“Me convierte en esclavo”: la CIDH documenta trabajo forzoso en misiones médicas de Cuba

El organismo recoge 71 testimonios que describen retención de pasaportes, salarios limitados, restricciones a la movilidad y mecanismos de control estatal sobre profesionales de la salud enviados al extranjero.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó un patrón de posibles vulneraciones graves a los derechos laborales, sindicales y de movilidad de profesionales cubanos enviados a misiones médicas en el extranjero. El hallazgo aparece en el informe Derechos laborales del personal sanitario en misiones médicas provenientes de Cuba, publicado junto a su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).

Aunque el organismo reconoce que estas brigadas han contribuido al acceso a servicios de salud en países receptores —y que el Gobierno cubano las presenta como una expresión de solidaridad internacional—, advierte sobre prácticas sistemáticas de control y coerción que podrían implicar violaciones de derechos humanos.

Testimonios de coacción y control

El informe recoge 71 testimonios reunidos entre junio de 2024 y junio de 2025. De ellos, 61 corresponden a misiones en diez países de América, entre ellos, Venezuela, Brasil, Bolivia, México y Ecuador. Venezuela concentra el 83 % de los casos documentados.

Los relatos describen restricciones severas desde el inicio de las misiones. “Me denegaron el pasaporte normal (como ciudadano cubano) por ser médico especialista y, por tanto, de una profesión regulada, lo cual me convierte en esclavo”, declaró uno de los entrevistados.

Otro testimonio apunta a una práctica reiterada en las primeras brigadas:

“Nos daban pasaporte rojo, que era con fines humanitarios. Era solo para el viaje: al llegar, nos lo retiraban. Andábamos con copia del pasaporte por si acaso”.

La CIDH advierte que la retención de documentos de identidad contraviene estándares internacionales, incluido en el Protocolo de Palermo, que obliga a los Estados a garantizar su integridad.

Mujeres en las misiones: control, acoso y vulnerabilidad diferenciada

El informe introduce una perspectiva de género al señalar que las mujeres que integran las misiones médicas cubanas enfrentan vulnerabilidades específicas que agravan las condiciones ya restrictivas documentadas para el conjunto del personal sanitario.

En un contexto de desigualdad estructural previa, estas profesionales no solo están sujetas a mecanismos de control estatal —vigilancia, restricciones a la vida privada y limitaciones a su autonomía—, sino que además enfrentan riesgos particulares vinculados a su condición de género. Entre ellos, el informe recoge denuncias de acoso sexual y situaciones de violencia que, aunque escasamente visibilizadas, forman parte del entramado de poder que regula estas misiones.

A estas condiciones se suma el impacto diferenciado que tienen las restricciones laborales y de movilidad sobre la vida personal y familiar de las mujeres. La separación prolongada de sus hijos, las presiones económicas y las posibles represalias en caso de abandono de la misión adquieren una dimensión más compleja en contextos donde los roles de cuidado recaen desproporcionadamente sobre ellas.

La falta de datos oficiales desagregados y de mecanismos específicos de protección contribuye, además, a la invisibilización de estas formas de vulnerabilidad, que el informe apenas esboza pero que apuntan a una dimensión de género aún insuficientemente documentada.

Condiciones laborales: retención salarial y jornadas sin límite

El informe describe condiciones laborales marcadas por salarios limitados y la retención de ingresos por parte del Estado cubano.

Según estimaciones citadas en el debate internacional, el Gobierno obtiene entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales por la exportación de servicios médicos. Según las estimaciones citadas solo en 2022, estos servicios generaron 4.882 millones de dólares, equivalentes al 69 % del total exportado por el país.

El informe describe condiciones laborales marcadas por salarios limitados y la retención de ingresos por parte del Estado cubano.

A estas cifras se suman condiciones de trabajo exigentes: jornadas extensas, asignación de tareas ajenas a la práctica sanitaria y, en algunos casos, alojamiento precario. Los profesionales tampoco tienen acceso a copias de sus contratos ni conocen con claridad los términos de su remuneración, una situación que el informe identifica como posible fraude contractual.

