Informe al CERD: "Mujeres afrodescendientes frente a la violencia feminicida en Cuba: racismo, impunidad y desprotección"

Informe sombra presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), que evidencia cómo la violencia feminicida en Cuba afecta de forma desproporcionada a las mujeres afrodescendientes.

Los días 23 y 24 de abril, el régimen cubano fue examinado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención contra la Discriminación Racial.

Además del informe oficial del Estado, organizaciones de la sociedad civil cubana presentaron informes alternativos que visibilizan la situación real de las personas afrodescendientes en Cuba, en un contexto donde las instituciones no reconocen la existencia de racismo estructural.

Este es uno de los informes enviados en coalición por OGAT y otras organizaciones independientes, sobre este tema, centrado específicamente en la violencia feminicida en Cuba. A partir de datos desagregados y documentados por OGAT y YSTCC, el informe muestra cómo el racismo, la impunidad y la desprotección se entrelazan, incrementando la vulnerabilidad y evidenciando la sobrerrepresentación de mujeres afrodescendientes entre las víctimas de feminicidio en el país.

Informe alternativo para el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Revisión de la República de Cuba

117º Período de Sesiones (2026)

Las organizaciones firmantes: el Observatorio de Género de Alas Tensas en colaboración con el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género (Museo V), Museo de la Disidencia en Cuba, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC), Cubalex y  Civil Rights Defenders, presentamos el siguiente informe titulado: “Mujeres afrodescendientes frente a la violencia feminicida en Cuba: racismo, impunidad y desprotección”, con el propósito de aportar elementos adicionales para el examen del cumplimiento por parte del Estado cubano de sus obligaciones en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. (...)

Las organizaciones firmantes autorizan al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) a publicar el presente informe en su página web y a utilizarlo como insumo en el marco del examen del Estado parte.

1. Introducción

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) es una iniciativa independiente fundada en 2019 que monitorea y documenta los feminicidios, intentos de feminicidios, y otras violencias hacia las mujeres y las niñas en Cuba. Nace ante la ausencia de estadísticas públicas sobre este fenómeno, en un contexto de opacidad institucional y criminalización del activismo independiente. El objetivo de OGAT es visibilizar la violencia feminicida en el país y aportar información verificable que contribuya al análisis, la denuncia y la prevención de estos crímenes. Para ello, OGAT trabaja con una red anónima de observadoras, y se apoya en medios de prensa independientes, fuentes comunitarias y denuncias ciudadanas, lo que permite construir un mapa posible sobre el comportamiento de esta problemática en la isla. 

El presente informe se elabora a partir de los datos verificados por OGAT y por otro observatorio independiente de feminicidios, como es Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), contenidos en la Matriz correspondiente al año 2024, que documenta 56 feminicidios verificados en todo el país. 

El análisis se centra en los casos de mujeres afrodescendientes, particularmente afectadas por las formas en que el racismo estructural organiza y reproduce desigualdades en la sociedad cubana, incluidas la violencia de género y la precariedad económica. En este sentido, el racismo no opera como un factor independiente, sino como una estructura que atraviesa y condiciona tanto las relaciones de género, las institucionales y las oportunidades materiales de vida. 

En el contexto de la poli-crisis cubana —marcada por el deterioro económico, el debilitamiento institucional y la falta de garantías efectivas de derechos— estas dinámicas se expresan en mayores niveles de vulnerabilidad para las mujeres afrodescendientes.

La información oficial disponible sobre los feminicidios de mujeres negras y afrodescendientes, a través del Observatorio de Igualdad de Género de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (OCIG/ONEI) ofrece indicadores desagregados por “color de la piel” y “zona geográfica”, pero no publica cruces estadísticos que combinen raza × ruralidad × feminicidio. Por tanto, este informe complementa las limitaciones del registro estatal mediante los datos del registro independiente OGAT/YSTCC, una base construida por organizaciones de mujeres de la sociedad civil cuyo trabajo es reprimido por el estado y estigmatizado.

2. Información oficial y límites de transparencia

En julio de 2024, durante una sesión del Consejo de Ministros, el Gobierno cubano aprobó el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de hechos de violencia de género, enfocado especialmente en el ámbito familiar. La medida, presentada por la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, fue anunciada como parte del Programa para el Adelanto de las Mujeres. Según explicó la Fiscal, el sistema fue desarrollado junto al Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo Popular, mediante un grupo de 25 expertos, con el objetivo de crear un registro administrativo que utilizaría las plataformas de estas instituciones para gestionar los procesos penales relacionados con la violencia de género.

