Las reformas en Nicaragua a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres han disparado los casos de feminicidios

"La mediación judicial y policíaca representa un grave peligro para las mujeres víctimas de violencia de género"

Marcha contra los feminicidios en Nicaragua realizada antes del estallido social de 2018. Fotos: Carmen Herrera Vallejos

Los feminicidios en Nicaragua han aumentado en estos tres últimos años posteriores a la crisis política del levantamiento popular de abril 2018, que dejó más de 320 muertos en menos de tres meses. La aplicación de políticas coercitivas impulsadas por el gobierno de Daniel Ortega, que recientemente ha aprobado tres leyes que limitan las libertades públicas; la salida de miles de presos comunes entre los que se destacan encarcelados por feminicidios y la aplicación de las reformas a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), aprobada en 2012, que han hecho desaparecer conceptos, obligado la mediación y cerrado las comisarías de la mujer como centros de atención y protección, son algunas de las causas relacionadas con este aumento.

El actual gobierno enmarcó el concepto de feminicidios a eventos que se dan “en el marco de las relaciones interpersonales de pareja”, mediante una reforma hecha por decreto presidencial en el 2014. La ley aprobada inicialmente definía el delito feminicidio, como “el asesinato de la mujer en el contexto de las relaciones asimétricas de poder entre los hombres y las mujeres”, lo que significó para el movimiento feminista nacional el mayor logro de esa ley. Asimismo, mediante otra reforma, el gobierno incluyó la mediación entre las partes, a un año de aprobada la ley en 2013, que se prohibía en la ley inicial, provocando de inmediato casos de asesinatos de mujeres.

“La mediación judicial y policíaca representa un grave peligro para las mujeres en casos de violencia de género en la Nicaragua contemporánea. La historia de Ana María es emblemática en este sentido, porque demuestra la necesidad urgente de prohibir esta práctica institucional. Cuando su pareja por 15 años, Jairo Moreno Aguirre, fue procesado por apuñalarla en un taxi y por años de abuso psicológico y físico, Ana María aceptó participar en una mediación judicial para que Moreno no fuera a la cárcel. Durante la mediación Moreno accedió a no lastimarla más. Según El Nuevo Diario, solo cinco horas después de la mediación, Moreno la mató delante de sus dos hijos pequeños (ver “Un flagelo”). En otro caso, Massiel había puesto una denuncia contra su novio, Luis Andy Rivas García, por abuso físico. Unos meses después, Rivas García la asesinó con un arma de fuego en su propia casa. Según La Prensa, Massiel fue una de las 6 mujeres asesinadas por sus agresores después de una mediación hasta ese momento en 2013”, argumenta Alicia Z. Miklos en su estudio La batalla sobre la Ley 779 en Nicaragua: ¿en defensa de las mujeres o de la familia?.

Marcha contra los feminicidios en Nicaragua realizada antes del estallido social de 2018.

La instauración de la respuesta violenta de parte del Estado al levantamiento cívico de hace casi cuatro años, tiene postrado al país en una crisis sin salida que afecta sustantivamente los derechos de las mujeres víctimas de violencia; el Estado únicamente vela por la protección del partido en el poder y ha dejado de lado la aplicación de la justicia a los hechos de violencia machista. De ahí que es común observar, en los últimos años, indultos de feminicidas acusados de asesinos de mujeres y la puesta en libertad de otros por “falta de pruebas”, aunque haya evidencias

En este contexto, una de las leyes que más afectan las denuncias sobre casos de feminicidios, es la Ley de Ciberdelitos, aprobada a finales de 2020, que enjuicia a los medios de comunicación y otras expresiones públicas por brindar noticias que el Estado entienda como falsas.

“Esta ley nos afecta al punto de no poder continuar publicando los casos de femicidios —como se conoce en Nicaragua el sinónimo de feminicidio— porque nos pueden enjuiciar. Nosotras lo que hacíamos, además de dar una estadística, era publicar en redes sociales el femicidio del día. Actualmente revisamos nuestras redes en base a estos casos haciendo esa denuncia pública, pero ahora las organizaciones de mujeres no podemos publicar esta información abiertamente, ya que, si el caso de femicidio que registramos no cumple con lo que establece la ley con su reforma, nos podrían acusar de brindar noticias falsas, pues los organismos estatales van a decir que no es femicidio porque la mató un desconocido”. 

“Por ello, no nos podemos exponer en estos momentos a publicar toda la información que generamos, las alertas que teníamos ya no las estamos publicando, seguimos haciendo nuestro monitoreo, pero el manejo de esa estadística es de consumo privado”, expresó a Alas Tensas, la directiva de una organización feminista que dirigía un observatorio de feminicidios. Omitimos su nombre a solicitud de ella por el contexto que vive Nicaragua.

Según datos de varios observatorios sobre feminicidios, Nicaragua cerró en el 2020 con 71 casos tipificados desde el principio legal que contemplaba el original de la Ley 779 “por relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres”. Mientras que en el anuario de la Policía en ese mismo año, se registran  22 casos tipificados como “femicidios”, los otros 40 casos se reparten entre las categorías: 16 homicidios; tres parricidios, cuatro homicidios imprudentes, 14 asesinatos y una por aborto sin consentimiento, lo que totaliza 60 casos; once menos que los feminicidios que aseguran las organizaciones de mujeres hubo ese año.

