Doctoras en Cuba: en el límite de las fuerzas 

“Si bien la ciudadanía es la principal afectada por la crisis del sistema sanitario, también lo es el personal médico que se encuentra en una posición de vulnerabilidad, desprotección, precariedad y hasta presión política”.

Durante más de sesenta años el régimen cubano ha fabricado y alimentado el mito de la excelencia de los servicios de salud pública en el país, llegando a autodenominarse “potencia médica”. Tejieron alrededor de los profesionales de la salud un halo de confort y felicidad que en la actualidad se desmorona.

La galopante crisis socioeconómica que experimenta la isla también ha impactado en el sector sanitario. Aunque la situación era conocida, no se hizo viral hasta la llegada de la pandemia de Covid-19. En ese momento la incapacidad y precariedad del sistema de salud, que no alcanzaba a cubrir la demanda de oxígeno de las instalaciones sanitarias del territorio, fue más evidente. Desde la ciudadanía se impulsaron hashtags como #SOSMatanzas y #SOSCuba, se activaron redes para donar insumos y medicamentos por todo el territorio nacional mientras se aplaudía desde las casas al personal de salud por la pelea que estaban librando.

Si bien la ciudadanía es la principal afectada por la crisis del sistema sanitario, también lo es el personal médico que se encuentra en una posición de vulnerabilidad, desprotección, precariedad y hasta presión política. Las mujeres del sector son particularmente afectadas ya que, además de profesionales, muchas son madres y cuidadoras; algunas son disidentes del pensamiento oficial. Analizar el daño sobre la cotidianidad y salud mental de estas mujeres es tan complejo como necesario. De acuerdo a cifras oficiales, el sistema nacional de salud está integrado en un 70 % por mujeres. 

La escasez: un día en el infierno

Sara es anestesióloga en el oriente del país, especialidad que carga una importante cuota de responsabilidad, y además es madre de tres niños menores de edad. Cobra como especialista de primer grado en anestesiología 8275 MN de básico, más los 50 MN por cada guardia que se pagan aparte (serían 26,69 USD según la tasa de cambio de El Toque del día 24 de julio de 2024).

“Si dijera que me puedo centrar al cien por ciento en mi trabajo estaría mintiendo. La verdad es que se me hace imposible porque son muchas cosas las que funcionan mal tanto en mi casa como en mi centro de trabajo”, dice Sara.

“Cuando salgo para una guardia no sé cómo mis niños van a pasar la noche. Probablemente mi esposo no podrá calentar la comida que ya he dejado preparada porque no hay corriente (fluido eléctrico), y los apagones en este momento son tenebrosos”. Esta madre pasa mucho tiempo en función de garantizar lo mínimo para que sus hijos puedan comer cuando lleguen de la escuela. Pero, aunque lo deje todo listo, no sabe si sus hijos van a comer comida caliente o si van a dormir castigados por los mosquitos y el calor toda la noche. “Esas son preocupaciones que me llevo directamente para el trabajo”.

En el hospital la situación es igual de preocupante. El lugar se cae a pedazos y la escasez de insumos no mejora.  “Desde que cruzo la puerta del salón de operaciones, lo primero que oigo es que no hay alcohol, ni gasa para vendar, ni yodo, ni soluciones para hidratar, y así, un largo etcétera de carencias”. Ahí comienza la debacle diaria para Sara y para casi toda la comunidad médica, sometida a “resolver” de la manera que sea. “Tenemos que exprimir al máximo nuestros cerebros para, en ausencia de lo que necesitamos, ver qué otra cosa podemos utilizar. Más que médicos, parecemos magos”, apunta.

“Para no hablar de la climatización. El salón parece un horno”. Sara explica que las temperaturas muy bajas son cruciales en los quirófanos porque son “el muro de contención para evitar que se dispersen los gérmenes”. 

Ante el deterioro y las carencias ha surgido una alternativa bastante amarga: “Estamos trabajando con lo que llevan los pacientes. Les pedimos los insumos porque solo así podemos ofrecerles el servicio”. Para Sara eso implica una amarga tristeza: “Me apena enormemente, pero no es culpa de nosotros los médicos, no queremos hacer algo así, es que no tenemos opciones”.

