Cuba suma 1214 presos políticos mientras la represión crece

Prisoners Defenders documenta 28 nuevos presos políticos en Cuba y al menos siete reclusos asesinados en la prisión de Canaleta durante el mes de febrero.

El régimen cubano intensificó su represión durante el mes de febrero de 2026. Así lo documenta el informe mensual de Prisoners Defenders, organización de defensa de los derechos humanos con sede en Madrid. El balance, publicado el 12 de marzo, arroja 28 nuevos presos políticos y de conciencia —23 hombres y 5 mujeres— y deja, como rasgo más sombrío, una nueva muerte bajo custodia estatal, así como una masacre dentro de una prisión de alta seguridad que el Ministerio del Interior (MININT) ha intentado minimizar.

Con estas cifras, la lista de prisioneros políticos verificados en Cuba alcanza un total de 1214 personas hasta el 28 de febrero. En los últimos doce meses, el régimen añadió 168 nuevos presos a esa lista, y desde las protestas del 11J la cifra acumulada asciende a 1981.

Una represión cada vez más fuerte

Lo que más llama la atención en el análisis de los nuevos casos de febrero no es solo su número, sino el perfil de los detenidos: ciudadanos sin filiación política ni historial de activismo, arrestados por escribir grafitis, circular con carteles o publicar mensajes críticos en redes sociales. La mayoría de los cargos que pesan sobre ellos corresponden al delito de “Propaganda contra el orden constitucional”, un tipo penal que muchos organismos internacionales juzgan incompatible con los estándares básicos de derechos humanos.

Prisoners Defenders describe un modus operandi cada vez más agresivo por parte del régimen: detenciones sin orden de arresto ni tutela judicial, registros domiciliarios ilegales, citaciones policiales usadas como emboscada y traslados a centros de reclusión sin notificación a los familiares.

Entre los casos más notables figura el de Aniel Manuel Martín Barroso, catedrático universitario condenado a diez años por realizar pintadas críticas en espacios públicos de Sancti Spíritus. El proceso penal se sustentó en testimonios de agentes de la Seguridad del Estado que lo vigilaban en el propio campus. La sentencia, además de la pena privativa de libertad, le prohíbe volver a ejercer la docencia.

También resalta el caso de Felipe Rodríguez Ledesma, de 68 años, detenido en Artemisa por circular en triciclo con un cartel que rezaba: “No monto ni chivatos ni clarias. Solo hombres libres”. Según los testimonios recogidos por Prisoners Defender, durante su reclusión fue amenazado de muerte por un oficial de la policía.

Activistas y ciudadanos panameños entre los nuevos detenidos

Seis miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) ingresaron en la lista de presos políticos en febrero. Cuatro de ellos detenidos a finales de enero en el municipio Mella, en Santiago de Cuba, durante un operativo que incluyó violencia contra familiares y traslados a otra provincia sin información sobre su situación legal. Uno de ellos, Roilán Álvarez Rensoler, lleva más de 40 días en huelga de hambre en protesta por su arresto arbitrario y está hospitalizado en estado crítico tras soportar, según su familia, torturas durante su reclusión.

Un episodio especialmente grave involucra a diez ciudadanos panameños detenidos a fines de febrero en La Habana. Pertenecían al movimiento “Camino a la Democracia Pacífica de Cuba” y viajaron a la isla para distribuir alimentos y realizar pintadas. A todos se los arrestó sin orden judicial y se los acusa de “Propaganda contra el orden constitucional”. Junto a ellos, fueron detenidos dos cubanos que colaboraban en la distribución de alimentos: Rosa Eugenia Casal Oñate y su hijo Rey Yunior Coello Casal. Prisoners Defenders pide al gobierno de Panamá que exija la repatriación de sus ciudadanos.

Otra muerte bajo custodia: Luis Miguel Oña Jiménez

El 14 de febrero falleció Luis Miguel Oña Jiménez, condenado a doce años por haber participado en las protestas del 11J. Era paciente de VIH/SIDA y estaba recluido en la prisión Cuba Panamá, en Güines. Según Prisoners Defenders, Oña Jiménez sufrió una isquemia cerebral después de solicitar atención médica sin recibirla. Cuando se lo declaró en estado terminal, el régimen recurrió a la llamada “licencia extrapenal”, un mecanismo mediante el cual el régimen excarcela a presos desahuciados para que no se cuenten como muertos en prisión.

Oña Jiménez falleció tres días después de ser puesto en libertad. Su desenlace fatal se suma al de otros seis presos políticos que murieron en cárceles cubanas desde 2023, documentados también en el informe: Lázaro García Ríos (enero de 2026), Yoleisy Oviedo Rodríguez (febrero de 2025), Manuel de Jesús Guillén Esplugas (noviembre de 2024, con signos de palizas en el cuerpo), Yosandri Mulet Almarales (suicidio en agosto de 2024), Geraldo Díaz Alonso (octubre de 2024) y Luis Barrios Díaz (noviembre de 2023).

Masacre en la prisión de Canaleta

El hecho más grave del mes ocurrió el 18 de febrero en la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila. Según testimonios de reos, familiares y activistas, una protesta espontánea por la muerte de un joven recluso que había pedido comida y apareció muerto en su celda, provocó el despliegue de brigadas antimotines y fuerzas especiales dentro de la cárcel. La represión incluyó balas de goma, gases irritantes y golpizas masivas.

Prisoners Defenders identificó al menos cinco muertos: Ian Carlo (20 años, el caso que desencadenó la protesta), Jorge Archival Castillo, Eduardo Rodríguez Ulloa, Georkis Vargas Ramos y otro apodado “El Perro”. Fuentes directas reportaron hasta siete ataúdes saliendo del recinto, aunque la cifra exacta no ha podido confirmarse por la incomunicación a la que se somete a los reclusos. Decenas de internos fueron trasladados a penales de otras provincias y están en paradero desconocido para sus familias.

El MININT describió los hechos como un simple “incidente controlado” en el que no hubo enfrentamientos graves. Prisoners Defenders señala que esa versión es incompatible con la evidencia acumulada.

Una crisis estructural que alimenta el malestar social

Al cierre del informe, se contabilizan 1214 personas encarceladas solo por haber ejercido derechos fundamentales; de ellos, 218 condenados por el delito de “sedición” con una pena media de diez años, 467 presos con patologías médicas graves, 131 mujeres y 31 menores de edad.

Estos datos no pueden entenderse fuera de contexto. Cuba atraviesa una crisis estructural de proporciones históricas: escasez severa de alimentos y medicinas, cortes eléctricos que superan las veinte horas diarias, colapso del sistema de transporte y una emigración que ha vaciado a la isla de más de un millón de personas en pocos años. La incapacidad del régimen para responder a las necesidades del pueblo ha alimentado un malestar que se expresa en distintas formas de protesta: cacerolazos, carteles, grafitis, mensajes en redes sociales.

Es precisamente contra esas protestas que apunta la represión documentada y descrita por Prisoners Defenders en su informe como el patrón de un régimen que agoniza: ante la crisis que anticipa su colapso definitivo, el poder en Cuba recurre a la intimidación para sofocar cualquier muestra de disconformidad.