Amnistía Internacional alerta sobre violencia estatal contra mujeres defensoras de derechos humanos en Cuba

Amnistía Internacional exige a Cuba que ponga fin a la represión de las activistas de derechos humanos y apruebe una ley integral contra la violencia de género.

La represión ejercida por el Estado cubano contra las mujeres que se atreven a disentir es una estrategia calculada que va más allá de las detenciones arbitrarias. Es un sistema de violencia cuyo objetivo es el control social. Un exhaustivo informe de Amnistía Internacional, titulado “Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo: prácticas autoritarias y violencia estatal contra mujeres en Cuba”, revela cómo la maquinaria estatal instrumentaliza la ley, el trauma familiar y el espacio digital para anular la voz de las activistas, convirtiéndolas en ejemplos aleccionadores de lo que cuesta la disidencia.

La investigación, que se basa en 52 testimonios documentados entre 2014 y 2025, revela que las activistas y defensoras de derechos humanos son objeto de abusos que van desde detenciones arbitrarias y hostigamiento digital hasta registros corporales invasivos y desnudos forzados. Los patrones de violencia se diseñan específicamente para atacar su dignidad y su vida privada, utilizando la estigmatización vinculada a su género, su orientación sexual o, de manera recurrente, su rol como madres. El objetivo, según Amnistía Internacional, es doblegar a las activistas mediante la presión familiar.

“Las mujeres negras, las residentes en barrios marginales o las que viven fuera de la capital enfrentan ataques más graves.”

En este contexto, las amenazas contra los hijos y las parejas son un arma psicológica constante. Una de las mujeres agredidas relató la brutalidad de este recurso represivo, cuyo fin es infligir una culpa insostenible: “El trato hacia mí ha sido más cruel por ser mujer y madre. Me amenazan a través de mis hijos, me gritan en público, intentan usar la culpa como arma. Es un ensañamiento particular contra las mujeres que alzan la voz”. Este ensañamiento busca que las mujeres se vean obligadas a renunciar a su actividad pública por el bienestar de su entorno más cercano.

Pero la represión no afecta a todas las mujeres por igual. El informe de Amnistía Internacional destaca que existe una diferenciación clara en la severidad de la violencia, siendo las mujeres negras, las residentes en barrios marginales o las que viven fuera de la capital quienes enfrentan ataques más graves.

Destrucción de la dignidad y la maternidad

El análisis de Amnistía Internacional y los testimonios de muchas defensoras de los derechos humanos en Cuba confirman que el Estado aplica contra ellas un patrón de violencia específico, diseñado para golpear los pilares tradicionales de la identidad femenina: su dignidad personal como mujeres y el rol de madres.

Una de las principales armas de coacción es la utilización de la maternidad como un punto débil. Las autoridades amenazan a las activistas con la pérdida de la custodia de sus hijos, con la restricción de derechos básicos para sus familias y el encarcelamiento, buscando generar un sentimiento de culpa insoportable.

Esta estrategia golpea especialmente a las madres del 11J, mujeres que se vieron forzadas a convertirse en defensoras de derechos humanos al buscar a sus hijos detenidos en las protestas de julio de 2021. Ellas enfrentan la presión judicial y policial sabiendo que exigir justicia para sus hijos puede tener un costo fatal en la seguridad de ellos y de otros miembros de su familia.

Ingeniería del miedo

La represión se legitima a través de un aparato legal que criminaliza el disenso. El Estado recurre a figuras penales intencionalmente ambiguas para castigar el pensamiento crítico con una fachada de legalidad, manteniendo a las activistas bajo una amenaza judicial sin fin.

La intelectual y editora Alina Bárbara López Hernández es un ejemplo nítido de esto. Tras intentar realizar protestas pacíficas, fue declarada culpable del delito de “desobediencia” en un juicio sumario. La acusación se basó en que López Hernández se negó a pagar una multa o asistir a un interrogatorio ilegítimo. Pese a que su defensa argumentó que la desobediencia no era jurídica sino política, la condena le impuso una multa y, sobre todo, la medida coercitiva de prohibición de salida del país, confinándola en la isla.

