Informe preliminar del 2025 sobre feminicidios y otras violencias hacia la mujer en Cuba

La elaboración de este subregistro, en un contexto hostil por parte del régimen cubano, ha sido posible gracias al apoyo de fuentes comunitarias, medios de prensa independientes y al esfuerzo conjunto de OGAT y YSTCC.

1. Introducción

Los feminicidios constituyen la manifestación más extrema de un continuo de violencias contra mujeres y niñas que se producen y reproducen en contextos sociales marcados por profundas desigualdades estructurales. No se trata de episodios aislados ni de hechos excepcionales, sino de desenlaces previsibles de dinámicas persistentes de control, subordinación y desvalorización de las mujeres y las niñas. Estas violencias —que incluyen el hostigamiento psicológico, las amenazas, la violencia física, la violencia sexual y otras formas menos visibles, pero igualmente dañinas— suelen ser normalizadas, invisibilizadas o desatendidas hasta que alcanzan consecuencias irreversibles.

En el contexto cubano, estas dinámicas se expresan de manera transversal en distintos ámbitos de la vida social: relaciones de pareja atravesadas por el control y la coerción, violencia económica y patrimonial, violencia institucional, violencia sexual, violencias digitales y una sobrecarga estructural de los trabajos de cuidado, profundizada por la crisis económica, sanitaria y migratoria que atraviesa el país. Los feminicidios que el Observatorio de Alas Tensas (OGAT) verifica de manera sistemática no representan la totalidad de la violencia existente, sino apenas la expresión más visible de un fenómeno mucho más amplio y persistente, que rara vez es reflejado en las estadísticas oficiales.

En este marco, OGAT presenta un informe preliminar anual de 2025, como parte de su sexto año consecutivo de monitoreo y análisis de la violencia de género en Cuba. Este documento ofrece un análisis detallado de los feminicidios verificados en los 12 meses del año 2025, así como de los principales patrones, tendencias y contextos que permiten comprender la evolución reciente de la violencia contra mujeres y niñas en el país. El informe se inscribe en la línea metodológica y analítica desarrollada por OGAT en sus informes de 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, incorporando tanto aprendizajes acumulados como nuevos elementos de lectura del contexto actual.

El objetivo central de este informe no se limita a la contabilización de casos, sino que busca visibilizar las dinámicas estructurales de la violencia de contra mujeres y niñas en Cuba, identificar continuidades y transformaciones, y aportar insumos que contribuyan a la formulación de políticas públicas, marcos normativos y respuestas institucionales orientadas a la prevención, atención, protección y erradicación de estas violencias. OGAT parte de una comprensión de la violencia hacia las mujeres como una violación grave de los derechos humanos, estrechamente vinculada al contexto político, económico y social del país, y no como un fenómeno meramente individual o privado.

Desde esta perspectiva, el feminicidio se entiende en un sentido amplio como la muerte violenta de mujeres y niñas en contextos atravesados por relaciones desiguales de poder de género. Su documentación rigurosa resulta fundamental por varias razones: permite dimensionar la magnitud real del fenómeno; evidencia los niveles de impunidad y las fallas institucionales en la protección de las víctimas; y expone las consecuencias acumulativas de violencias previas que, en muchos casos, fueron desatendidas o minimizadas por el entorno social y las instituciones.

En este sentido, los observatorios independientes cumplen un rol clave como herramientas de producción de conocimiento basado en evidencia. A través del análisis sistemático de datos, estos dispositivos permiten identificar patrones relevantes —como la edad de las víctimas, la relación con el agresor, el lugar del crimen o la existencia de antecedentes de violencia— y ofrecen insumos esenciales para la comprensión integral de la violencia feminicida. OGAT, en articulación permanente con la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), desarrolla un registro alternativo sustentado en la recopilación, contraste y verificación de información proveniente de su red de observadoras, medios independientes, redes sociales, reportes ciudadanos y fuentes comunitarias, en un contexto caracterizado por la ausencia de estadísticas oficiales completas, desagregadas y transparentes.

El trabajo del Observatorio de Alas Tensas no responde a una lógica punitivista, sino a un enfoque pedagógico, preventivo y transformador. Su propósito es contribuir a la construcción de una conciencia social que reconozca la inadmisibilidad de cualquier forma de violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas vulnerables y otros colectivos históricamente marginados. 

Todo este trabajo se desarrolla en un contexto adverso, marcado por la precariedad de recursos y la criminalización del activismo independiente. Documentar feminicidios, solicitar información, acompañar a familias víctimas de la violencia o denunciar públicamente la falta de protección institucional puede derivar en hostigamiento, campañas de descrédito o represalias. A pesar de estas condiciones, OGAT y YSTCC sostienen un monitoreo continuo que ha permitido registrar, desde 2019, a diciembre de 2025, 315 feminicidios —16 casos en 2019, 33 en 2020, 36 en 2021 y en 2022, 90 en 2023, 56 en 2024 y 48 en 2025 —y otras formas extremas de violencia de género, así como identificar tendencias que no son reconocidas o publicadas por el Estado cubano.

Finalmente, este informe constituye también un ejercicio de reconocimiento a las personas, medios y organizaciones aliadas que hacen posible el funcionamiento del Observatorio y la producción de este documento. Entre ellas se encuentran la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, Museo V, Cubalex, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, la Red de Observatorios Independientes de Cuba, MundoSur, la Red Femenina de Cuba, así como numerosos medios independientes, especialmente Martí Noticias y activistas dentro y fuera de la Isla. Sin su trabajo cotidiano de alerta, verificación y acompañamiento, los datos aquí presentados no serían posibles en toda su dimensión.

