Cuba: un tema espinoso en la cumbre progresista de Barcelona

España, Brasil y México emitieron un comunicado conjunto sobre la situación en Cuba evitando criticar al régimen y culpando a Estados Unidos por la crisis.

El sábado 18 de abril, mientras miles de venezolanos celebraban en Madrid la esperanza de un cambio democrático en su país y la condecoración de María Corina Machado, otro evento político, de signo contrario, se realizaba en Barcelona. La IV Cumbre “En defensa de la democracia” reunió a líderes progresistas de América Latina y Europa, entre ellos los presidentes Pedro Sánchez, de España; Claudia Sheinbaum, de México; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia; Yamandú Orsi, de Uruguay; y el expresidente de Chile, Gabriel Boric.

La coincidencia de fechas fue motivo de críticas por parte de Isabel Díaz Ayuso, quien señaló que la cumbre de Barcelona fue convocada por Sánchez “cuando sabía que este evento se iba a celebrar”, en alusión al acto de homenaje a Machado. El contraste entre ambas convocatorias revela tanto el grado de polarización política que vive actualmente el mundo, como las contradicciones que atraviesan a la izquierda.

La cumbre y el fantasma de Cuba

El encuentro en Barcelona dejó claro un eje geopolítico: el avance de la derecha global, las tensiones con Estados Unidos, el debilitamiento del multilateralismo y la incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU para gestionar conflictos como las guerras en Irán y Ucrania. Pero fue la situación de Cuba la que ocupó el momento más tenso del debate.

La presidenta mexicana propuso ante los líderes de la cumbre una declaración “en contra de la intervención militar en Cuba”, afirmando la necesidad de que “el diálogo y la paz prevalezcan”. Lula da Silva dijo sentirse preocupado por la situación en la isla y respaldó el derecho a la autodeterminación del pueblo cubano: “Cuba tiene problemas, pero es un problema de los cubanos”, dijo, sin reconocer que el propio régimen de la isla impide a los cubanos decidir su futuro.

Un día después de la cumbre, los gobernantes de Brasil, España y México difundieron un comunicado conjunto donde expresaban su “enorme preocupación” por la “grave crisis humanitaria” que atraviesa la isla y se comprometieron a “incrementar de manera coordinada” su respuesta humanitaria. El texto también reafirmó el compromiso de esos tres países con “los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo”, al tiempo que hacía un llamamiento a un diálogo que garantice “que sea el propio pueblo cubano el que decida su futuro en plena libertad”.

El comunicado produjo satisfacción en La Habana. El canciller cubano Bruno Rodríguez agradeció el “digno y solidario mensaje” de los tres mandatarios, describiéndolo como un gesto de respaldo “en medio de la difícil situación” causada, según dijo, por “el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos”.

Sin embargo, el documento ha suscitado también críticas por lo que omite. El texto señala las “acciones que agravan las condiciones de vida de la población” en la isla —una referencia implícita al embargo de Washington—; pero no menciona la pésima gestión del régimen de Díaz-Canel, la represión de la disidencia, el encarcelamiento de manifestantes —miles de ellos tras las protestas del 11J— ni las restricciones sistemáticas a las libertades fundamentales en el país, gobernado desde hace más de seis décadas por un partido que prohíbe toda forma de oposición. Para los tres gobiernos que firmaron el comunicado, nada de eso es relevante a la hora de “defender la democracia” y la crisis cubana tiene, a su parecer, un único responsable: Donald Trump.

La voz discordante de Gabriel Boric

En este panorama destaca la postura del expresidente chileno. Aunque también critica las sanciones estadounidenses, Gabriel Boric no ha renunciado a señalar la responsabilidad del propio régimen de La Habana. A diferencia de sus pares, y desde una posición que molesta a sus propios aliados del Partido Comunista de Chile, Boric ha insistido en señalar que el sistema cubano es una dictadura.

Apenas unos meses antes, en una entrevista concedida a El País, el expresidente chileno defendió la necesidad de aplicar un mismo estándar para juzgar las violaciones de derechos humanos, con independencia del signo ideológico de los gobiernos involucrados, afirmando que esa coherencia es clave para no perder credibilidad política. En la entrevista no dejó espacio a ambigüedades, recordando que en la isla no existe democracia, que se trata de un régimen de partido único sin libertad de expresión, y describió un país marcado por la escasez de alimentos, medicamentos y transporte, así como por el éxodo de los jóvenes.

En cuanto a la ayuda humanitaria, Boric ha anunciado que Chile realizará aportes a través de la UNICEF, pero a condición de que la ayuda se canalice a través de agencias de la ONU para asegurar que llegue directamente al pueblo, sin que esto implique un respaldo al régimen de Díaz-Canel.

Esa posición —crítica del embargo pero también del régimen— tiene un alto costo político. El presidente del Partido Comunista chileno, Lautaro Carmona, lo cuestionó públicamente y defendió al sistema cubano, asegurando que sí es una democracia.

Las incoherencias de la izquierda

La cumbre de Barcelona dejó al descubierto una fractura profunda dentro de la izquierda en torno a Cuba. De un lado, líderes como Sánchez, Lula y Sheinbaum, que priorizan la solidaridad antiimperialista y la crítica a Washington, pasando por alto —o eligiendo no mencionar— la responsabilidad de La Habana en el sufrimiento de su propio pueblo. Del otro, una voz como la de Boric, que intenta mantener una posición de principios: condenar tanto las sanciones externas como la opresión interna.

La cumbre “En defensa de la democracia” plantea una contradicción clara en las posturas habituales de la izquierda: defender la democracia en abstracto mientras se evita nombrar la dictadura concreta que oprime a once millones de personas en el Cuba no es un asunto de opinión, es una incoherencia que el pueblo cubano —sin luz, sin comida y sin libertad— paga todos los días.

La pérdida de credibilidad que ha sufrido el régimen cubano en los últimos años, debida al aumento visible de la represión, el éxodo masivo y la pobreza, ha forzado a la dictadura ha lanzar una nueva campaña de recogida de firmas en instituciones educativas y centros de trabajo estatales con el objetivo de fabricar un supuesto respaldo masivo.

En su empeño por legitimarse en medio de una crisis que no es solo económica sino también política, el régimen apela otra vez a la coacción de trabajadores y estudiantes para forzarlos a dar su firma en un proceso que no ofrece garantías de transparencia ni solución a los problemas. Es, por el contrario, un intento de desviar la atención sobre las causas reales de la crisis y un ejemplo más de la falta de mecanismos democráticos en el país.