados en países como México, Argentina, Honduras y otros de la región, este es sin dudas inferior, lo que es razón para sentirnos afortunadas. Quizás esa esa la razón por la que la Asamblea Nacional con mayoría femenina considera innecesario incluir una ley sobre violencia de género en el cronograma legislativo.

¿Cuántas cubanas deben ser acosadas, maltratadas, golpeadas, violadas, asesinadas y descuartizadas, antes de que la Asamblea Nacional considere pertinente una Ley sobre violencia de género?

(Este artículo se publicó originalmente en DDC, aquí se reproduce con autorización de su autora.)