En el plano sindical, la CIDH señala la imposibilidad de crear organizaciones independientes y las restricciones al derecho de huelga.

Restricciones a la movilidad y control estatal

El informe también alerta sobre normas y prácticas que limitan la libertad de circulación del personal sanitario. El Decreto No. 306 de 2012 exige autorizaciones para salir del país, lo que en la práctica dificulta que médicos especialistas obtengan pasaportes ordinarios.

Quienes abandonan las misiones sin autorización enfrentan sanciones legales o administrativas y consecuencias que afectan su estatus migratorio y sus vínculos familiares. La asignación de destinos, además, puede depender de factores familiares, lo que funciona como un mecanismo adicional de control.

A ello se suma la vigilancia de la vida privada, las restricciones para interactuar con ciudadanos locales y limitaciones a la libertad de expresión. En conjunto, estas condiciones configuran, según la CIDH, un entorno de control permanente.

Posibles indicios de trabajo forzoso

La Comisión advierte que, en determinados casos, concurren elementos como la ausencia de consentimiento pleno, el uso de coerción y la existencia de fines de explotación laboral. Estas condiciones podrían encajar en las definiciones internacionales de trabajo forzoso u obligatorio.

Asimismo, señala que algunas situaciones podrían reunir elementos constitutivos de trata de personas con fines de explotación laboral, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso.

El informe aclara que no todas las misiones médicas pueden clasificarse bajo estas categorías, pero identifica prácticas compatibles con formas contemporáneas de esclavitud reconocidas por el derecho internacional.

Metodología y alcance

El análisis se basa en un enfoque cualitativo que combina fuentes primarias y secundarias. Además de los testimonios, incluye información obtenida en audiencias públicas, consultas abiertas, reuniones de trabajo y solicitudes enviadas a los Estados miembros de la OEA, de las cuales respondieron 13 países.

La CIDH reconoce limitaciones derivadas del acceso restringido a datos oficiales.

También incorpora normativa cubana, informes de organismos internacionales y estudios académicos. La CIDH reconoce limitaciones derivadas del acceso restringido a datos oficiales.

El estudio abarca experiencias documentadas en 109 misiones médicas internacionales, desde 1963 —cuando Cuba envió su primera brigada a Argelia— hasta la actualidad.

Recomendaciones y seguimiento

La CIDH y la REDESCA formulan recomendaciones dirigidas tanto al Estado cubano como a los países receptores. Entre ellas, garantizar que la participación en las misiones sea voluntaria, libre e informada; establecer contratos laborales claros; asegurar condiciones de trabajo dignas; y respetar plenamente la libertad de circulación y el derecho al retorno.

El organismo anunció que dará seguimiento a la implementación de estas medidas y reiteró su disposición a cooperar con los Estados involucrados.

Durante décadas presentadas como un símbolo de cooperación internacional, las misiones médicas cubanas quedan ahora bajo el escrutinio del sistema interamericano de derechos humanos.

Denuncias previas y patrón de cuestionamientos internacionales

Las críticas a las misiones médicas cubanas no son recientes. Organismos de derechos humanos, como Human Rights Watch y la propia CIDH en informes anteriores, han advertido sobre condiciones laborales restrictivas, ausencia de contratos claros, limitaciones a la libertad sindical y control estatal sobre la vida privada de los profesionales. Testimonios recopilados en distintos momentos coinciden en señalar retención de salarios, jornadas extensas y mecanismos de vigilancia que condicionan la permanencia en el programa .

A estas denuncias se suman acciones ante instancias internacionales. Organizaciones como Prisoners Defenders han llevado casos ante Naciones Unidas, donde se han documentado patrones que incluyen trabajo forzoso y posibles formas de trata de personas en estas misiones. En paralelo, algunos gobiernos han cancelado acuerdos de cooperación médica tras cuestionar irregularidades y condiciones laborales, lo que refuerza la existencia de un debate sostenido —y creciente— sobre el carácter de este modelo exportador de servicios sanitarios.