La libre expresión de cubanas y cubanos que está prohibida por ley

“Esta tragedia nacional no tendrá fin hasta que la pesadilla machista y violadora se reemplace con un estado democrático de derecho.”

Prisoners Defenders recién denunció la existencia de 1,106 presos políticos, de los cuales 119 son mujeres, 2 de ellas mujeres trans que el régimen mantiene recluidas en cárceles de hombres, en las peores y más precarias circunstancias.

Entre las 119 presas políticas, hay docenas de periodistas independientes que pueden considerarse escritoras por su profesión. Hay también tres casos graves por motivos de salud y maltratos: Saylí Navarro, de 38 años, que cumple una condena de 8 años; Sissi Abascal, de 27 años, que cumple una condena de 6 años; y Lizandra Góngora, de 38 años, que cumple una condena de 14 años en la prisión El Guatao, madre de tres hijos pequeños y en delicado estado de salud, ya que padece de un fibroma uterino por el que no recibe atención médica. Por ella se inició recientemente una petición de libertad en change.org.

En estos momentos, la policía política cubana atropella por sus ideas a la profesora universitaria e historiadora Alina Bárbara López Hernández, de 59 años, quien fue detenida violentamente el 18 de junio pasado en su natal Matanzas. El 12 de septiembre, López Hernández fue expulsada de la UNEAC por “realización de actividades contra la revolución”, la publicación de críticas hacia la dirigencia cubana en medios como La Joven Cuba y CubaxCuba, y su apoyo a los manifestantes del 11J. Está acusada de “incurrir en delitos graves” contemplados en el Código Penal, específicamente desobediencia y atentado. Todos sus derechos humanos han sido violados, especialmente aquellos bajo el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Con ella fue arrestada la académica y antropóloga Jenny Pantoja Torres. A pesar de no retenerlas en prisión, el acoso y la vigilancia contra ambas académicas no ha cesado desde su arresto. Pantoja Torres fue despedida de su cátedra de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana a finales del mes de julio. El pasado 18 de septiembre fue arrestada de nuevo; aún no se sabe si Seguridad del Estado la instruirá de cargos.

Ley de Comunicación Social y libertad de expresión en Cuba

¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI el régimen cubano atropelle impunemente a tantas mujeres, incluso a profesoras universitarias? Esto no es nada nuevo, y además la violación de derechos humanos en Cuba está más que amparada por la Ley de Comunicación Social de 2023. Esta ley ratifica los Artículos 1,10, 13, 16.m, 53, 55, 61, 97 y 101.g y 101.h de la Constitución de 2019, y responde a la Política de Comunicación Social del Estado y Gobierno cubanos, que “define la pertinencia de articular el Sistema de Comunicación Social del país”.

La Ley reconoce la contribución de la comunicación social como vehículo para: a) fortalecer la unidad del pueblo, b) afianzar la ideología de la sociedad socialista, y c) defender la independencia, soberanía y seguridad de la patria. El régimen de Miguel Díaz-Canel considera esta ley como elemento “de mayor trascendencia en el escenario de guerra política, ideológica, económica, comunicacional y cultural que enfrenta la Revolución cubana”.

En el orden jurídico, la Ley respalda también: a) el papel decisivo de la comunicación social en la sostenibilidad y prosperidad de la nación, b) la voluntad política del Estado que la considera un pilar esencial de su gestión, y c) se inspira en el legado del comandante-en-jefe Fidel Castro Ruz, “el gran comunicador de la Revolución”. En otras palabras, se inspira en lo planteado por el “máximo líder” en 1961, en sus fatídicas “Palabras a los Intelectuales”.

“¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI el régimen cubano atropelle impunemente a tantas mujeres, incluso a profesoras universitarias?”

