Cuba, Estados Unidos, los prisioneros y la libertad

La liberación de prisioneros se recibe con alegría y reservas. Conviene no hacerse ilusiones sobre lo que esto pueda significar para la libertad de Cuba.

Dos declaraciones hechas el 14 de enero por los gobiernos de Cuba y Estados Unidos han vuelto a colocar la realidad sociopolítica cubana en el centro de atención de la opinión pública mundial, generando en pocas horas numerosos debates y análisis desde diversas perspectivas.

Una de estas declaraciones, dada a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, anuncia “el otorgamiento de libertad a 553 personas sancionadas en debido proceso por delitos diversos contemplados en la ley”. La otra, divulgada por la secretaria de Prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre, informa que “el presidente Biden determinó que Cuba ya no debe ser designada como un Estado patrocinador del terrorismo”.

La liberación de los presos políticos

En ambos casos, se menciona el papel que ha jugado la Iglesia católica, y en particular el papa Francisco, en las negociaciones con el gobierno cubano, tanto para la excarcelación de los prisioneros como para mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano. Así, el Minrex pone la decisión del gobierno cubano en el contexto del Jubileo Ordinario de 2025 y recuerda la visita de Miguel Díaz-Canel al Vaticano en junio de 2023, sin mencionar la intermediación del cardenal Beniamino Stella, que en febrero de ese año viajó a la isla para pedir la liberación de los presos políticos y llamar al diálogo social.

En su Bula de Convocación del Jubileo Ordinario del Año 2025, Spes non confundit, el papa Francisco insistía en “la necesidad de una alianza social para la esperanza, que sea inclusiva y no ideológica”, y en “recuperar la alegría de vivir, porque el ser humano […] no puede conformarse con sobrevivir o subsistir mediocremente, amoldándose al momento presente y dejándose satisfacer solamente por realidades materiales”; al tiempo que hacía un llamado a la liberación de los presos:

Pienso en los presos que, privados de la libertad, experimentan cada día —además de la dureza de la reclusión— el vacío afectivo, las restricciones impuestas y, en bastantes casos, la falta de respeto. Propongo a los gobiernos del mundo que en el Año del Jubileo se asuman iniciativas que devuelvan la esperanza; formas de amnistía o de condonación de la pena orientadas a ayudar a las personas para que recuperen la confianza en sí mismas y en la sociedad.

La declaración del gobierno de Cuba insiste en que las personas que serán liberadas recibieron sus sanciones “en debido proceso” y “por delitos diversos”, negándose así —como es habitual en su discurso— a reconocer la existencia en la isla de prisioneros políticos. Y la cantidad de personas que se ha decidido liberar es apenas una fracción de los presos por razones políticas o de conciencia contabilizados por el grupo de trabajo Justicia 11J, que en una declaración del propio 14 de enero advierte:

Hasta hoy 14 de enero, Justicia 11J maneja un subregistro de 880 personas presas políticas, y de otras 37 detenidas por razones políticas, de las que esta organización no ha recibido actualización en los últimos meses y que pudiesen estar bajo medida cautelar de prisión provisional. Del total de las personas presas políticas documentadas por esta organización, 549 son manifestantes del estallido social del 11 de julio de 2021.

Justicia 11J recuerda también en su declaración otros escenarios similares en los que las excarcelaciones masivas de personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba iban acompañadas del exilio forzoso y, aunque celebra las liberaciones anunciadas, exige que se libere a todos los presos políticos, al tiempo que denuncia “la práctica inhumana del régimen cubano de utilizar los cuerpos y la dignidad de las personas para obtener concesiones” de otros Estados.

“La cúpula gobernante de la isla utiliza a sus prisioneros como moneda de cambio para obtener ciertos beneficios, al tiempo que desprecia a la sociedad civil que durante años ha exigido su liberación.”

El hecho de que la información sobre el excarcelamiento de 553 prisioneros se haga pública a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba deja ver, por una parte, que se trata de una negociación con otros Estados en las que, sin duda, la cúpula gobernante de la isla utiliza a sus prisioneros como moneda de cambio para obtener ciertos beneficios, y, por otra parte, el desprecio de esa cúpula a la sociedad civil cubana, que durante años ha exigido la liberación de los presos. Informar al pueblo sobre esta decisión no fue, evidentemente, una prioridad para el Estado; lo cual deja claro que con ella no vendrá un cambio esencial en las relaciones de ese Estado con su ciudadanía.

Así lo ha señalado también Alina Bárbara López en un análisis compartido en sus redes sociales: “el gobierno cubano siempre ha preferido ver el asunto en clave de diferendo externo porque eso le resulta mucho más cómodo”; al tiempo que señala:

los presos políticos no son la causa, sino la consecuencia de ese problema interno, y cualquier negociación que el estado cubano se preste a hacer con un gobierno extranjero sobre la base de sus presos políticos, en primer lugar desconoce la lucha interna (y cuando digo interna me refiero a la nación, o sea, también a los compatriotas que están en otros países) que hemos librado muchos exigiendo su liberación, amnistía o cualquier otra fórmula que llevara a este desenlace.

Lo cierto es que la anunciada liberación de 553 personas, cuyas condiciones de vida en las cárceles de la isla son inhumanas, aún cuando no se reconozca su condición de prisioneros políticos y se los trate como simples delincuentes, es una noticia que se recibe con una mezcla de alegría y reservas, y conviene no hacerse falsas ilusiones sobre lo que esto pueda significar para la libertad de Cuba.