Las páginas que siguen aspiran a servir como un llamado de atención sostenido a la ciudadanía cubana e internacional, porque detrás de cada caso documentado existen vidas truncadas, vínculos quebrados y comunidades completas afectadas de manera profunda.

Este informe no pretende constituir un cierre, sino una herramienta para la memoria, la exigencia de rendición de cuentas y la promoción de transformaciones estructurales que garanticen el derecho de todas las mujeres y niñas en Cuba a vivir libres de violencia.

2. Contexto: crisis estructural, desprotección y cierre del espacio cívico en Cuba

2.1. Crisis socioeconómica, sanitaria y de cuidados

El período enero–diciembre de 2025 transcurre en Cuba bajo una crisis multidimensional que atraviesa prácticamente todas las esferas de la vida social: energía, salud, economía doméstica, migración, dinámica familiar y, de forma particular, el trabajo de cuidados que recae mayoritariamente sobre las mujeres.

En este contexto, el incremento abrupto de las tarifas de acceso a Internet impuesto por ETECSA (conocido como El Tarifazo) operó como un factor adicional de tensión social. La medida profundizó la brecha digital y restringió de manera significativa el acceso a la información, a la educación y a la comunicación, derechos reconocidos por los estándares internacionales. En un escenario donde el acceso a Internet constituye, además, una herramienta esencial para la denuncia pública, la organización comunitaria y la activación de redes de apoyo frente a la violencia y la desaparición de personas, el encarecimiento del servicio tuvo un impacto diferenciado sobre sectores ya vulnerabilizados, entre ellos mujeres, jóvenes y estudiantes.

Las protestas estudiantiles y paros universitarios que emergieron como respuesta al Tarifazo expresaron no sólo el rechazo a una medida económica específica, sino un descontento más amplio frente a la acumulación de políticas estatales que agravan la exclusión social y limitan el ejercicio de derechos fundamentales. 

En el plano sanitario, diversos análisis —incluidos los publicados por el Observatorio de Alas Tensas— muestran un deterioro acelerado de los indicadores de salud materno–infantil y del funcionamiento del sistema sanitario. Datos oficiales difundidos por el propio Ministerio de Salud Pública señalan que la mortalidad infantil alcanzó el “9.9 por cada mil nacidos vivos, contra 7.1 en 2024”, en un contexto de hospitales colapsados, desabastecimiento de medicamentos y proliferación de arbovirosis con información opaca sobre su impacto real.

En el ámbito jurídico–familiar, información del Tribunal Supremo Popular recogida y analizada por el Observatorio de Alas Tensas indica que casi el 80 % de los procesos vinculados al Código de las Familias en 2025 corresponde a divorcios, lo que evidencia altos niveles de conflictividad en las relaciones de pareja y familiares. Este dato, en sí mismo, no permite establecer causalidades, pero sí abre interrogantes relevantes sobre el peso de la violencia de género, la precariedad económica, la migración y la sobrecarga de cuidados en la ruptura de los vínculos familiares.
Finalmente, la crisis socioeconómica general —marcada por inflación, salarios insuficientes, colapso del sistema eléctrico y dificultades para el acceso a alimentos, agua potable y transporte— incide de manera desproporcionada en las mujeres, que continúan sosteniendo el trabajo de cuidados y la “economía del remiendo” en los hogares. Y son ellas, las madres cubanas, quienes en 2025 protagonizaron las escenas de desobediencia cívica más sistemáticas y audaces: cortaron calles con tanques vacíos, muebles, entre otros objetos, o de la mano de sus hijos, para exigir soluciones inmediatas.

2.2. Marco legal insuficiente y ausencia de políticas integrales de protección

Aunque el Código Penal aprobado en 2022 incorporó referencias a la violencia de género y al feminicidio, Cuba sigue sin contar con una ley integral de violencia de género que articule de manera coherente los ejes de prevención, protección, atención y reparación. Tampoco existe:

• una red pública de refugios o casas de acogida para mujeres y niñas en situación de riesgo,
• protocolos interinstitucionales claros, accesibles y conocidos para la protección de víctimas y su entorno,
• ni sistemas de datos oficiales desagregados, regulares y transparentes sobre feminicidios, tentativas de feminicidio, desapariciones y otras formas de violencia machista.

En el terreno penal, persiste la ausencia de una tipificación autónoma del feminicidio, lo cual dificulta su identificación y análisis estadístico, así como el diseño de políticas específicas. Esta carencia contrasta con las recomendaciones de organismos internacionales y con la experiencia de otros países de la región que han avanzado hacia marcos normativos integrales.

2.3. Monitoreo de desapariciones, violencia extrema frente a la ausencia de protocolos de búsqueda 

Una dimensión particularmente preocupante del contexto cubano es la invisibilización de las desapariciones de mujeres y niñas. A diferencia de otros países de la región, Cuba carece de protocolos de alerta temprana, registros públicos específicos y mecanismos legales robustos para la búsqueda de personas desaparecidas. El Observatorio de Alas Tensas ha advertido que esta ausencia de protocolos de búsqueda, sumada a la opacidad informativa y a la criminalización de las organizaciones independientes, crea un vacío institucional que coloca a las familias en una situación de extrema vulnerabilidad. En ese escenario, las desapariciones pueden quedar diluidas entre fenómenos como la migración irregular, la trata de personas o la violencia de género. La falta de canales confiables impide distinguir, investigar y registrar cada caso de manera adecuada. El resultado es un entorno de desprotección donde las responsabilidades estatales se difuminan y las familias quedan prácticamente solas.