Se pone entonces de moda la frase “si traes te operan, y si no traes no te puedes operar”. Porque aquí, según comenta Sara, “no hay con qué operar a nadie”. También explica que lo poco que entra al hospital se reparte a puertas cerradas. “Eso se queda a nivel de dirección y de las administraciones”, señala.

En marzo de este año se realizó en el Palacio de la Revolución la reunión de balance al trabajo realizado durante el 2023 por el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), donde Miguel Díaz-Canel Bermúdez reconoció la falta de insumos en el sector sanitario: “Vamos a seguir con carencias de insumos, pero tiene que haber calidad en los servicios”. 

En el mismo encuentro, el presidente cubano apuntó que “podrá faltar el medicamento, pero está el calor al paciente, el trato al paciente, el consejo al paciente, la alternativa del medicamento, la alternativa de la terapia, el seguimiento que podemos dar, y eso lo podemos hacer. Está el humanismo de nuestra gente”.

Para Sara, el amor no es suficiente. “Para salvar vidas hay que tener insumos; para salvar vidas hay que tener lo necesario por lo menos en la práctica de la medicina, porque a la hora de la verdad, si no se cuenta con el medicamento adecuado, con la solución adecuada, con el fármaco correcto o con el catéter que lleva un paciente, solo con amor y empatía no lo podemos salvar, y eso hay que tenerlo muy claro”.

La escasez limita la capacidad de brindar atención de calidad, y genera frustración y desgaste emocional. Sara pasa sus guardias en el hospital rogando porque no llegue una emergencia o un accidente masivo. “Casi nunca hay lo básico para las emergencias, imagina un accidente que involucre cinco personas o más… Esos momentos son de tensión absoluta porque no hay mucho que se pueda hacer, y es aterrador que la escasez esté cobrando vidas”.

En enero de 2024 trascendió en redes sociales la condena de cinco de los seis profesionales de la salud del hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, en Granma, acusados de negligencia médica tras la muerte de un paciente de 23 años en 2021. Las sanciones fueron de hasta 3 años de prisión domiciliaria. La cirujana Yoandra Quesada, una de las condenadas, al hablar del contexto en que ocurrió la muerte recuerda aquella jornada llena de precariedad: “cuando entro con él (el joven fallecido) para el salón no había aspiración (en el quirófano); no teníamos sonda para ponerle y el paciente se quejaba de que hacía 5 horas no orinaba porque no podía; no había levin para ponerle y era indispensable para la operación en la cavidad…”. Este tipo de eventos suma más presión a los profesionales del servicio de salud. 

Sobre el impacto psicológico que todo esto tiene, Sara refiere: “Veo cómo se nos están yendo los pacientes de las manos y no podemos hacer prácticamente nada. Es una carga grande saber que tengo el conocimiento, pero no la manera de ponerlo en práctica y con promesas no salvamos a nadie”. 

Aunque la viceministra primera del MINSAP, Tania Margarita Cruz Hernández aseguró en noviembre de 2023 que “son muchas las motivaciones del sector para enfrentar los problemas y avanzar”, lo cierto es que la atención médica gratuita, accesible y con servicios altamente especializados representa una quimera a estas alturas del desastre sanitario que vive la isla.

Para Sara, “los médicos no se formaron durante tantos años para inventar con qué sujetar un tubo endotraqueal, ni para idear métodos desinfectantes que no sean con alcohol. No nos toca esa función. Se supone que todo debería estar garantizado por el Estado”. Piensa que cada galeno debería llegar a su centro de trabajo a practicar la medicina de forma adecuada, “no estar haciendo mezclas como en la Edad Media o depender de un paciente que nos traiga los insumos de la calle para poderlo atender”. 

