Una investigación de "Casa Palanca" revela el abandono de las familias afectadas por feminicidios en Cuba

El texto revela una deficiente atención policial y medidas de seguimiento irregulares tras los asesinatos, dejando a las familias en un estado de desprotección.

Casa Palanca, una colectiva liderada por mujeres y personas no binarias publicó este miércoles 18 de septiembre su primera investigación colaborativa, titulada “Víctimas de las que no se habla”, enfocada en la situación de los familiares de las víctimas de la violencia machista en el país.

El trabajo, que contó con la participación de 16 periodistas independientes cubanas y tomó cinco meses de investigación, reveló numerosas novedades sobre las familias atravesadas por feminicidios en Cuba, un problema silenciado y desatendido por las autoridades.

La investigación destacó que, además de las mujeres asesinadas, existen otras víctimas invisibilizadas: las familias que quedan atrás, sin protección ni reparación. Para ello, el equipo de Casa Palanca logró entrevistar a ocho familias de mujeres y niñas víctimas de feminicidio en seis provincias del país: Pinar del Río, Mayabeque, Villa Clara, Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Desprotección y falta de apoyo: la otra cara de los feminicidios

El texto revela una deficiente atención policial y medidas de seguimiento irregulares tras los asesinatos, dejando a las familias en un estado de desprotección. Las entrevistas realizadas evidencian que los familiares no han recibido acompañamiento ni apoyo psicológico, y desconocen sus derechos a una reparación integral.

“No tienen claro qué es la violencia de género, ni los feminicidios, y desconocen que tienen derecho a reparación”, señala la investigación. Esta situación expone la falta de acción por parte del Gobierno cubano para garantizar la protección y la vida digna de las personas dependientes tras la pérdida de sus cuidadoras.

Yanelys Núñez, coordinadora de la investigación, subrayó que “Cuba es un país en el que las mujeres son cada vez en mayor medida las proveedoras de los hogares, por lo que los feminicidios, estos crímenes de odio, van teniendo un mayor impacto familiar y social. Sin embargo, no existe una legislación específica para las víctimas de feminicidios ni políticas públicas eficaces para garantizar la reparación de estas personas dependientes”.

Los desafíos de la investigación: falta de información y miedo a hablar

En declaraciones a Alas Tensas, Núñez explicó que entre los principales retos al realizar la investigación estuvo “la ausencia de información pública sobre las personas dependientes de las víctimas de feminicidios, y con eso nos referimos tanto a menores de edad que perdieron a sus madres como a personas adultas que están al cuidado de estas mujeres”.

La feminista cubana recalcó que la información pública disponible sobre estos temas “es confusa en muchos casos y desconocemos la metodología que se usó para recogerla” y señaló que “aunque el Gobierno reconoce que hay infancias afectadas por los feminicidios, en muchos casos las cifras publicadas por el Gobierno son inferiores al registro de los observatorios independientes”.

Otro de los desafíos mencionados fue conseguir los testimonios de las familias afectadas. “En muchos casos, las personas adultas que están al cuidado de estos menores, o incluso aquellas que también dependían de sus hijas, tenían miedo de dar testimonios”, explicó Núñez.

Principales hallazgos: apoyos insuficientes y ausencia de conciencia sobre derechos

Sobre los principales hallazgos de la investigación, Núñez señaló que “en la práctica, los apoyos que reciben las personas dependientes de víctimas de feminicidios son principalmente pensiones, nunca por el feminicidio sino por ‘viudez’ u ‘orfandad’. Se trata de un apoyo ínfimo que no cubre las necesidades básicas de estas familias”.

Además, destacó que instrumentos o leyes como el Código de las Familias o la Ley de Seguridad Social no mencionan explícitamente la protección y apoyo económico a los huérfanos y otras personas dependientes de mujeres asesinadas por violencia de género.

Núñez también mencionó que las familias no tienen conciencia de que tienen derecho a una reparación integral y que las instituciones que deberían ofrecerles un seguimiento y atención psicológica no lo están haciendo. “Tampoco se les informa a las familias sobre qué sucede con el agresor tras el encarcelamiento, son ellas las que tienen que estar pendientes”, añadió.

La investigación también incluyó la opinión de la psicóloga Sonia Almada, fundadora de la asociación civil Aralma en Argentina, quien insistió en que una parte del duelo de las familias es saber qué pasa con el victimario, si fue enjuiciado y sentenciado.

Falta de reconocimiento y reparación para las víctimas invisibilizadas

La abogada Laritza Diversent, directora ejecutiva de la organización Cubalex, también consultada para esta investigación, resaltó que la Resolución 60/147 de la ONU establece que los Estados tienen la obligación de garantizar una reparación adecuada, efectiva y rápida a las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos. A pesar de esta normativa internacional, en Cuba no existe una legislación específica que ampare a las víctimas de violencia de género ni a las familias de las mujeres asesinadas.

Desde 2019, los Observatorios de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) han documentado en la isla a 285 personas dependientes de mujeres víctimas de feminicidios, lo que evidencia la magnitud del problema y la urgencia de reconocer a estas familias como víctimas directas.

Una llamada a la acción por la reparación y protección de las víctimas

Casa Palanca llamó a implementar garantías de no repetición a través de reformas legislativas y políticas preventivas que aseguren la protección de las víctimas y eviten futuros feminicidios.

La organización reclamó no solo una indemnización económica para estas familias, sino también el acceso a servicios médicos, psicológicos y sociales necesarios para su recuperación.El objetivo de esta investigación es visibilizar a estas víctimas no mortales de feminicidios y avanzar en su reconocimiento como víctimas directas. La colectiva insistió en que la reparación integral debe incluir no solo indemnizaciones económicas, sino también acceso a servicios esenciales para la recuperación de las personas afectadas, así como garantías de no repetición mediante reformas legales y políticas efectivas que protejan a las mujeres y sus familias de la violencia machista.