Venezuela aprueba Ley de amnistía y el chavismo pide perdón como acto de supervivencia política

Con frases impactantes como “pedimos perdón y tenemos que perdonar”, el oficialismo busca proyectar una imagen de clemencia y reconciliación.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, da un giro de 180 grados a su discurso: “Nosotros pedimos perdón... a mí no me gustan los presos”. La frase parece imposible, pero la dijo Rodríguez, el rostro de la manipulación legislativa en Venezuela. En una sesión de urgencia, el régimen aprobó en primera discusión una Ley de Amnistía para presos políticos, en casos desde 1999.

Ley de Amnistía para la "convivencia democrática"

Tras casi tres décadas de hegemonía chavista, el anuncio y avance de una Ley de Amnistía marca lo que muchos analistas consideran el inicio del fin de una era y el intento del oficialismo por negociar una salida o una coexistencia en un nuevo escenario de poder.

La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo el liderazgo de Jorge Rodríguez, aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Este movimiento, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, representa un cambio radical en el discurso del chavismo, que durante 27 años utilizó el sistema judicial como una herramienta de persecución política.

Con frases impactantes como “pedimos perdón y tenemos que perdonar”, el oficialismo busca proyectar una imagen de clemencia y reconciliación. Sin embargo, este gesto no es gratuito; se percibe como una estrategia de supervivencia política ante una crisis de legitimidad insostenible y la necesidad de pacificar el país para evitar un colapso total tras los eventos que han debilitado la cúpula tradicional del poder.

El giro del chavismo: de la confrontación al perdón

¿Por qué ahora? Con Maduro capturado y el poder desmoronándose, el oficialismo intenta desesperadamente vender una imagen de reconciliación. Rodríguez incluso apeló a una anécdota con Chávez para pintarse como un hombre “blando” que no sirve para carcelero, un intento burdo de lavarse las manos ante las atrocidades cometidas en El Helicoide y La Tumba bajo su mandato.

Lo que venden como un acto de bondad es, en realidad, una maniobra de supervivencia: liberar rehenes para intentar negociar su propio futuro ante la justicia internacional.

El proyecto de ley contempla el sobreseimiento de causas y la liberación de personas procesadas por delitos políticos cometidos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026.

Violaciones graves a los derechos humanos

Esto abarca desde los sucesos del golpe de 2002 hasta las protestas más recientes, abriendo la puerta a la liberación de cientos de presos políticos y el regreso de exiliados.

No obstante, el texto establece una barrera, no serán amnistiados los casos de "violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas", según la agencia AFP.

La iniciativa legislativa se presenta justo cuando está en marcha un proceso de liberación de presos políticos, anunciado el 8 de enero por Jorge Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Según la ONG Foro Penal, hasta el 9 de febrero se han verificado 426 excarcelaciones desde esa fecha.