Desde 2023 OGAT profundizó su trabajo de monitoreo y visibilización de desapariciones de mujeres y niñas, incorporando en 2025 y junto a YSTCC la Campaña #NoMeOlvides, ante la inexistencia de protocolos de búsqueda con enfoque de derechos humanos. En articulación con YSTCC, Me Too Cuba y una red de voluntarias, el Observatorio participa en la circulación de alertas ciudadanas impulsadas desde sociedad civil, como #AlertaYeniset (para desapariciones de mujeres) y #AlertaMayde (centrada en niñas y niños). 

Estas alertas se activan únicamente con confirmación directa de familiares o personas cercanas y tras un protocolo interno de contraste para evitar la difusión de información no verificada. Cada alerta deriva en una ficha pública con datos mínimos de identificación y contacto, procurando preservar la seguridad de las familias, y se inspira en modelos como la Alerta Amber, adaptados a un contexto sin mecanismos estatales equivalentes. 

2.3.1 Personas desaparecidas en Cuba: análisis de 37 casos documentados por OGAT en 2025

Quizás uno de los indicadores más preocupantes de la crisis de seguridad y de derechos en Cuba sea la situación de las personas desaparecidas. Según un análisis de la abogada y directora de Cubalex, Laritza Diversent, para la campaña “No Me Olvides”, la legislación vigente en Cuba se enfoca principalmente en proteger el patrimonio de las personas desaparecidas, pero no contempla mecanismos efectivos de búsqueda ni de acompañamiento integral a las familias, que quedan solas frente al vacío institucional. En los últimos años, el país ha registrado un incremento sostenido de los reportes de desapariciones, un fenómeno que ha encontrado en las redes sociales su principal vía de denuncia ante la inexistencia de canales oficiales eficaces. Madres, padres y familiares recurren a grupos de Facebook y WhatsApp para difundir fotos, descripciones y llamados urgentes, mientras las autoridades demoran en actuar o minimizan los casos.

2.3.2 Análisis de las desapariciones en 2025 

En 2025, a partir del registro trabajado por OGAT, se documentaron 37 desapariciones demujeres, niñas y niños. De ese total, 26 personas fueron localizadas con vida, 6 casos permanecen como alertas activas y 5 corresponden a mujeres que aparecieron muertas. El conjunto incluye mujeres adultas, adultas mayores, niñas, adolescentes y dos niños, lo que evidencia la heterogeneidad del fenómeno. 

Dentro del total de 37 casos, se identifican 12 personas menores de edad, lo que representa aproximadamente el 32,4 % del conjunto. Este grupo está compuesto por 10 niñas y adolescentes y 2 niños. La proporción de menores es elevada y constituye uno de los rasgos más relevantes del registro, al señalar un impacto significativo sobre población infantil y adolescente. En este grupo, además, se consigna la reincidencia de una menor que ya había sido reportada como desaparecida en 2024, lo que apunta a situaciones de vulnerabilidad persistente y repetición del riesgo. 

Desde el punto de vista territorial, el registro muestra una concentración muy marcada en La Habana, donde se documentan 27 de los 37 casos. Fuera de la capital se registran 10 casos, distribuidos entre Holguín (3),Matanzas (2), Camagüey (2), Granma (1) Mayabeque (1) y Guantánamo (1). Esta concentración habanera puede responder a múltiples factores no excluyentes —mayor densidad poblacional, mayor acceso a redes sociales como herramienta de denuncia—, pero con los datos disponibles solo puede afirmarse con certeza que La Habana concentra la mayor parte de las desapariciones documentadas en el año.

En cuanto al perfil de las personas desaparecidas, se repite de forma significativa (9 casos) la mención explícita de condiciones de salud mental o deterioro cognitivo —esquizofrenia, esquizofrenia paranoide, Alzheimer, demencia, pérdida de memoria, depresión, entre otros—, especialmente entre adultas mayores (5 casos), lo que incrementa los escenarios de desprotección y riesgo. 

Al menos en un caso se documenta una desaparición asociada a violencia extrema, incluyendo violación y agresión física, lo que introduce una tipología distinta vinculada a violencia de género. 

Entre las alertas activas, destaca el caso de Doraiky Águila Vázquez (48 años) no solo por su prolongación en el tiempo (más de 9 meses), sino por ser el único en el que un medio oficial difundió la alerta, hecho vinculado a la búsqueda pública y sostenida de su madre. 

Doraiky está desaparecida desde el 15 de marzo de 2025 en Lawton, La Habana, y su madre, Maura Vázquez, no ha cesado de salir a la calle con un cartel colgado al cuello con el rostro de su hija, exigiendo respuestas. A los cuatro meses de búsqueda y a petición de Maura, el medio oficial Canal Educativo informó sobre la desaparición en su perfil de Facebook, una acción descrita como inusual ante la cantidad de denuncias de desaparición en Cuba. 

Hacemos un aparte sobre la relación entre feminicidios y desapariciones en Cuba. Según ONU Mujeres, la desaparición de mujeres suele entrecruzarse con otras formas de violencia, entre ellas la violencia sexual, la trata de mujeres y niñas y los feminicidios, por lo que este tipo de alertas debe leerse también como un indicador de riesgo extremo. 

