La Corte IDH condena a Perú por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos

El tribunal concluyó que el Estado violó derechos fundamentales al someterla a una ligadura sin consentimiento libre e informado y convirtió su caso en un precedente clave para miles de víctimas del programa aplicado durante el gobierno de Fujimori.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por las violaciones graves de derechos humanos que condujeron a la muerte de Celia Ramos Durand, sometida a una esterilización forzada en 1997. El caso se enmarca en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), implementado durante el gobierno de Alberto Fujimori.

La sentencia establece que el Estado vulneró múltiples derechos fundamentales, entre ellos la vida, la integridad personal, la libertad, la privacidad, la salud y la igualdad ante la ley. También estableció afectaciones a los derechos de sus hijas y familiares, incluyendo el acceso a la justicia y la protección judicial:

“La Corte constata que en este caso declaró la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial a causa de la falta de debida diligencia y por la violación de la garantía del plazo razonable en la investigación de lo ocurrido a la señora Ramos Durand. Por esa razón, ordena al Estado, en un plazo razonable, avanzar en la investigación orientada a determinar las circunstancias de la muerte de la señora Ramos Durand y, de ser el caso, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables mediatos e inmediatos de su muerte.”

Las consecuencias de la política de esterilizaciones

Celia Ramos Durand, mujer de escasos recursos de la región de Piura, fue intervenida quirúrgicamente sin consentimiento libre, previo e informado. La intervención se realizó en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), impulsado por el gobierno de Alberto Fujimori y sus ministros de Salud entre 1996 y 2001.

Durante el procedimiento, sufrió complicaciones derivadas de la medicación administrada, lo que provocó un paro cardiorrespiratorio y la dejó en estado de coma. Falleció 19 días después sin haber recibido atención médica adecuada.

Este caso representa el primer proceso sobre esterilización forzada en Perú que llega a la Corte IDH, marcando un precedente clave en la región. Se estima que entre 1996 y 2001 más de 270.000 mujeres y 22.000 varones, en su mayoría indígenas o de escasos recursos, fueron esterilizados en el marco de este programa estatal.

Este caso representa el primer proceso sobre esterilización forzada en Perú que llega a la Corte IDH.

María Ysabel Cedano, abogada de la organización Demus, grupo colitigante ante la Corte IDH, señaló al periódico El País: “Es importante recordar que estábamos en un conflicto armado interno en los 90 y que el programa no fue ejecutado en todo el territorio nacional. Fue un ataque a una población civil específica”.

En 2024, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a Perú a indemnizar a las víctimas de esterilizaciones forzadas en los años noventa, al considerar que esta política podría constituir un crimen de lesa humanidad.

Impacto en la familia de la víctima

La Corte también analizó el impacto de la muerte de Celia Ramos Durand en su entorno familiar. Sus hijas, que quedaron huérfanas siendo niñas, asumieron responsabilidades domésticas y de cuidado, lo que afectó su educación y sus proyectos de vida.

Durante la audiencia el 23 de mayo de 2025, Marisela Monzón Ramos expresó: “Mis hermanas y mi familia esperamos que, después de casi tres décadas del fallecimiento de mamá, se reconozca la verdad de lo que pasó, que se haga justicia, que se abra una investigación real y exhaustiva, y que el Estado reconozca y repare la afectación que nosotras tuvimos”.

El tribunal reconoció que estas consecuencias constituyen una afectación directa al proyecto de vida de los familiares, considerándola una violación autónoma.

Por su parte, Marcia Monzón señaló en conferencia de prensa, tras el fallo de la Corte: “Cuando hablamos de justicia, esperamos recuperar lo que se nos quitó. En este caso hay pérdidas irreparables. Yo no tengo recuerdos de mi madre; es algo que me fue arrebatado desde niña”.

El tribunal reconoció que estas consecuencias constituyen una afectación directa al proyecto de vida de los familiares, considerándola una violación autónoma.

Reparaciones y exigencias al Estado

Como parte de las medidas de reparación, la Corte ordenó al Estado peruano continuar con las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables, tanto directos como indirectos. Asimismo, dispuso la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas.

El fallo exige la implementación de políticas públicas integrales en salud sexual y reproductiva, la creación de mecanismos para denunciar la falta de consentimiento informado en servicios médicos y la inclusión de las víctimas en el registro oficial de esterilizaciones forzadas.

Además, se estableció el pago de indemnizaciones a las víctimas y sus familiares, como parte del reconocimiento del daño causado.

“Después de décadas de impunidad, la Corte Interamericana reconoció la responsabilidad del Estado peruano por la violación de los derechos de Celia y estableció estándares clave para garantizar verdad, justicia y reparación a miles de mujeres afectadas. Este fallo marca un punto de inflexión para la justicia en Perú y en la región”, manifestó Gisela de León, Directora Jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).