Exjueza Melody González se pronuncia sobre reclamo de absolución para cuatro cubanos a los que condenó

El régimen despoja a los jueces de toda autoridad e independencia, y Miguel Díaz-Canel los humilla; afirma la exjueza Melody González.

La exjueza villaclareña Melody González, quien solicitó asilo político en Estados Unidos tras serle negada la entrada al país por figurar en una lista de represores, admitió en entrevista exclusiva con Diario de Cuba en junio, que el proceso en el que sentenció a cuatro cubanos a penas de cárcel por supuesto atentado fue intervenido por autoridades del Tribunal Provincial y la Seguridad del Estado. Esa confesión motivó que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) exigiera la absolución de los condenados: Andy Gabriel González Fuentes, Adain Barreiro Pérez, Eddy Daniel Rodríguez Milián y Luis Ernesto Medina Pedraza.

Desde el Broward Transitional Center (BTC), ubicado en Pompano Beach, Florida, donde se encuentra detenida, la magistrada se pronuncia sobre la exigencia de la ONG radicada en Madrid, en una nueva entrevista exclusiva con Diario de Cuba, en la que expone cómo el régimen despoja a los jueces de toda autoridad e independencia y cómo los humilla Miguel Díaz-Canel.

“Si el OCDH solicitó la revocación de las condenas, solo puedo expresar una cosa, y es mi deseo de que sean libres”, afirma González Pedraza.

“No lo digo por salir del paso o quedar bien, creo firmemente que deben ser libres y tengo muchas razones para sustentarlo. Ellos no tuvieron el debido proceso del que tanto se habla en la Constitución y las leyes cubanas. Las investigaciones preliminares no fueron suficientes, no se indagó con profundidad la verdad del asunto, no se dio en ningún momento la relevancia necesaria a las pruebas propuestas por sus abogados. Tristemente, no sucedió durante las investigaciones, ni me permitieron hacerlo durante el juicio oral”, lamenta.

“Si son inocentes o culpables, solo Dios y ellos lo saben, pero con dolor reconozco que el proceso contra ellos en su totalidad no fue justo. No obstante, existen más elementos: esos jóvenes ya llevan prácticamente un año en prisión. Si algo hicieron, creo que ya pagaron las consecuencias. Digo más, y de eso nunca tuve duda, a pesar de las manifestaciones de sus familiares en mi contra: en su mayoría, son hijos de buenas familias, personas con valores y principios, sin antecedentes penales y sé que de una forma u otra sus vidas han sido marcadas para siempre. Sí, merecen ser libres y mi alma se alegraría si así fuera”, sostiene la exjueza.

“Nos exigen que debemos sancionar”

Las condenas que impuso a esos jóvenes, pese a estar consciente de la falta de garantías en el proceso, son reflejo de la subordinación de los tribunales al régimen, que González Pedraza explica en detalle.

“Al comenzar cada mes, se realizan en cada municipio reuniones conjuntas entre el Tribunal, la Fiscalía y el MININT (Ministerio del Interior). En ellas se analizan todos los procesos, todos los casos y todo lo que está en tramitación. Es un espacio totalmente viciado, donde imponen al tribunal de cada caso las decisiones que debe tomar”, describe González Pedraza.

“En muchas ocasiones, los jueces son cuestionados y tienen que dar explicaciones cuando imponen sanciones diferentes a las solicitadas por el fiscal y cuando absuelven a alguien a quien el fiscal solicitó sanción. Somos hasta maltratados en esas reuniones, no tenemos ningún tipo de independencia o autoridad. Muchas veces, los procesos se tramitan sin calidad y sin pruebas suficientes, y nos exigen que igualmente debemos sancionar”, explica la exjueza.

“En ocasiones, antes del juicio, devolvemos los expedientes al fiscal para que profundice en las pruebas o realice determinadas acciones y también somos cuestionados. Nos presionan y luego hay que explicar al Tribunal Provincial los motivos por los que devolvimos los expedientes”, añade.

“El Partido (Comunista de Cuba) participa de todo esto. Cada mes yo debía asistir a la oficina de la secretaria del Partido en el territorio e informarle de todos los procesos y de todo mi trabajo. Ahí recibía indicaciones de cómo proceder, siempre siendo recia, y era cuestionada si no lo había hecho”.

“Los jueces son cuestionados y tienen que dar explicaciones cuando imponen sanciones diferentes a las solicitadas por el fiscal.”

Para evaluar el desempeño de los jueces, el Tribunal Provincial solicitaba información al Partido y al Gobierno del municipio.

En su caso, González Pedraza cuenta que varias veces le señalaron que debía vincularse más con el Partido, “pues muchas veces no asistía a las reuniones que convocaban”.

Ofender y, de ser preciso, golpear

Las obligaciones que impone a los jueces el régimen cubano no se limitan al plano judicial. Deben incluso estar dispuestos a emplear la fuerza física para reprimir protestas antigubernamentales como las del 11J o cualquier “actividad subversiva”, como la marcha cívica planificada para el 27 de noviembre de 2021 y adelantada luego para el día 15 de ese mes.