En ese marco, OGAT y YSTCC, en 2025 documentaron 5 casos de mujeres reportadas como desaparecidas que posteriormente fueron halladas muertas. En 2 de ellos aún no ha sido posible confirmar si se trató de feminicidios. En los otros 3, sí se confirmó un feminicidio social y dos feminicidios de pareja, los tres precedidos por reportes de desaparición.

2.3.3 Alertas activas

Las alertas activas corresponden a Leonor Isaac Campos (76 años, La Habana), María Karla Quiala (18 años, La Habana), Noguella Lezcano (80 años, La Habana), Alicia María Montes de Oca Pérez (45 años, Guantánamo), Doraiky Águila Vázquez (48 años, La Habana) y Esther Pau Alfonso (75 años, La Habana).

2.4 Represión política, presos y presas de conciencia y criminalización del activismo de mujeres

El análisis de la violencia de género en Cuba no puede separarse del contexto de represión política y cierre del espacio cívico. Desde las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), el país ha experimentado un aumento significativo de la persecución penal y administrativa contra personas que ejercen derechos fundamentales como la protesta pacífica, la libertad de expresión o la organización independiente.

Organizaciones especializadas como Prisoners Defenders han documentado de manera sistemática el crecimiento sostenido del número de personas presas por motivos políticos, señalando que, a lo largo de 2024 y 2025, la cifra se ha mantenido en alrededor de 1.100–1.200 presos políticos. 

En noviembre de 2025, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas emitió una condena histórica contra el Estado cubano, al documentar al menos 93 casos de detenciones arbitrarias relacionadas con el 11J, y señalar patrones reiterados de represión, incluyendo procesos judiciales sin garantías, uso desproporcionado de la fuerza y criminalización de la protesta.

Alas Tensas, a través de su Observatorio, ha dado seguimiento específico a la situación de numerosas presas políticas, muchas de ellas mujeres jóvenes y madres, condenadas a penas severas por su participación en protestas o por actividades de defensa de derechos humanos. Entre estos casos se encuentran mujeres como Sayli Navarro, Sissi Abascal, Lizandra Góngora, María Cristina Garrido, Zulmira Martínez, Ienelis Delgado, y otras cubanas, cuya situación carcelaria —marcada por problemas de salud, falta de atención médica adecuada y separación forzada de sus hijos— ha sido objeto de campañas y cuestionamientos públicos.

Este contexto tiene varias implicaciones directas para el análisis de la violencia contra mujeres:

• Las mujeres que protestan por derechos básicos, como acceso a alimentos o medicamentos para sus hijos, se exponen a represalias, detenciones arbitrarias, vigilancia y hostigamiento, lo que limita su capacidad para reclamar protección frente a violencias domésticas o institucionales.
• Las familias de presos políticos, y en particular las madres, esposas e hijas que encabezan campañas por su liberación, son objeto de presiones, amenazas y actos de intimidación, en un contexto donde cualquier forma de organización independiente es tratada como sospechosa o subversiva.
• Los propios observatorios independientes, como OGAT y YSTCC, operan en un entorno de criminalización y estigmatización, en el que documentar feminicidios, emitir alertas o solicitar información puede acarrear campañas de descrédito, impedimentos migratorios e incluso interrogatorios por parte de la Seguridad del Estado.

En 2025, OGAT ha continuado su trabajo de incidencia internacional, incluyendo acciones realizadas en el Parlamento Europeo en Bruselas, donde se han expuesto los patrones de feminicidio, el incumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW y el EPU por parte del régimen cubano, la impunidad estructural y la criminalización sistemática del activismo feminista y de derechos humanos en Cuba. Estas iniciativas buscan generar presión internacional para que el Estado cubano adopte medidas concretas de protección y cese las represalias contra quienes monitorean y denuncian la violencia hacia las mujeres y las niñas. 

2.5 Cuba en el mapa regional de violencia feminicida y derechos humanos

El contexto cubano debe situarse en una perspectiva regional:  informes recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ubican a Cuba entre los países de América Latina y el Caribe con niveles preocupantes de violencia feminicida. La CEPAL subraya la urgencia de mejorar los sistemas de registro, armonizar definiciones y avanzar hacia políticas integrales de prevención y protección.

En este marco, la violencia hacia las mujeres y las niñas—y, en particular, los feminicidios— no puede entenderse sólo como un problema “privado” o doméstico, sino como un fenómeno profundamente imbricado con:

• la desigualdad estructural de género,
• la crisis socioeconómica y sanitaria,
• la debilidad institucional y la ausencia de marcos legales integrales,
• y la represión política y el cierre del espacio cívico.

El régimen cubano ha intentado lavar su imagen frente a las acusaciones de inmovilidad política y tolerancia institucional hacia la violencia mediante gestos como la inauguración, en noviembre de 2025, de “una oficina especializada para la atención jurídica integral y multidisciplinaria a víctimas de violencia de género, como parte de un proyecto de colaboración que aspira a extenderse a 40 municipios del país”. Según el diario oficialista Granma, que cubrió la noticia, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) —alineada con los intereses del Estado— afirmó que “las funciones esenciales de la oficina serán el asesoramiento jurídico especializado, empático y sensible, así como una labor metodológica y de orientación para la superación de los abogados en todo el país”.

En esa misma línea, entre el 16 y el 20 de junio, el Ministerio del Interior (MININT) informó —con apoyo del gobierno francés— la realización del curso “Lucha contra la violencia de género: la acogida de víctimas y recepción de denuncias”, orientado a “fortalecer la preparación de sus fuerzas en la recepción de denuncias y la investigación de hechos relacionados con violencia de género”. 