El Artículo 72 de la Constitución establece que “la salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación”. Sin embargo, la propaganda del régimen introduce la idea de que las profesiones médicas, más que un trabajo, son una trinchera, aludiendo a lo heroico y lo sobrenatural. Por ejemplo, un artículo del MINSAP dice que las trabajadoras de la Salud se han convertido en “un ejército de hadas madrinas poderosas y sensibles, pero fuertes y abnegadas”.

De esta y otras maneras se intenta influir tanto en la opinión popular como en la mentalidad de los propios galenos, normalizando la precariedad, el trabajo no remunerado, el “hacer más con menos”, el estado de alerta, las misiones “humanitarias”, y así conseguir que no germinen reclamos ni al Estado ni al sistema de salud.

Según la experiencia de Yahíma Díaz, psicóloga de la occidental provincia de Pinar del Río, “muchos profesionales de la salud han exigido ante las autoridades de salud, o en las redes sociales, los insumos para trabajar decorosamente y brindar la ayuda necesaria, y se han encontrado con citaciones de la policía política, presiones de parte de sus superiores y una serie de medidas y castigos para silenciar sus reclamos”. 

La renuncia pública de la doctora Alina Fernández Britto, es un ejemplo de la desesperación a la que se enfrentan las y los médicos: “Ya no quiero (más) ser médico. Ya no puedo curar ni aliviar, porque no cuento con los recursos para hacerlo. Ni siquiera reconfortar y acompañar en el dolor y la enfermedad, porque yo misma estoy llena de tristeza y desesperanza”, escribió en su perfil de Facebook, Fernández Britto, el 6 de agosto de 2023. 

Sobre esta perenne situación Yahíma Díaz afirma que: “todos somos conscientes de que no hay el medicamento o el recurso que necesita un paciente y, además, sabemos por qué no lo hay. Cada vez que omitimos esa información estamos traicionando a ese paciente y a la ética intrínseca que lleva la profesión”. Pero, indiscutiblemente, “el costo más elevado es para la ciudadanía que se queda sin recibir el servicio óptimo y adecuado para sus necesidades”. 

Para el presidente cubano Díaz-Canel, la calidad se basa en el “comportamiento humanista y ético, y esa es la fuente con la que nosotros podemos superar entonces las carencias materiales que tengamos en estos momentos”. En la provincia de Holguín la escasez va mucho más allá de los insumos en hospitales o los medicamentos en las farmacias; significa también la ausencia de camas y de colchones en las salas de las instalaciones, de sillas de ruedas y camillas en los cuerpos de guardia y escasas ambulancias, para no hablar de las severas afectaciones del servicio fúnebre y el traslado de difuntos.

La tía de Dunia falleció en terapia intensiva del Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin de la ciudad de Holguín; el mismo hospital en el que ejerció durante 40 años como trabajadora social. Dunia, por su parte, durante seis años fue profesora en la Facultad de Medicina anexada a ese mismo hospital. “Muchos de los doctores que atendieron a mi tía me conocen desde que se estaban formando, y también a ella porque trabajó aquí muchos años. Pero llegas y te encuentras un panorama en el que ni los amigos pueden hacer nada por tu caso”. 

Según Dunia, “no había un levin para pasarle algo de líquido porque estaba en estado de coma. Murió sin que llegara a conseguirle el levín adecuado, porque todos los que aparecían en los grupos de internet eran de uso pediátrico”. También denuncia que su tía falleció a la tres de la madrugada, y “a las tres de la tarde fue que apareció un carro fúnebre para trasladarla a la funeraria”.

El Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, en la reunión de balance del sector en marzo de 2024 referenciada anteriormente, justificó las deficiencias del sistema sanitario del país con “los impactos del bloqueo económico, comercial y financiero” que, “de conjunto con la actual crisis internacional, crean numerosos obstáculos al funcionamiento de nuestras instituciones donde no siempre se dispone de los medicamentos, equipos e insumos imprescindibles para brindar servicios”. Aunque se reconoce un contexto preocupante para el sector, el régimen no ofrece ninguna solución ni a corto ni a mediano plazo. 