Sin embargo, el “registro administrativo, informatizado e interoperable”, para monitorear “la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género”, no es público. Según una nota firmada por dos fiscales cubanas y publicada en abril de 2025 en el diario oficial Granma, donde se revisa la legislación aplicable a los casos de violencia machista, las funcionarias concluyen que los indicadores seguirán sin estar disponibles para la opinión pública. 

En 2025 el registro, que aún estaba en construcción, se informó que estaría solo disponible para las “autoridades del Estado y del Gobierno, a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) como mecanismo nacional”. —En cuanto a la naturaleza de la FMC, es importante señalar que ha participado en actos de represión contra activistas y opositoras, lo que pone en cuestión tanto su supuesta autonomía como su representatividad, especialmente por su estrecho vínculo con el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC)—. 

Esta falta de acceso a datos limita significativamente la posibilidad de que la sociedad civil, la academia o las organizaciones independientes puedan monitorear el fenómeno o evaluar el impacto real de las políticas estatales en materia de prevención y atención a la violencia de género.

Las únicas cifras oficiales disponibles sobre 2024 provienen de OCIG/ONEI, como mencionamos en la introducción. Según estos registros, el Estado informó de 76 casos “juzgados” en 2024 —un dato judicial que no equivale necesariamente al número de feminicidios ocurridos ese año—. De acuerdo con estos reportes, “según la zona de residencia se observan más casos en la zona urbana (44) que en la rural (32), no obstante, la tasa de la zona rural (3,27) supera a la urbana (1,35)”. Asimismo, “por color de la piel, las mujeres blancas siguen siendo la mayoría, no obstante, las negras y las mulatas aumentaron en 5 y 10 casos respectivamente en relación al año anterior”.

Por otro lado, en diciembre de 2023, durante el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, donde se informó que se “evaluó – a lo interno - las acciones para la atención a la violencia de género y el cumplimiento de los protocolos de actuación”, también se actualizaron algunos datos sobre la situación de violencia en los hogares. Según la información presentada, existen 9 579 núcleos familiares en situación de violencia, en los que conviven 16 116 mujeres y niñas. Además, se indicó que el 60 % de las mujeres mayores de 15 años que viven en estas situaciones son negras o “mulatas”, en su mayoría menores de 35 años, con promedio de escolaridad de noveno grado, y que una parte de ellas se encuentra desvinculada del empleo o dedicada al trabajo doméstico no remunerado.

La ausencia de estadísticas públicas completas, desagregadas y accesibles dificulta la comprensión del alcance real de la violencia hacia las mujeres y niñas afrodescendientes en el país. En particular, la falta de cruces estadísticos que integren variables como raza, territorio y tipo de violencia limita el análisis del impacto diferenciado sobre las mujeres afrodescendientes, mientras la ausencia de políticas diferenciadas perpetúa su invisibilidad ante la violencia.

3. Análisis de datos independientes (OGAT/YSTCC, 2024)

En 2024, se verificaron 56 feminicidios en Cuba, de los cuales 22 correspondieron a mujeres afrodescendientes (39,3 %). Dentro de este grupo, un tercio ocurrió en zonas rurales (8 casos) y el resto en áreas urbanas (14 casos). El 82 % de los casos fueron perpetrados por parejas o exparejas, y al menos 16 víctimas afrodescendientes tenían menores a su cuidado, dejando 26 niñas y niños directamente afectados.

4. Factores estructurales de vulnerabilidad 

En Cuba, cuatro de cada diez mujeres asesinadas en 2024 eran afrodescendientes. Este dato resulta claramente desproporcionado si se compara con la composición demográfica nacional, donde las personas racializadas representan alrededor del 36 % de la población, según el último censo del año 2012.

El dato confirma que la violencia de género en Cuba tiene una dimensión racial, y que las mujeres afrodescendientes enfrentan un riesgo más alto de ser víctimas de feminicidio.

En el contexto caribeño y latinoamericano, esta sobrerrepresentación suele asociarse a factores estructurales de racismo, que profundizan la vulnerabilidad: menor acceso a la justicia, empleos precarios, discriminación institucional y estigmatización territorial.

