Represión en Cuba: 1.185 presos políticos, tortura sistemática y exilio forzoso

Prisoners Defenders denuncia el aumento de la cifra de presos políticos en Cuba y la violación sistemática de sus derechos humanos.

El saldo de la represión en Cuba se mantiene en niveles críticos, con 1.185 presos políticos al cierre de septiembre de 2025. Un reciente informe de Prisoners Defenders no solo denuncia la cifra récord, sino que detalla los patrones de abusos, torturas y el castigo sistemático contra mujeres, menores de edad y disidentes pacíficos. El documento confirma la inclusión de 13 nuevos presos políticos este mes, con un claro foco en la intimidación de la población civil mediante detenciones arbitrarias, especialmente tras protestas locales en provincias como Holguín, Las Tunas y Villa Clara.

Patrones de abuso

El informe subraya que los 13 nuevos casos y los miles de detenidos anteriores comparten un mismo patrón de violaciones a los derechos humanos:

1. Arbitrariedad judicial: Todos los detenidos recientes permanecen en prisión provisional, sin tutela judicial efectiva, sin acceso a una defensa legal independiente y sin comunicación inmediata con sus familiares.
2. Cargos inflados: Los delitos imputados son vagos y desproporcionados, figurando “Propaganda enemiga”, “Desórdenes públicos”, “Atentado” y “Sabotaje”, entre los más empleados para criminalizar la libertad de expresión y manifestación.
3. Condiciones carcelarias inhumanas: El informe verifica que 472 presos políticos sufren patologías médicas graves (agravadas por la falta de alimentos y atención médica), y 40 padecen trastornos de salud mental sin tratamiento adecuado.

Menores encarcelados

La represión de menores de edad es uno de los hallazgos más graves. Entre los nuevos casos de septiembre se encuentran dos adolescentes detenidos por protestas:

• Pedro Luis Bello (17 años): arrestado tras las protestas en Maniabón, Las Tunas, el 17 de septiembre de 2025. Permanece en prisión provisional.
• Eliane Martín (16 años): joven gestante, pareja de Pedro Luis, detenida el mismo día que él y bajo las mismas circunstancias.

Estos casos se suman a una lista de 36 prisioneros políticos que fueron detenidos siendo menores (33 varones y 3 hembras), de los cuales todavía 30 cumplen condena.

Prisoners Defenders recuerda que estos jóvenes son recluidos en auténticos centros penitenciarios, denominados eufemísticamente “Escuelas de Formación Integral” y dependientes del Ministerio del Interior. De ellos, 15 han sido condenados por “sedición” con una pena promedio de 5 años de privación de libertad, un castigo ejemplarizante, superior incluso al que recibían los adultos condenados por razones políticas antes de las protestas del 11J.

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha confirmado que alrededor de 410 niños y adolescentes cubanos sufren prisión cada año en la isla, evidenciando un patrón de represión sistémica contra los menores.

Mujeres perseguidas

El informe señala también que 125 mujeres sufren actualmente autos y condenas por motivos políticos y de conciencia en Cuba. Entre las nuevas víctimas este mes se incluye a cuatro mujeres, siendo Eliane Martín un caso ilustrativo de cómo el régimen ataca a las familias de los manifestantes para intentar silenciar la protesta. Su arresto ha despertado preocupación entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos por su condición de menor de edad y embarazada, que la hace aún más vulnerable.

Otro caso señalado es el de Ana Ibis Tristá Padilla, que había sido absuelta en un primer juicio celebrado en octubre de 2024, y fue condenada a 14 años de prisión en un nuevo proceso judicial que viola el principio de cosa juzgada. En este segundo juicio, celebrado bajo fuertes medidas de seguridad, sin acceso público ni transparencia procesal, se la vinculó a una supuesta organización que no existe y se le atribuyeron actos de protesta y sabotajes que nunca ocurrieron.

Las 125 mujeres condenadas por delitos políticos enfrentan no solo las duras condiciones de la cárcel, sino la amenaza sistemática contra su entorno familiar, como ocurrió con la madre de Luis Robles, Yindra Elizástigui, quien tras el encarcelamiento de su hijo y a pesar de las constantes amenazas de que fue objeto, se convirtió en una de las voces más firmes en defensa de los presos.

El destierro forzoso: Ferrer y Robles

El 13 de octubre de 2025 marcó un hito en la historia reciente de Cuba con la salida del país de dos figuras centrales de la disidencia:

• José Daniel Ferrer García: fundador y líder de UNPACU, la figura más notable de la oposición en la isla, fue liberado y expulsado del país tras cumplir íntegramente su condena de cuatro años y medio.
• Luis Robles Elizástigui: conocido como “el joven de la pancarta”, llegó exiliado a Madrid habiendo cumplido casi cinco años de cárcel por manifestarse pacíficamente. Su caso fue respaldado por la CIDH y Amnistía Internacional, que lo reconocieron como preso de conciencia.

Tanto Ferrer como Robles han sido víctimas de expatriación forzosa, una política que ya es frecuente en el accionar del régimen contra los ciudadanos que se le oponen, a pesar de que el derecho internacional la prohíbe.

La impunidad del Estado cubano

Prisoners Defenders denuncia que en Cuba “el registro total de personas privadas de libertad por motivos políticos [...] continúa en ascenso, alcanzando la cifra de 1.185 prisioneros políticos y confirmando la persistencia de una represión institucionalizada contra la libertad de expresión, de reunión y de asociación de los ciudadanos”. Señala que son práctica habitual del régimen “el encarcelamiento político como instrumento de intimidación social y control”, incluso contra menores de edad y mujeres, lo que constituye “una muestra clara de la impunidad con la que opera el Estado frente a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. Asimismo, advierte que la tortura es un patrón común a todos los casos de encarcelamiento por motivos políticos, al tiempo que exige la libertad incondicional para todos y el fin de la represión en la isla.