En la batalla por las remesas, gobiernos de Cuba y EE.UU no dijeron toda la verdad

MIAMI ― En la primera semana de noviembre de 2020, mientras cocinaba en su casa, Maribel Oliver, una cubana de 57 años que migró a Estados Unidos hace más de quince años, recibió la noticia que el hermano de un amigo suyo había muerto en Cuba.

Desde Texas, Oliver y una amiga suya decidieron enviar 100 dólares a su país natal. El trámite sólo demoró unas horas y el familiar del difunto recibió el dinero a tiempo para costear el funeral.

Años antes, cuando Oliver estaba en Cuba, recibía dinero de familiares suyos que habían emigrado a Estados Unidos. Gracias a esos envíos pudo mantener a sus hijos mientras crecían y logró ahorrar el dinero necesario para financiar su salida de Cuba.

Oliver ahora solo envía dinero ocasionalmente a amigos necesitados. Sin embargo, su hija es la principal emisora de remesas: envía botes salvavidas a una abuela paterna, a dos tías y a su padre para que puedan comprar comida, detergente o jabón en el municipio de Regla, en La Habana.

“Ella le resuelve a toda su familia”, dice Oliver en referencia a su hija.

Todo este flujo de dinero siempre tuvo algo en común: Western Union.

La compañía, que fue autorizada por el gobierno de Estados Unidos a finales de 1995 para enviar remesas a Cuba, resultó durante años un vínculo fundamental entre los cubanos a uno y otro lado del estrecho de la Florida.

Cada mes, Western Union gestionaba alrededor de 240.000 envíos de dinero, lo que, según algunos cálculos, representaba un flujo anual de entre 900 y 1.500 millones de dólares, más que las exportaciones cubanas anuales de tabaco, azúcar y níquel juntas.

Durante casi 25 años, el servicio había funcionado sin interrupciones, ajeno a las sanciones aplicadas a Cuba por tres presidentes de Estados Unidos, hasta que llegó el pasado 13 de noviembre.

Ese día, los cubanos que utilizaban el servicio recibieron un mensaje de Western Union que advertía que debido a restricciones impuestas por la administración de Donald Trump, a partir de las 11:00 de la noche del 22 de noviembre la compañía dejaría de enviar dinero a Cuba.

“Después fue que nos enteramos”, dijo Oliver, ama de casa que vive en Edinburg, Texas, en referencia al mensaje. Luego añadió una expresión muy cubana: “¡Páfata!”.

Unas semanas antes, Trump había planteado un ultimátum a Western Union: la empresa tenía un mes para encontrar un socio en Cuba que no perteneciera al conglomerado de empresas militares controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, GAESA, si no, tenía que dejar de operar. Aunque faltaban aún unos días para el vencimiento del plazo, Western Union se daba por vencida. Cuba se quedaría sin canal principal para el envío de remesas desde Estados Unidos.

En el ámbito de la opinión pública, la medida se convirtió en una batalla que reveló que ni el gobierno estadounidense ni el cubano tuvieron como prioridad el bienestar de los residentes en la nación antillana, muchos de los cuales se quedaron sin el dinero de las remesas para comprar bienes básicos que les permitieran sobrevivir en medio de la escasez agravada por la pandemia de coronavirus.

La administración de Trump decidió utilizar la recta final de las elecciones de Estados Unidos para presionar al régimen y congraciarse con una parte de los exiliados cubanos residentes en Miami, que pedían medidas duras.

El expresidente rompió así con 20 años en los que sí se habían limitado las remesas, pero no se había amenazado su existencia. También contradijo lo que su propio memorando de política hacia Cuba de 2017 había establecido e ignoró las críticas de algunos congresistas demócratas que calificaron la nueva política de “cruel” e “inhumana”.

Aun así, muchos cubanos en el exterior aplaudieron la medida o simplemente no encontraron muchos argumentos para oponerse a ella.

Las autoridades cubanas, por su parte, comunicaron el ultimátum de Trump como un “ataque imperialista” que no podían gestionar.

“Washington quiere hacer creer que las remesas no se interrumpirían si la mayor de las Antillas aceptara la imposición del gobierno norteamericano de establecer una red de pagos diferente a la actual. Mienten”, dijo Fincimex, la entidad financiera de GAESA para tramitar las remesas en sociedad con Western Union. “Es evidente la intencionalidad de interrumpir las remesas a Cuba (...). La interrupción del servicio es responsabilidad única y exclusiva del gobierno de los Estados Unidos”.

