La ONU condena nuevamente las detenciones arbitrarias en Cuba

Desde 2019 hasta hoy, Cuba se ha convertido en el país más señalado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) de las Naciones Unidas ha emitido en noviembre de 2025 una nueva condena a Cuba, señalando al país como el líder mundial en el número de resoluciones de condena por detención arbitraria desde el año 2019. Esta decisión se suma a la creciente preocupación internacional ante el aumento del número de presos políticos y la sistemática política represiva empleada por el gobierno cubano, que se ha recrudecido tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021.

La condena del WGAD

La condena más reciente, impulsada por la ONG Prisoners Defenders, subraya un patrón de encarcelamiento que el WGAD reconoce como un mecanismo ilegítimo de control social dirigido a silenciar a la sociedad civil.

En las opiniones 46/2025 y 57/2025, el Grupo de Trabajo de la ONU declaró que las privaciones de libertad de 49 presos víctimas de las manifestaciones del 11J, fueron arbitrarias bajo el derecho internacional. El WGAD destaca que estas se fundamentaron en la discriminación por motivos ideológicos, es decir, que las personas fueron encarceladas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica.

Entre los casos que reconoce el WGAD como detenciones arbitrarias se encuentran:

• Nidia Bienes Paseiro: activista miembro de la Academia Julio Machado y del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Fue detenida el 12 de julio de 2021 sin orden de arresto ni justificación alguna después de participar en las manifestaciones. Estuvo más de 10 días desaparecida e incomunicada durante 20 días, y fue interrogada sin presencia de un abogado. Solo 40 días después de su detención recibió su primera visita familiar. Fue condenada a ocho años de prisión por desórdenes públicos, desacato y atentado.
• Ariana López Roque: activista y directora de la Academia Julio Machado. Fue detenida el 11 de julio de 2021 sin orden de arresto ni justificación tras participar en las manifestaciones. Su familia pasó días sin contacto con ella mientras se encontraba aislada y era interrogada sin la presencia de un abogado. Fue condenada a ocho años de prisión por desórdenes públicos, desacato y atentado, y en prisión sufrió castigos e incomunicación por motivos políticos.
• Donaida Pérez Paseiro: sacerdotisa de la religión yoruba y miembro de la asociación de Yorubas Libres de Cuba. Fue detenida el 15 de julio de 2021 sin orden de arresto ni justificación tras participar en las manifestaciones. Su familia no tuvo contacto con ella durante días, mientras estaba aislada y era interrogada sin abogado. Fue condenada a ocho años por desórdenes públicos, desacato y atentado.
• Lisdani Rodríguez Isaac: practicante religiosa de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, detenida el 17 de julio de 2021 sin orden de arresto ni justificación alguna después de participar en las manifestaciones. Estuvo desaparecida durante más de 30 días, sin contacto familiar ni telefónico. Durante ese tiempo permaneció en una celda de castigo y fue interrogada sin presencia de un abogado. Solo 120 días después pudo recibir su primera visita familiar. Fue condenada a ocho años de prisión por desórdenes públicos, desacato y atentado. A finales de enero de 2024 se enteró de que estaba embarazada tras una visita conyugal con su pareja a finales de 2023. Los funcionarios de la prisión de Guamajal no le proporcionaron atención médica prenatal ni otras medidas apropiadas para dicho estado. El 28 de mayo de 2024, gracias a la presión de varios titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales de derechos humanos de la ONU, las autoridades le concedieron una licencia extrapenal por un año, lo que le permitió llevar a término su embarazo fuera de prisión. Dio a luz en septiembre de 2024.
• Lisdiani Rodríguez Issac: practicante religiosa de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba. Detenida el 17 de julio de 2021 sin orden de arresto ni justificación después de participar en las manifestaciones. Permaneció más de 30 días desaparecida, incomunicada y fue interrogada sin abogado. Tras 120 días pudo recibir su primera visita familiar. Fue condenada a ocho años por desórdenes públicos, desacato y atentado. En marzo de 2024 se le negó el régimen de mínima severidad y las visitas familiares. En noviembre fue golpeada brutalmente y se la obligó a permanecer de pie durante 13 horas. Le prohibieron llamadas y visitas para ocultar la agresión.
• Brenda Díaz García: Detenida el 11 de julio de 2021 tras las manifestaciones. Permaneció desaparecida 9 días, incomunicada 30 días y sin poder ver a su familia hasta pasados tres meses, período durante el que tampoco tuvo acceso a abogado defensor. Cumple una sanción de 14 años en la prisión Cuba-Panamá, en Güines, donde sufre abusos físicos y verbales por su identidad de género. En enero fue golpeada y llevada a la celda de castigo, y en octubre de 2022 un guardia la lanzó por unas escaleras. Padece VIH, gastritis crónica y cálculos renales, sin atención médica ni tratamiento.
• Lizandra Góngora Espinosa: Detenida el 22 de julio de 2021 tras las manifestaciones. Pasó 3 días en la celda de castigo, estuvo 18 días incomunicada, solo recibió visita a los 40 días y no tuvo acceso a un abogado durante más de 15 días. El último año fue trasladada varias veces y permaneció en una prisión de hombres, donde el estrés la llevó a raparse. Desde abril de 2023 está en la prisión de trabajos forzados Los Colonos (Isla de la Juventud), a 160 km de su hogar, cumpliendo una pena de 14 años, lo que dificulta las visitas de sus hijos. Padece un fibroma uterino que no ha recibido cirugía, sufre abusos físicos y verbales. Además, las Fuerzas de seguridad del Estado la amenazan con quitarle a sus cinco hijos y enviarlos a un orfanato.
• Joselín Orta Llorens: Detenida el 11 de julio de 2021 tras participar en las manifestaciones, pasó 9 días sin contacto familiar y recibió su primera visita después de 35 días. Cumple una sanción de cuatro años de privación de libertad en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Padece epilepsia, agravada por la deficiencia en la atención médica y malas condiciones de salubridad, alimentación e hidratación desde su reclusión.
• Elienay Maresma Mesa: Fue detenida el 15 de julio de 2021 sin que se le indicara justificación alguna, tras participar pacíficamente en las manifestaciones. Pasó 17 días sin contacto verbal con su familia y no tuvo contacto físico con ellos durante los 28 días de detención. Actualmente, se encuentra extinguiendo una sanción de cinco años bajo régimen de limitación de libertad con la amenaza de que sea revocado a privación de libertad en el caso de manifestar algún tipo de inconformismo con el Gobierno de Cuba.
• Yunaikis González Pérez: Fue detenida el 13 de julio de 2021 sin que se le indicara justificación alguna tras las manifestaciones y pasó cinco días sin poder comunicarse con su familia. Cumple una sanción de cinco años bajo régimen de limitación de libertad con la amenaza de que sea revocado a privación de libertad si manifiesta alguna inconformidad con el Gobierno.
• Hortensia Oceguera González: Detenida el 11 de julio de 2021 tras participar en las manifestaciones. Pasó 15 días sin contacto con su familia, 25 días sin visitas y más de 6 días sin acceso a un abogado. Se encuentra extinguiendo una sanción de cinco años bajo régimen de limitación de libertad con la amenaza de que sea revocado a privación de libertad si expresa su desacuerdo con el Gobierno.
• Claudia González Amarán: Detenida el 11 de julio de 2021 tras las manifestaciones y pasó más de una semana incomunicada sin acceso a su familia ni a un abogado. Actualmente, se encuentra extinguiendo una sanción de cinco años bajo régimen de limitación de libertad con la amenaza de sea revocado a privación de libertad en el caso de manifestar inconformismo con el Gobierno.