Feminicidios según zona geográfica (rural y urbana)

Según el registro de OGAT y YSTCC, el 63,6 % de los feminicidios de mujeres afrodescendientes se registró en zonas urbanas (14), mientras que el 36,4 % ocurrió en áreas rurales (8). Aunque la mayoría de los hechos se concentra en espacios urbanos —donde reside la mayor parte de la población femenina del país—, la situación en el ámbito rural presenta una gravedad estructural mayor. El cruce de datos revela que, si bien las afrodescendientes representan el 39,3 % de las víctimas totales, concentran un tercio de los feminicidios rurales (8 de 24), lo que evidencia una sobrerrepresentación en relación con su peso demográfico nacional. 

Las mujeres afrodescendientes rurales enfrentan una doble desigualdad:

• Por raza, debido al racismo estructural que limita el acceso a educación, empleo formal, justicia y protección.
• Por territorio, dado que la ruralidad en Cuba implica precariedad en transporte, salud, refugios y redes de apoyo.

A estas condiciones se suma una desprotección institucional persistente, caracterizada por déficit de transporte público, escaso acceso a Internet y telefonía, y ausencia de servicios especializados o refugios seguros. Este contexto genera un círculo de silencio y aislamiento, donde denunciar o escapar de la violencia puede suponer un riesgo adicional.

El racismo estructural refuerza la desigual distribución de recursos y profundiza las brechas territoriales. Las mujeres afrodescendientes del campo o de las zonas periféricas urbanas suelen depender económicamente de sus agresores y desempeñarse en la informalidad, lo que limita su autonomía y capacidad de ruptura. La distancia física y simbólica del Estado agrava esta vulnerabilidad: los servicios judiciales, policiales y sociales están concentrados en cabeceras municipales, mientras los mecanismos de denuncia resultan inaccesibles o ineficaces. Además, el discurso oficial sobre “igualdad de género” tiende a homogeneizar la experiencia femenina, sin reconocer cómo la raza y el territorio condicionan las posibilidades de protección. 

La zona de residencia también puede convertirse en un factor que incrementa la exposición a diversas formas de violencia, especialmente en el caso de mujeres migrantes internas. En Cuba, la movilidad desde provincias orientales hacia territorios con mayores oportunidades económicas —particularmente La Habana— se produce en un contexto de desigualdad estructural que afecta de manera desproporcionada a las mujeres racializadas. Estas condiciones pueden dificultar el acceso a empleo formal, aumentar la precariedad habitacional y, en algunos casos, exponerlas a dinámicas de explotación sexual o a medidas administrativas que permiten su deportación hacia lasprovincias de origen, amparadas por regulaciones estatales. 

Según el censo nacional, “la población negra es la que con mayor frecuencia habita en condiciones de hacinamiento, en viviendas más pequeñas, en cuarterías, solares y viviendas improvisadas, mientras que la población mestiza predomina en viviendas clasificadas como bohíos. Al mismo tiempo, las mujeres racializadas aparecen con mayor frecuencia en las cifras de movilidad interna, muchas de ellas procedentes de provincias orientales”.

De acuerdo con el propio censo oficial: “Agrupando a la población en las categorías de población blanca y no blanca, se tiene que las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba son las menos blancas del país, con concentraciones de población negra y mulata que superan el 74 por ciento. Le siguen en orden: Granma (57,8 %) y La Habana (41,6 %)”.

El escenario descrito configura un riesgo diferenciado para las personas negras, en especial las mujeres, marcado por la intersección entre género, raza y lugar de residencia. 

5. Impactos sociales del feminicidio 

El 82 % de las mujeres afrodescendientes asesinadas en 2024, según el registro de OGAT y YSTCC, fueron víctimas de parejas o exparejas. El hogar continúa siendo el espacio más letal para las mujeres racializadas. Los vínculos sexo-afectivos se convierten en espacios de control y coerción, donde la dependencia económica y la precariedad social reducen las posibilidades de romper el ciclo de violencia.

Cuidados y menores a cargo

Al menos 16 víctimas afrodescendientes tenían menores a su cargo, sumando 26 hijas e hijos huérfanos. Este dato revela la urgencia de crear un protocolo nacional de orfandad por feminicidio con transferencias económicas, apoyo psicosocial, becas y atención prioritaria a niñas y niños afrodescendientes afectados por violencia hacia las mujeres. 