La Ley se nutre de la praxis cubana durante décadas en este campo, o sea de toda una cronología de acciones represivas, desde la censura del cortometraje PM en 1961; el cierre de Ediciones El Puente en 1965; los campos de trabajo forzado UMAP entre 1965 y 1968; el Quinquenio Gris entre 1971 y 1976; el homofóbico parametraje de los años ’70; la Ley Mordaza de 1999; la Primavera Negra en 2003; el Decreto Ley 35 de 2021 sobre telecomunicaciones, incluyendo televisión y radio; el Decreto 349 y el Decreto Ley 370, ambos de 2018. El Decreto 349 impuso como obligatorio el permiso del Ministerio de Cultura para cualquier acción cultural o artística, y serias limitaciones al contenido artístico, y el 370 aniquiló la libertad de expresión en la Internet.

El Secretariado y el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista evaluaron el proyecto de ley, al igual que el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado, antes de que pasara a ser analizada y eventualmente ratificada por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

O sea, esta Ley es claramente un documento político, politizado, y programado para penalizar el ejercicio de las comunicaciones, el lenguaje y las opiniones, de salirse estos de las normas del Estado Socialista de partido único que no puede ser alterado, cambiado o reemplazado bajo ningún concepto por los cubanos, según reza en la Constitución de 2019.

Según el propio documento, la Ley de Comunicación Social se redactó (y pasó por 34 versiones) inspirada en los acuerdos y planteamientos fundamentales de congresos y otros foros: la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), la Asociación Hermanos Saíz, más de 90 tesis de pregrado y posgrado de diferentes universidades del país relativas al tema, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio del Interior.

O sea, claramente está planteada para aplicárseles a periodistas, escritores, artistas (tanto establecidos como jóvenes) y académicos, lo que significa que está diseñada específicamente para coartar los derechos a la libre expresión de todos los creadores, comunicadores, pensadores, intelectuales y académicos cubanos, especialmente los independientes y disidentes. Esta Ley hace absolutamente legal la censura en Cuba.

“La Ley está diseñada específicamente para coartar los derechos a la libre expresión de todos los creadores, comunicadores, pensadores, intelectuales y académicos cubanos.”

Según indica la propia Ley, su propósito es “regular el Sistema de Comunicación Social… con fines políticos… tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales” (Cap. 1 Art. 1), y ser aplicada a todos los organismos y entidades del Estado, y “demás personas naturales y jurídicas, cubanas y extranjeras que residan de forma permanente o temporal o transiten por el territorio nacional” (Cap.1 Art. 2).

Esto incluye, en el ámbito comunitario, a “las personas y los grupos que interactúan y comparten, en comunidad, intereses, actitudes, saberes, costumbres, sentimientos, necesidades y tradiciones”, o sea incluye a todo el mundo, revolucionario y disidente por igual (Cap. 2 Art. 4.3.c)

La Ley “actúa conforme al Estado socialista, y las ideas de emancipación social de Marx, Engels y Lenin” (Cap. 2 Art. 5.1) y enuncia, en el Cap. 2 Art. 7.a, su propósito de “defender la independencia, la integridad y la soberanía de la patria y preservar la seguridad nacional”. En el Cap. 4 ―sobre los contenidos― se menciona en el Inciso 3.a como requisito “que en ningún caso pueden emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista”. Y en el 3.i, que tampoco se difame, calumnie o injurie “a las personas, órganos, organismos y entidades del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales del país”.

Represión a escritoras, humanistas y académicas

Conclusión: las periodistas independientes presas, las académicas despedidas de sus cátedras, las intelectuales a quienes no se les permite regresar a Cuba, y las artistas y escritoras censuradas y vigiladas por los medios represivos, son objeto de hostigamiento y persecución porque, según el régimen, ellas colaboran con el supuesto enemigo (EE.UU.) y están poniendo en peligro la soberanía y la seguridad nacional. Hace muchos años describí esa voluntad contestataria de las cubanas como “ovarios contra tiranos”.