Según la página de Facebook del MININT, el programa buscó actualizar procedimientos y tendencias de trabajo, así como promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el trato a las víctimas y la prevención de estos delitos. La capacitación fue impartida por Elise Marie Legros, experta del Ministerio del Interior de Francia, y contó con representación del MININT a cargo de la coronel Daniset González Sánchez; participaron funcionarios de distintos órganos del sistema. 

Entre los contenidos abordados destacaron: “los factores que inciden en el silencio de las víctimas y obstáculos para la denuncia; los protocolos de actuación policial y medidas institucionales en casos de desaparición vinculados a violencia de género, incluyendo su evaluación, búsqueda y protección; y el perfil psicológico de los agresores”. 

Aunque estas acciones responden, en buena medida, a la presión sostenida que la sociedad civil ha ejercido durante años en defensa de la vida de las mujeres cubanas, conviene subrayar que no incorporan el trabajo ni la experiencia acumulada por las organizaciones independientes. En cambio, tienden a presentarse como respuestas institucionales orientadas, sobre todo, a cumplir compromisos internacionales que resultan funcionales para acceder a fondos de cooperación y asistencia.

Un ejemplo de ese enfoque se observó en enero de 2025, cuando la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) —la única organización de mujeres reconocida por el Estado y con un historial de alineamiento con el poder, incluso en contextos donde se ha señalado su participación en dinámicas represivas contra mujeres— anunció la campaña “Mirar para el otro lado también es violencia”, como parte del proyecto “Apoyo a la respuesta nacional a la violencia basada en género”. Según la comunicación oficial en el Canal Caribe, el programa se integra a una estrategia estatal destinada a “reducir el impacto de la violencia sexual y de género en Cuba”.

Lo relevante es que la iniciativa cuenta con el respaldo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y con apoyo de la Embajada de Canadá en La Habana, que habría donado alrededor de tres millones de dólares canadienses (poco más de dos millones de dólares estadounidenses) al proyecto. Sin embargo, todo ello se desarrolla sin participación de la sociedad civil independiente y sin mecanismos públicos de transparencia y rendición de cuentas sobre el destino de los recursos, ni sobre el impacto verificable de esos fondos.

3. Metodología de la observancia del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT)

Desde 2019, el Observatorio de Alas Tensas (OGAT), en coordinación estrecha con el Observatorio de Feminicidios de la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), sostiene un trabajo sistemático de registro, verificación y análisis de los feminicidios y otras violencias extremas contra mujeres y niñas en Cuba. Esta labor surge como respuesta directa a la ausencia de datos oficiales sistemáticos, transparentes y con enfoque de género, y a la opacidad del Estado cubano en todo lo relativo a la violencia de género.

Para realizar el trabajo de recopilación y análisis de datos contamos con una metodología en constante actualización que toma de las ganancias de otras metodologías ya existentes, y su adaptación crítica al contexto cubano. 

3.1 Enfoque conceptual y terminología

OGAT parte de la idea de que femicidio y feminicidio pueden considerarse términos equivalentes en cuanto señalan el asesinato de mujeres por razones de género. Sin embargo, OGAT opta deliberadamente por utilizar de forma preferente el término “feminicidio”, siguiendo el enfoque desarrollado por la investigadora mexicana Marcela Lagarde, que subraya la responsabilidad del Estado cuando no previene, no investiga con la debida diligencia ni sanciona adecuadamente estos crímenes. Es decir, cuando el Estado, por acción u omisión, termina garantizando —y normalizando— la impunidad frente a la violencia contra las mujeres y las niñas.

Mientras que las autoridades cubanas utilizan mayoritariamente el término “femicidio”, desanclándolo de la dimensión política e institucional, OGAT insiste en “feminicidio” para evidenciar que no se trata sólo de crímenes individuales, sino de una manifestación extrema de una estructura de poder patriarcal y de un Estado que no responde de manera adecuada a su deber de protección.

Para profundizar en los criterios de inclusión y el proceso de verificación de casos pueden acceder a la metodología completa en este link. 

3.2 Tipología utilizada para clasificar los feminicidios

OGAT adapta al contexto cubano la metodología de clasificación de feminicidios anunciada por el Ministerio de Igualdad de España (2021) y adoptada en 2022, considerada una de las más completas a escala internacional. A partir de esta referencia, el Observatorio utiliza las siguientes categorías: feminicidio de pareja o expareja, feminicidio familiar, feminicidio sexual, feminicidio social, feminicidio vicario, transfeminicidio, feminicidio ginecobstétrico y suicidio feminicida. 

Ver las definiciones de cada una de las categorías aquí. 

3.3 Limitaciones en la recopilación de datos

El contexto político cubano impone limitaciones estructurales a la observancia independiente. Tras las protestas masivas del 11 y 12 de julio de 2021, el aumento de la represión y la persecución del activismo ha tenido un efecto silenciador sobre la ciudadanía, que muchas veces teme denunciar públicamente situaciones de violencia, incluso mediante canales seguros.

Se ha observado una disminución en las reacciones públicas ante casos de violencia extrema, así como el cierre o restricción de perfiles en redes sociales que antes constituían fuentes clave de información. Adicionalmente, el acceso a informes forenses, expedientes policiales o documentos judiciales es prácticamente inexistente para organizaciones independientes, lo que impide esclarecer numerosos casos y deja a las familias sin opciones alternativas a las vías oficiales.

En estas condiciones, OGAT y YSTCC subrayan que sus registros constituyen un subregistro verificable, y que existen más casos de feminicidio y violencia extrema que no llegan a ser documentados por la combinación de miedo, censura y opacidad institucional.