El WGAD exige la liberación inmediata de estas personas y una compensación por el daño causado. Y pide además que el Estado cubano restablezca los derechos de las personas que han sido condenadas sin justificación, una demanda que el régimen de La Habana ha ignorado sistemáticamente.

Cuba con el mayor número de condenas por detención arbitraria desde 2019

Según los registros de Prisoners Defenders, Cuba se ha posicionado como la nación con el mayor número de condenas por detención arbitraria desde 2019, superando a otros países con graves crisis de derechos humanos. Este patrón represivo se observa en un pequeño grupo de Estados que utilizan la detención masiva como herramienta política: Cuba, Egipto, Bahréin, China, Venezuela, Rusia, Arabia Saudita, México, Nicaragua y Vietnam. En el caso de Cuba, sin embargo, el patrón ha sido particularmente extenso.

Es notable la presencia en ese grupo de varios países con una manifiesta afinidad política con Cuba, como Venezuela, Rusia y Nicaragua. En todos ellos, el propósito de mantener el control social a través de la represión es evidente, pero Cuba sobresale no solo por las numerosas llamadas de atención del WGAD, sino también por las altas cifras absolutas de presos políticos tras el 11J, muchos de ellos acusados de sedición y condenados por el simple hecho de manifestarse pacíficamente.

Escalada de la represión tras el 11J

Desde el estallido social de 2021, la cifra de presos políticos en la isla ha experimentado una escalada sin precedentes, pasando de alrededor de 134 a finales de 2020 a superar los 1100 en la actualidad. Alrededor del 65% de los encarcelamientos están directamente vinculados a las protestas del 11J, con condenas que llegan a superar los veinte años. La detención de menores de edad que participaron en las protestas, sentenciados por sedición, es una de las aristas más inhumanas de esta política. El uso documentado de diversas formas de tortura en las prisiones y la falta de garantías procesales en los juicios, son parte de ese escenario, lo que ha llevado a que Amnistía Internacional reconozca a varios opositores cubanos como presos de conciencia.

Las condenas de la CIDH y el Parlamento Europeo, que exigen la liberación de todos los presos de conciencia y el cese de la represión, refuerzan la urgencia de una acción internacional coordinada contra un régimen que usa la detención y la tortura como instrumentos habituales de terror y control social.