Al plantearlo así, el gobierno cubano no dijo que la sanción sí era evitable y qué podía haber buscado otra empresa que no estuviera sancionada para prestar el servicio.

Una sanción inédita

En los últimos dos años, el presidente Trump ordenó una sanción tras otra contra el régimen cubano, revirtiendo casi toda la política de su antecesor, Barack Obama.

Pero de todas las restricciones que aplicó Trump probablemente ninguna generó un enfrentamiento tan intenso dentro de la comunidad cubana en Miami y en Cuba como la que desembocó en el cierre de las operaciones de Western Union.

Entre ambos grupos se desató una batalla verbal con medias verdades y acusaciones que evidenciaron los profundos conflictos generados por más de 60 años de totalitarismo.

Estados Unidos ha acotado de muchas maneras la relación que sus residentes y ciudadanos pueden tener con Cuba desde hace décadas: desde impedir que la mayoría de estadounidenses fueran de vacaciones a Cuba, hasta limitar cuánto tabaco o ron podrían traer de vuelta quienes sí lograran visitar el país caribeño.

Las remesas no habían escapado a este tipo de controles, pero nunca su envío se había limitado tanto como en este punto, ni en un momento de tan grave escasez en Cuba como el actual.

“Si no reciben las remesas, se van a morir todos, esos infelices no tienen ni para comprar los mandados en la bodega por la libreta de abastecimiento”, dijo Oliver. “La (restricción de) divisa si le duele a una”.

Aunque una parte importante del dinero que llega a Cuba desde Estados Unidos siempre viajó por vías informales, a través de agencias, parientes o “mulas” que vuelan con el dinero en sus maletas, Oliver considera que el servicio que proveía “la Western” era fundamental.

Lo mismo concluyó un estudio del Pew Research Center en 2019: es la manera más segura y rápida de enviar dinero a Cuba para más de dos millones de cubanos que viven en Estados Unidos.

“Por lo menos por ahí, ante una emergencia, uno le podía dar la mano a quienes están allá”, dijo Oliver. “Ahora con el servicio cerrado, ¿a quién le vamos a dar la mano?”.

GAESA en la mira

Cuando el presidente Trump anunció su política hacia Cuba en un memorándum publicado en junio de 2017 quedó patente que la estrategia de la nueva administración consistiría en castigar todo lo posible a GAESA, el conglomerado más importante del país.

Trump ordenó identificar todas sus dependencias y prohibir “todas las transacciones financieras directas” con estas entidades, que controlan áreas clave de la economía como la mayoría de hoteles para turistas o las principales cadenas de tiendas en el país.

Para el nuevo gobierno, este abordaje presionaría a los dirigentes cubanos, muchos de los cuales son militares, y lograr lo que la apertura de Obama no había conseguido: mejorar la situación de Derechos Humanos de los cubanos.

Una vez logrado eso, Trump estaría dispuesto a aceptar una rebaja de las sanciones. “Cuando veamos pasos adelante concretos, estaremos preparados para negociar un trato mucho mejor para los cubanos y los estadounidenses”, dijo el expresidente en un discurso en Miami, en junio de 2017.

Sin embargo, la prohibición de que entidades sujetas a las leyes estadounidenses tuvieran relación con GAESA no era absoluta. El memorándum presidencial aseveraba que no se prohibirían las transacciones que afectaran ocho actividades: entre ellas la exportación de alimentos y medicamentos, el transporte aéreo o marítimo de carga y las remesas.

Esto era importante porque, como todos sabían, las remesas que se enviaban desde Estados Unidos a Cuba eran operadas por Western Union en alianza con Fincimex, la entidad financiera de GAESA.

Durante el siguiente año y medio, la relación entre ambos países no tuvo grandes cambios. Pero llegó la primavera de 2019 y Trump desplegó una batería de sanciones que se prolongó hasta los últimos días de su presidencia en enero de 2021.

“Las sanciones comenzaron lento, pero su impacto fue realmente importante”, dijo en una reciente conferencia Paulo Spadoni, un académico de la Universidad de Augusta que ha escrito sobre el impacto del embargo y es parte de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana.

