Cuba anuncia la liberación de 51 presos sin dar nombres ni fechas

El régimen cubano atribuye la liberación de prisioneros a su “buena voluntad”, mientras Estados Unidos exige la liberación de todos los presos políticos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) anunció la noche del jueves 12 de marzo la próxima liberación de 51 personas privadas de libertad. El comunicado no consignó los nombres de los beneficiados ni los delitos por los que fueron condenados. Tampoco se informa si entre ellos hay presos políticos, una categoría cuya existencia el régimen niega sistemáticamente.

Según el MINREX, la medida es una “decisión soberana” y una “práctica habitual” del sistema penal cubano, y se enmarca en su “espíritu de buena voluntad” y sus “estrechas y fluidas relaciones” con el Vaticano. La declaración no ofrece detalles sobre cuándo comenzarán las liberaciones, y solo explica que se trata de personas que han cumplido gran parte de sus condenas y han mantenido buena conducta en prisión.

Cabe señalar, sin embargo, que las excarcelaciones en Cuba no suelen equivaler a indultos ni al reconocimiento de la condición de prisioneros políticos o de conciencia de las personas liberadas. Por el contrario, lo habitual es que el beneficio no implique la extinción de las condenas y que se les imponga a los reos condiciones que lastran el ejercicio de sus derechos políticos.

El anuncio de las excarcelaciones se produce en uno de los momentos más tensos de la relación entre Cuba y Estados Unidos. Con una profunda crisis económica y social, agravada desde enero por la pérdida del apoyo venezolano y de los convenios de asistencia médica con varios países, Cuba enfrenta una presión sin precedentes de la administración Trump y se ha visto forzada a un diálogo en el que se le exigen cambios radicales.

Durante semanas, el régimen de La Habana negó enfáticamente que existiera tal diálogo, pero apenas unas horas tras el anuncio de la liberación de los prisioneros, el dictador Miguel Díaz-Canel confirmó que “funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos”.

El régimen, sin embargo, vincula la liberación de prisioneros solo a su relación con el Vaticano, sin mencionar a Washington. Aunque la Iglesia ha desempeñado históricamente el papel de mediador entre ambos países, y en las semanas previas el papa León XIV recibió al canciller cubano Bruno Rodríguez, mientras el secretario de la Santa Sede, Paul Richard Gallagher, se reunía con diplomáticos de ambos países para hablar “de la situación en Cuba”.

Los presos políticos en Cuba y la insuficiencia de la liberación anunciada

Coincidiendo con el anuncio de las próximas liberaciones, la organización Prisoners Defenders publicó su informe mensual correspondiente a febrero de 2026. El reporte eleva a 1214 el número de presos por motivos políticos en Cuba, una cifra récord desde que la organización comenzó su labor de documentación, y un incremento con respecto a los 1207 registrados en enero.

En su informe, Prisoners Defenders destacó patrones de represión sistemáticos en Cuba, como la acusación de “propaganda contra el orden constitucional” para justificar largas condenas, incluso contra ciudadanos sin filiación política que expresan críticas a través de sus redes sociales.

Un día antes del anuncio, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) había denunciado que resulta “moralmente inaceptable” mantener en prisión a personas cuyo único delito es ejercer sus derechos, y que se los utilice como “moneda de cambio” en negociaciones del régimen con terceros países. En su informe anual más reciente, el OCDH documentó que de las 553 personas liberadas en 2025, 213 eran presos políticos verificados, y varios de ellos fueron devueltos a prisión o forzados al exilio, como ocurrió con el opositor José Daniel Ferrer.

El propio Ferrer calificó el anuncio de las liberaciones como “una burla más al pueblo cubano y a la comunidad internacional”, y concluyó: “Es hora ya de que nadie vea como gesto que merece compensación la liberación de unos pocos presos cuando la tiranía encarcela diariamente a otros cubanos inocentes. El comerciar con el dolor humano es un juego demasiado viejo de la dictadura castrocomunista”.

Justicia 11J, por su parte, advirtió sobre los riesgos de procesos de excarcelación “opacos, selectivos y condicionados” y contabilizó al menos 760 personas privadas de libertad por razones políticas, de las cuales 358 fueron encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. La organización exigió que el régimen publique la lista de quienes serán liberados, los criterios de selección y las condiciones bajo las cuales se producirán las excarcelaciones, al tiempo que reiteró que “la única solución compatible con los derechos humanos es la liberación plena e incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos”.

La activista Anamely Ramos fue más directa en su lectura del comunicado oficial: “Creo que ya todos somos bastante viejos en esto como para saber que cuando ellos dicen decisión soberana significa chantaje”, escribió en redes sociales.

También la Embajada de Estados Unidos en La Habana reaccionó ante el anuncio del MINREX. A través de su cuenta en X, la misión diplomática exigió la liberación de todos los presos políticos, con especial énfasis en la activista Saylí Navarro y su padre, el opositor Félix Navarro: “Es insólito que sigan encarcelados”, señaló la Embajada.

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez escribió: “¡Desde el Congreso de USA, exigimos la liberación inmediata de TODOS los presos políticos injustamente encarcelados en las mazmorras de la dictadura en #Cuba!”; y María Elvira Salazar añadió: “Lo que la dictadura cubana debe hacer es liberar a todos los presos políticos y largarse de la isla ahora mismo. Sin excusas. ¡Todos!”.

Antecedentes y engaños

Lo cierto es que, más allá del contexto actual, no es la primera vez que Cuba utiliza este tipo de liberaciones como señal diplomática. En enero de 2025, el régimen anunció la excarcelación de 553 presos en el marco de un acuerdo mediado por el Vaticano y vinculado a la decisión del entonces presidente Joe Biden de sacar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo; medida que Trump revocó al asumir la presidencia. Organizaciones de derechos humanos pudieron verificar entonces que alrededor de la mitad de esos liberados eran presos políticos, aunque el proceso careció de transparencia y varios de los excarcelados volvieron a prisión o fueron expulsados del país.

El patrón se repite ahora: el régimen atribuye la decisión a la Iglesia, elude cualquier referencia a las negociaciones con Washington y no divulga la identidad de los beneficiados. Para las organizaciones de derechos humanos, la diferencia entre los 51 que se han prometido liberar y los más de 1200 que siguen en las cárceles de la isla habla por sí misma.