El régimen iraní ejecuta a Saleh Mohammadi, campeón de lucha de 19 años, y a otros dos manifestantes

Las ejecuciones, ligadas a las protestas de 2026, fueron denunciadas por basarse en confesiones arrancadas bajo tortura y en juicios sin garantías.

El régimen iraní ejecutó el miércoles 19 de marzo a tres jóvenes detenidos durante las protestas antigubernamentales de enero de 2026, entre ellos Saleh Mohammadi, un campeón de lucha de apenas 19 años. El joven fue arrestado, sometido a torturas y finalmente condenado a cargos penados con la muerte por el sistema judicial iraní.

El deportista fue condenado tras negarse a admitir los cargos en su contra, lo que derivó en su ejecución mediante ahorcamiento. Junto a él fueron ejecutados Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi en la ciudad de Qom, al sur de Teherán, tras ser declarados culpables del delito de “hostilidad contra Dios”, conocido como moharebeh en el derecho islámico iraní.

La versión oficial del régimen

El régimen iraní justificó las ejecuciones mediante un comunicado difundido por el poder judicial: “Los tres alborotadores condenados fueron ahorcados esta mañana por asesinato y por haber llevado a cabo una operación a favor del régimen sionista y de Estados Unidos”.

El régimen iraní indicó también que los condenados incurrieron en actividades que atentaban contra la seguridad nacional durante las protestas.

Denuncias de juicios injustos y tortura

Organizaciones internacionales han cuestionadola legalidad de los procesos judiciales. La ONG Iran Human Rights afirmó que los tres hombres fueron “condenados a muerte tras un juicio injusto, sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura”.

El director de la organización, Mahmood Amiry-Moghaddam, advirtió:

“Los manifestantes ejecutados fueron condenados a muerte tras juicios sumamente injustos, basados en confesiones obtenidas bajo tortura y coacción. Consideramos que estas ejecuciones constituyen asesinatos extrajudiciales, llevados a cabo con la intención de sembrar el terror para reprimir la disidencia política. La República Islámica lucha por su supervivencia y sabe que la mayor amenaza para su existencia proviene del pueblo iraní, que exige un cambio fundamental”.

Estas ejecuciones son las primeras oficialmente anunciadas en relación con las protestas que estallaron a finales de diciembre de 2025.

Estas ejecuciones son las primeras oficialmente anunciadas en relación con las protestas que estallaron a finales de diciembre de 2025 y alcanzaron su punto más alto en enero de 2026, en medio del descontento por el aumento del costo de la vida y la falta de libertades en el país.

Reacciones y preocupación internacional

El caso ha generado reacciones dentro y fuera del ámbito deportivo. La activista iraní Nima Far cuestionó la falta de presión internacional a través de su cuenta en X:

“El COI y la UWW deberían haber intervenido con firmeza mediante ultimátums públicos, amenazando con la suspensión inmediata del Comité Olímpico Nacional de Irán y sus federaciones si el asesinato seguía adelante, en lugar de recurrir a una diplomacia discreta e ineficaz, dados sus propios compromisos de proteger a los atletas de daños por motivos políticos.”

La activista iraní Nima Far cuestionó la falta de presión internacional.

Asimismo, expresó que: “Irán debe ser excluido de las competiciones internacionales hasta que cese las ejecuciones de manifestantes y atletas, libere a los encarcelados en juicios fraudulentos y ponga fin a las represalias contra los competidores que se manifiestan o desertan.”

Por su parte, Amnistía Internacional denunció el uso de la pena de muerte como herramienta de represión:

“Las autoridades iraníes están poniendo de manifiesto una vez más la profundidad de su desprecio por el derecho a la vida y a la justicia amenazando con ejecuciones aceleradas e imponiendo condenas a muerte en juicios rápidos, tan solo unas semanas después de la detención. Al utilizar la pena de muerte como arma, pretenden infundir miedo y aplastar el espíritu de una población que reclama un cambio fundamental”.

Un patrón represivo sostenido

Las ejecuciones se producen en un contexto más amplio de persecución contra manifestantes. Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos de personas en riesgo de ser condenadas a muerte por su participación en las protestas.

Entre ellos se encuentran al menos ocho individuos ya sentenciados, así como otros 22 que enfrentan procesos judiciales marcados por denuncias de tortura, falta de garantías legales y ausencia de defensa independiente.

El caso de Saleh Mohammadi también evoca precedentes como el del luchador Navid Afkari, ejecutado en 2020 tras un proceso igualmente cuestionado. Esto refuerza las denuncias sobre el uso sistemático de la pena capital contra opositores.

En conjunto, estos hechos evidencian un patrón de represión que busca sofocar el descontento social mediante el miedo, en un momento en que el régimen iraní enfrenta crecientes tensiones internas, además del ataque militar de estas últimas tres semanas, llevado a cabo por Estados Unidos e Israel.