Petróleo por represión: la arquitectura cubana de control político en Venezuela

El informe “Petróleo por represión”, del Miranda Center for Democracy, desnuda la red de vigilancia y control implementada por Cuba en Venezuela desde 1999.

El Miranda Center for Democracy presentó el 19 de marzo, en la Universidad Internacional de Florida, su informe “Oil for Repression”, una auditoría exhaustiva de la alianza entre Cuba y Venezuela en el período 1999-2025. El documento —disponible en inglés en el sitio web de la institución— reconstruye con fuentes primarias y datos financieros cómo el régimen cubano diseñó e implementó para el chavismo un sistema de control político, vigilancia social e inteligencia militar, cuya función esencial era garantizar la supervivencia del gobierno de Hugo Chávez primero y de Nicolás Maduro después. A cambio, Venezuela pagó con petróleo, a un coste total que el Miranda Center estima en 63.800 millones de dólares.

El informe analiza la transformación de las instituciones militares y de inteligencia venezolanas, la administración de políticas represivas extremas y la erosión de las libertades democráticas. También identifica y nombra a los principales responsables en ambos países y extrae conclusiones sobre los obstáculos que enfrenta hoy cualquier proceso de democratización en Venezuela.

El precio de la represión

El mecanismo de pago acordado entre los regímenes de Cuba y Venezuela no fue el dinero en efectivo, sino la hipoteca energética de la nación sudamericana. El Acuerdo de Cooperación Integral, firmado en octubre de 2000 por Hugo Chávez y Fidel Castro, fijó un esquema de trueque asimétrico: Venezuela se comprometió a enviar inicialmente 53 mil barriles diarios de crudo a Cuba a cambio de “servicios” que incluían médicos, maestros y asesoría en inteligencia y seguridad.

En 2008 los envíos alcanzaron un pico de hasta 115 mil barriles diarios. La crisis de producción de PDVSA redujo esos volúmenes, pero el informe estima que, en total, Venezuela transfirió a Cuba unos 40 mil millones de dólares nominales en petróleo entre 2000 y 2025; cifra que, ajustada a dólares constantes de 2026 e incorporando las inversiones en el marco de Petrocaribe, se eleva a 63.800 millones de dólares. Según el informe, ese capital habría bastado para financiar el 67% de la inversión anunciada para el sector petrolero venezolano o para reconstruir tres veces las redes eléctricas e hídricas del país, que se derrumbaron en ese período. “Venezuela pagó 63.000 millones para comprar su propia represión”, concluyen los autores.

La cláusula que permitió sostener el engaño durante décadas fue el “pago mediante servicios”: una valoración arbitraria de las misiones médicas y, fundamentalmente, de la asesoría en inteligencia y seguridad. Así se camufló el pago por represión como una “cooperación humanitaria”.

La inteligencia cubana en el corazón del Estado venezolano

Según el informe, el giro hacia una arquitectura de seguridad dirigida por Cuba se produjo tras la derrota de Chávez en el referéndum de diciembre de 2007. Esa pérdida, unida a señales de desafección en las Fuerzas Armadas, impulsó la deriva represiva: de la defensa frente a amenazas externas hacia la neutralización de la disidencia interna.

En mayo de 2008, los ministerios de Defensa de Cuba y Venezuela firmaron dos acuerdos de cooperación secretos. Esos documentos otorgaban a Cuba autoridad para reestructurar las Fuerzas Armadas venezolanas, entrenar agentes venezolanos en La Habana, rediseñar las misiones de inteligencia militar para priorizar la vigilancia de los propios oficiales, y crear el Grupo de Coordinación y Enlace (GRUCE), un comité de “especialistas” cubanos con presencia permanente en instalaciones venezolanas y con línea directa de reporte a La Habana.

Ese año se promulgó la llamada “Ley Sapo” (Ley de Inteligencia), inspirada en la doctrina cubana de “Defensa Integral”. La norma establecía que todos los ciudadanos y entidades estaban obligados a proporcionar cualquier información solicitada por los servicios de inteligencia, copiando así los esquemas cubanos de vigilancia. Aunque la ley fue suspendida por Chávez ante el rechazo de juristas y organizaciones de derechos humanos, sus principios se mantuvieron en la práctica a través de la reorganización institucional y la normalización de la vigilancia.

En junio de 2008 se creó el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), que sustituyó al antiguo DISIP. El cambio implicó abandonar una lógica de inteligencia vinculada a la seguridad pública y adoptar un modelo dedicado a la preservación del régimen, calcado del MININT cubano. En 2011, la Dirección de Inteligencia Militar se convirtió en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cuya misión prioritaria pasó a ser la vigilancia de las comunicaciones de los propios militares, la infiltración de unidades con informantes y la neutralización de posibles conspiraciones, utilizando manuales de entrenamiento, protocolos de interrogación y marcos organizativos diseñados por asesores cubanos.

El resultado fue lo que el informe llama “el Triángulo Duro”: el GRUCE como nexo y línea directa con La Habana; el DGCIM controlando la vigilancia y la represión en las fuerzas armadas; y el SEBIN actuando sobre la sociedad civil. Esa estructura operó durante más de diez años como guardia pretoriana del régimen bajo la supervisión cubana.