Entiéndase por “seguridad nacional” la seguridad del régimen socialista machista y dictatorial, o sea, la muy cacareada “continuidad”. Hoy por hoy, todo el que piensa diferente, o se expresa, protesta, escribe, o se manifiesta de cualquier manera en contra de la dictadura o fuera de sus cánones, y exige respeto a sus derechos civiles y humanos, está violando esta Ley de Comunicación Social, y ha sido y seguirá siendo penalizado y castigado según el nuevo Código Penal.

Algunos casos de actualidad que ilustran estas violaciones de derechos humanos en Cuba incluyen a escritoras, humanistas y académicas que han sido expulsadas de sus cátedras, obligadas al exilio o desterradas, como Anamely Ramos González, profesora e investigadora del Instituto Superior de Arte (ISA) y curador de arte, con 12 años de trayectoria docente. Ramos fue expulsada del ISA por su activismo. En un reciente viaje a Estados Unidos, American Airlines le negó abordar su vuelo de regreso a Cuba en febrero 2022 por órdenes del gobierno cubano, un derecho garantizado en el Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

También está el caso de Carolina Barrero, historiadora de arte, epistemóloga, escritora y activista, detenida y encarcelada en varias ocasiones por su participación en las manifestaciones del 11J. Seguridad del Estado la amenazó con tomar represalias contra su familia y la obligó a optar por el exilio, violándose así sus derechos bajo el Artículo 9 de la Declaración Universal de DD.HH.

Y el de Omara Ruiz Urquiola, historiadora del arte y profesora de Historia del diseño y Cultura cubana en el Instituto Superior de Diseño de la Universidad de La Habana. Fue cofundadora del Movimiento San Isidro. A pesar de ser profesora fija, fue despedida de su cátedra en julio de 2019. Diagnosticada con cáncer de mamas, y empeorándose a pesar de los tratamientos, en 2021 viajó a EE.UU. para tratarse, y cuando se disponía a regresar a Cuba, casi un año después, la aerolínea Southwest no la dejó abordar el vuelo, por órdenes del gobierno de Cuba.

“Escribir y pensar en Cuba hoy excluye toda posibilidad de hacerlo libremente, sin miedo a represalias.”

Dos periodistas independientes y escritoras obligadas al destierro son Yadris Luis Fuentes y María Matienzo Puerto, ambas desterradas en 2022.

Entre las escritoras y creadoras presas en la actualidad se encuentran la poeta María Cristina Garrido Rodríguez, de Mayabeque, de 38 años, arrestada el 11J y acusada del delito de atentado. Condenada a 7 años de cárcel, cumple su sentencia en la Prisión de Mujeres de Occidente, El Guatao, La Habana. Toda su obra fue incautada y desaparecida por las autoridades. Es constantemente castigada, torturada, golpeada, amenazada, y se le han prohibido las llamadas telefónicas con su familia. A pesar de todo esto, el día 349 de su encarcelamiento reinició su creación poética, obra que fue publicada en 2023 bajo el título “Voz cautiva” por Ediciones Deslinde en España. Ovarios contra tiranos.

Está también el caso de Jessica Lisbeth Torres Calvo, de 27 años, residente en Holguín, grafitera, tatuadora y artista comunitaria que fue arrestada el 11J y acusada del grave delito de sedición. Fue condenada a 15 años, sentencia que cumple en la Prisión de Mujeres de Holguín.

Escribir y pensar en Cuba hoy excluye toda posibilidad de hacerlo libremente, sin miedo a represalias, represalias que abarcan desde la expulsión de una estudiante de la universidad o la de una profesora de su cátedra, hasta 10 o 15 años de cárcel; desde la censura total dentro del país y ser borrada, hasta el destierro forzado o la obligación de partir al exilio “voluntariamente”.

Esta tragedia nacional no tendrá fin hasta que la pesadilla machista y violadora se reemplace con un estado democrático de derecho. Con la ley respaldando la ignominia, no será fácil.

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Nota: Este texto está basado en un trabajo presentado al PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, el 14 de septiembre 2024.