Nueva ley en Senegal refuerza la criminalización de la diversidad sexual
El Parlamento aprobó duplicar hasta diez años las penas por relaciones entre personas del mismo sexo y castigar su promoción o financiación, medida criticada por organizaciones de derechos humanos.
La Asamblea Nacional de Senegal aprobó el miércoles 11 de marzo una reforma legal que endurece las sanciones por relaciones entre personas del mismo sexo. El proyecto de ley, respaldado por una amplia mayoría parlamentaria, duplica la pena máxima de prisión hasta los diez años y amplía las sanciones a quienes promuevan o financien actividades relacionadas con la homosexualidad.
La iniciativa fue aprobada con 135 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, y responde a un compromiso electoral del actual gobierno conservador, que asumió el poder en 2024 bajo el liderazgo del presidente Bassirou Diomaye Faye y el primer ministro Ousmane Sonko. Para entrar en vigor, la reforma solo requiere ahora la firma del mandatario.
La nueva legislación eleva la pena máxima a diez años de cárcel.
Hasta ahora, el Código Penal senegalés ya contemplaba sanciones contra los llamados “actos contra natura”. Esa disposición, modificada por última vez en 1966, establecía penas de hasta cinco años de prisión y multas que podían alcanzar los 1.500.000 francos CFA (alrededor de 2.700 dólares). La nueva legislación eleva la pena máxima a diez años de cárcel.
Una reforma que refuerza la criminalización
La normativa aprobada introduce además restricciones adicionales en la aplicación de las penas. Según el texto, los jueces no podrán suspender la condena ni reducir la pena por debajo del mínimo establecido.
La ley especifica que los llamados “actos contra natura” incluyen la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad, junto con otras prácticas tipificadas en el mismo artículo, como la zoofilia o la necrofilia. También contempla sanciones penales para quienes promuevan o financien estas conductas.
El endurecimiento de la legislación ha contado con el respaldo de sectores conservadores del país. Entre ellos, el imán Babacar Sylla, líder de la red islámica And Samm Jikko Yi y de varias organizaciones civiles, quien instó al presidente a ratificar el proyecto de ley lo antes posible.
En las semanas previas a la votación parlamentaria, partidarios de la reforma —incluidos legisladores del partido gobernante Pastef— organizaron movilizaciones en Dakar. Durante estas protestas se escucharon consignas como “¡No a la homosexualidad!” y se exhibieron pancartas con banderas arcoíris tachadas.
Aumento de detenciones y preocupación de organizaciones de derechos humanos
El debate legislativo se ha desarrollado en paralelo a un incremento de las detenciones relacionadas con la persecución de personas sospechosas de mantener relaciones entre personas del mismo sexo.
Según la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), entre el 9 y el 24 de febrero fueron arrestados al menos 27 hombres bajo acusaciones vinculadas a los llamados “actos contra natura” o a la supuesta “transmisión voluntaria” del VIH.
Las organizaciones de derechos humanos advierten que este tipo de reformas profundiza la criminalización de las personas LGBTQ+ y agrava un clima de persecución.
De acuerdo con la información recogida por la organización, los cargos por “transmisión intencionada del VIH” pueden conllevar penas de hasta diez años de prisión.
Las organizaciones de derechos humanos advierten que este tipo de reformas profundiza la criminalización de las personas LGBTQ+ y agrava un clima de persecución que ya existía en el país.
“Endurecer aún más la represión no hará más que alimentar la violencia, el miedo y la impunidad. La obligación de las autoridades senegalesas es proteger a todas las personas sin discriminación, y no designar chivos expiatorios”, afirmó Drissa Traoré, secretario general de la FIDH.
Un contexto regional de endurecimiento legal
La reforma se produce en un contexto regional marcado por el endurecimiento de leyes contra las relaciones entre personas del mismo sexo en varios países de África occidental.
En 2025, Burkina Faso aprobó por primera vez una legislación que penaliza estas relaciones con penas de hasta cinco años de prisión. En Ghana, los legisladores estudian aumentar las sanciones por relaciones entre personas del mismo sexo y criminalizar la promoción o el apoyo a actividades LGBTQ+.
Según datos citados por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), más de 30 de los 54 países africanos mantienen leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.
En países como Kenia, Sierra Leona y Tanzania, las penas pueden alcanzar o superar los diez años de prisión. En otros Estados, como Somalia, Uganda y Mauritania, estas conductas pueden incluso castigarse con la pena de muerte.
La FIDH recuerda además que Senegal es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde 1978, cuyo artículo 17 establece que nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. También advierten que la reforma podría contradecir la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que reconoce la igualdad de todas las personas ante la ley.
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