¿Venezuela a las puertas de una transición?

La oposición organizada, la sociedad civil y los medios independientes deben ganar protagonismo en la todavía incipiente transición democrática de Venezuela.

A un mes del 3 de enero el mundo y especialmente los venezolanos se preguntan si estamos realmente ante una transición o ante un cambio circunstancial. Claramente algunos podrían afirmar que aunque ha ocurrido un quiebre significativo, como la salida del ex-presidente ilegítimo Nicolás Maduro, eso no equivale automáticamente a una transición democrática pues el poder estructural —instituciones, fuerzas armadas, aparato de seguridad, redes de corrupción y vínculos con el narcotráfico— no se ha transformado de raíz, lo que podría favorecer un reciclaje del mismo sistema bajo nuevas formas. Como cuando un yuyo, una hierba mala no se corta de raíz, vuelve a crecer. Estamos frente al peligro de que se dé un reacomodo del poder, con la estructura chavista siendo funcional al poder norteamericano que busca, a través del restablecimiento del negocio del petróleo en Venezuela, cobrar los costos de la incursión militar para la liberación del país.

En el primer discurso de Trump luego de los hechos del 3 de enero claramente los destinatarios eran el electorado de los EE.UU. para justificar los costos de una acción así en un contexto de ajuste fiscal, o para las empresas norteamericanas que también asumirán un rol en la fase de recuperación económica. Esta es una lectura inicial del problema, pero no agota su complejidad ya que no toma en cuenta todos los elementos y actores. No hay una sola posición ni dentro de la dictadura chavista, ni tampoco dentro del gobierno de los EE.UU. Hay múltiples intereses y posiciones que están en constante diálogo y pugna por influir en la toma de decisiones de los próximos pasos a dar. Debemos recordar que cuando el Secretario de Estado Marco Rubio definió las tres fases de primeramente estabilización (contener el caos y violencia), en segundo lugar, la recuperación (reintegración económica y acceso a mercados internacionales), y tercero, la transición (cambio político hacia nuevas autoridades), aclaró que no necesariamente será lineal, sino que se pueden dar simultáneamente las fases y que no se estaba en las condiciones de aclarar los tiempos de cada una de dichas fases.

Para la literatura de la ciencia política, en toda transición democrática debe haber ciertos pasos, como la liberación de los presos políticos y asegurar las libertades políticas, y eso mientras esté una dictadura interna como es Delcy Rodríguez, que está liberando a cuentagotas a los presos políticos, a quienes sigue utilizando como elemento de negociación de impunidad ante el Gobierno de los EE.UU. no se podría asegurar. Finalmente, sí estamos frente a un momento histórico excepcional con potencial para una transición democrática, pero aún se debe resquebrajar más la cohesión interna de la dictadura y debilitarse el poder militar represivo que le está permitiendo retener el poder, que bloquea a otros actores claves que asuman el protagonismo en esta incipiente transición democrática, como son la oposición organizada, la sociedad civil y los medios independientes.

Si evaluamos cuál sería el punto de no retorno de la transición venezolana, debemos volver a los politólogos clásicos, expertos en la materia como O’Donnell, Schmitter, Przeworski, quienes afirman que el punto de no retorno aparece cuando ningún actor relevante puede imponer unilateralmente un regreso al autoritarismo sin pagar costos ya sean políticos, institucionales, sociales o internacionales. Creo que aún no estamos ahí pero hay un umbral crítico que hace que el retorno al régimen autoritario, avanzando hacia un régimen totalitario de pleno control, sea demasiado costoso o inviable. Que era de alguna manera en el punto que estaba el régimen chavista previo al 3 de enero.

