Venezuela aprueba ley de amnistía

Con más de 600 presos políticos en las cárceles, el gobierno interino de Venezuela aprobó por unanimidad una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

El 19 de febrero, tras jornadas de intensas negociaciones, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La nueva ley, que según declaraciones oficiales busca “restañar las heridas derivadas de los hechos de violencia política”, dispone la extinción de los procesos judiciales, la eliminación de antecedentes penales y la restitución de derechos para los beneficiarios.

La ley ofrece amparo específicamente a los opositores, sindicalistas, periodistas, estudiantes y activistas de derechos humanos detenidos por razones políticas durante trece episodios de crisis ocurridos entre 1999 y 2025, incluyendo el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año, y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.

Sin embargo, el artículo 9 de esa ley establece exclusiones significativas. Quedan fuera de la amnistía las violaciones graves a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, el homicidio intencional y otras lesiones graves, así como el tráfico de drogas y los delitos previstos en la ley contra la corrupción. Asimismo, no se beneficiarán quienes hayan participado en “acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela por parte de “estados, corporaciones o personas extranjeras”.

Esta última cláusula ha generado controversias, pues el chavismo ha acusado en múltiples ocasiones a figuras como María Corina Machado y Leopoldo López de promover o instigar la intervención extranjera, lo que podría dejarlos fuera del alcance de la ley. Ante esa ambigüedad, Delcy Rodríguez pidió a la comisión especial encargada de su implementación, al programa de Convivencia y Paz, y a la comisión de reforma judicial, que evalúen los casos no contemplados expresamente en el documento.

Rodríguez, que protagonizó el acto de promulgación de la nueva ordenanza, intentó ser conciliadora en su discurso, argumentando que esta ley ha sido aprobada “para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento, el reconocimiento”. En uno de los momentos más notables de su intervención, dijo: “Hay que saber pedir perdón y hay que también recibir el perdón”.

En sus declaraciones, pidió además al Parlamento actuar con “máxima celeridad” para hacer cumplir la ley, y anunció el cierre de El Helicoide, que se convertiría en un espacio de servicios sociales y deportivos.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, apuntó que la amnistía puede servir para que Venezuela “mire hacia el futuro y emprenda un nuevo camino de paz”. Al inicio del debate legislativo, también él había pedido perdón de manera pública: “A mí no me gustan los presos”, declaró.

El diputado Jorge Arreaza, quien fue el encargado de presentar el proyecto de ley ante la Asamblea, subrayó que se trata de “un proceso de recomposición”, que debe tomarse con “ética, compromiso y respeto a los derechos humanos”. Tanto él como el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador que ahora enfrenta un juicio en Nueva York, describieron la norma como un hito histórico.

Respuesta de la oposición a la Ley de Amnistía

Desde el exilio, María Corina Machado, que aún no puede regresar a su país sin riesgo de detención, difundió en su cuenta de X las críticas de dos de sus colaboradores: Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales de Vente Venezuela, quien tildó el proyecto de “excusa para ganar tiempo, distraer y manipular”; y Juan Pablo Guanipa, recién liberado el 20 de febrero, que agradeció las gestiones del pueblo venezolano y de la comunidad internacional, pero advierte que esta ley no es “ninguna amnistía” sino que “pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes”.

Guanipa exigió además la liberación inmediata de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados, y llamó a organizarse junto a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia para lograr que Venezuela sea libre.

Organizaciones de la sociedad civil han expresado dudas sobre el contenido de la ley y su alcance. Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, dijo que debe recibirse con optimismo, pero reconoció que deja fuera a muchos detenidos, en particular a quienes enfrentan cargos relacionados con rebelión, sedición o acciones armadas; y Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, advirtió que la norma podría dejar fuera a tres cuartas partes de los presos políticos actuales. El coordinador de Provea, Óscar Murillo, fue más crítico al señalar que lo aprobado no se corresponde con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esta naturaleza.

Foro Penal contabilizaba, hasta el momento de la captura de Maduro, alrededor de mil personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, muchas de ellas sin haber sido siquiera presentadas ante un tribunal. Según esta ONG, desde el 8 de enero hasta mediados de febrero se han verificado 444 excarcelaciones de presos políticos, pero quedan aún otros 644 en las cárceles. El gobierno venezolano, sin embargo, ha anunciado 895 liberaciones, pero no ha publicado listas oficiales que puedan verificarse de manera independiente, lo que ha generado protestas por parte de activistas y familiares de los detenidos.

Amnistía Internacional, que ha adoptado una posición crítica tanto hacia la operación militar estadounidense como hacia el gobierno interino de Delcy Rodríguez, ha denunciado que “la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades venezolanas bajo el mando de Maduro” continúa con la administración de Rodríguez; y tras la aprobación de la ley, pidió que la ONU acceda a Venezuela para supervisar las excarcelaciones y garantizar estándares de derechos humanos.

Venezuela: entre la esperanza y la incertidumbre

Con la ley promulgada, la comisión especial de 23 diputados deberá implementar los mecanismos para su aplicación. Sin embargo, cabe preguntarse cuándo y cómo serán liberados los más de 600 presos políticos venezolanos que, según el recuento de Foro Penal, siguen en las cárceles.

Además, el estatus de líderes opositores como María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y Leopoldo López, continúa siendo ambiguo bajo la nueva norma y su inclusión en los beneficios de la amnistía depende de interpretaciones judiciales en un sistema que no cuenta con plenas garantías.

Aparte de la Ley de Amnistía aprobada, el gobierno de Rodríguez ha anunciado un programa de Convivencia y Paz para el diálogo político, una reforma del sistema de justicia y el cierre de El Helicoide. Si estas iniciativas avanzan, podrían significar un cambio real, pero si no, quedarán como gestos simbólicos en un país acostumbrado a las brechas entre las declaraciones y la realidad.

Venezuela vive uno de los momentos más inciertos en su historia reciente. La aprobación de esta ley es una victoria de la presión popular —de los familiares que hicieron huelga frente a las cárceles, de los activistas que han documentado el atropello a los derechos humanos durante años—, pero sus limitaciones pueden frustrar esa esperanza si el texto de la ley no se acompaña con una voluntad real de reconciliación.