La Unión Europea inicia revisión de su acuerdo con Cuba bajo presión de la sociedad civil

La revisión del Acuerdo de Diálogo y Cooperación, por parte del Parlamento Europeo, pone el foco en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Cuba.

La Unión Europea ha iniciado formalmente un proceso de revisión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) con Cuba, según informó esta semana la ONG Ciudadanía y Libertad a través de sus redes sociales. La noticia llegó tras la visita a Bruselas de las activistas cubanas Carolina Barrero y Amelia Calzadilla, directivas de la organización con sede en Madrid, quienes se reunieron con funcionarios del Parlamento Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), la Oficina del Representante Especial para Derechos Humanos y las representaciones permanentes de los Estados miembros de la UE.

El objetivo central de la misión, según declararon las propias activistas, fue solicitar la suspensión del PDCA y la imposición de sanciones individuales contra los responsables del aparato represivo del régimen cubano. “La meta de este viaje es pedir la suspensión del PDCA, un diálogo que solo beneficia a la dictadura en su retórica de doble cara. Las posiciones de los países democráticos deben y tienen que estar del lado del pueblo, no de sus opresores”, señalaron.

Un historial de críticas parlamentarias al PDCA

El PDCA, firmado en diciembre de 2016 y en vigor provisional desde noviembre de 2017, contiene en su artículo 85 una cláusula de derechos humanos que permite su suspensión en casos de “especial urgencia” cuando se produzcan violaciones graves y sistemáticas de los principios democráticos y las libertades fundamentales. Esta cláusula —que es un elemento estándar en los acuerdos internacionales de la UE— ha sido reclamada reiteradamente por la sociedad civil cubana y por eurodiputados, sin que el Consejo de la Unión Europea haya adoptado hasta ahora ninguna decisión formal al respecto.

En documentos presentados ante las instituciones europeas durante su visita a Bruselas, representantes de Ciudadanía y Libertad argumentaron que una década de implementación del acuerdo no ha producido resultados tangibles en materia de derechos humanos ni en la apertura política de Cuba.

La presión sobre el PDCA no es nueva. El Parlamento Europeo lleva años adoptando resoluciones críticas sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y exigiendo al Consejo y al SEAE que activen los mecanismos previstos en el propio acuerdo.

En julio de 2023, el Parlamento aprobó una resolución en la que reclamaba expresamente la activación del artículo 85, apartado 3, letra b), del PDCA para solicitar una reunión inmediata del Comité Conjunto ante las “violaciones continuas, graves y materiales de los principios democráticos” por parte del régimen cubano, y señaló que dichas violaciones constituían un “caso de especial urgencia” que podría dar lugar a la suspensión del acuerdo.

En febrero de 2024, el Parlamento volvió a reiterar ese llamamiento en el contexto de la situación crítica en Cuba, subrayando que el incumplimiento por parte de Cuba de sus obligaciones en materia de derechos humanos debería “dar lugar a la suspensión del acuerdo”. La resolución conjunta fue impulsada por los grupos PPE, Renew y ECR.

En septiembre del propio año, el Parlamento Europeo exigió el fin de la represión contra quienes ejercen su libertad de expresión e instó a la UE a considerar sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos y a activar la cláusula de suspensión del acuerdo en caso de incumplimiento. Y en diciembre, la Comisión Mixta Congreso-Senado del Parlamento español instó al gobierno de España a solicitar formalmente la suspensión del PDCA “hasta que Cuba ofrezca garantías de avance en el respeto de los derechos humanos”, señalando que tras casi ocho años de firma del acuerdo “los objetivos declarados no se han cumplido”.

Enero de 2026: el Parlamento Europeo da un paso decisivo

El salto cualitativo más reciente se produjo el 21 de enero de 2026, cuando el Pleno del Parlamento Europeo aprobó una enmienda al informe anual sobre política exterior presentada por los eurodiputados Mariusz Kaminski y Carlo Fidanza, del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). La enmienda —aprobada con 331 votos a favor, 241 en contra y 63 abstenciones— pone formalmente en duda la continuidad del PDCA al reconocer que Cuba incumple de forma sistemática los principios democráticos y de derechos humanos que la UE defiende en su acción exterior.

El texto aprobado insta a la Comisión Europea a utilizar “todos los instrumentos disponibles” para exigir al gobierno cubano el respeto efectivo de los derechos humanos antes de avanzar en cualquier forma de cooperación. Aunque la votación no implica la suspensión automática del acuerdo, lo cual requeriría una decisión formal del Consejo, sí representa, según los propios promotores, un giro político significativo.

El debate también ha incorporado la dimensión geopolítica de la participación de ciudadanos cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania. Semanas antes de la votación, una audiencia en Bruselas titulada “Mercenarios cubanos en la agresión rusa contra Ucrania” denunció el reclutamiento de militares cubanos para combatir junto a las fuerzas rusas, y organizaciones de la sociedad civil manejan datos que cifran en más de mil los ciudadanos cubanos que habrían combatido en las filas rusas. Varios eurodiputados consideraron este hecho “incompatible con los principios que la Unión Europea defiende en su política exterior”.

El eurodiputado Antonio López-Istúriz también ha exigido en este periodo la activación del artículo 85 en relación con la detención del opositor José Daniel Ferrer, arrestado en aparente represalia por su participación en una audiencia del Parlamento Europeo. “¿Qué otro hecho considera necesario la Alta Representante para activar la cláusula de derechos humanos y suspender el acuerdo, cuando incluso se está castigando a quienes colaboran con esta Cámara?”, planteó el eurodiputado por escrito a la Alta Representante Kaja Kallas.

Carolina Barrero y Amelia Calzadilla en Bruselas

En este contexto, la visita de Carolina Barrero y Amelia Calzadilla a Bruselas a mediados de abril de 2026 cobra especial relevancia. Las activistas se reunieron con altos representantes de diversas instituciones europeas durante tres días y presentaron documentación sobre el estado de los derechos humanos en Cuba, incluyendo la cifra de más de 1200 presos políticos registrados por organizaciones como Prisoners Defenders.

Barrero, historiadora del arte exiliada desde 2020 y fellow Sájarov del Parlamento Europeo en 2024, describió el PDCA ante la agencia EFE como un pacto “fallido” cuya suspensión permitiría “dejar de legitimar a la dictadura”. La directiva de Ciudadanía y Libertad pidió a las instituciones europeas coherencia en su política exterior y que no otorguen a Cuba un “trato excepcional”, diferente al aplicado a Venezuela o Nicaragua.

Los encuentros en Bruselas habrían dado como resultado el inicio formal de un proceso de revisión del acuerdo por parte de las instituciones europeas, aunque expertos advierten que la suspensión efectiva requeriría una decisión formal del Consejo de la Unión Europea, un paso mucho más complejo que trasciende las declaraciones del Parlamento.

El clima político en Cuba en los primeros meses de 2026 es especialmente tenso y sin duda incidirá en los análisis. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó en marzo al menos 35 acciones represivas en un solo fin de semana, dirigidas contra manifestantes, periodistas, activistas y familiares de presos políticos. Por su parte, organizaciones como Ciudadanía y Libertad advierten que cualquier revisión del acuerdo debe ser “sustantiva y no un ejercicio cosmético que perpetúe la impunidad del régimen”.