En septiembre de 2019, la administración estableció que los cubanos en Estados Unidos podrían enviar un máximo de 1.000 dólares por trimestre a cada uno de sus parientes.

Aunque esta era una medida dura, se trataba, en realidad, de un regreso a los límites que habían existido durante las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush, cuando las remesas estaban restringidas a 300 dólares por trimestre.

La situación se comenzó a complicar a partir de junio de 2020. El Departamento del Tesoro, que administra parte de las sanciones estadounidenses, incluyó en su lista de entidades dependientes de GAESA a Fincimex, la socia de Western Union.

Poco después, el gobierno estadounidense aplicó la misma sanción a AIS, otra empresa de GAESA que emite unas tarjetas que pueden cargarse con dinero desde el exterior. Así, de manera automática, quedó prohibido que empresas sometidas a la ley de Estados Unidos tuviesen relación con Fincimex o AIS.

Dado que el memorando de junio de 2017 excluía castigar las transacciones relacionadas a las remesas, la prohibición causó confusión. No quedó claro si Western Union podría o no seguir funcionando.

A finales de octubre de 2020, la administración Trump clarificó la situación: Western Union tenía 30 días para buscarse otro socio que no fuera propiedad de GAESA. Si no, tendría que dejar de operar.

Para entonces, estaban sucediendo cosas importantes a ambos lados del Estrecho de la Florida. En Miami, bajo el clima de una disputada elección presidencial, Trump trataba de seducir a los 900.000 cubanos que podían votar por él. Y en Cuba, las autoridades estaban tomando algunas de las decisiones más impopulares de los últimos años.

El dólar

A mediados de julio de 2020, Cuba llevaba cuatro meses prácticamente aislada del mundo. Sin turismo ni vuelos procedentes de Estados Unidos, las divisas se estaban agotando y con ellas los alimentos y otros artículos de primera necesidad.

En ese contexto, el gobierno decidió comenzar a vender a la población productos básicos a través de una nueva modalidad. GAESA abrió tiendas con precios en dólares (o Moneda Libremente Convertible, MLC, en la jerga oficial) en las que solo se podía pagar a través de tarjetas magnéticas asociadas a una cuenta en divisas.

Estas tarjetas podrían ser de dos tipos: o bancarias o de AIS. Estas últimas son un tipo de tarjeta monedero de GAESA, de la que no se pueden sacar dólares en un cajero, sino solo gastarlos en las tiendas estatales.

Inmediatamente surgió un problema. Desde Estados Unidos las transferencias bancarias a Cuba son muy complicadas por las sanciones que prevé el embargo. Y Western Union y Fincimex no entregan dólares en efectivo en Cuba. Las divisas enviadas se convertían forzosamente en pesos convertibles (CUC), inservibles en las recién abastecidas tiendas de GAESA.

Enseguida surgieron voces de ciudadanos demandando que a sus familiares se les permitiera recibir los dólares enviados por Western Union y no los CUC, una moneda que se consideraba sobrevalorada y en camino de extinción.

Incluso, algunos cubanos pidieron al gobierno de Estados Unidos que forzara, a través de su sistema de sanciones, a Western Union a entregar dólares, lo que facilitaría que la divisas fluyeran por la Isla y beneficiaran a la economía no controlada por el Estado.

Ninguna de estas demandas fue atendida. La empresa estadounidense aseguró que no estaba en su mano hacerlo, porque está sujeta a las restricciones que le impone cada país.

De esta forma, el Estado cubano incentivó que el dinero fluyera hacia las tarjetas AIS, que vivieron un gran auge.

El mensaje era claro: el Estado cubano y GAESA necesitaban con desesperación dólares y querían que solo existiese un lugar donde gastarlos: las nuevas tiendas dolarizadas.

En estos establecimientos, al igual que en otros de GAESA, es común que los productos alcancen precios muy altos, especialmente si se comparan con sus valores habituales en los comercios de Estados Unidos. El margen de beneficio es del 240 por ciento, según un documento de la Embajada de España en La Habana.

Aunque el recaudo de las remesas es uno de los negocios principales de los militares desde hace décadas, estas medidas causaron gran malestar en la población. Para quienes no reciben remesas, significaba no poder comprar en las tiendas que estaban mejor abastecidas.

