Concluye juicio por espionaje contra Alejandro Gil, exministro de Economía, con petición fiscal de cadena perpetua
El gobierno usa a Alejandro Gil como chivo expiatorio para ocultar la corrupción de la cúpula castrista, denuncia la hermana del exministro.
El juicio por espionaje contra el exviceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, concluyó el 13 de noviembre de 2025 en el Tribunal Supremo Popular de La Habana, tras tres días de vistas a puerta cerrada, con una petición fiscal de cadena perpetua y en un contexto de fuerte opacidad informativa por parte de las autoridades.
Alejandro Gil, responsable de la polémica Tarea Ordenamiento —y de otras medidas que aceleraron la inflación, la devaluación del peso y el deterioro del poder adquisitivo en la isla—, permanece encarcelado desde 2024 y afronta, además del delito de espionaje, un paquete de cargos económicos que, según las autoridades, se juzgarán en un proceso separado.
Frente al silencio de los medios oficiales, la voz más visible ha sido la de su hermana, la abogada y expresentadora de televisión María Victoria Gil Fernández, quien desde España ha denunciado lo que considera una instrumentalización política del caso y ha relatado el deterioro físico y emocional del exministro durante el proceso.
“Espía, mi hermano no es”, asegura María Victoria Gil

En un mensaje difundido en TikTok, María Victoria explica que su hermano se ha convertido en “un verdadero despojo humano”, que “ha bajado 50 libras” en prisión, y que se lo acusa por “un delito que no cometió”.
La hermana establece una distinción entre el cargo de espionaje y los delitos económicos, que ella misma califica de discutibles: “Porque los delitos económicos que se van a juzgar en otra oportunidad, eso los pongo en duda. Pero espía, espía, mi hermano no es”, afirma.
María Victoria sostiene que la causa habría sido “elaborada con un interés político de utilizar a una persona como chivo expiatorio cuando realmente toda la cúpula castrista está compuesta por corruptos y por delincuentes”.
En su testimonio, recuerda su antigua confianza en la legalidad y en el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, con quien asegura haber compartido estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, y relata cómo esa confianza se quebró al contrastar los pronunciamientos públicos del magistrado con la realidad carcelaria de la isla:
Confiaba ciegamente en él, pero luego de ver las imágenes de Rubén Remigio en las que manifiesta públicamente que el pueblo tiene el derecho de expresarse libremente y de manifestarse, porque el derecho a la libre manifestación está recogido por la Constitución de la República de Cuba y luego de decir esto, el presidente del órgano supremo de justicia de mi país, ¿cómo es posible que haya tantos y tantos jóvenes sufriendo vejaciones en las cárceles de Cuba solamente por decir la verdad durante el movimiento que tuvo lugar el 11 de julio?
De este modo, la hermana del exministro enmarca el juicio en una crítica más amplia al funcionamiento del sistema judicial y a la represión de las protestas del 11 de julio de 2021, que dejaron centenares de personas condenadas injustamente por delitos como desórdenes públicos, sedición y desacato, entre otros.
A lo largo de su mensaje, María Victoria combina la denuncia política con un tono abiertamente personal y afectivo: proclama “¡Viva la libertad, viva la justicia!”, asume el coste de sus palabras —“sé que a partir de mis declaraciones a la prensa independiente no podré volver a pisar mi patria hasta que no se caiga esa dictadura”— y declara que prefiere “vivir añorando mi patria que callar ante esta verdad que es como el sol”.
“Aunque consideren que mi hermano, como lo considero yo, tiene culpa de muchas cosas que han sucedido en nuestra patria, y que ha contribuido junto con todos los demás a destruir y a devastar su economía, agradezco a los que se solidarizan conmigo, con mi dolor de hermana y me brinden esas frases de amor, de cariño y de comprensión”, concluye.
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