Ataque con ácido en La Habana: un caso extremo de violencia machista en un país sin legislación específica

La agresión contra Niyu del Carmen López Morales se inscribe en un patrón global de violencia con agentes químicos contra mujeres, ya reconocido y tipificado en varios países, mientras Cuba sigue sin protocolos ni leyes específicas para prevenir y sancionar este tipo de ataques.

La cubana Niyu del Carmen López Morales permanece ingresada en un hospital de La Habana tras sufrir una agresión extrema de violencia machista: la agresión trascendió a través de diversas publicaciones en redes sociales y medios independientes, donde se denuncia que Niyu del Carmen fue secuestrada, golpeada y atacada con una sustancia corrosiva descrita como “ácido” por su ex pareja en una vivienda de la zona de La Virgen del Camino, en la capital.

De acuerdo con la publicación del comunicador Nio Reportando un crimen, luego retomada por diversos medios, el viernes 28 de noviembre Niyu fue llevada contra su voluntad a un inmueble donde habría permanecido atada, amordazada y sometida a golpes, antes de que su agresor le arrojara la sustancia corrosiva que le causó lesiones graves, incluida una afectación severa en uno de los ojos.

Fueron los gritos de la víctima los que alertaron a los vecinos. Al no recibir respuesta del agresor, insistieron en llamar a la Policía. Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria entraron por la fuerza al inmueble y encontraron a Niyu del Carmen con múltiples heridas. Ella misma, en un comentario a la publicación del comunicador, y recogido también por 14ymedio, reafirma lo sucedido:

“La Policía no tardó en llegar y me rescataron a tiempo. Gracias a todos y a Dios (…) Estoy a punto de entrar al salón a operarme la mano, tengo muchos golpes y graves heridas para la vida”.

En ese mismo intercambio señaló como agresor a Javier Santiago Valdivie, actualmente detenido mientras avanza la investigación, según han publicado las plataformas que han seguido el caso.

El ataque sufrido por Niyu del Carmen no es un “caso aislado” en términos de la violencia que se ejerce contra el cuerpo de las mujeres; se inscribe en una forma específica de violencia de género: los ataques con ácido o agentes químicos, reconocidos internacionalmente como una práctica extrema de control, castigo y destrucción de la autonomía de las mujeres.

Una forma extrema de violencia de género

Diversas organizaciones especializadas estiman que en el mundo se registran alrededor de 1.500 ataques con ácido cada año, con un importante subregistro debido al miedo a represalias y al estigma. La organización Acid Survivors Trust International (ASTI), con sede en el Reino Unido, calcula que más del 80 % de las víctimas son mujeres y niñas, y vincula estos ataques a motivos de género: rechazo de propuestas sentimentales, disputas familiares, violencia en el matrimonio, “castigo” por ejercer autonomía o por desafiar normas patriarcales.

Aunque los primeros estudios sistemáticos se centraron en países del sur de Asia —Bangladesh, India, Pakistán—, los ataques con ácido han sido documentados también en América Latina, África y Europa, hasta el punto de que ONU Mujeres y otros mecanismos internacionales los incluyen entre las formas más graves de violencia contra la mujer, por el daño físico irreversible, la desfiguración y el impacto psicosocial permanente.

Qué dice el derecho internacional

No existe todavía una convención específica solo sobre ataques con ácido, pero estos hechos se abordan dentro de los marcos más amplios de violencia contra las mujeres:

• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se utilizan hoy para considerar los ataques con ácido como violencia de género que los Estados están obligados a prevenir, investigar, sancionar y reparar.
• El Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer de ONU Mujeres recomienda a los Estados criminalizar de forma específica las formas graves de violencia física, incluyendo el uso de agentes químicos o corrosivos; establecer penas proporcionales; garantizar el acceso a atención médica integral, rehabilitación y reparación; y regular la venta y distribución de sustancias peligrosas.

En la práctica, varios países han avanzado en esa dirección creando tipos penales específicos para los ataques con ácido y estableciendo sanciones equiparables a las del feminicidio o los homicidios más graves.

Países que ya tipifican los ataques con ácido

India
Tras una serie de casos de enorme impacto público, India aprobó en 2013 la Criminal Law (Amendment) Act, conocida popularmente como Ley Nirbhaya, que introdujo los artículos 326A y 326B en el Código Penal (IPC):

• El artículo 326A castiga causar lesiones graves mediante el uso de ácido con pena mínima de 10 años de prisión, que puede llegar a cadena perpetua, y multa destinada a sufragar los gastos médicos de la víctima.
• El artículo 326B sanciona el intento de ataque con ácido con penas de 5 a 7 años de prisión, además de multa.

