Amnistía Internacional añade a cuatro cubanos en su lista de presos de conciencia

La organización también denunció la nueva ola represiva del régimen contra activistas y periodistas.

El opositor político cubano Félix Navarro, la Dama de Blanco Sayli Navarro, el activista Luis Robles y el manifestante del 11J Roberto Pérez Fonseca fueron declarados este miércoles “prisioneros de conciencia” por la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional.

La directora de la organización, Ana Piquer, indicó que “estos nombramientos son un reconocimiento a las decenas de personas que permanecen en prisiones en Cuba por ejercer pacíficamente sus derechos, a todas aquellas personas que viven sistemáticamente bajo vigilancia, hostigamiento y amenaza de criminalización”.

También los calificó como “un reconocimiento a la valentía y resistencia de las personas que en Cuba se sobreponen a la represión permanente y generalizada y luchan por sus derechos y los de todas las personas”.

Amnistía Internacional destacó que los nombramientos ocurren en un contexto marcado por una nueva ola represiva del régimen cubano contra activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, intelectuales y medios de prensa independientes.

Nueva ola represiva en Cuba

De acuerdo con la organización defensora de derechos humanos, la nueva ola represiva está marcada por un “alarmante aumento del acoso, hostigamiento, detenciones arbitrarias, nuevas amenazas de criminalización, negación de derechos penitenciarios y preocupantes denuncias sobre el deterioro de la salud e integridad física de personas presas”.

Piquer consideró que “tras la enorme represión estatal desatada por las protestas de julio de 2021, y con muchas personas activistas, opositoras y disidentes encarceladas injustamente, el Estado cubano parece querer arrasar con toda capacidad de resistencia de la sociedad cubana, incluyendo además ahora a proyectos, espacios y activismos no vinculados a la oposición o disidencia política tradicional”.

La directora de Amnistía Internacional también mostró preocupación por “la situación de salud y malos tratos de los presos de conciencia Loreto Hernández, Pedro Albert y José Daniel Ferrer; así como el recrudecimiento del acoso sistemático que sufren el periodista Carlos Michael Morales, y la líder de las Damas de Blanco Berta Soler”.

Los presos de conciencia

Félix Navarro es un destacado opositor cubano de 71 años, fundador del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel” y ex coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, además de haber estado vinculado a la plataforma Cuba Decide y al Consejo para la Transición en Cuba.

Con más de tres décadas de activismo, Navarro se ha enfrentado a múltiples encarcelamientos. En 1992 fue acusado de “propaganda enemiga” y en 2003 fue condenado a 25 años de prisión durante la “Primavera Negra”, junto a otros 75 disidentes. Fue excarcelado en 2011 bajo una licencia extrapenal. En marzo de 2022, fue condenado nuevamente a 9 años de prisión por su participación en las protestas del 11 y 12 de julio.

Sayli Navarro, hija de Félix y activista de 38 años, es integrante del movimiento Damas de Blanco y en 2010 fue expulsada de la universidad acusada de tener “vínculos contrarrevolucionarios”. Finalmente, fue condenada a 8 años de prisión en marzo de 2022, junto a su padre, por su participación en las protestas de julio de 2021, donde fueron arrestados violentamente al intentar indagar por otros detenidos.

Luis Robles es un joven de 32 años que fue arrestado en diciembre de 2020 tras manifestarse pacíficamente en el bulevard de San Rafael, en La Habana, por llevar un cartel donde exigía “libertad”, el fin de la represión y la liberación del rapero Denis Solís. Robles fue condenado en marzo de 2022 a 4 años y 6 meses de prisión por “propaganda enemiga” y “desobediencia”.

Roberto Pérez Fonseca, de 41 años, fue condenado en octubre de 2021 a 10 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, acusado de delitos como “desacato”, “atentado” y “desórdenes públicos”. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas demostró que su detención fue arbitraria y que no se respetaron sus derechos a un juicio justo.