Para quienes las reciben y sus familiares en el exterior, implicaba perder el control de los dólares que ganan con esfuerzo en Estados Unidos y ver cómo el dinero solo fluía hacia GAESA.

Fue el último agravio para una comunidad que ha sido invisibilizada o atacada por el discurso oficial de las autoridades cubanas.

Los sectores afines al gobierno tienden a restarle importancia al dinero que recibe el país del exterior. “Cuba no se encuentra entre los primeros 20 países receptores de remesas”, publicó una página que difunde información oficialista, sin decir que la opacidad de Cuba impide realizar un cálculo del peso exacto que tienen las remesas (la Oficina Nacional de Estadística e Información no publica datos detallados sobre el flujo de dinero que ingresa al país).

Aunque el uso de descalificativos como “gusanos” para referirse a exiliados o emigrantes es menos común que antes, aún sigue vigente. Citando un viejo artículo de Fidel Castro, el periódico oficial Granma tuiteó el pasado 30 de noviembre: “No vamos a dejar que nadie abra grietas aquí. Ni tenemos por qué ser tolerantes con la gusanera”.

“Y piden que la gusanera sea tolerante”, respondió un usuario de la red social.

“Tolerante únicamente con sus dólares”, añadió otro.

El economista Luis R. Luis estima que en 2017 las remesas representaron entre 2.200 y 6.000 millones de dólares, si se contabiliza solo el dinero en efectivo u otras formas de apoyo económico como las recargas telefónicas o bienes donados, respectivamente.

Por su parte, el Havana Consulting Group calcula que en 2018 ascendieron a 3.700 millones de dólares en divisas o un total de 6.600 millones de dólares incluyendo todos los conceptos.

Estas cifras convierten a las remesas en un ingreso fundamental para el país, superior a todas las exportaciones de bienes juntas y cercanas a la venta de servicios médicos a Venezuela y otros países.

El parón

La importancia que tienen las remesas para el país no pasa desapercibida para los cubanos que están en el exterior. Y algunos de ellos, como haría también Trump, han querido utilizarlas como elemento de presión.

En la actualidad, uno de los más conocidos es Alex Otaola, un youtuber y activista que reside en Miami. En diciembre de 2019, Otaola promovió en su programa que los cubanos en Estados Unidos no enviaran dinero a sus parientes durante un mes.

En julio de 2020, tras la dolarización de algunas de las tiendas de GAESA anunciadas por el gobierno, Otaola volvió a llamar al “parón” y pidió votar por Trump.

“El dinero que tú le estás mandando a tu familia, ese dinero, nunca va a llegar a las manos de tu familia. Los dólares son solo para la dictadura y sus arcas”, afirmó. “Cero remesas, cero tarjetas, cero recargas”, dijo. “No es el momento de dejarte embaucar, entristecer por llantos de tus parientes en Cuba”.

Muchos cubanos, especialmente los que mantienen vínculos estrechos con sus familias en Cuba, no están de acuerdo con este tipo de acciones por lo difícil que es negarles ayuda a parientes que la necesitan.

Algunos también se oponen porque no lo consideran justo. “La idea de castigar a los mismos que quieres liberar para ver si se suman a las demandas de libertad se basa en la idea no demostrada de que el hambre produce cambios políticos. Por otra parte, tiene poco fondo moral porque impone el sacrificio de las condiciones de existencia básica por un supuesto bien superior, predicado a distancia por demás”, cuestionó Manuel Cuesta, activista por los Derechos Humanos basado en Cuba, en una entrevista para este reportaje.

Otros sí están de acuerdo, como Raydel Fernández, un economista cubano residente en República Dominicana.

“Que López-Calleja (el coronel Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, principal dirigente de GAESA, como aparece en los documentos oficiales de la OFAC) no reciba los dólares de las remesas debe ser un objetivo primordial de cualquier administración americana para diseñar una estrategia efectiva que nos permita alcanzar la libertad y la democracia. Sin dinero el monstruo es mucho más débil”, dijo en una entrevista para este reportaje.

Aunque puedan disentir de la idea del “parón”, eso no significa que muchos cubanos no compartan los argumentos esgrimidos por Otaola ni conecten con las emociones que evidencian sus palabras: la frustración de una comunidad que sabe que sus envíos de dinero contribuyen a dar estabilidad a un gobierno del que huyeron, que piensa que el régimen acapara su dinero y, a cambio, ni siquiera reconoce sus derechos como cubanos.