4. Análisis de Datos

Tipología de los feminicidios 

El análisis por tipología de los 48 feminicidios verificados en 2025 muestra que el feminicidio de pareja o expareja continúa siendo la forma predominante de violencia letal contra las mujeres en Cuba. Con 40 casos, esta tipología concentra el 83,3 % del total, lo que confirma la persistencia de la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo.

Las restantes tipologías se distribuyen de la siguiente manera:

• · Feminicidio social: 4 casos
• · Feminicidio sexual: 3 casos
• · Feminicidio familiar: 1 caso

Aunque numéricamente menos frecuentes, estas categorías representan expresiones igualmente graves de la violencia feminicida. En particular, los feminicidios sexuales evidencian la intersección entre violencia sexual y letal, mientras que el feminicidio familiar pone de relieve riesgos existentes dentro del entorno doméstico más allá de la relación de pareja.

Uno de los casos clasificados como feminicidio sexual permanece en proceso de verificación ampliada, debido a la información limitada disponible al cierre del año. Esta situación refleja las restricciones estructurales de acceso a datos judiciales y forenses, que afectan la precisión y exhaustividad del análisis y obligan a mantener criterios de cautela metodológica en la clasificación de los casos.

La marcada concentración de feminicidios de pareja y expareja indica que el hogar y las relaciones íntimas continúan siendo espacios de alta vulnerabilidad, en un contexto donde persisten relaciones desiguales de poder y donde los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención resultan insuficientes o inexistentes.

Al mismo tiempo, la presencia de feminicidios sociales, sexuales y familiares confirma que la violencia feminicida no se limita al ámbito conyugal, sino que se manifiesta en diversos entornos sociales. Esta diversidad de tipologías subraya la necesidad de enfoques diferenciados e integrales en las políticas públicas, capaces de atender los distintos escenarios de riesgo identificados a partir del monitoreo independiente.

Relación entre víctima y victimario

El examen de la relación entre víctima y agresor en los feminicidios verificados durante 2025 permite observar la centralidad de los vínculos previos en la configuración de la violencia letal contra las mujeres. A partir de los 48 casos documentados por OGAT y YSTCC, se identifican los siguientes tipos de relación:

• En 22 casos (45,8 %), el agresor era la pareja actual de la víctima.
• En 18 casos (37,5 %), se trató de una expareja.
• 4 casos (8,3 %) corresponden a agresores conocidos del entorno social.
• 1 caso (2,1 %) fue cometido por un familiar.
• En 2 casos (4,2 %) no existía relación previa identificada entre víctima y agresor.
• En 1 caso (2,1 %) no fue posible determinar el vínculo a partir de la información disponible.

En conjunto, estos datos indican que en 45 de los 48 feminicidios verificados (93,8 %) el agresor era una persona conocida por la víctima, lo que sitúa el riesgo feminicida mayoritariamente en contextos de proximidad relacional. La concentración de los casos en relaciones de pareja, expareja y otros vínculos cercanos confirma que la violencia feminicida se inscribe, de forma predominante, en dinámicas sostenidas de desigualdad y control dentro de relaciones preexistentes.

Distribución geográfica: entorno urbano y rural

Los feminicidios verificados en Cuba durante 2025 se distribuyen entre entornos urbanos y rurales con una diferencia moderada. Del total de 48 casos documentados, 29 feminicidios (60,4 %) ocurrieron en zonas urbanas, mientras que 19 casos (39,6 %) tuvieron lugar en zonas rurales.

En los contextos rurales, la presencia de feminicidios debe leerse también a la luz de factores estructurales: menor disponibilidad de servicios especializados, mayores obstáculos para acceder a mecanismos de denuncia y una cobertura mediática más limitada. Estos elementos pueden contribuir a la continuidad de la violencia y a una intervención institucional insuficiente o tardía.

La distribución geográfica de los casos documentados refuerza la necesidad de políticas de prevención y protección que incorporen un enfoque territorial, atendiendo las particularidades y desigualdades existentes entre zonas urbanas y rurales.

Lugar del crimen

El análisis del lugar donde ocurrieron los 48 feminicidios verificados en Cuba durante 2025 muestra una concentración significativa de los hechos en espacios vinculados al ámbito doméstico, aunque también evidencia la presencia de escenarios abiertos y expuestos.

Del total de casos documentados, 30 feminicidios (62,5 %) tuvieron lugar en viviendas. De estos, 15 casos (31,3 %)ocurrieron en la vivienda compartida por la víctima y el agresor, y 15 casos (31,3 %) en la vivienda de la víctima. 

La ocurrencia de los feminicidios en el hogar debe analizarse en relación con condiciones estructurales persistentes, como la crisis habitacional, la ausencia de refugios estatales para mujeres en situación de violencia y las limitadas alternativas de protección institucional. Estas condiciones restringen las posibilidades de ruptura del vínculo con el agresor y prolongan la exposición a situaciones de riesgo.

Por fuera del ámbito residencial, se documentaron 18 feminicidios (37,5 %) en espacios no domésticos. Dentro de este grupo se incluyen:

• 8 casos (16,7 %) ocurridos en espacios públicos.
• 3 casos (6,3 %) en terrenos baldíos o basurales.
• 2 casos (4,2 %) en la vivienda del agresor.
• 2 casos (4,2 %) clasificados en otros espacios.
• 1 caso (2,1 %) ocurrido en hoteles o alojamientos temporales.
• En 2 casos (4,2 %) no fue posible determinar el lugar del crimen a partir de la información disponible.

