Régimen cubano expulsa del país al sacerdote José Miguel Ramírez por hacer sonar las campanas durante una protesta

Agentes de la Seguridad del Estado interrogaron al sacerdote sobre lo ocurrido y le advirtieron que su permanencia en la isla ya no sería posible.

El régimen cubano decidió no renovarle la residencia temporal al sacerdote mexicano José Miguel Ramírez, en represalia por su solidaridad con las protestas del 8 de diciembre. Fuentes eclesiásticas confirmaron a Martí Noticias que la Seguridad del Estado presionó directamente al sacerdote y le comunicó que debía abandonar el país una vez vencido su permiso de residencia, sin ofrecerle ninguna alternativa.

Ramírez, miembro de la Congregación de la Misión, llevaba tiempo atendiendo pastoralmente a la comunidad de Santos Suárez. La noche del 8 de diciembre, mientras se multiplicaban los cacerolazos, las fogatas y los gritos de “¡Libertad!” en diferentes barrios de La Habana, hizo repicar las campanas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa —conocida como La Milagrosa—, como gesto de acompañamiento simbólico al reclamo popular. Vecinos y feligreses interpretaron ese gesto como una señal de apoyo al sufrimiento de la población, sometida a cortes eléctricos prolongados y a una crisis económica cada vez más aguda.

Según las mismas fuentes, la respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Agentes de la Seguridad del Estado visitaron al sacerdote, lo interrogaron sobre lo ocurrido y le advirtieron que su permanencia en la isla ya no sería posible. La vía elegida —la no renovación de la residencia temporal— se ha convertido en una herramienta habitual del régimen para deshacerse de religiosos y periodistas extranjeros considerados incómodos, evitando el costo político de una expulsión formal.

En los últimos años, varios sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos con la denuncia de la crisis nacional han sufrido presiones, citaciones policiales, campañas de descrédito o limitaciones para ejercer su labor pastoral. El caso de José Miguel Ramírez se suma a esa secuencia de castigos y refuerza la percepción de que el régimen vigila estrechamente a la Iglesia cuando esta se aproxima al lenguaje de los derechos humanos, la defensa de los pobres o la crítica abierta a la gestión gubernamental.

La medida contra el sacerdote Ramírez, aplicada por vía administrativa y sin explicación pública, constituye en la práctica una expulsión encubierta.

La presión del Estado cubano contra la Iglesia

En 2022 también se obligó a abandonar el país, mediante el mismo recurso de no renovación del permiso de residencia, al sacerdote dominicano David Pantaleón, superior de la Compañía de Jesús en Cuba. Sus críticas al gobierno y su apoyo a los presos políticos, especialmente después de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, despertaron contra él la animadversión de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba, que decidió expulsarlo.

En aquel momento, la Conferencia de Provinciales en América Latina y el Caribe (CPAL), reconoció su labor de acompañamiento a las familias de los detenidos, su capacidad de enfrentar evangélicamente cualquier tipo de violencia, su apertura al diálogo y su determinación de trabajar “por la reconciliación y la justicia”. Sor Ariagna Brito Rodríguez, de las Hermanas de la Caridad, expresó entonces: “Lamentamos que el gobierno cubano, en uso de sus facultades de poderío dictatorial, sin principios ni valores, le obliga a abandonar el país: temen a la verdad, temen al rostro del bien y quieren deshacerse de lo que les molesta, es su único modo de proceder”.

Los casos de José Miguel Ramírez y David Pantaleón no son únicos, ni lo son sus posturas críticas al régimen basadas en la doctrina social de la Iglesia. Otros sacerdotes, como Alberto Reyes, Kenny Fernández Delgado y Lester Zayas, y religiosas como Sor Nadieska Almeida han alzado sus voces para expresar su apoyo al pueblo expoliado y reprimido por la casta gobernante; y también ellos han sido objeto de amenazas y represión por parte de la Seguridad del Estado.

En junio de 2025, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba hizo público su mensaje Peregrinos de Esperanza, donde llamaba a “los que tienen responsabilidades más altas a la hora de tomar decisiones para el bien de la nación” a “crear un clima, sin presiones ni condicionamientos internos y externos, donde se puedan llevar adelante los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita”.

La Iglesia ha solicitado con frecuencia en estos años un diálogo profundo con las autoridades cubanas sobre la realidad del país, pero no ha recibido la respuesta esperada.