Ricardo Herrero, director de Cuba Study, una organización estadounidense que promueve la relación entre ambos países, explicó en una conferencia pronunciada en enero de 2021 cómo la frustración por la falta de reconocimiento de la importancia que juegan las remesas se había convertido en un tema recurrente, especialmente entre quienes migraron después de 1994, según estudios de opinión realizados recientemente entre la diáspora cubana.

“Muchas personas que apoyaron la apertura de Obama, que viajaron a Cuba, que apoyaron negocios privados en la Isla, estaban realmente frustrados por el ritmo lento de las reformas económicas y comenzando a estar a favor de políticas (en Estados Unidos) más duras contra el gobierno. Lo veían como una forma de apretarle las tuercas al régimen y que este comenzara de nuevo a abrirse,”, dijo Herrero.

Esta tendencia fue también confirmada por la última encuesta Cuba Poll de la Universidad Internacional de Florida. Este estudio mostró que el apoyo entre la comunidad cubana en Miami al embargo y las políticas de “máxima presión” creció de manera notable durante la presidencia de Trump y volvió a ubicarse en niveles similares a los existentes en 2008, antes de la apertura de Obama.

Los autores del informe atribuyen este cambio, en gran parte, a la frustración causada por la expectativa de reformas económicas sustanciales que generó la política de deshielo de Obama. “Los cubanos aquí y en la Isla esperaban grandes cambios y estos nunca llegaron”, dijeron.

Las reformas no solo no llegaron, sino que en medio de la pandemia, los cubanos en el exterior vieron cómo sus dólares se convertían en una moneda subvaluada en la que ya apenas se podía comprar nada o eran gastados en productos a precios altos en las tiendas de GAESA.

Todo esto probablemente explica la respuesta que tuvieron muchos cubanos cuando llegó el final de octubre de 2020, justo en la recta final de la campaña electoral estadounidense, en la que Trump usó las remesas para ganarse a la comunidad cubana de Miami que pedía medidas duras y darle una vuelta de tuerca a la presión contra el régimen.

La propaganda

Estados Unidos planteó la medida como una sanción selectiva que buscaba no cortar el flujo de las remesas, sino apartar a los militares del negocio.

“Los Estados Unidos apoyan el bienestar del pueblo cubano. Lo que no apoyamos es que los militares tomen una parte de las remesas”, afirmó Michael Kozak, el entonces subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, en un comunicado.

“El gobierno y las fuerzas militares de Cuba han creado un sistema que se apropia de la moneda y toma una porción de las remesas que los ciudadanos reciben”, dijo el entonces secretario de Estado, Michael Pompeo en otro comunicado. “La medida demuestra el compromiso que Estados Unidos mantiene de poner fin a las prácticas económicas que benefician de manera desproporcionada al gobierno cubano o a sus fuerzas militares”.

Lo que las autoridades de Estados Unidos no especificaron es por qué consideraban que la intermediación en el envío de remesas era una actividad especialmente lucrativa para los militares. Tampoco explicaron por qué era prioritario apartarles de este negocio, considerando que, aunque el nuevo socio de Western Union fuera una empresa civil, la población igualmente tendría que gastar la mayoría de divisas recibidas en tiendas de GAESA.

Este vacío dio pie a la idea, que comenzó a ser repetida, de que los militares robaban las remesas y por eso era justo cancelar su negocio.

“El gobierno utiliza métodos particularmente desagradables para apropiarse de las divisas. Roba las remesas de sus propios ciudadanos”, afirmó un editorial de la Voz de América, un medio gubernamental de Estados Unidos.

“Los militares roban 74 centavos de cada dólar enviado a tu familia”, tituló una nota de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, una organización del exilio en Miami.

Estas afirmaciones se basan en una conferencia impartida por Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group. Sin embargo, Morales nunca afirmó que esos 74 centavos fueran “robados”.

El experto calculó que en el caso de que un dólar fuera enviado por Western Union y Fincimex a Cuba y gastado exclusivamente en negocios de GAESA, los militares acabarían con un beneficio de 74 centavos. De este monto, la mayoría, 61 centavos, se genera en las compras en tiendas de GAESA.