Pakistán
En 2011, Pakistán aprobó la Acid Control and Acid Crime Prevention Act, que modificó su Código Penal mediante los artículos 336A y 336B para criminalizar estos ataques. Bajo el artículo 336B, las penas pueden llegar hasta cadena perpetua, con multas elevadas, considerando la agresión como un delito grave; en algunos casos se vincula incluso a la legislación antiterrorista.

Colombia
En América Latina, Colombia fue pionera al aprobar la Ley 1639 de 2013 y la Ley 1773 de 2016, conocida como “Ley Natalia Ponce de León”, que tipifican como delito autónomo las lesiones con agentes químicos, ácidos y sustancias similares, endurecen las penas y limitan los beneficios penales. Natalia Ponce de León fue atacada el 27 de marzo de 2014 con un litro de ácido sulfúrico derramado en su rostro y buena parte de su cuerpo. 

El Código Penal colombiano prevé hoy penas de entre 12,5 y 20 años de prisión, ampliables hasta 30 años cuando la víctima sufre deformidad o daño permanente, además de contemplar protocolos específicos de atención en salud para las supervivientes.

Ciudad de México – “Ley Ácida”
En febrero de 2024, la Ciudad de México aprobó la llamada “Ley Ácida”, que tipifica la violencia ácida como delito autónomo y la vincula con la legislación sobre violencia contra las mujeres. También conocida como Ley Malena en honor a María Elena Ríos, una saxofonista sobreviviente de un ataque con ácido en 2019, que quedó con secuelas permanentes en su rostro y su cuerpo que han requerido varias cirugías, injertos de piel y múltiples tratamientos dermatológicos.

• Los ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas se sancionan con penas de 8 a 12 años de prisión, más multas.
• Cuando las lesiones se consideran tentativa de feminicidio, la pena puede llegar hasta 46 años de prisión, equiparando esta violencia a las formas más extremas de agresión machista.

A pesar de estos avances, informes recientes señalan que 13 estados mexicanos aún no han tipificado la violencia ácida, lo que revela una protección desigual incluso dentro de un mismo país.

Buenas prácticas y lecciones para otros contextos

Del análisis comparado se desprenden algunos elementos que hoy se reconocen como buenas prácticas frente a los ataques con ácido:

• Tipificación clara y específica de los ataques con agentes químicos como delito autónomo o como agravante directa de feminicidio y lesiones graves.
• Penas altas y limitación de beneficios penales, en consonancia con la irreversibilidad del daño físico y psíquico.
• Reparación integral: multas destinadas a cubrir cirugías reconstructivas, tratamiento médico prolongado y apoyo psicosocial.
• Regulación estricta de la venta y distribución de sustancias corrosivas, con registros y sanciones a quienes las comercialicen sin control.
• Protocolos de investigación y atención para policía, fiscalía y sistema de salud, que aseguren respuesta rápida, preservación de pruebas y registro de los casos como violencia de género, no solo como “lesiones”.

Cuba: violencia extrema contra las mujeres en un vacío normativo

El ataque contra Niyu del Carmen López Morales ocurre en un país donde no existe una legislación específica sobre ataques con ácido ni una ley integral de violencia de género. El Código Penal de 2022 incorporó la muerte de mujeres por razón de género como circunstancia agravante del homicidio, pero no tipifica el feminicidio como delito autónomo, ni reconoce de forma separada la violencia ácida como forma de violencia machista, a diferencia de Colombia o la Ciudad de México.

En la práctica, los casos de violencia extrema contra mujeres —incluidos los intentos de feminicidio— quedan atrapados en figuras genéricas como “lesiones graves” o “homicidio en grado de tentativa”, sin un reconocimiento claro de la motivación de género ni del carácter ejemplarizante que debería tener la respuesta penal. Hay que subrayar que en Cuba no está tipificado el feminicidio en su código penal.

Frente al silencio institucional, la documentación de la violencia recae en la sociedad civil. El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) han verificado, desde 2019, 308 feminicidios en la Isla hasta diciembre de 2025, además de intentos de feminicidio y casos en proceso de verificación. En este contexto, el ataque con ácido contra Niyu del Carmen se suma a una cadena de agresiones graves en la que, una vez más, la supervivencia de la víctima depende más de la reacción de los vecinos y del personal sanitario que de la existencia de mecanismos de protección eficaces.

El caso de Niyu del Carmen López Morales pone a Cuba ante un espejo incómodo: mientras otros países han reconocido los ataques con ácido como una forma específica de violencia de género, han creado delitos autónomos, han regulado la venta de sustancias y han diseñado protocolos de atención y reparación, la Isla sigue sin una respuesta legal y política a la altura del daño que estas agresiones provocan.

En un escenario de alta violencia machista y opacidad institucional, cada intento de feminicidio que se conoce —como el que sufrió Niyu— es también un llamado urgente a nombrar, tipificar y prevenir estas formas extremas de violencia contra las mujeres.