La periodista María Matienzo ha mostrado la realidad de la represión desde la primera línea. Tras las históricas protestas del 11 de julio, fue una de las voces que denunció la militarización de las calles y las golpizas. Sus reportes dieron visibilidad a la angustia de las madres, esposas y hermanas que, en un acto de valentía civil, peregrinaban de estación en estación buscando a sus familiares desaparecidos. Estas madres del 11J, cuyas exigencias son puramente humanitarias, se han convertido en defensoras por necesidad, enfrentando un hostigamiento constante que cumple a cabalidad con el patrón de instrumentalización materna señalado por Amnistía Internacional.

“Los esbirros buscan quebrar a las figuras públicas a través de la vigilancia extrema y los actos de repudio.”

Otras mujeres, como la artista y activista Camila Ramírez Lobón, han enfrentado no solo el acoso de la Seguridad del Estado, sino también campañas de descrédito y ataques directos que reflejan el odio político. Los esbirros buscan quebrar a esas figuras públicas a través de la vigilancia extrema y los actos de repudio, una táctica de violencia psicológica que pretende anular su capacidad de convocatoria.

Pero la represión del régimen cubano ha evolucionado también con las tecnologías, extendiendo la violencia y el asedio al plano virtual. Las redes sociales son hoy un campo de batalla operado por una red de trolls progubernamentales conocidos como “clarias”.

El ciberacoso dirigido a las defensoras de derechos humanos es notoriamente sexista y degradante. Los ataques emplean la difamación de carácter personal, los insultos de contenido sexual y la divulgación de información privada. Este tipo de violencia digital tiene un impacto psicológico severo, deslegitimando su activismo al tiempo que las aísla aún más de su comunidad.

La manipulación legal, las detenciones violentas, el aislamiento y el ciberacoso son recursos a través de los cuales el régimen infunde miedo para inhibir cualquier forma de protesta. El objetivo es lograr un control social total sobre una sociedad que en los últimos años ha comenzado a romper sus cadenas. Los represores utilizan el trauma que generan en las mujeres como un mensaje aleccionador para toda la población.

Ni el exilio es refugio

Tras largos períodos de hostigamiento, vigilancia e incluso prisión, la única opción que el régimen cubano ofrece a muchas defensoras de derechos humanos es el exilio forzado. Sin embargo, la batalla no termina en el aeropuerto.

La forma más cruel de extender el control más allá de las fronteras es a través de las amenazas a los familiares que permanecen en Cuba. Las activistas en el exilio se convierten en rehenes emocionales: el régimen busca silenciar sus críticas por miedo a las represalias contra sus familiares en la isla: pérdida del empleo, restricciones de vivienda, o persecución son algunos de los métodos empleados.

Las campañas de desprestigio y el ciberacoso hacia activistas en el exilio pretenden no solo destruir la credibilidad a las defensoras ante la diáspora y la comunidad internacional, sino especialmente reducir su capacidad para recaudar fondos, organizar protestas internacionales o testificar ante organismos de derechos humanos.

Amnistía Internacional exige el fin del hostigamiento a las mujeres cubanas

Ante la magnitud de esta represión sistemática dentro y fuera de la isla, que incluye una clara diferenciación racial y geográfica en la severidad de los abusos, Amnistía Internacional ha emitido una alerta internacional.

Ana Piquer, directora regional para las Américas de esta organización, señala: “Las mujeres defensoras en Cuba son castigadas no solo por alzar la voz, sino también por ser madres, periodistas y lideresas sociales”.

“La resistencia femenina en Cuba requiere atención y protección internacional urgentes.”

La petición global de Amnistía Internacional exige que el gobierno cubano ponga fin de inmediato al hostigamiento y que apruebe una ley integral contra la violencia de género que incluya protecciones específicas para quienes defienden los derechos humanos. Los 52 testimonios recogidos en su informe son una evidencia más de que la resistencia femenina en Cuba requiere atención y protección internacional urgentes.