Feminicidios en Cuba: entre la negación estatal y la realidad social

Díaz Canel, en la clausura del XI Congreso de la FMC, tildó a las organizaciones independientes que visibilizan estos casos como “subversivas”, “anticubanas” y “enemigas de la Revolución”. 

El pasado 8 de marzo, Miguel Díaz Canel, en la clausura del XI Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), sucedido en el Palacio de Convenciones de La Habana, rechazó la existencia de “feminicidios” en Cuba, y tildó a las organizaciones independientes que visibilizan estos casos como “subversivas”, “anticubanas” y “enemigas de la Revolución”. 

“Aunque repudiamos el flagelo de la violencia contra la mujer, no alcanza en Cuba expresiones brutales que se dan en otros países. Los casos que aparecen con lamentable frecuencia resultan suficientes para indignarnos y actuar, para no permanecer expectantes, impasibles y tolerantes. (…) Los enemigos de la Revolución usan y manipulan conveniente y tendenciosamente las cifras. Para el Estado cubano, un solo caso resulta alarmante e inaceptable”, aseveró Canel en las palabras de clausura según el diario Cubadebate.

Estas declaraciones aparecen solo un día después de que el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) compartiera en su Informe Anual, que en 2023 se verificaron 89 feminicidios en el país, de los cuales un 85,39% (76 casos) fueron perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas. 

El estado cubano sigue sin asumir su responsabilidad frente a los feminicidios

Esta no es la primera vez que Díaz Canel se refiere a los crímenes por violencia machista en Cuba. El 14 de abril de 2023, y tras más de 140 feminicidios sucedidos durante su mandato, por primera vez los condenó de forma directa, aunque sin mencionar la palabra “feminicidio”.

“Esta tiene que ser una sociedad con cero tolerancia para la violencia y en particular para la violencia contra la mujer”, dijo en un encuentro convocado por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) según informó la agencia EFE.

El rechazo al término “feminicidio” que hacen las autoridades no es fortuito. Marcela Lagarde, feminista mexicana, definió este concepto como “un crimen de Estado que incluye un componente de impunidad y que ocurre en tiempo, espacio, maltrato, vejaciones y daños continuos contra mujeres y niñas, que conduce a la muerte de algunas de las víctimas”, citando a un artículo académico de 2017. 

Al separarse de este término Díaz Canel evade su responsabilidad como presidente de Estado, y se convierte en cómplice de la violencia de género, al no preservar con políticas públicas eficaces, las vidas de las mujeres. 

En la reciente clausura del congreso de la FMC, Canel justificó su posición haciendo énfasis en la labor que está haciendo “el sistema de orden interior, que tiene la misión primordial de enfrentar y poner a disposición de los tribunales a todos los autores de estos hechos”. 

Canel reveló además datos sobre las acciones tomadas por los tribunales cubanos en el último año, destacando que 61 perpetradores de asesinatos de mujeres fueron sancionados, con penas que en el 93% de los casos superaron los 20 años, incluyendo cinco condenas de cadena perpetua. 

Populismo punitivo

En mayo de 2023, el Tribunal Supremo Popular también reveló un grupo de condenas a feminicidas. En el comunicado público donde no se revelaron las identidades de los 18 casos a los que hicieron alusión, se informó que “de los procesos juzgados por el delito de asesinato en el que aconteció la muerte de una mujer como consecuencia de la violencia de género o familiar, se impusieron a todos los responsables sanciones de privación de libertad por encima de los 25 años y, en algunos casos, privación perpetua de libertad”. 

Sin embargo, esta “mano dura” contrasta con la percepción de algunas organizaciones de derechos humanos y grupos feministas, quienes han expresado preocupación por la situación de los feminicidios en Cuba y la falta de voluntad política del régimen para enfrentarlos.

“Una dura condena puede aliviar el dolor de la familia por la pérdida inmediata pero no la va a reparar en lo que esa ausencia significará a largo plazo, por ejemplo, para abuelos y abuelas que, muchas veces sin fuerzas ni recursos económicos, crían a niñas y niños sobrevivientes del feminicidio de sus madres. Y mucho menos va a evitar que otras mujeres, niñas, niños y adolescentes sufran algún tipo de femi(ni)cidio, con las graves consecuencias para sus familias”, declararon OGAT y Yo sí te Creo en Cuba en 2023 tras conocer la existencia de este comunicado del Tribunal Supremo. 

Para estas organizaciones, es fundamental reconocer la existencia del feminicidio como una realidad que afecta a las mujeres cubanas, y abogar por medidas efectivas para prevenir y erradicar esta forma extrema de violencia de género. Y aunque el propio Canel ha reconocido que "no basta con enfrentar estos delitos con la policía y los tribunales (...) que urge perfeccionar los sistemas de educación popular y familiar a nivel comunitario con enfoque profiláctico y preventivo”, todas estas ideas se han quedado en palabras.

En Cuba no está tipificado el feminicidio dentro del Código Penal, no hay refugios para mujeres víctimas de violencia de género, no hay una Ley Integral contra la violencia de género, y el pasado diciembre la página web de la presidencia de Cuba ha citado que “16 116 mujeres y niñas cubanas viven en hogares violentos en Cuba".

La situación de vulnerabilidad se acentúa en la isla frente a unas instituciones públicas que implementan como único mecanismo de lucha contra la violencia de género sanciones ejemplarizantes, a la vez que criminalizan el activismo de las organizaciones de la sociedad civil. 

Como afirmara Lagarde, en un mundo donde “la sociedad y la cultura son los nichos creadores de hombres machistas y violentos. Donde existe una decisión personal conciente de cada hombre de ejercer violencia y relacionarse con las mujeres de manera supremacista y discriminatoria”, no existen otras formas de fomentar la igualdad que “modificando la sexualidad, el papel y la posición de los géneros en las relaciones económicas, las estructuras e instituciones sociales, las relaciones en todos los ámbitos sociales, la participación social y política de las mujeres, las leyes y los procesos judiciales”. A Cuba le queda mucho camino por delante.