Cuba entre los países que participan del tráfico de personas, según informe de EE.UU.

Lejos de combatir la trata de personas, el gobierno cubano ha implementado políticas de explotación laboral y esclavitud moderna, advierte el informe.

En su informe anual sobre la trata de personas (2025 Trafficking in Persons Report), publicado en septiembre de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluye a Cuba junto a otros doce países entre los que muestran un peor desempeño para impedir este flagelo. El nivel 3, donde se clasifica a aquellos gobiernos que, además de no combatir adecuadamente la trata de personas, han implementado políticas o exhiben patrones que estimulan la trata.

Ya sea mediante programas financiados por el Estado, trabajos forzosos u otras formas de esclavitud moderna, y la explotación de servicios médicos de profesionales nacionales en el extranjero, los países incluidos en el nivel 3 son aquellos cuyos gobiernos participan activamente en la trata de personas. En ese caso, junto a Cuba, el informe incluye a Afganistán, Bielorrusia, Burma, Cambodia, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria, Sudán y Sudán del Sur.

¿Qué es el tráfico de personas?

El informe del Departamento de Estado describe el tráfico de personas como un concepto que engloba diversas prácticas en las que los traficantes explotan y se benefician del trabajo forzoso o el comercio sexual de adultos y/o menores. Estas prácticas incluyen reclutar, transportar, ofrecer como fuerza laboral y administrar el trabajo de personas que son sometidas a servidumbre bajo coacción, fraude o engaño.

Incluso en casos en que la víctima de la trata dio inicialmente su consentimiento para trabajar, se considera trabajo forzoso el hecho de que se vea obligada a continuar trabajando de esa forma cuando ya no desea hacerlo, ya sea por limitación de su movimiento, manipulación a través de deudas adquiridas con el empleador, u otro tipo de presión. Es común que quienes participan del tráfico de personas lleven a sus víctimas a trabajar a lugares remotos de sus casas de los cuales no pueden escapar, pero el traslado de las víctimas no se considera una condición imprescindible para definir la trata de personas, pues en muchos casos estas son explotadas en sus propias comunidades. Las deudas adquiridas con sus empleadores por conceptos como alimentación, hospedaje o transporte, suelen ser uno de los mecanismos frecuentes para dominar a quienes se ven en esa situación.

En los países cuyos gobiernos patrocinan el tráfico de personas, son comunes las amenazas con retirarles a las víctimas el beneficio de servicios públicos a los que tienen derecho por ley, la retención de sus salarios, la manipulación del estatus legal de los trabajadores o su pertenencia a grupos minoritarios, las amenazas a familiares y la obligación de trabajar en condiciones de confinamiento o limitación de la movilidad.

Cuba y la explotación laboral

El Informe señala explícitamente que en Cuba el gobierno explota a sus ciudadanos bajo formas de trabajo forzoso. Por ejemplo, la exportación de servicios médicos solo en 2022 generó una ganancia de 4.900 millones de dólares, sin que se tengan cifras oficiales de cuánto ha obtenido con esta forma de explotación en los años siguientes.

Tras la publicación del Informe, el Secretario de Estado, Marco Rubio, emitió una declaración el 29 de septiembre donde señala que “la trata de personas es un crimen horripilante y devastador que, además, enriquece a las organizaciones delictivas transnacionales y a regímenes inmorales y antiestadounidenses”; y añadió que, a través de este informe, Estados Unidos “ejerce presión sobre los países para que adopten medidas serias contra el trabajo forzado y la trata sexual, y asegura que haya consecuencias para aquellos que no actúen”.

Más allá de lo que señala en su edición de 2025 el “Informe sobre la Trata de Personas” del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el régimen cubano ha sido cuestionado en múltiples ocasiones durante años por las condiciones de esclavitud moderna y explotación laboral a que somete a los especialistas de la salud en misiones médicas internacionales, así como por el uso de los reclusos como fuerza laboral bajo condiciones degradantes para la producción de carbón vegetal y otros rubros que luego exporta a diversos países. Las condiciones en que trabaja la mayoría de los ciudadanos en los centros estatales de la isla se corresponden también con los patrones de explotación y trata de personas:

• En abril de 2017, tras una visita de cinco días a la isla, la relatora especial de la ONU sobre la trata de personas, Maria Grazia Giammarinaro advirtió con preocupación la falta de una definición legal en Cuba sobre la trata con fines de explotación laboral, así como de otras formas de explotación, al tiempo que señaló varios “casos identificados de trata interna revelan que la mayor parte de las víctimas de este fenómeno en Cuba son mujeres y niñas que son en su mayoría sometidas a la trata con el propósito de explotarlas sexualmente por parte de familiares o personas cercanas”.
• En 2020 la ONU, a través de la Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; y la Relatoría Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, calificaron como “trabajo forzoso” las condiciones en la que trabajan los médicos cubanos y otros profesionales en las Misiones Internacionalistas cubanas.
• En enero de 2024, la ONU publicó una Carta Acusatoria enviada al gobierno de Cuba en noviembre de 2023 con relación al trabajo forzoso y la esclavitud moderna, así como “abusos de derechos humanos sufridos por personal médico y otros profesionales de Cuba que participan en misiones de internacionalización”. Esta Carta se apoyaba en los informes de las Relatoras Especiales de Trata de Personas y de Esclavitud tras sus visitas a la isla entre 2019 y 2023.
• En abril de 2025, el Parlamento Europeo calificó nuevamente a las brigadas médicas cubanas como una forma de “esclavitud moderna” y “trabajo forzado”, tras aprobar una enmienda al informe anual de política exterior del bloque hacia el régimen de La Habana.

Diversas organizaciones de la sociedad civil cubana e internacionales han condenado durante años las condiciones laborales de los médicos y otros especialistas en misiones en el exterior, así como el trabajo de los reclusos como parte de un esquema estatal para financiarse mediante la explotación y la esclavización de sus ciudadanos.

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