Madres adolescentes en Cuba: ¿la mayoría con hombres adultos? Una alerta de derechos humanos

Según cifras oficiales, la maternidad adolescente en Cuba ocurre sobre todo con hombres mucho mayores, lo que apunta a una violación de los derechos de niñas y adolescentes.

Un reciente análisis de los datos oficiales del Anuario Demográfico de Cuba 2024 (ONEI) revela que la mayoría de los embarazos en niñas y adolescentes cubanas involucran a hombres adultos, una dinámica que plantea un serio llamado de atención.

En 2024, en Cuba nacieron 71 358 bebés, de los cuales 11 962 (16,76 %) fueron hijos de madres adolescentes menores de 20 años. Sin embargo, más allá de la cifra total, los datos del Anuario Demográfico de Cuba 2024 evidencian un fenómeno que expertos y organismos internacionales han identificado como una grave violación de derechos humanos.

• En el 40.55% de los casos de madres menores de 15 años, el padre es mayor de 20; solo el 28.77% tiene padre joven, y en el 30.41% no se reporta información paterna.
• Entre las madres de 15 a 19 años, solo en un 12.05% el padre es menor de 20, mientras que el 65.25% son mayores. En un 22.7% de los casos, el dato sobre la edad del padre está ausente.
• En conjunto, para madres menores de 20 años, el 64.5% de los padres son adultos, el 12.56% son adolescentes, y en el 22.93% no hay datos sobre el padre.

Estos resultados son en extremo preocupantes porque sugieren que la maternidad adolescente en Cuba no ocurre mayoritariamente en un contexto de parejas de edades afines, sino sobre todo con hombres mucho mayores. Las marcadas diferencias de edad, en muchos casos, apuntan a relaciones asimétricas y ponen en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes.

La ausencia de información sobre el padre en un alto porcentaje de casos representa otra barrera para la protección efectiva, pues limita la capacidad de identificar responsabilidades y garantizar derechos, refleja también una deficiencia en los registros oficiales, lo que dificulta dimensionar el problema y diseñar políticas efectivas.

Preocupa, además, el contexto legal en que esta realidad se manifiesta: por una parte la eliminación del matrimonio infantil en Cuba en 2022, y por otra la posterior reducción de la edad de consentimiento sexual a 12 años que contribuye a vulnerar la seguridad y los derechos de niñas y adolescentes. Así lo afirman especialistas de la plataforma YSTCC, quienes advierten que estas dinámicas perpetúan ciclos de violencia y desigualdad de género, y reclaman políticas más robustas para prevenir embarazos tempranos y erradicar uniones con grandes brechas etarias.

Una mirada global: advertencias internacionales

Organismos como UNFPA han alertado que: “los embarazos entre niñas de menos de 18 años violan sus derechos, tienen consecuencias letales para su salud sexual y reproductiva, y perpetúan ciclos de pobreza”.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “el embarazo adolescente conlleva mayores riesgos médicos, sociales y educativos, y ocurre con más frecuencia en contextos de desigualdad y falta de protección”.

Organismos como UNICEF y ONU Mujeres han advertido que las uniones y matrimonios tempranos, así como las maternidades forzadas, tienen consecuencias devastadoras para las niñas: abandono escolar, dependencia económica, violencia de género y limitación de oportunidades a lo largo de la vida.

En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro mujeres contrajo matrimonio o vivió en unión antes de cumplir 18 años. En la mayoría de los casos, el hombre era considerablemente mayor, lo que reproduce relaciones de poder desiguales y, en ocasiones, abusivas.

Riesgos graves de abuso sexual

La prevalencia de padres adultos en nacimientos de madres menores de 20 años constituye una clara violación de los derechos de niñas y adolescentes. En muchos marcos de derechos internacionales, esta situación se considera un riesgo grave o incluso abuso sexual. La ONU y otras organizaciones demandan programas que se enfoquen en la educación sexual integral, la prevención del matrimonio infantil, el empoderamiento de las niñas y su protección efectiva frente a las distintas formas de violencias.

El fenómeno que muestran las estadísticas de la ONEI no es solo un tema de salud pública: es un problema de derechos humanos que exige atención inmediata y acciones coordinadas entre Estado, sociedad civil y comunidad internacional.