El terror como política de estado

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela (FFM), establecida por el Consejo de Derechos Humanos en 2019, ha denunciado de manera sistemática que los servicios de inteligencia venezolanos operan como una estructura diseñada para aplastar la disidencia. En su informe sobre los servicios de inteligencia (A/HRC/51/CRP.3), la Misión concluyó que el SEBIN y la DGCIM ejecutaron detenciones ilegales y torturas “contra opositores reales o percibidos y sus familias” en el marco de un plan concebido por los más altos niveles del liderazgo político.

El informe “Petróleo por Represión” documenta los métodos usados en los centros de detención El Helicoide y Boleíta: palizas; descargas eléctricas en genitales y zonas sensibles; asfixia con bolsas de plástico, agua o sustancias tóxicas; violencia sexual; mutilaciones; exposición a temperaturas extremas y luz intensa; amenazas de muerte... La FFM califica esta conducta como “crímenes contra la humanidad” ejecutados como forma deliberada de control.

Según datos del Foro Penal y Freedom House, el número de detenciones políticas desde 2014 supera las 18 mil. Tras las elecciones de julio de 2024 la represión alcanzó su nivel máximo: la OEA documentó más de 2400 personas detenidas en nueve días, entre ellas 252 mujeres y 162 menores. El Departamento de Estado de EE.UU. registró al menos 1808 detenciones vinculadas a las protestas entre el 28 de julio y el 15 de septiembre.

En diciembre de 2025, la FFM amplió su investigación al papel de la Guardia Nacional Bolivariana, concluyendo que sus oficiales perpetraron asesinatos, detenciones masivas, violencia sexual y torturas durante las protestas desde 2014. En palabras de Marta Valiñas, presidenta de la Misión: “los actos de tortura, malos tratos y violencia sexual que hemos verificado —incluyendo agresiones y violaciones— no son incidentes aislados. Forman parte de un patrón de abusos utilizado para castigar y quebrar a las víctimas.”

Los responsables

Una de las contribuciones notorias del informe es la identificación de los actores de ambas partes. Del lado cubano, el documento señala a Fidel Castro como arquitecto del modelo y a Raúl como firmante de los acuerdos de 2008. El general de división Leonardo Andollo Valdés, segundo jefe del Estado Mayor cubano, fue el director estratégico del GRUCE y coordinador de la actividad militar cubana en Venezuela. El informe también nombra a varios altos oficiales del Ejército cubano desplegados en Venezuela, entre ellos al coronel Juan Francisco Alfonso Doval y al brigadier general Alejandro Ronda Marrero.

Del lado venezolano destaca Delcy Rodríguez como enlace civil con la inteligencia cubana y artífice de un sistema financiero paralelo para eludir sanciones. El 6 de enero, Rodríguez nombró al general Gustavo González López —exjefe del SEBIN, sancionado por violaciones de derechos humanos— como director del DGCIM y comandante de la Guardia Presidencial, perpetuando así la arquitectura represiva. El coronel Alexander Granko Arteaga, denominado “el brazo del GRUCE”, fue la cara más visible de la brutalidad institucionalizada, responsable de la masacre de El Junquito y de normalizar las operaciones extrajudiciales.

El fin de una alianza

La operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 aportó evidencias contundentes de la penetración cubana en Venezuela: La Habana reconoció la muerte de 32 agentes en el operativo. El informe señala que esos agentes eran el anillo de protección interno de Maduro en su refugio, lo que demuestra que, en su momento crítico, el presidente venezolano dependía de guardaespaldas cubanos, no venezolanos.

En febrero, según reportes recogidos por el informe, los asesores de seguridad cubanos comenzaron a abandonar Venezuela bajo intensa presión estadounidense y Delcy Rodríguez sustituyó su escolta cubana por personal venezolano. Sin embargo, los autores del informe advierten de que esa retirada no equivale a un desmantelamiento institucional: la doctrina, los protocolos y el personal formado por el GRUCE siguen en su lugar, incrustados en la cultura organizativa del DGCIM y el SEBIN.

El informe del Miranda Center dedica sus páginas finales a definir las implicaciones para cualquier proceso de democratización en Venezuela: el DGCIM y el SEBIN están “cubanizados más allá de cualquier reforma posible”. Desde los protocolos de interrogación y las “Salas Blancas” hasta la vigilancia sistemática de oficiales de rango medio, estas instituciones fueron diseñadas para la subyugación política, no para la seguridad pública. El texto concluye que no pueden reformarse sino que se las debe abolir.

El informe advierte también sobre la denominada “paradoja de la amnistía”: la Ley de Amnistía promulgada por Delcy Rodríguez es una válvula de escape táctica, no un giro democrático, pues libera presos a cambio de legitimidad e inversión extranjera mientras deja intacta la arquitectura represiva.

El informe señala que, más allá de la seguridad, la influencia cubana en Venezuela se extiende a sectores como la identidad, la agricultura, el turismo y otras áreas de la economía y el gobierno. Cualquier proceso de democratización genuino deberá implicar, concluye el informe, la expulsión de actores extranjeros que operan bajo esquemas secretos, y una refundación institucional que vaya mucho más allá de un cambio de rostros en el ejecutivo.