Ante escenarios de ese tipo, se decreta lo que se conoce como “Variante 1”, que es la activación de todos los mandos del Estado cubano y el Gobierno, que quedan bajo las órdenes del Partido.

“Cada vez que se decreta la Variante 1, los jueces son movilizados junto con la Fiscalía. En muchos casos, nos obligan hasta vestir uniforme militar y debemos ir para las oficinas del Partido y del MININT”, explica González Pedraza.

“Las obligaciones que impone a los jueces el régimen cubano no se limitan al plano judicial. Deben incluso estar dispuestos a emplear la fuerza física para reprimir.”

“En cada centro de trabajo están creadas las brigadas de respuesta rápida, que están diseñadas para enfrentar cualquier actividad contra el Gobierno; si fuera preciso, usando la fuerza. Los planes de seguridad están encaminados a ello. Cada centro tiene el suyo con las medidas a aplicar ante cualquier situación que vaya en contra del Gobierno. Debemos escribir y firmar que si viene alguien a manifestarse contra el Gobierno debemos enfrentarlos, no permitirles la entrada, gritarles, ofenderles y, de ser necesario, usar la fuerza”, asegura.

900 megas para defender al régimen

También existe una Circular del Tribunal Supremo respecto a las redes sociales, que establece que todas las actividades deben publicarse en las cuentas personales de Facebook, Instagram y X (antes Twitter).

“A quienes tenemos responsabilidades administrativas nos dan una línea de móvil estatal conocida en Cuba como ‛petrolera’, con 900 MB, que deben ser utilizados para publicaciones vinculadas con la institución, siempre en sentido positivo. Estas publicaciones son revisadas por el Tribunal Provincial. Hay alguien que las revisa y aprueba”.

La exjueza explica que cada órgano debe tener un plan de divulgación. Cada trimestre, el Consejo de Gobierno y la presidencia del Tribunal Provincial evalúan cómo lo ha cumplido cada juez.

El plan incluye hacer campañas a favor del Gobierno, el Partido y todos los procesos que llevan a cabo las instituciones.

“Si no lo hemos cumplido adecuadamente, nos llevan a un análisis a la comisión de cuadros, donde pueden tomar medidas de cualquier tipo desde una amonestación y un señalamiento crítico hasta empezar un expediente de corrección disciplinaria, que puede terminar en cualquier medida drástica”.

González Pedraza sostiene que siempre la analizaban en las supervisiones, comisiones de cuadro y Consejos de Gobierno “por tener la mano blanda”.

“Me señalaban problemas de política penal, porque siempre quise hacer el bien a la gente y dictar fallos justos. Erney Machado Acosta, un represor, fue uno de los que más me censuró”, afirma.

Díaz-Canel exige y solo ofrece humillación a cambio

En febrero, González Pedraza participó en el balance anual del Tribunal Supremo, realizado en La Habana, al que asistió (Miguel) Díaz-Canel. La forma en que el gobernante se dirigió a los jueces generó disgusto en los presentes, cuenta la jurista.

“En lugar de halagar a los jueces, se limitó a decir que teníamos que hacer más, que ser más severos e intransigentes y que no esperáramos mejoras, que no habría. La postura del presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, fue simplemente bajar la cabeza y aceptar la humillación”.

“Todos salimos deprimidos y disgustados, pero nadie se atrevió a abrir la boca. Todos murmuran, pero el que hable sabe que pierde el trabajo, que la Seguridad del Estado lo perseguirá y no podrá tener vida en Cuba. A ello se suma que las personas que vienen a los procesos lo hacen disgustadas, quejándose de todos los problemas y malos procesos, y de la situación del país”.

“Se hace imposible juzgar a alguien en esas condiciones, no solo en la materia penal, sino en todas. Pongo el ejemplo más sencillo: ¿qué pensión alimenticia le impones a un padre que hoy no tiene empleo en Cuba?”, cuestiona González Pedraza, cuya baja sería solo una de las que están sufriendo los tribunales de Villa Clara, donde describe el éxodo como “descomunal”.

“Todos murmuran, pero el que hable sabe que pierde el trabajo, que la Seguridad del Estado lo perseguirá y no podrá tener vida en Cuba.”

“Cuando salí, la plantilla estaba al 40% y bajando, con las solicitudes que no se habían tramitado. En las salas provinciales hay uno o dos jueces por sala y en los municipios, igual. Hay municipios cerrados y la tramitación la asume el Tribunal de Santa Clara. Hay jueces atendiendo más de un municipio. Y hay lugares con expedientes sin tramitar por más de seis meses, con personas en prisión provisional”.

