Nueva amenaza del régimen contra las familias cubanas

El régimen usa a los niños como rehenes para amordazar a padres y madres, y amenaza así la integridad de las familias cubanas.

Un artículo publicado en Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, ha vuelto a generar preocupación ante el peligro de que el Estado utilice el Código de las Familias para privar de responsabilidad parental a quienes se opongan al adoctrinamiento ideológico de sus hijos. El artículo, firmado por la fiscal de la Dirección de Protección de la Familia, Diana Rosa Simón Gutiérrez, advierte que “rechazar el trabajo educativo inherente al Sistema Nacional de Educación” o “incumplir con sus deberes relacionados con el respeto y amor a la Patria” son causas suficientes para despojar a los padres y las madres de la custodia de sus hijos.

Una intensa propaganda ideológica

La manera en que el Estado cubano concibe el “amor a la patria”, vinculándolo con el apoyo incondicional al gobierno en cualesquiera decisiones, ha sido históricamente uno de los recursos empleados para destruir la reputación de adversarios políticos e incluso de personas que, sin ser opositores, cuestionan o critican al gobierno.

Sometida a una intensa propaganda ideológica a través de los medios de información ―que en Cuba están todos bajo control estatal―, la sociedad cubana ha sufrido durante más de seis décadas un proceso de “lavado de cerebro” donde la intolerancia a otras formas de pensar y la violencia verbal o física se naturalizaron, junto con la hipocresía y el miedo a disentir. Solo en los últimos años, poco a poco, los cubanos han ido liberándose de esas ataduras y se han atrevido a expresar públicamente su deseo de cambios.

La calculada ambigüedad de las leyes

En este contexto, la acelerada aprobación de nuevas leyes que obstaculizan la libre expresión y criminalizan aún más el disenso, son algunos de los recursos que el Estado emplea para frenar el creciente rechazo del pueblo. La calculada ambigüedad de normas jurídicas en apariencia justas, como el Código de las Familias, es otro de los mecanismos con los que el sistema judicial represivo de la isla pretende someter a quienes se le oponen. Así, el castigo a los opositores se extiende con la amenaza de negarles su derecho como padres y madres a quienes intenten proteger de la manipulación ideológica a sus hijos e hijas, o a quienes sean ―según criterio exclusivo del gobierno― un mal ejemplo para su “educación integral”.

La publicación de este artículo cuando el malestar ciudadano es ya inocultable y el gobierno, lejos de buscar vías positivas de consenso, persiste en reprimir y endurecer su discurso, es una nueva amenaza contra las familias y contra los propios niños; una forma de presión que, amparándose en el supuesto respeto al principio de interés superior de los menores, los usa como rehenes para amordazar a sus padres y madres.