Cuba entre los países con mayores porcentajes de matrimonio infantil, según informe de Naciones Unidas

Aunque es un fenómeno común en América Latina, aproximadamente una de cada cuatro menores de 18 años contrae matrimonio legal en Cuba, según el informe “Las juventudes latinoamericanas y caribeñas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Una mirada desde el sistema de Naciones Unidas”, del Grupo de trabajo sobre juventud de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe, presentado en 2021.

Considerado como una práctica nociva a erradicar, el matrimonio infantil es para muchos el resultado directo de la no igualdad de géneros, sin la cual, como dice el informe, no puede haber desarrollo sostenible. Al casarse, las adolescentes interrumpen o limitan sus posibilidades educativas, económicas y sociales; se exponen a embarazos no deseados y abortos o a la infección de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH; además de aumentar su potencial como blanco de la violencia de género, según verifican las estadísticas.

«El arraigo histórico y cultural de los matrimonios y las uniones infantiles, tempranos y forzados en la región es tal que a menudo se dan por sentado o se consideran naturales, lo que da como resultado una invisibilización del problema», considera el documento.

De los 23 países de la región, analizados hasta 2017, Cuba es séptima entre aquellos cuyas mujeres de 20 a 24 años estaban casadas antes de los 18, y novena entre las que ya lo estaban antes de cumplir 15. Para que se tenga una medida del problema, Haití, una isla como Cuba, superpoblada y casi con la misma cantidad de habitantes, está por debajo de la mayor de las Antillas en estos renglones.

Sin embargo, al decir del texto, América Latina y el Caribe es «la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años, y ocupa el segundo lugar del mundo en número de embarazos adolescentes», con Brasil, República Dominicana y Nicaragua liderando negativamente estos aspectos.

Erradicar el matrimonio infantil: doble problema en Cuba

Este ha sido uno de los principales objetivos de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONUMujeres), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), quienes trabajan en un «Programa Conjunto Interagencial para Erradicar el Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe», con el fin de impulsar acciones regionales y nacionales para evitar el problema, o brindar atención a las niñas casadas en situaciones de vulnerabilidad, particularmente cuando no están protegidas por una ley de igualdad de género o en un contexto propicio a la violencia o el feminicidio, panorama muy parecido al que se vive en Cuba.

En la isla, donde se debate en sus presuntas últimas instancias un nuevo Código de las Familias, se espera que sea eliminada la excepcionalidad que admite casarse a menores de 18 años con el autorizo de padres o tutores legales y el sesgo de género que exige los 14 años cumplidos para el sexo femenino, mientras que 16 para el masculino. Esta autorización especial ha sido objeto de la preocupación del Comité de Expertos de la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), el Comité de la Convención de los Derechos del Niño y el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quienes resaltan la mayor vulnerabilidad de las niñas ante el posicionamiento sexista de la ley.

Este hecho fue considerado en el “Diagnóstico sobre incidencia de legislaciones y políticas en el acceso de adolescentes y jóvenes a servicios de salud sexual y reproductiva en Cuba”, donde las juristas Yamila González Ferrer e Ivonne Pérez revelaron algunas conclusiones de la comisión redactora del Código de las Familias sobre dicha excepcionalidad. Rezago en materia de género a nivel legislativo, permanencia de prejuicios en el seno de la familia, daños para la salud física de las niñas y psíquicamente para ambos sexos, deserción escolar, vulnerabilidad ante la pérdida de protección legal de los progenitores, y particularmente en Cuba, prostitución —la mayoría de los matrimonios infantiles registrados son con extranjeros—, estuvieron entre las cuestiones señaladas en el diagnóstico.

Según las estadísticas recogidas en el Anuario Demográfico de Cuba 2019, de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), un total de 918 niñas contrajeron matrimonio en ese año: 34 matrimonios ocurrieron con adolescentes de 14 años, 125 de 15, 305 de 16 y 454 de 17. Lo que contrasta con los 106 varones que se casaron en el mismo periodo. No obstante, las cifras de uniones legales son sólo la punta del iceberg de un fenómeno que ha pasado a ser común en la nación, donde las jóvenes se «juntan», como dice el argot, con sus novios sin necesidad de papeles.

Para un análisis que nos aproxime más al verdadero dato —aunque todavía así faltaría mucho— habría que procesar las edades de las adolescentes que dan a luz, que en el mismo 2019 registró 429 nacimientos en madres menores de 15 años y 16 734 en adolescentes de 15 a 19 años.

Las tasas de fecundidad en la adolescencia, analizadas entre 2000 y 2016 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), muestran a Cuba como uno de los tres países del área, de un total de 30 estudiados, que no pudieron reducir sus índices de embarazos en menores de edad para el período, y como el segundo de mayor crecimiento de ese aciago renglón.

Aunque no han sido incluidas estadísticas más recientes, es de esperar que el problema no haya disminuido ante el confinamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y la crisis económica de la isla, que incluye entre sus carencias la escasez de anticonceptivos, lo que conlleva a un mayor número de embarazos no deseados y en múltiples casos a la práctica del aborto, legalizada y ejercida de manera gratuita en Cuba.

La educación como posible solución al problema

Ante las disímiles dificultades que acarrea el matrimonio infantil y lo complejo de su erradicación, el informe de los expertos de Naciones Unidas recomienda la educación integral en sexualidad, como un enfoque pedagógico basado en los derechos humanos y la igualdad de género, que dota a niños y niñas de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para asumir la sexualidad de una manera responsable, positiva y coherente con su propio desarrollo emocional y social.

«La educación integral en sexualidad fomenta la adquisición de habilidades para la vida que permiten tomar decisiones fundamentadas y saludables, y contribuye a promover el pensamiento crítico, una ciudadanía activa y respetuosa de los derechos humanos, y la construcción de una sociedad más igualitaria», señala el documento.

Particularmente polémica —sobre todo por el rechazo de varias denominaciones religiosas— fue en Cuba la firma en febrero de este año de la Resolución 16 de 2021 del Ministerio de Educación, con vista a aprobar el “Programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el sistema nacional de educación”. Refrendando lo establecido por diversos organismos internacionales en materia de igualdad e identidad de género, el proyectado programa pretende incluir en la enseñanza estos valores, en tanto que condena la violencia, el acoso y otras formas discriminatorias llevadas a cabo contra personas por ejercer libremente su diversidad sexual.

No obstante, la aprobación del programa no sólo no se ha hecho efectiva, sino que se posterga al igual que otras normativas que despiertan el debate de la sociedad cubana, verbigracia el mentado Código de las Familias. Mientras tanto, el matrimonio infantil sigue siendo un problema que subsume en el atraso a un país donde urge un cambio de mentalidad, en mucho más de un sentido.