Morales explicó que ese dinero es gestionado de manera opaca, a través de sociedades panameñas. Pero no afirmó que sea robado por los militares que controlan GAESA, sino que se desconoce su destino y podría ser empleado en inversiones en el sector turístico o en pagar a proveedores, entre ellos los agricultores estadounidenses que regularmente venden pollo, maíz o soya a Cuba.

Los datos de Morales muestran que más que la gestión de las remesas, la verdadera actividad lucrativa para el Ejército se encuentra en el control de las tiendas, algo que la sanción contra Fincimex no pretendía castigar.

Es cierto que el servicio de Western Union y Fincimex en Cuba se encontraba entre los más caros de la región. En los últimos días en que funcionó, enviar 100 dólares a Cuba tenía un costo de casi 13 dólares. Además, había una ganancia en el cambio del dólar al CUC.

En contraste, enviar por Western Union 100 dólares a cobrar en efectivo en la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe, a comienzos de enero, costaba entre tres y cinco dólares, según se pudo constatar para este reportaje.

Además, en muchos de estos países es posible recibir dólares al cobrar la remesa. Y en la mayoría, los tipos de cambio oficiales se fijan a través de mecanismos que tienen en cuenta al mercado, por lo que el valor de los dólares oscila alrededor de una cifra más aproximada a su cotización real.

En cambio, en Cuba, no es posible recibir la divisa estadounidense y su valor es fijo y determinado unilateralmente por el Estado.

Pero el precio de casi 13 dólares no es desorbitado, si se compara con el que ofrecía Western Union a comienzos de enero para enviar 100 dólares a cobrar en efectivo a países como Bolivia o Puerto Rico (11 dólares), Haití (13 dólares) o Argentina (10 dólares).

Según el último informe de un proyecto del Banco Mundial que rastreaba el costo de enviar dinero, en el segundo trimestre de 2016, la tarifa promedio para una remesa de 100 dólares a 48 países era de 7,60 dólares.

Esto significa que en 2016 no era extraño que enviar 100 dólares desde un país rico a uno más pobre costara 10 dólares o más.

De hecho, las pequeñas agencias o “mulas” que compiten en Estados Unidos por el mercado cubano de las remesas tienen tarifas similares a las de Western Union y Fincimex: entre 10 y 15 dólares por enviar 100 dólares.

El precio varía en función de si se quieren recibir pesos, pesos convertibles o dólares. A inicios de enero, por ejemplo, la empresa Cubamax, de Miami, que sí entrega dólares, cobraba 20 por entregar 100 y 10 si el dinero se recibía en pesos.

Una decisión soberana

A su vez, cuando el gobierno cubano recibió el ultimátum de la administración Trump, de inmediato quedó claro que la medida era percibida como un ataque.

“No existen límites para un gobierno criminal en la imposición de políticas que limiten los contactos, la comunicación y la ayuda mutua entre las familias de ambos países”, dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, minutos después de que se anunciara que Fincimex debía abandonar el negocio de las remesas en un mes.

En los medios oficiales nunca se dejó entrever la posibilidad de ceder y aunque al comienzo sí se mencionó que el plazo de 30 días era muy corto, más tarde no se dio a entender que, si se ampliaba, se podría valorar la entrada de otra empresa para operar con Western Union.

El gobierno afirmó que el hecho de que fuera Fincimex quien ostentaba el monopolio de las remesas era producto de “la decisión soberana del gobierno de Cuba”. Y como suele ser común en el discurso oficial, se anunció que “jamás se negociaría bajo presión, amenaza o coerción”.

Sin embargo, en su discurso, las autoridades ocultaron parte de la realidad a la población.

Fincimex no explicó que el objetivo de Estados Unidos era apartar a los militares de las remesas, ni las autoridades mencionaron que las Fuerzas Armadas eran el objetivo declarado de las sanciones por el gran control que ejercen sobre la economía cubana.

Simplemente, plantearon que la medida era una forma encubierta de cortar las remesas y que por tanto no había nada que negociar porque Trump tampoco lo pretendía.

De esa manera, Cuba obvió que la sanción se podía evitar o que al menos podrían haber hecho más difícil a Trump justificarla. Bastaba con que buscaran una empresa no adscrita a GAESA y por tanto no sancionada para operar el servicio. Y estas, aparentemente, existen.