La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, sin la aplicación de protocolos de prevención y con las contantes reformas que revierten sus avances, no ha logrado disminuir la violencia de género. De los 71 feminicidios del 2020, hubo ocho más que en 2019 y 10 más que en el 2018.

En la imagen destaca Tamara Dávila, feminista encarcelada por el gobierno de Ortega.

El partido sandinista y su lucha en contra del movimiento de mujeres

Desde que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, liderado por Daniel Ortega, retomó el poder en 2007, después de gobernar y encabezar la revolución izquierdista denominada “sandinista” (1979-1980) ha emplazado a uno de los más fuertes grupos de luchas sociales en favor de las mujeres: el Movimiento Autónomo de Mujeres, que surgió en espacios organizativos gremiales de la época de la revolución sandinista, llamados para entonces Comisiones de la Mujer. 

Estos grupos de mujeres se fueron distanciando de los designios del partido sandinista y crearon sus propias organizaciones luego de la derrota del FSLN en las elecciones de 1990. Esta autonomía les permitió realizar severas críticas al carácter patriarcal del Frente Sandinista, y pasaron a identificarse como feministas.

Desde entonces, el sandinismo de la fracción FSLN las calificó de “traidoras”; mientras la escisión de ese partido, ocurrida con la conformación del Movimiento Renovador Sandinista, MRS en 1995, las acogió como sus aliadas. Actualmente cuatro activistas feministas afines y miembros del ahora llamado UNAMOS, en lugar de MRS, están detenidas junto a otras 14 mujeres opositoras e identificadas con los movimientos feministas, acusadas de ser presuntas autoras del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua, como parte del sistema de represión desatado por el gobierno desde el 2018.

“El movimiento feminista tiene su origen en el sandinista en primera instancia y tiene también una historia de ruptura en los años 90. En ese momento muchas feministas se divorcian del partido y fundan sus propios espacios políticos que son las Organizaciones No gubernamentales de Mujeres. Actualmente, para el movimiento feminista hay claridad en que el sandinismo no es sinónimo de revolución y que el actual partido de gobierno desde que tomó el poder en el 2007, no es de confianza, no hay credibilidad en este partido, ni en cómo se aplica el poder en ninguna de sus instituciones”, afirma a Alas Tensas, una activista de 34 años integrante de una organización feminista que pidió no citar su nombre.

Marcha contra los feminicidios en Nicaragua realizada antes del estallido social de 2018.

El Movimiento de Mujeres ha sido el más beligerante en la lucha, no solo por los derechos de las mujeres, sino también por la democratización del país, administrado durante los últimos 14 años por el FSLN, otrora partido revolucionario que ha girado a posturas propias de la derecha al votar en contra del aborto terapéutico que existía en el país desde los años 30, al cogobernar con el gran capital del país, al ceder la explotación minera sin mayores reservas a las transnacionales y al crear un estado “cristiano, socialista y solidario”, mediante la organización de comités barriales de familias que no son más que vigilantes del partido.

Bajo este sistema “familista” las mujeres y sus organizaciones son las más afectadas, pues no hay puntos de diálogo para colaborar en políticas públicas que puedan coadyuvar en la lucha por la no violencia hacia las mujeres. “Para el movimiento feminista, tan activo antes del 2018, resulta crítico no poder incidir en la toma de decisiones sociopolíticas; esto se vino a radicalizar con el estallido social, ya que desde entonces el gobierno y sus fuerzas represoras nos han declarado sus enemigas. Al ser opositoras y feministas no hay manera que se establezca un diálogo con nosotras; sus diálogos han sido con la iglesia católica principalmente y de ahí con los empresarios; en esas conversaciones no interesan ni el feminismo ni los derechos de las mujeres”, sostiene la activista feminista que nos brindó su entrevista desde el anonimato.

Desde entonces, la lucha de las organizaciones de mujeres por incidir en la disminución o desaparición de los feminicidios y de todo tipo de violencia hacia las mujeres ha recibido la persecución sistemática de parte del Estado, como la recibe todo movimiento social que levante la voz por los derechos humanos en general, creando leyes y decretos que sancionan duramente su activismo.

Si bien a nivel de la región centroamericana no existe consenso sobre qué tipo de asesinatos de mujeres se pueden considerar feminicidios, Nicaragua había logrado en el 2012, con la aprobación de la ley 779, la reforma del Código Penal del país al tipificarse el feminicidio como un crimen resultado de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. 

La lucha actual, que se dificulta por el actual contexto de un gobierno totalitario y misógino, se centra para las feministas consultadas, en tratar de derogar el Decreto presidencial 42, un reglamento a la Ley 779 que unilateralmente revirtió el espíritu original de dicho documento, limitando la definición del femicidio al ámbito de las relaciones íntimas y reestableciendo la mediación.

Para Lourdes Bolaños, como para la gran mayoría de las feministas nicaragüenses: “Quizá la medida más progresiva de la Ley 779 fue el artículo 46 que prohibió la mediación: la práctica institucional en donde la policía o los agentes judiciales facilitan un diálogo entre el agresor y la acusadora para evitar sanciones legales. La prohibición en el texto original de la Ley 779 intenta eliminar esta práctica, debido a que los agentes judiciales tienden a privilegiar la preservación de la unidad familiar por sobre la seguridad e integridad física de las víctimas individuales de la violencia”.