Los feminicidios cometidos en terrenos baldíos o basurales presentan características particularmente graves, al implicar el abandono del cuerpo en espacios abiertos, periféricos o de baja vigilancia social. En al menos uno de estos casos, la víctima había sido reportada previamente como desaparecida, y su cuerpo fue localizado posteriormente en un área de desecho, con indicios de violencia, lo que refuerza la relación entre feminicidio, desaparición previa y ocultamiento del cuerpo.

La diversidad de escenarios identificados confirma que la violencia feminicida no se restringe al espacio privado, aunque este concentre la mayoría de los casos, y que puede manifestarse también en contextos públicos o marginalizados. Esta distribución subraya la necesidad de políticas de prevención y protección que aborden de manera diferenciada los riesgos asociados tanto a los entornos domésticos como a los espacios abiertos, así como de mecanismos eficaces de búsqueda y respuesta temprana ante denuncias de desaparición.

Distribución temporal: feminicidios por mes

La distribución mensual de los 48 feminicidios verificados, muestra una variación irregular a lo largo del año, con una mayor concentración de casos en el segundo semestre.

El mes con mayor número de feminicidios registrados fue agosto, con 9 casos (18,8 %), seguido de julio, con 6 casos (12,5 %), y noviembre, con 5 casos (10,4 %). En conjunto, estos tres meses concentraron 20 feminicidios, lo que representa 41,7 % del total anual.

En un nivel intermedio se ubican marzo, abril y diciembre, con 4 casos cada uno (8,3 % por mes). Los meses de enero, febrero, junio, septiembre y octubre registraron 3 feminicidios cada uno (6,3 %). El mes con menor incidencia documentada fue mayo, con 1 caso (2,1 %).

La concentración de casos en los meses de julio y agosto coincide con el período vacacional de verano, caracterizado por una mayor permanencia en el hogar y cambios en las dinámicas familiares. Este comportamiento temporal resulta consistente con observaciones realizadas en informes anteriores, que han identificado incrementos de la violencia feminicida en meses asociados a modificaciones en la organización cotidiana de la vida familiar, en un contexto atravesado por la crisis económica y la precariedad material.

La reiteración de concentraciones mensuales en determinados períodos del año (en 2024 noviembre, con 9 casos, fue uno de los meses con mayor incidencia de feminicidios verificados) refuerza la utilidad del análisis temporal como herramienta para el seguimiento independiente de la violencia feminicida y la identificación de ventanas críticas de riesgo. Estos patrones no permiten establecer relaciones causales directas, pero aportan elementos relevantes para el diseño de estrategias de prevención focalizadas y la planificación de intervenciones oportunas.

Edad de las víctimas

El análisis por rangos etarios de los 48 feminicidios verificados en Cuba durante 2025 permite identificar los grupos de edad con mayor concentración de violencia feminicida y observar continuidades y variaciones respecto a años anteriores.

La distribución por edad es la siguiente:

• 15 a 30 años: 15 casos (31,3 %)
• 31 a 45 años: 12 casos (25,0 %)
• 46 a 60 años: 11 casos (22,9 %)
• Mayores de 60 años: 3 casos (6,3 %)
• Menores de 15 años: 1 caso (2,1 %)
• Edad no determinada: 6 casos (12,5 %)

El grupo de 15 a 30 años concentra el mayor número de casos registrados en 2025. Este resultado señala una exposición significativa de mujeres jóvenes a la violencia feminicida, en escenarios donde confluyen relaciones afectivas desiguales y dependencia emocional. 

El rango de 31 a 45 años mantiene una presencia elevada dentro del total de casos verificados. Se trata de un segmento etario en el que suelen coincidir responsabilidades de cuidado, convivencia prolongada con parejas o exparejas y limitadas posibilidades materiales para abandonar relaciones violentas.

Aunque en menor número, los feminicidios de mujeres mayores de 60 años evidencian situaciones de especial vulnerabilidad asociadas a la edad, la dependencia y el aislamiento social, en un contexto con insuficientes mecanismos de protección.

Finalmente, la presencia de feminicidios en todos los grupos de edad registrados en 2025 indica que la violencia feminicida no se circunscribe a un segmento etario específico. Este dato subraya que ninguna mujer está exenta del riesgo, independientemente de su edad, y refuerza la necesidad de políticas de prevención y protección que contemplen las distintas etapas del ciclo vital.

Violencia sexual asociada al feminicidio

El análisis de la presencia de violencia sexual en los feminicidios verificados en Cuba durante 2025 permite dimensionar una de las expresiones más extremas de la violencia de género, así como las limitaciones estructurales existentes para su documentación.

De los 48 feminicidios verificados por OGAT y YSTCC en 2025, la distribución es la siguiente:

• Violencia sexual confirmada: 3 casos (6,3 %)
• Violencia sexual descartada: 37 casos (77,1 %)
• Información no determinada: 8 casos (16,7 %)

Los datos indican que solo en una proporción reducida de los casos fue posible confirmar la existencia de violencia sexual asociada al feminicidio. Sin embargo, este resultado no puede interpretarse como una baja incidencia real, sino que debe leerse a la luz de las condiciones de subregistro que caracterizan el contexto cubano.

La proporción de casos con información no determinada refleja las limitaciones persistentes para acceder a fuentes forenses, informes médicos, expedientes judiciales o versiones oficiales completas. La ausencia de estos insumos impide establecer con certeza si existieron agresiones sexuales previas o concomitantes al asesinato, particularmente en escenarios donde el cuerpo de la víctima es hallado días después o en espacios públicos.