Correos de Cuba recibe giros postales (envíos de dinero) desde España y otros cinco países latinoamericanos. Correos entrega el dinero proveniente de estos lugares, según explica la empresa, en cuatro sedes en La Habana, dos en Granma, todas las capitales provinciales y la Isla de la Juventud.

También existen bancos no adscritos a GAESA que realizan transferencias internacionales gracias a sus acuerdos con bancos extranjeros y que, como sucede en muchos países, pueden servir de puntos de pago de Western Union.

El banco español BBVA, por ejemplo, ha realizado transferencias y otras operaciones para siete bancos estatales cubanos. El también español Banco Santander ha hecho lo mismo para cuatro. Santander, además, tiene una amplia presencia en Estados Unidos.

También existen precedentes de relaciones directas entre bancos cubanos y de Estados Unidos. Una entidad de Miami llamada Stonegate Bank fue autorizada en 2015 por Estados Unidos a tener un acuerdo con el banco cubano Bicsa para facilitar transacciones entre ambos países.

Gracias a este acuerdo, las tarjetas Mastercard del Stonegate se pudieron utilizar en cajeros en la Isla. El banco de Miami también gestionó las cuentas de la Embajada de Cuba en Estados Unidos y financió operaciones de comercio con Cuba, como se explicó en el espacio televisivo Mesa Redonda.

En 2017, Stonegate fue absorbido por otra entidad estadounidense y como parte del acuerdo de compra se estableció que la relación con Cuba se mantendría durante dos años como mínimo. Al finalizar este periodo, en marzo de 2019, Stonegate anunció que sus tarjetas ya no podrían usarse en Cuba, aunque se desconoce si el acuerdo con Bicsa sigue vigente.

Además de Correos y los bancos, otra empresa estatal también opera transferencias de dinero desde el extranjero: Etecsa, el monopolio de las telecomunicaciones. El uso de las empresas de telefonía para el envío de remesas es común en Latinoamérica y, según concluyó el Banco Mundial, es una de las formas más baratas de hacerlo.

Etecsa, según explica la compañía, permite pagar sus facturas desde todos los agentes de MoneyGram en Estados Unidos (una gran compañía competidora de Western Union) y los Money Centers de las tiendas de Walmart.

Ni Correos ni Bicsa ni Etecsa aparecen en las listas de sancionados de Estados Unidos (si bien Etecsa tiene entre sus accionistas a GAESA). Sin embargo, Cuba optó por plantarse en el discurso de la soberanía nacional y perder un flujo de alrededor de 1.000 millones de dólares, vital para una parte de la población y la economía en conjunto.

Pero que había otras opciones quedó patente con lo que sucedió a continuación. A finales de noviembre, cuando Western Union ya llevaba dos semanas sin operar en Cuba, las autoridades del país anunciaron que una empresa llamada Redsa sería autorizada para gestionar remesas desde el exterior. Redsa es quien gestiona los cajeros automáticos en la Isla y emite tarjetas magnéticas.

Funcionarios del Banco Central insistieron a la prensa oficial que esto era casual, que nada tenía que ver con las sanciones de Fincimex. Pero quedó claro lo que había sucedido: a pesar de ganar de nuevo el voto cubano con amplio margen, no habría un segundo mandato de Trump. Cuba quería que los dólares siguieran fluyendo bajo una presidencia, en principio, menos proclive a endurecer las sanciones.

“Las autoridades cubanas están apostando a que, aunque la administración de Joe Biden no elimine a Fincimex de la lista negra, tampoco hará nada para incluir a Redsa en la misma lista y el negocio de las remesas se podrá reanudar a partir de enero”, dijo Cubatrade.

Pero esto aún no ha sucedido. Y sin Western Union ni recargas a las tarjetas AIS ni muchos vuelos a Estados Unidos por las limitaciones relacionadas con la pandemia de coronavirus, el vínculo entre los países es cada vez más débil.

Esto es especialmente cierto para cubanos que no están en Florida y disponen de menos servicios, como Oliver, la ama de casa que vive en Texas.

“Hace poco nació la ahijada del marido de mi hija y ella anda con la canastilla a cuestas porque no la ha podido enviar”, dijo. “Cuando se pueda enviar, ya eso no le va a servir. No hay cómo mandar nada. Imagínate ahora que todo está parado”.