Para Yahíma el deterioro del sector es sustancial y perceptible a todos los niveles. “Nos hemos ido deshumanizando en el proceso, lejos como estamos de nuestro objeto social, sin condiciones, ni recursos ni capital humano, con hermanos desertando de sus misiones o siendo raptados y muertos; algunos castigados o expulsados como yo, y tantos otros emigrando al sector privado o al extranjero, ocupados en funciones ajenas a la medicina”. 

Sobre la precaria situación de las cubanas y cubanos que prestan servicios médicos en distintos países y que “entre 2011 y 2015 aportaron el 80% de los 11 millones de dólares abonados por los profesionales contratados en el exterior”, en 2019, la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; y la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, expresaron en un mandato enviado al gobierno cubano, sus preocupaciones por “las  condiciones de trabajo y de vida explotadoras, a las que estarían expuestos dichos profesionales, que incluía pagos salariales inadecuados, así como presiones por parte del gobierno cubano”. 

Esta situación laboral reportada a dichas relatoras por organizaciones de la sociedad civil cubana como Prisoners Defenders, que exponía las “amenazas regulares por parte de funcionarios estatales de Cuba en los países de destino de las que fueron víctimas muchos de los profesionales; el acoso sexual sufrido por mujeres médicas, así como la falta de libertad de movimiento y el exceso de horas de trabajo, etc.” llevó a estas relatoras a afirmar que dichas misiones “podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores de trabajo forzoso establecidos por la Organización Internacional de Trabajo. El trabajo forzoso constituye una forma contemporánea de esclavitud”. 

Toda la situación descrita conduce a la reflexión de que el sistema sanitario que responde a su vez al sistema político, no sólo no ha sido capaz de ocuparse de los enfermos, sino que mantiene a sus profesionales en una posición de extrema vulnerabilidad.

La vulnerabilidad

A pesar de todo, Sara trata de dar siempre lo mejor de sí misma como profesional: “Tenemos la vida de muchas personas en las manos y un compromiso con nuestra profesión, aunque cada día se hace más difícil”. Cree que debido a las actuales condiciones de la isla ningún profesional de la salud puede estar al cien dentro de la práctica. “Son muchos factores negativos en la vida personal y laboral que me hacen sentir muy vulnerable”, explica.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un empleo decente cumple con derechos laborales como el acceso a un ingreso justo que permita cubrir las necesidades básicas. Se reconoce, además del derecho a trabajar sin ningún tipo de discriminación. Los empleadores también deben garantizar el descanso periódico, condiciones seguras de trabajo y acceso a la seguridad social.

Además, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23.3: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”.

“Soy una profesional a la que no se le retribuye monetariamente su profesión, ni los más de doce años de estudio, con una especialidad de alto grado de responsabilidad, con exposición a contagios, a gérmenes, a factores externos como radiaciones, químicos y agentes anestésicos volátiles que penetran en nuestro sistema”, explica Sara. 

Y continúa: “Los anestesiólogos trabajamos en salones donde no hay los medios de protección adecuados, ni soluciones para esterilizar las manos ni para tratar a los pacientes”.

“También tenemos la responsabilidad de darle la cara a los familiares, decirles que no contamos con lo necesario para operar a su ser querido. Esas noticias generan un estado de impotencia en ellos y en nosotros. Y no todo el mundo reacciona de la misma forma”, explica Sara. “Ha pasado que algunos médicos han sido agredidos por familiares de pacientes. Otros han ido a merendar a la cafetería y han sido asaltados porque no hay un equipo de vigilancia adecuado. Estamos totalmente desprotegidos”.

Sara comenta que el gremio no cuenta con organizaciones que lo defiendan “porque todo responde a la retórica del Gobierno”, aunque “no es el Gobierno quien da la cara a pacientes y familiares”. Para esta médica, la palabra de orden es “decepción”, pues su sacrificio no cuenta ni a la hora de garantizar una alimentación adecuada para sus hijos. “Es duro que signifiquemos tan poco para los funcionarios de este país”.

