Miami honra a las víctimas de Hermanos al Rescate y exige cargos contra Raúl Castro

Legisladores estadounidenses recuerdan que el asesinato no prescribe y que el crimen contra Hermanos al Rescate sigue impune treinta años después.

Tres décadas después de uno de los episodios más dolorosos de la historia del exilio cubano, cientos de personas se congregaron la noche del lunes 23 de febrero en el Memorial Cubano del Tamiami Park, en Miami, para recordar a los cuatro hombres que perdieron la vida cuando la Fuerza Aérea cubana derribó dos avionetas civiles en el Estrecho de la Florida.

La vigilia, organizada por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), fue también un llamado público a la rendición de cuentas, con la mirada puesta en Raúl Castro como responsable intelectual de la masacre. Ante la llama del monumento, familiares de las víctimas y miembros del exilio cubano exigieron que el trigésimo aniversario no pase como uno más, sin consecuencias para quienes dieron las órdenes.

La ARC recuerda que Raúl Castro ocupaba en 1996 el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lo que lo situaba en la cúspide de la cadena de mando militar. Existe además, según los impulsores de la iniciativa, una grabación en la que el propio Raúl Castro reconoce haber dado la orden de derribar las avionetas, evidencia que consideran suficiente para sostener cargos penales.

El 13 de febrero, diez días antes de la vigilia, los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis enviaron una carta al presidente Donald Trump solicitando que el Departamento de Justicia considere acusar formalmente a Raúl Castro y evalúe la emisión de una alerta roja de Interpol.

En la misiva, los legisladores recuerdan que no existe prescripción legal aplicable al delito de asesinato, por lo que los treinta años transcurridos no son un impedimento para que se intente hacer justicia en este caso. El congresista Díaz-Balart, al dar a conocer la carta en sus redes sociales, subrayó además que cualquier proceso de rendición de cuentas debe comenzar por los niveles más altos del poder en Cuba.

La congresista María Elvira Salazar, por su parte, acompañó a las familias de las víctimas en los actos conmemorativos y reiteró el llamado a la rendición de cuentas, insistiendo en que la muerte de ciudadanos estadounidenses en espacio internacional otorga jurisdicción a los tribunales de Estados Unidos. Carlos Giménez se sumó a estas exigencias, recordando que el crimen permanece impune.

Más allá de los obstáculos legales, como la inmunidad y la ausencia de posibilidades reales de extradición, los impulsores de la iniciativa explican que el valor del proceso sería sobre todo político y moral. Una acusación formal convertiría a Raúl Castro en un prófugo de la justicia.

Hermanos al Rescate: el drama del éxodo y la lucha por la libertad

Hermanos al Rescate fue fundada en 1991 por el piloto y exiliado cubano José Basulto con la misión de localizar y asistir a los balseros que, arriesgando sus vidas en frágiles embarcaciones, intentaban cruzar el Estrecho de la Florida en busca de libertad. El grupo, integrado por aviadores civiles cubanoamericanos y personas de diversos países, sobrevolaba las peligrosas aguas entre Cuba y Estados Unidos a bordo de avionetas Cessna, alertando a la Guardia Costera estadounidense sobre la posición de los náufragos.

A partir de 1994, la organización amplió su activismo más allá del rescate humanitario para hacer públicos los abusos del poder en la isla. Esto convirtió a Hermanos al Rescate en un blanco político de La Habana. Para el exilio, se trataba de una lucha pacífica por la libertad; para el régimen castrista, de provocaciones inaceptables.

El martes 24 de febrero de 1996, tres avionetas Cessna 337 Skymaster despegaron del aeropuerto de Opa-Locka para buscar posibles náufragos en el Estrecho de la Florida. El régimen cubano ordenó interceptar las aeronaves. Dos MiGs salieron a su encuentro y, con misiles aire-aire, derribaron dos de las tres avionetas. No quedaron restos de ellas y los cuerpos de sus ocupantes jamás fueron recuperados.

En el hecho murieron Mario de la Peña, de 24 años; Carlos Costa, de 30; Armando Alejandre Jr., de 45 —los tres ciudadanos estadounidenses—; y Pablo Morales, de 30 años, residente permanente en Estados Unidos, quien años atrás había sido rescatado por la propia organización. José Basulto, en la tercera avioneta, logró escapar.

La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que los derribos ocurrieron fuera del espacio aéreo cubano. El régimen de la isla, sin embargo, siempre sostuvo que las aeronaves habían violado su espacio aéreo, algo que la comunidad internacional rechazó ampliamente.

El incidente provocó una fuerte condena en diversos foros mundiales. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1067, exhortando a Cuba a respetar sus obligaciones bajo el Convenio sobre Aviación Civil Internacional. La Unión Europea y otras organizaciones condenaron el ataque, y la indignación general aceleró la aprobación de la Ley Helms-Burton en Estados Unidos.

Esta ley, promulgada por el presidente Clinton semanas después del derribo de las avionetas, codificó el embargo en la legislación estadounidense, dificultando cualquier normalización de relaciones entre ambos países. La masacre del 24 de febrero se convertiría desde entonces en un punto de referencia permanente en el debate sobre la política de Washington hacia La Habana.

Treinta años después, el derribo de las avionetas sigue siendo uno de los episodios más sensibles en la historia reciente de las relaciones entre ambos países. El pedido de cargos criminales contra Raúl Castro responde a una demanda de las familias, pero se inserta en un contexto geopolítico más amplio, marcado por tensiones persistentes, sanciones y debates sobre responsabilidad internacional.

La petición llega en un momento en que la administración Trump ha adoptado una postura particularmente dura hacia el régimen cubano, con sanciones económicas reforzadas y la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. En ese contexto, la presión del Congreso sobre el Departamento de Justicia tiene más posibilidades de prosperar que en administraciones anteriores.

Para las familias de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, el resultado legal importa, pero no es todo. Lo que piden, ante todo, es que el mundo recuerde que cuatro hombres murieron haciendo el bien, salvando vidas en el mar, y que quienes los mataron no han respondido por su crimen ante ningún tribunal.