El régimen, tras desoír la resonante voz del pueblo expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024, y recrudecer la persecución, la represión, las prácticas de tortura y una nueva oleada de detenciones arbitrarias, iba hacia una consolidación del régimen dictatorial. Lo que permitió la captura del dictador es, en primer lugar, parar ese proceso de consolidación de la dictadura, y mostrar las facturas internas. Dicha esta aclaración, el punto de no retorno sería la convergencia de tres elementos: la fractura o neutralización efectiva del aparato autoritario (especialmente coercitivo y judicial), las elecciones libres que produzcan autoridades con poder real, no solo formal, es decir, que los candidatos elegidos puedan asumir sus cargos de poder y ejercerlo. Creo que si eso sucede, el otro factor que es la legitimidad social amplia, que haga políticamente inviable el retorno de la dictadura se dará por añadidura, el pueblo venezolano anhela fervorosamente la libertad y eso ya ha quedado sellado el 28 de julio del 2024.

El ejercicio del poder real en una transición

En una transición, el poder real no lo ejerce un solo actor, sino una constelación de actores que evolucionan a lo largo del proceso. En las transiciones nadie tiene todo el poder, pero nadie está completamente fuera del juego. Y esto lo digo, en este momento, porque algunos analistas aseguran que la oposición organizada bajo el liderazgo de María Corina Machado no está en el mapa del proceso actual que vive Venezuela y creo que se equivocan. La oposición está marcando esas pautas para la transición con una responsabilidad, prudencia y humildad que es digna de destacar.

Creo que la consciencia de ser instrumentos al servicio de una Venezuela libre y democrática está en su cumbre más alta en este momento, como consecuencia del aprendizaje en 26 años de dictadura y está más lista que nunca para ejercer el poder y liderar este proceso de transición. Estoy convencida que es sólo una cuestión de tiempos que se terminen de acomodar las fichas. La oposición está en el juego, sólo no tan visible como a algunos les gustaría que estuviera. Sin duda, son un actor posicionado en el tablero de poder, quien niegue eso está negando el mandato que le dio el pueblo venezolano el 28 de julio.

El verdadero dilema no es quién manda, sino cómo transformar el poder de veto autoritario en poder regulado por reglas democráticas. Eso implica: someter a los militares al control civil, incorporar a las élites económicas bajo reglas transparentes, usar el respaldo internacional como garantía, no como sustituto ni tutelaje, y convertir la legitimidad electoral en capacidad efectiva de gobierno. Esto significa que transformar ese poder fáctico en poder regulado por reglas democráticas requiere una recomposición del poder interno, con negociación y con apoyo externo que no sustituya ni tutele, sino que refuerce las capacidades internas para decidir de manera soberana y democrática.

Algunos actores buscan garantías de supervivencia, otros preservar negocios, otros evitar responsabilidades penales, y otros simplemente ganar tiempo. Esta fragmentación explica por qué el régimen puede parecer monolítico hacia afuera, pero opera internamente como una coalición inestable, donde las decisiones son producto de equilibrios precarios más que de un mando único.

El problema de la legitimidad

En contextos post-autoritarios, la legitimidad no proviene principalmente de la legalidad heredada, porque esa legalidad está desacreditada. La legitimidad democrática se construye cuando la ciudadanía percibe que: el poder ya no es arbitrario, sino que las reglas empiezan a valer para todos, y que el cambio produce mejoras tangibles, aunque sean graduales, existen mecanismos para castigar abusos y corregir errores. Es más bien experiencial que normativa: la gente cree cuando vive el cambio. Porque claramente la desesperanza ha calado en estos 26 años de dictadura y, sobre todo, porque han habido muchos intentos fallidos de iniciar la transición democrática por parte de la oposición, ya sea con procesos electorales, manifestaciones masivas de lucha pasiva, procesos de diálogos fracasados que sólo le dieron al régimen tiempo para consolidarse.

En Venezuela, la legitimidad democrática no se restaurará apelando a instituciones desacreditadas, sino creando experiencias concretas de no arbitrariedad, inclusión y mejora real. Según Linz y Stepan, que también lo toma Diamond, la democracia solo se consolida cuando los ciudadanos creen que es el único juego posible.