Karina es pediatra y madre de dos niñas. “A mi hija mayor no le llegó el Círculo hasta su último año de vida prescolar, cuando a la más pequeña le llegó con 16 meses. Fue una cosa inexplicable. Me tuve que poner dura y decirles que no podía trabajar teniendo que cuidar a una de mis hijas”. Los Círculos Infantiles se crearon como instituciones educativas para garantizar el cuidado de los hijos menores de las madres cubanas trabajadoras. En 2022, un reportaje de Cubavisión Internacional refrendaba que habían distribuido por todo el país más de 1130 de estos espacios. Sin embargo, para la doctora Karina, el tema de la plaza para el Círculo nunca fue fácil. 

En ese momento Karina era militante del Partido. “Reclamé en el Partido, en el sindicato, en el municipio, pero todo el mundo me peloteaba, y terminé pidiendo la baja del Partido porque se limpiaron las manos con mi caso”. Karina fue a todas las instituciones posibles, incluidas la dirección de Educación Municipal y Educación Provincial. “Estaba desesperada”, concluye. 

Para poder terminar su residencia, recibió la ayuda de una tía jubilada que asumió la responsabilidad de cuidar a la pequeña. “Así pude trabajar y terminar la especialidad estando ya embarazada de mi hija menor”. Cuenta, además, que en el hospital donde hizo la residencia nunca tuvo la oportunidad de obtener la plaza para el Círculo porque la prioridad eran los médicos y las enfermeras: “Yo era solo una doctora residente”. 

Karina afirma que para tener acceso a una plaza de Círculo Infantil de forma rápida “solo se necesitaba un socio en Educación Provincial y un buen regalo para ese socio. También servía tener algún cargo o aflojar un buen dinero”. Pero ni ella ni su esposo tenían dinero. “Vivíamos de nuestros salarios, no recibíamos remesas y teníamos dos niñas pequeñas que mantener”.

Para la pediatra, la decepción y el agotamiento fueron muy grandes: “Fui reclamando ese derecho desde la base y todo el mundo me fue negando la plaza del Círculo Infantil. No estaba pidiendo un aumento de salario, sino un Círculo Infantil donde matricular a mi hija para poder trabajar”. Explica que se reunió con el Director Provincial de Educación que atiende círculos infantiles. “Me dijo que no estaba en sus manos, y entonces escribí a la ministra de Educación. Creo que la carta llegó, porque el Círculo apareció en el último año de vida preescolar de mi hija mayor, después de una batalla campal desde que nació”.

Existe la discriminación por cuestiones de género en hospitales cubanos que limitan el desarrollo profesional y académico de las mujeres, a pesar de la alta profesionalización. Los prejuicios también afectan el clima laboral de las  mujeres del sector. “Cuando me gradué, el jefe de servicio del hospital no me quería contratar por ser madre y tener dos hijos pequeños. Para justificarse me dijo que era porque iba a faltar mucho”, recuerda Sara. Casos como el de ella, o peores, ha visto frecuentemente en el hospital. “Ahora puedo defender a las residentes porque se cometen muchos abusos con ellas”.  

Sangría de profesionales

El éxodo profesional es otro aspecto preocupante que afecta al sector de la Salud en Cuba. Además de la pérdida de talento, acentúa la sobrecarga laboral que ya genera frustración y desgaste emocional de las y los profesionales del sector sanitario. 

De acuerdo con cifras del Anuario Estadístico de Cuba 2022 sobre Salud y Asistencia Social, publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), entre 2021 y 2022 la isla perdió 31.308 trabajadores de la salud, de ellos 12.065 galenos. La publicación no especifica la manera en que salieron del sistema estos profesionales.

Sara recuerda que hace ocho años, cuando comenzó su residencia, no cabían en el salón: “Éramos casi setenta entre especialistas, residentes y profesores consultantes de la especialidad, teniendo deliciosas discusiones en la revisión de los casos. Todos con deseos de trabajar y de aprender”. Sin embargo, una entrega de guardia ahora luce casi vacía. “A veces somos de dos a tres especialistas y solo cuatro residentes para repartir entre seis salones. El resto ha dejado la especialidad para irse a trabajar a mipymes, a restaurantes, o a servir mesas en bares o en cualquier negocio que ofrezca mejor remuneración”.