Rango de edad

El 77 % de las víctimas afrodescendientes tenía entre 15 y 45 años. Esta franja etaria coincide con las etapas de mayor carga económica, reproductiva y de cuidados, donde las mujeres asumen responsabilidades familiares en medio de salarios insuficientes, inflación y escasez. El feminicidio impacta directamente a las mujeres que sostienen los hogares, amplificando el empobrecimiento y la orfandad.

Lugar del hecho

El 31,8 % de los casos ocurrió en el ámbito doméstico, y el resto en espacios diversos o no precisados. El hogar, que debería representar el principal espacio de protección, se convierte para muchas mujeres afrodescendientes en el escenario de la violencia más extrema.

En Cuba no existen refugios estatales ni programas sostenidos de acogida temporal para mujeres víctimas de violencia. La ausencia de alternativas habitacionales seguras y la precariedad habitacional obligan a muchas víctimas —incluidas las afrodescendientes en situación de pobreza o dependencia económica— a continuar conviviendo con sus agresores, incluso tras haber denunciado. 

Esta realidad agrava el riesgo letal y pone en evidencia una falla estructural en las políticas de protección. A la falta de voluntad política se suma la imposibilidad de crear redes ciudadanas de apoyo sin ser criminalizadas por el estado, así como la dificultad de acceder a fondos internacionales si no se pertenece al aparato institucional o a organizaciones afines al Partido Comunista. Esto se debe a que el trabajo de denuncia y visibilización desde la sociedad civil expondría la ineficiencia del sistema.

6. Conclusiones 

1. La violencia feminicida en Cuba afecta de manera desproporcionada a las mujeres afrodescendientes.
   Su sobrerrepresentación del 39,3 % es un reflejo del racismo estructural persistente en la sociedad cubana.
2. Las afrodescendientes rurales enfrentan precariedad de servicios, transporte y redes comunitarias, situación que limita sus posibilidades de denuncia y protección.
3. La poli-crisis (económica, energética y de derechos) incrementa la dependencia económica, la migración forzada y la exposición a relaciones violentas.
4. La ausencia de datos interseccionales en los informes del Estado cubano impide diseñar políticas públicas efectivas con enfoque de género y raza.
5. La falta de medidas diferenciadas perpetúa la impunidad, debilita la prevención y oculta los impactos en las comunidades afrodescendientes.
6. Los procesos de reparación integral para niños y niñas, hijos de mujeres víctimas de feminicidio, constituyen otra deuda del Estado cubano. Los niños sobrevivientes no solo enfrentan el trauma en soledad, sino que también viven en condiciones de precariedad económica y alta vulnerabilidad.

7. Recomendaciones y acciones urgentes al Estado Cubano 

Medidas estructurales

1. Actualizar anualmente el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, con un análisis público de los feminicidios con microdatos desagregados por raza, territorio, edad, ocupación y vínculo con el agresor.
2. Incorporar indicadores interseccionales en los sistemas de información del OCIG/ONEI, que permitan visibilizar el impacto diferenciado de la violencia en las mujeres afrodescendientes y rurales.
3. Garantizar financiamiento, autonomía y protección jurídica a los observatorios independientes y organizaciones feministas que documentan y acompañan casos de violencia hacia las mujeres y las niñas. 
4. Incluir en los informes nacionales ante la CEDAW y el CERD los avances, brechas y obstáculos específicos que enfrentan las mujeres afrodescendientes, conforme a las observaciones emitidas por ambos comités.
5. Aprobar una Ley Integral contra la Violencia de Género, con enfoque interseccional, racial y territorial, que reconozca las diversas formas de violencia, establezca mecanismos de protección y reparación efectivos, y garantice la creación de refugios y servicios especializados para mujeres en situación de riesgo.

Acciones urgentes

1. Proteger de forma inmediata a las mujeres afrodescendientes en riesgo mediante refugios temporales, medidas cautelares y acompañamiento comunitario.
2. Implementar un Fondo Nacional de Orfandad por Feminicidio, con apoyo económico, psicológico y educativo a niñas y niños afectados.
3. Capacitar obligatoriamente a policías, fiscales y jueces en racismo estructural e interseccionalidad de género.
4. Crear equipos móviles de atención integral (salud, psicología, asistencia social y jurídica) para zonas rurales y comunidades periféricas.
5. Establecer sistemas de alerta temprana ante denuncias previas de violencia, con prioridad en los casos racializados y rurales.