Algunos analistas o periodistas plantean a la justicia vs. la estabilidad como una disyuntiva absoluta que es engañosa: sin justicia, la transición pierde legitimidad y queda capturada por los mismos actores. Sin estabilidad, no hay condiciones mínimas para que la justicia sea sostenible. El dilema real no es si hacer justicia, sino cómo, cuándo y con qué alcance.

Las transiciones que sobrevivieron (Chile, o Europa del Este) no hicieron ni justicia total inmediata, ni amnistía general encubierta. Hicieron justicia transicional, que combina verdad, reparación y garantías de no repetición, así como responsabilidad selectiva, focalizándose en los máximos responsables de los crímenes más graves y sistemáticos para evitar las persecuciones masivas, o la judicialización indiscriminada.

La selectividad no es impunidad; es estrategia democrática para la reconciliación nacional. El riesgo no es hacer justicia, sino prometer una justicia imposible de ejecutar o postergar indefinidamente una justicia necesaria.

El factor internacional

La transición venezolana no puede analizarse sin partir de un dato estructural: el conflicto ya está profundamente internacionalizado desde hace años por decisión deliberada de la propia dictadura. El régimen venezolano construyó su capacidad de control interno apoyándose en alianzas autoritarias externas, particularmente con Cuba —que aportó asesoramiento sistemático en inteligencia, control social y represión— y con Rusia, Irán y China, que brindaron respaldo político, tecnológico, financiero y de seguridad. Este entramado no solo fortaleció la supervivencia del régimen, sino que erosionó la soberanía democrática venezolana, subordinando decisiones clave a intereses y lógicas externas no democráticas.

En ese contexto, resulta conceptualmente erróneo y políticamente injusto presentar la asistencia internacional al movimiento democrático como una injerencia equivalente. Lo que existe es una asimetría previa: mientras el autoritarismo venezolano se sostuvo gracias a la cooperación entre dictaduras y redes criminales transnacionales, las fuerzas democráticas internas han operado en condiciones de aislamiento, persecución y desventaja estructural. Por ello, que el movimiento democrático reciba asistencia técnica electoral, acompañamiento institucional y respaldo político lo que busca es restaurar la soberanía de los venezolanos con el apoyo de la comunidad internacional.

En ese sentido, las fuerzas democráticas de la comunidad internacional no solo acompañan un proceso político, sino que defienden el orden democrático regional e internacional. No se trata de imponer un proyecto externo, sino de terminar con un sistema autoritario-criminal que ya opera más allá de las fronteras venezolanas.

Si la dictadura venezolana internacionalizó el autoritarismo mediante alianzas con otras dictaduras y redes criminales, la respuesta democrática no sólo es legítima, sino necesaria: internacionalizar la defensa de elecciones libres, derechos humanos y soberanía popular.

Para influir en la toma de decisiones internas del Estado es necesario que la oposición logre alianzas tácticas dentro del aparato institucional; y use apoyo internacional para fortalecer su capacidad de negociación sin quedar reducida a un mero instrumento de presiones externas.

La dependencia excesiva de factores externos entraña riesgos reales como la captura de la agenda democrática, subordinando justicia y derechos humanos a prioridades geopolíticas externas. La vulnerabilidad ante cambios internacionales, cuando el proceso depende de gobiernos o contextos externos volátiles. Por eso, las transiciones exitosas logran que ningún actor —interno o externo— pueda imponer unilateralmente su voluntad sin someterse a reglas.

El apoyo internacional puede abrir y proteger la transición, pero solo los actores internos pueden conducirla. En Venezuela, internacionalizar la defensa de la democracia no debilita la soberanía: busca recuperarla de un régimen que ya la entregó a intereses autoritarios y criminales externos.

El presente artículo se escribe en el marco de las reflexiones del encuentro “Conversatorio Online. venezuela, ¿A las Puertas de una Transición?”

Tomado de: Cultura Democrática