“El año en que abrió Nicaragua — Sara se refiere a la apertura del libre visado para el país centroamericano en 2021— cinco residentes de tercer año se fueron de golpe. Fue una baja masiva. Pensábamos que íbamos a estar solos en la guardia”. Y agrega: “Casi ningún residente quiere hacer nuevo ingreso en una especialidad porque existe el miedo a que los regulen y no puedan salir del país, y nadie quiere verse coartado en su libertad”. 

La regulación es una razón de peso, explica Sara, para que muchas plazas queden vacías. “Entonces, aparece la sobrecarga de trabajo para los que se quedan. De una plantilla de sesenta trabajadores, ahora mismo somos menos de la mitad”.

Según estudios, la excesiva carga laboral sin el debido tiempo para el autocuidado y el ocio puede conducir a la fatiga mental y física de la persona,  y  producir daños a la salud mental. El agotamiento termina afectando el rendimiento y aumenta la posibilidad de errores en el diagnóstico de pacientes y en el manejo de casos clínicos. 

“Por lo general hacemos entre 5 y 6 guardias al mes, aunque a veces han sido hasta 8, dependiendo de si hay algún compañero enfermo o de licencia”, explica Sara. “Es más que agotador; implica la tensión de estar ahí, muchas veces, como único especialista de mi área y con disponibilidad cero en insumos para las urgencias. Hay que sumar el estrés de la propia vida en Cuba, es un cóctel, una receta perfecta para quebrar la sanidad mental y provocar un desgaste emocional que para mí ya es insoportable”.      

Violencia política

La vulnerabilidad política es un hecho y ha sido experimentada por varios profesionales de la salud en Cuba. Reclamar o tener un pensamiento crítico sobre el funcionamiento del sistema de salud pública o el sistema político genera escarnio, separación del cargo y violencia política.

Yahíma Díaz ejercía como psicóloga en el municipio Consolación del Sur de Pinar del Río. “Comencé a atender a algunos familiares de presos políticos después del 11J, y eso me llevó a un despertar político y a perder el miedo”. Explica que, al ver tanto dolor en esas familias y en los niños a los que debía notificarles que alguno de sus padres se encontraba preso por pedir libertad o por no estar de acuerdo con el pensamiento oficial, se comenzó a sentir “aludida de inmediato”.

“Primero me degradaron de puesto”, cuenta Díaz, quien además pertenecía a la plataforma cívica Archipiélago en aquel momento. “De una plaza que ocupaba en el municipio (Dirección Municipal de Salud), me mandaron a un hospital y después a un policlínico”. La ubicaron en el consejo popular más lejano y de más difícil acceso por falta de transporte. Tenía, al menos, diez consultorios que atender. “Querían que desistiera y me fuera de Salud, o que cogiera miedo”.

Constantemente la citaban para reuniones del sindicato o con sus superiores: “Yo estaba haciendo lo que me gustaba y lo afronté con resiliencia porque, si ese era el costo personal por decir la verdad, por desear una Cuba libre y ayudar a las personas, pues era un costo que estaba dispuesta a pagar”.

Las reuniones comenzaron a ser directamente con la Seguridad del Estado. “Me citaban en el policlínico y en realidad me esperaba la Seguridad del Estado para llevarme a la estación o a la unidad central de la contrainteligencia y hacerme extensos interrogatorios”.

La jefa provincial de atención a menores la amenazó con la custodia de su hijo, “tuve que explicarle la diferencia entre un niño afectado, victimizado, que vive en un entorno hostil, y uno que ha sido educado en el respeto al pensamiento individual, en un entorno de apoyo, como mi hijo”.

“Con cada citación comprobé que no tenían argumentos sobre lo que pasa el pueblo con el sistema de Salud, porque está fuera de toda lógica lo que vivimos. Todo el tiempo usaban frases como ‘No te metas en problemas’, ‘Una profesional como tú…’ etc.”, dice Yahíma.

