Declaración del Consejo para la Transición Democrática en Cuba: “El MINREX miente”

“Vigilar, castigar y expulsar a quienes piensan y actúan diferente al régimen es toda la racionalidad que exhibe el gobierno cubano”, afirma el CTDC.

Luego de la liberación y el exilio del opositor José Daniel Ferrer, el 13 de octubre de 2025, el Estado cubano emitió a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) un comunicado donde informaba que Ferrer y su familia habían viajado a Estados Unidos “tras una solicitud formal del gobierno de ese país” y por voluntad propia. El MINREX intentaba legitimar el procedimiento judicial mediante el cual Ferrer fue condenado por su intento de participar en las protestas masivas del 11 de julio de 2021, así como su nuevo arresto el 29 de abril de 2025, supuestamente debido a sus “reiterados quebrantamientos de las obligaciones y requisitos establecidos por el tribunal”.
Ajeno no solo a la verdad sino a todo principio ético, el régimen cubano asegura en esa nota su “compromiso inquebrantable con la aplicación de la ley” y con “la protección de los derechos de todas las personas”; una afirmación cínica e insostenible ante las evidencias de represión constante contra el pueblo y, en particular, contra los disidentes cubanos. El caso de José Daniel Ferrer es uno de los más notables por el nivel de crueldad con que fue tratado tanto después del 11J como en toda su trayectoria de opositor en la isla.
Esta declaración del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) es una respuesta clara a ese cinismo: “Vigilar, castigar y expulsar a quienes piensan y actúan diferente al régimen es toda la racionalidad que exhibe el gobierno cubano”, afirma el CTDC, al tiempo que hace un recuento de las numerosas agresiones a que Ferrer fue sometido por ese gobierno que se autoproclama “protector de los derechos de todas las personas”.

El MINREX miente

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba difundió un comunicado, luego del exilio forzado del líder opositor José Daniel Ferrer García, en el que intenta presentar su salida como un acto voluntario, resultado de una solicitud del gobierno de los Estados Unidos y de la “aceptación expresa” de Ferrer García.

Al Consejo para la Transición Democrática en Cuba no le consta que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho una solicitud con el fin de liberar con condiciones al líder opositor cubano.

Por otro lado, nada está más alejado de la verdad que José Daniel Ferrer García haya aceptado salir de Cuba por voluntad propia. No hay ejercicio de la voluntad en un acto fruto de la coacción, la presión y el chantaje.

El trayecto que va de la prisión al aeropuerto no se recorre por la voluntad de un preso de conciencia.

Ferrer García fue expulsado tras más de 4 años de encarcelamiento en condiciones infrahumanas en el penal de Mar Verde, Santiago de Cuba. Allí fue sometido a torturas, golpizas, aislamiento, privación sensorial y hostigamiento psicológico a manos de sus carceleros y reclusos comunes bajo el mando directo del jefe de la prisión de Mar Verde.

Su única alternativa para preservar la vida e integridad de su familia, de la que estaría probablemente alejado por otra eventual condena a largos años de prisión, fue la de aceptar el exilio que el régimen le impuso. Luego de cuatro condenas y casi 20 años en las cárceles cubanas, pensar en los suyos es un profundo gesto a favor del derecho a la vida.

Mientras Ferrer agonizaba entre la vida y la muerte, el régimen preparaba un texto donde pretende blanquear la barbarie con lenguaje legalista. La afirmación de que se actuó “en el marco de la ley” y con “debido proceso” constituye una contraverdad flagrante. El CTDC primero y su esposa después presentaron, en su momento, varios recursos legales que demostraban con apego a los términos legales que José Daniel había cumplido ya en el pasado año la última e injusta condena por la que fue sancionado. Sería inteligente que el gobierno asumiera que la mentira de Estado como herramienta de gobierno es un recurso ya agotado.

En el caso de Ferrer García, como en el de la mayoría de los activistas pacíficos encarcelados, no se aplicó derecho alguno; solo la fuerza, la tortura y la judicialización criminalizada de los derechos humanos y constitucionales. La llamada “evaluación exhaustiva” de la Fiscalía es una ficción: Ferrer García jamás tuvo acceso en sus múltiples condenas a un juicio justo, a la defensa independiente ni a recursos de apelación rigurosamente considerados.

Los “beneficios” de excarcelación y su posterior revocación fueron simples instrumentos de control y castigo; así como la supuesta “modificación de medida cautelar” que no tiene base jurídica alguna: el exilio forzoso no existe en el derecho cubano, ni puede imponerse sin violar la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El MINREX afirma que “el Estado cubano reitera su compromiso con la protección de los derechos de todas las personas”, afirmación que no resiste un contraste riguroso con la violación flagrante y sistemática, por omisión y comisión simultáneas, de derechos elementales y fundamentales de cientos de cubanos. Pero en el caso de José Daniel Ferrer está bien documentado por su familia la negación de atención médica, comunicación familiar y contacto con abogados. Hablar de “compromiso con la ley” mientras se tortura a un hombre es una hipocresía que ofende la conciencia humana.

Detrás de este comunicado se esconde una operación política: proyectar una imagen de racionalidad diplomática y apego a un supuesto Estado de derecho socialista puntualmente burlado en cada acción pública del gobierno frente al ejercicio de cualquier derecho ciudadano. Vigilar, castigar y expulsar a quienes piensan y actúan diferente al régimen es toda la racionalidad que exhibe el gobierno cubano.

El texto del MINREX es la expresión diplomática de esta racionalidad. La construcción lingüística que encubre la persecución y expulsión forzada de un ciudadano con liderazgo y más apoyo popular que cualquier cuadro político de la administración central del Estado.

Consejo para la Transición Democrática en Cuba
La Habana, 14 de octubre de 2025.