La decisión de Biden respecto a Cuba

La decisión del presidente Joseph Biden, de enormes consecuencias para los cubanos dentro y fuera del país, ha suscitado también mucha polémica. No se trata solo de dejar de designar a Cuba como un Estado patrocinador del terrorismo, sino de suspender por un período de seis meses la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, y de eliminar la llamada “lista de restricciones” que prohíbe las transacciones financieras de entidades y personas involucradas directamente en violaciones de derechos humanos.

Según declaró Blanca Karine Jean-Pierre, “estas medidas se toman […] para facilitar que Cuba tome sus propias medidas constructivas para restaurar la libertad de sus ciudadanos y permitir las condiciones que mejoren el sustento de los cubanos”. La cuestión, en este caso, es si esa flexibilización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba conducirá realmente, como aspira la Casa Blanca, a la restauración de la libertad de los ciudadanos cubanos. O si, por el contrario, le dará al gobierno dictatorial de la isla la oportunidad de fortalecerse para seguir utilizando al pueblo como rehén en sus relaciones con la diáspora sin modificar los mecanismos de represión política ni reconocer los derechos económicos y civiles de los ciudadanos cubanos.

Confiar en que algo así ocurra, al menos a corto plazo y sin la participación activa de la sociedad civil en la recuperación de esos derechos, es ingenuo. De ahí que algunos sectores de la oposición cubana sientan que, con estas nuevas medidas decretadas por Biden, se traiciona la confianza de quienes ven en las restricciones económicas una vía para presionar al gobierno cubano y obligarlo a cambiar. Así las han calificado los congresistas de origen cubano María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, para quienes excluir a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo es “la última traición […] a la causa de la libertad del pueblo cubano”.

“La cuestión, en este caso, es si esa flexibilización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba conducirá realmente a la restauración de la libertad de los ciudadanos cubanos. O si, por el contrario, le dará al gobierno dictatorial de la isla la oportunidad de fortalecerse.”

Desde la isla, el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa opina, sin embargo, que esa decisión es “la mejor estrategia”, pues devuelve el conflicto “a su terreno principal, el que existe entre el gobierno cubano y su sociedad”. Cuesta Morúa aprovechó la oportunidad para exigir nuevamente la liberación de “todas y todos quienes guardan prisión por el ejercicio de sus derechos, en el espíritu de una amnistía general que conduzca a la despenalización del disenso y del ejercicio de los derechos”.

Liberaciones graduales y continuación de la lucha

En su declaración, el gobierno cubano afirma que las liberaciones se harán gradualmente, “sobre la base de un análisis cuidadoso a partir de las distintas modalidades que contempla la legislación”, y trata de mostrarse ante el mundo como un Estado de derecho, insistiendo en “la naturaleza justa y humanitaria de los sistemas penal y penitenciario de Cuba”.

La desfachatez de tales afirmaciones, muy ajenas al espíritu de jubileo cristiano en que dicen sostenerse, contrasta con la brutalidad con que se reprime a diario a los opositores en Cuba, y con la naturaleza misma de las detenciones, los juicios y las crueles condenas a que se somete a más de un millar de cubanos por el simple hecho de protestar pacíficamente o expresar en público sus opiniones políticas.

Horas después del anuncio de la cancillería cubana, se ha podido confirmar la liberación de varios presioneros, entre ellos, Donaida Pérez Paseiro, Marlene Noguera Santiesteban, Reyna Yacnara Barreto, Rowland Castillo, Katia Beirut, Jessica Coimbra Noriega, y las hermanas Lisdani y Lisdiani Rodríguez Isaac. Es previsible que en los próximos días esa lista crecerá, aunque muchos se preguntan si serán liberados también los líderes de opinión más notables y contra quienes el gobierno cubano ha actuado con más saña.

“Muchos se preguntan si serán liberados también los líderes de opinión más notables y contra quienes el gobierno cubano ha actuado con más saña.”

Tras las declaraciones de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, la ONG Prisioners Defenders ha hecho público en Madrid su informe mensual sobre los presos políticos en Cuba y sus condiciones, elevando a 1161 la cifra de quienes sufren condenas por oponerse al régimen. De ellos, al menos 130 son activistas por los derechos humanos, 22 artistas, 10 periodistas, 70 con trastornos mentales graves, y 648 con “patologías médicas causadas y/o agravadas fruto del maltrato” recibido en las cárceles. Según el informe de Prisioners Defenders, en Cuba hay actualmente 29 menores de edad cumpliendo sentencias y otros 4 en proceso sin tutela judicial. La ONG añade que hay 128 mujeres en las cárceles cubanas por razones políticas, entre ellas dos personas trans recluidas entre hombres.

Por su parte, Cubalex señala en un comunicado que, al no reconocer las violaciones cometidas durante la detención y el enjuiciamiento de las personas que ahora se liberan, el gobierno cubano “dificulta el acceso a la justicia y perpetúa un sistema en el que los derechos fundamentales son vulnerados sin consecuencias para los responsables”. La declaración oficial del gobierno, añade Cubalex, “omite cualquier compromiso para cesar las detenciones arbitrarias y proteger a las personas liberadas de represalias o nuevas detenciones”, e “ignora los estándares internacionales de derechos humanos al no establecer un sistema de reparación integral para las personas injustamente encarceladas”.

Estos datos y análisis ponen en perspectiva el alcance real de la anunciada liberación de prisioneros y evidencian cuánto falta aún por hacer para lograr la excarcelación de todos. La experiencia nos dice además que, si bien estas noticias marcan un punto de inflexión en la lucha de los cubanos por sus derechos, el camino será largo hasta conseguirlos y no se alcanzarán sin la participación activa de la sociedad civil dentro y fuera de la isla.