“Tuve seguimiento hasta dentro de los consultorios. Mi niño se daba cuenta; donde quiera que salíamos, la policía o los agentes vestidos de civil nos seguían”. Por eso, “el costo psicológico era muy grande”.

“Cuando deciden expulsarme, ya estaba muy decepcionada”, cuenta Yahíma, a quien le impusieron una medida disciplinaria por una ausencia “inventada”. “Pude haber discutido, pero no tenía las fuerzas”. Esa era la carrera de sus sueños, la que había querido estudiar desde niña, pero su postura política no tenía marcha atrás y por tanto ya era hora de irse del sistema de salud. “Fue un precio alto a pagar”, confiesa.

“Algunos amigos de ese momento se alejaron y eso me sirvió para sentirme libre, para romper con patrones que no me permitían manifestarme abiertamente por el temor al qué dirán”. Yahíma ahora dice lo que piensa sobre la realidad cubana abiertamente, y también en las redes sociales. “Puedo prestar ayuda por mi cuenta a personas que lo necesiten, ser un soporte psicológico, eso hago y eso haré con presos políticos y con sus familiares… Es algo que me llena de orgullo de mí misma”.

Un gremio de presos

Según el Decreto-Ley número 302 del 11 de octubre de 2012, modificativo de la Ley número 1312 (…) o Ley de Migración: “El Consejo de Ministros dispone las normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país”. Mediante esta normativa, el MINSAP se reserva el derecho de regular la salida del país a cualquier profesional que considere “imprescindible”, aún cuando La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 13.2 establece que “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

En los últimos años, y a raíz de la grave crisis sistémica que atraviesa la isla, numerosos profesionales de la salud han solicitado su liberación del MINSAP porque no quieren seguir ejerciendo bajo esas condiciones.El riesgo de permanecer en el sector y terminar pagando por un error ocasionado por las pésimas condiciones de los hospitales, es alto. “Me siento en una cuerda floja, una cuerda que constantemente se tambalea”, confiesa Sara. “Ahora mismo lo único que deseo es obtener mi liberación”.

Pero la liberación se ha convertido en el gran tema entre los especialistas. Según la experiencia de algunos allegados de Sara, que llevan años queriendo salir del país de forma permanente o transitoria, tras exponer varias veces sus necesidades de emigración siguen recibiendo un “No” por respuesta.  “Todo es un negocio. Piden una barbaridad de dinero para sacarte del sistema y si no cuentas con ese dinero, solo te queda esperar por el milagro”.

El Dr. Reinol Delfín García Moreiro, viceministro de Salud Pública para la Asistencia Médica, dijo en el programa televisivo Mesa Redonda: “Tenemos el reto de captar estudiantes para las Ciencias Médicas, de retenerlos y graduarlos”. ¿A la fuerza? Según Sara, pertenecer a un gremio imposibilitado de salir del país de forma temporal o permanente es estar preso. “Algunos estamos en los hospitales en contra de nuestra voluntad”.

“Muchos de los que pedimos la liberación nos quedamos en el hospital hasta que nos llegue, porque irse para la casa es entrar en un limbo y pueden pasar años fuera de la práctica, y el día que vas a solicitar un pasaporte te dicen que continúas regulado”, explica Sara. “Por eso sigo trabajando, aunque no quiera”. Todo ello genera frustración y repercute en la calidad de la atención profesional y, de acuerdo con Sara, “en la manera en que vemos la profesión”.

Cuando Sara y su esposo fueron a sacar el pasaporte, la oficial que los atendió les dijo que si eran especialistas no hacían nada allí. “No se nos permite salir de visita, ni escoger donde queremos que crezcan nuestros hijos”. Sara se siente “presa en una isla con un sistema macabro que me ha dejado sin opciones”.

*Este reportaje forma parte del fondo de periodismo de Casa Palanca, destinado a periodistas y comunicadoras mujeres y no binarias que residen tanto dentro como fuera de Cuba.