¿Cómo se enfrenta en Cuba la violencia de Género? Hay «voluntad política» pero no una Ley Integral

El 16 de junio la Mesa Redonda de la Televisión Cubana, dedicó su emisión a cómo el país enfrenta la Violencia de Género, una problemática que a raíz de los crecientes feminicidios registrados por plataformas feministas independientes ha sido abordada y denunciada por la prensa independiente y por organizaciones de la oposición en Cuba.

Conducida por el periodista oficial Randy Alonso, la mesa tuvo como invitadas a la Máster Osmayda Hernández Beleño, miembro del Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), a Lysnay Medero Torres, directora de Procesos Penales, a la Doctora Rufina Hernández Rodríguez, Magistrada del Tribunal Supremo Popular, y a Giovani Leal Duque, coordinador de la línea de ayuda 103.

Lamentablemente la mesa estuvo enfocada en mostrar algunas de las acciones que realizan la Fiscalía y los Tribunales cubanos, y no prestó atención a las demandas que desde hace varios meses realizan colectivos feministas y parte de la sociedad civil cubana.

Lo primero que nos alarmó fueron las definiciones que se manejaron en cuanto a feminicidio y femicidio.

Como ya habíamos comunicado el pasado 18 de mayo, la plataforma Yo sí te Creo, la Red Femenina de Cuba y el Observatorio de Alas Tensas, “la Organización de las Naciones Unidas usa como sinónimos feminicidio/femicidio, pues su conceptualización con los años se ha ido concentrando en los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres”.

Sin embargo, en la Mesa Redonda se vuelve a hacer la separación absoluta entre un término y otro, tomando, según las propias palabras de Osmayda Hernández, una definición de 1970 de la activista feminista Diana Rusell y otro de la antropóloga Marcela Lagarde.

Osmayda Hernández sobre el feminicidio ha dicho:

«(…) acuñado por Marcela Lagarde lo definió como un acto de matar a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Le concibió un significado político con el propósito de enunciar, por supuesto, la falta de respuesta del Estado en estos casos y el incumplimiento además de las responsabilidades y obligaciones internacionales como es la garantía y el deber de investigar y sancionar por estas razones. Es por eso que el término de feminicidio es catalogado como un crimen de Estado. Cuando el Estado se desentiende, ya sea con intención o no, no adopta medidas, no traza políticas, no responde, es decir hay impunidad ante estos hechos».

Inmediatamente a este comentario, el conductor Randy Alonso dijo que por eso «nuestros expertos cuando hablan de la situación de aquí en Cuba hablan de femicidio y no de feminicidio». De esta manera Alonso buscaba exonerar de cualquier culpa al gobierno cubano sobre la violencia de género en el país.

Por otro lado, destacamos la importancia de haber hablado en la mesa redonda de la línea 103 y además de facilitar cifras oficiales de cómo se está comportando.

Según su coordinador, Leal Duque: “en este último año se han recibido alrededor de 21 mil llamadas a la línea, de ellas el 4 por ciento (un número relativamente poco significativo en comparación con otros temas) son relacionados con este tema de la violencia”.

El concebir una línea de ayuda tan amplia que engloba no sólo a la violencia de género, sino también otras problemáticas sociales, como puede ser la adicción a las drogas, es un error de las estrategias políticas del gobierno. Trazar un programa de trabajo transversal pero a su vez específico, coordinado, es vital en la lucha contra las violencias machistas.

Y aunque este servicio es gratuito, confidencial y anónimo; y cubre además todo el territorio nacional las 24 horas del día durante todo el año, habría que sumar a esta acción, la implementación de refugios o casas de acogida.

Es importante que las mujeres tengan acceso a asesorías jurídicas, a ayuda sicológica, que puedan romper el círculo de la violencia y rehacer su vida, pero este complejo proceso no puede realizarse conviviendo con su maltratador bajo el mismo techo, necesitan de un espacio seguro donde se sientan amparadas, protegidas, y no corran riesgos ni ella ni sus hijas e hijos. Entonces, en Cuba, ¿a dónde acudir?

Ante la pregunta a la Doctora Rufina Hernández, sobre si era necesario o no, una Ley Integral contra la Violencia de Género, luego de hablar de los orígenes de estas leyes, lo manipuladas que han estado por los gobiernos, etc, afirmó que “ni la mejor de las leyes podría resolver cualquier conflicto social (…)”. Al respecto, es necesario subrayar que, aunque insuficiente, una buena legislación es una herramienta invaluable en la lucha contra la violencia y la búsqueda de la igualdad.

Refiriéndose a estas leyes integrales también objetó: “esas leyes tienen la peculiaridad que se van cambiando muy rápidamente y eso afecta la seguridad jurídica que tiene que tener el individuo frente al estado de qué cosa esta castigado o no”. Por ello insistió que con la Constitución vigente y otras leyes anexas se combate la raíz del problema, desestimando indirectamente la necesidad de una Ley Integral.

La investigadora Aylinn Torres Santana en un artículo publicado en la revista online Sin permiso ha dicho que “La violencia de género trasluce desigualdades estructurales entre las personas a razón de su género que perviven en toda la sociedad, y no solo en la familia. Entonces, una ley integral reconoce que la violencia de género es un problema mayor, manifiesto en las familias y relaciones de pareja, en espacios laborales, estudiantiles, culturales, políticos, comunitarios, deportivos, etc. Y se manifiesta bajo la forma de violencia psicológica, económica, sexual, física. Una ley integral da cuenta de esa imprescindible visión sistémica de la violencia de género.

Por otra parte, hacer e implementar una ley integral permite tejer un cuerpo normativo con potestad para intervenir en las otras leyes del país. Esa es una de las grandes virtudes de ese tipo de norma: asegurar que la lucha contra la violencia de género sea transversal a todos los ámbitos del Estado y de la vida social. Al tener estatuto de ley, la lucha contra la violencia gana jerarquía y capacidad jurídica frente a otras leyes y políticas”.

Sin lugar a duda, la existencia de un Ley Integral, proporcionaría una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres, y permitiría incorporar acciones de prevención en todo los ámbitos de la sociedad, e incluiría formar a las instituciones y el personal sanitario, policial y jurídico responsables de la atención de las víctimas, de la obtención de pruebas y la aplicación de la ley.

Desde el observatorio de Alas Tensas seguimos abogando por una Ley Integral contra la Violencia de Género, por la tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, por la existencia urgente de refugios o casas de acogida para las mujeres violentadas y sus hijas e hijos, y de observatorios oficiales de feminicidios.

Avanzar en una lucha que compete a toda la sociedad pasa por el respeto de los convenios internacionales que el gobierno ha firmado y ratificado, como la CEDAW, y por el cese de la criminalización del activismo feminista y de las mujeres que ejercen su derecho a participar en política desde la oposición.