“Los jueces se están yendo, principalmente por la situación económica, que es insostenible. Los salarios no alcanzan ni para comer. Arriesgamos nuestras vidas a diario y no tenemos medios de transporte. No nos dan ningún tipo de estimulación. No tenemos condiciones para trabajar, ni las mínimas. Hablo de una computadora y una impresora decente, papel y otros materiales de oficina, un ventilador. Yo tuve que hacer juicios a lapicero y en hojas desechables. Aun así, nos exigen que los procesos hay que tramitarlos y que todas las decisiones que tomemos deben ser autorizadas por los superiores”.

Atemorizada y sin protección del régimen cubano

González Pedraza resume sus motivos para pedir la baja en una frase: “ya no aguanté más”.

“Si no lo había hecho antes fue porque la casa donde vivía era del Tribunal. Si me iba, tenía que entregarla e irme a vivir agregada. Eso fue lo único que me mantuvo en los últimos tiempos. No tenía dónde vivir y tenía créditos que pagar en el banco, pero desde hacía tiempo estaba amenazada”, dice.

La magistrada relata que dos años atrás sentenció a un hombre que residía en su pueblo a diez meses de trabajo correccional sin internamiento, por darle una puñalada al padre. Repitió la agresión, por lo que ella le revocó la sanción y tuvo que cumplir diez meses de cárcel. Al salir, la amenazó en la calle.

“Me interceptó en la calle, me sacudió por los hombros. Dijo que me iba a matar como una perra, que le iba a pagar todo lo que le había hecho y muchas cosas más.”

A pesar de que reportó lo sucedido a las autoridades por las vías correspondientes, el agresor continuó por varios días, mientras ella debía ir a trabajar en transporte público.

“Al cabo de cuatro meses, le hicieron el juicio por atentado en el que tuve que declarar sin protección de ningún tipo. Le impusieron dos años de prisión y actualmente recibe pase todos los fines de semana al poblado. Ingiere bebidas alcohólicas y nos hemos vuelto a encontrar. Hace poco, me recordó que nos veríamos las caras. Por mucho que les expuse a todos el peligro que corría, a nadie le importó”, dice la jurista.

También adelanta que el régimen cubano prepara una “ley contra la vagancia”, pese a la eliminación del “estado de peligrosidad” en el Código Penal y la Ley de Proceso Penal. Y explica cómo las autoridades ya están empleando el delito de desobediencia contra quienes no trabajan.

“Nos exigen que los procesos hay que tramitarlos y que todas las decisiones que tomemos deben ser autorizadas por los superiores.”

“Ahora están preparando una ley contra la vagancia, intentando procesar y llevar a los tribunales a todo aquel que tenga edad para estudiar o trabajar y no quiera hacerlo. Cuando salí de Cuba, los trabajadores sociales hacían el levantamiento para eso, indicado por el Partido y el Gobierno”.

“Con respecto al delito de desobediencia, ya se habían presentado los primeros expedientes, solo se requieren dos actas de advertencia y la denuncia. No hacen falta testigos ni otras pruebas. Al Tribunal le ordenaron radicar los expedientes como sea, hacer los juicios y sancionar con penas de prisión, pues es necesario ‛sanear la sociedad’. Esa es la justificación, que como hay un alza en la actividad delictiva y poco esclarecimiento de los hechos, hay que buscar alternativas para sanear la sociedad”.

El arrepentimiento y el probable precio de desnudar al sistema judicial cubano

González Pedraza confiesa que todos los días le pide “perdón a Dios” por sus errores y sus “pecados”.

“Si tuviera otra oportunidad, habría hecho las cosas muy diferentes desde hace muchos años. Nunca me hubiese dejado oprimir y ahogar por el régimen cubano; nunca me hubiese dejado pisotear y silenciar con tanta fuerza. Nunca hubiese pertenecido a una organización que, en lugar de velar por mis intereses y mis derechos, me gobernaba, me explotaba y me reprimía. Nunca hubiese ejercido una profesión que todavía considero digna en un país totalmente esclavizado por una dictadura”, asegura.

También está consciente de que sus revelaciones sobre el sistema judicial cubano pueden traerle muy malas consecuencias, si no recibe asilo político y la deportan. Las resume en una frase: “si mañana tengo que regresar a Cuba, perderé mi vida para siempre”.

“Pueden hacer algo que yo no hice, y es retractarse mientras aun tengan tiempo, antes de pagar tan caras consecuencias como las que estoy pagando yo hoy.”

No obstante, prefiere pensar que Dios “más temprano que tarde librará mi batalla y me dará la victoria, y que estoy en el país donde reina la justicia; que quien tenga que decidir se compadecerá de mi vida y creerá en mi realidad”. También confía en que podrá volver a ver a su esposo, detenido en otro centro, y en que podrá llevar a sus padres a EEUU.

González Pedraza desea que sus palabras sean un incentivo para los jueces jóvenes que permanecen en Cuba.

“Dudo que tengan el valor y la fuerza para hacer algo mientras prevalezca la dictadura castrista. Pero sí pueden hacer algo que yo no hice, y es retractarse mientras aun tengan tiempo, antes de pagar tan caras consecuencias como las que estoy pagando yo hoy”.

Tomado de: Diario de Cuba.