Asimismo, la violencia sexual continúa siendo una de las formas de agresión más invisibilizadas, atravesada por estigmas, silencios institucionales y deficiencias en los procesos de investigación y registro. Estas condiciones dificultan su identificación incluso en contextos de violencia extrema como el feminicidio.

Los casos en los que sí se logró constatar violencia sexual representan expresiones especialmente graves de dominación y ultraje sobre el cuerpo de las víctimas. Desde una perspectiva de derechos humanos, estos feminicidios requieren una atención diferenciada, tanto en términos de investigación penal como de políticas de prevención, al evidenciar la convergencia de múltiples formas de violencia de género.

Modalidad del crimen

De los 48 feminicidios verificados en Cuba durante 2025 por los observatorios OGAT y YSTCC, la modalidad más frecuente fue el uso de arma blanca, presente en 31 casos, lo que representa 64,6 % del total. Esta proporción confirma la persistencia de un patrón ya identificado en años anteriores, asociado a formas de violencia ejercidas mediante instrumentos de fácil acceso en el entorno cotidiano.

El predominio del arma blanca se vincula directamente con el contexto cubano, donde el acceso a armas de fuego continúa siendo limitado, así como con la alta proporción de feminicidios cometidos en espacios domésticos o de cercanía relacional. En la mayoría de los casos, se trata de objetos de uso común que son utilizados como medios letales en escenarios de convivencia o proximidad entre víctima y agresor.

Otras modalidades registradas durante 2025 incluyen:

• Asfixia o estrangulamiento: 8 casos (16,7 %), una modalidad asociada a violencia de contacto directo y control físico prolongado.
• Degollamiento: 6 casos (12,5 %), que reflejan niveles elevados de brutalidad.
• Arma de fuego: 2 casos (4,2 %).
• Golpes: 1 caso (2,1 %).

En comparación con años anteriores, la presencia de armas de fuego continúa siendo marginal dentro del conjunto de feminicidios verificados, sin que se observe un incremento significativo en su uso como modalidad del crimen durante 2025. 

En conjunto, la distribución de las modalidades del crimen evidencia que la violencia feminicida en Cuba mantiene un carácter predominantemente íntimo y relacional, en el que los medios utilizados refuerzan dinámicas de dominación, control y proximidad, más que escenarios de violencia aleatoria o distante.

Víctimas con personas dependientes a cargo

El análisis de la variable relativa a la existencia de personas dependientes a cargo de las víctimas permite dimensionar el impacto social extendido de la violencia feminicida, más allá de la muerte individual.

De acuerdo con la matriz de registro de OGAT y YSTCC para el año 2025, 29 de las 48 víctimas de feminicidio verificadas (60,4 %) tenían personas dependientes a su cargo, mientras que en 19 casos (39,6 %) no se identificó esta condición. La información disponible indica que, en la mayoría de los casos registrados como afirmativos, las personas dependientes eran hijos e hijas menores de edad, aunque también se documentan situaciones de cuidado hacia otros familiares.

La base de datos confirma, por tanto, que más de seis de cada diez feminicidios ocurridos en 2025 afectaron directamente a núcleos familiares con personas en situación de dependencia, lo que permite afirmar que el daño producido por estos crímenes no se limita a la víctima directa, sino que se proyecta de manera inmediata sobre niñas, niños y otras personas que dependían material, afectiva o socialmente de ella.

La elevada proporción de víctimas con personas dependientes refuerza la necesidad de incorporar una perspectiva de reparación ampliada, que considere las consecuencias del feminicidio en términos de orfandad, desprotección y vulneración de derechos económicos, sociales y emocionales. La ausencia de mecanismos estatales específicos para la atención integral de estas personas agrava el impacto de la violencia feminicida y evidencia una deuda estructural en materia de protección social y derechos humanos.

Denuncia previa de violencia

El análisis de la existencia de denuncias previas en los 48 feminicidios verificados en Cuba durante 2025 muestra una baja incidencia de activación de mecanismos formales de denuncia, así como importantes vacíos de información.

Según los datos consolidados por OGAT y YSTCC, solo en 9 casos (18,8 %) se pudo confirmar que la víctima había realizado denuncias previas por situaciones de violencia. En 13 casos (27,1 %) se verificó que no existieron denuncias previas, mientras que en 26 casos (54,2 %) no fue posible determinar si la víctima había acudido previamente a instancias institucionales.

La limitada proporción de denuncias confirmadas no debe interpretarse como una falta de acción o voluntad por parte de las víctimas. Por el contrario, se inscribe en un contexto estructural caracterizado por la ausencia de una Ley Integral contra la Violencia de Género, la inexistencia de refugios estatales, la falta de protocolos efectivos de protección y una respuesta institucional fragmentaria, factores que desalientan la denuncia y reducen su percepción como una vía real de protección.

El elevado porcentaje de casos en los que se desconoce la existencia de denuncias previas evidencia, además, deficiencias sistemáticas en el registro, seguimiento y trazabilidad de la información, así como las limitaciones que enfrentan los observatorios independientes para acceder a datos oficiales, expedientes policiales o información judicial. Esta opacidad institucional contribuye al subregistro y dificulta la evaluación del funcionamiento real de los mecanismos de prevención.

En conjunto, estos datos indican que la mayoría de las víctimas se encontraban en situaciones de violencia no abordadas oportunamente por el sistema, ya sea por falta de denuncia, por barreras estructurales para acceder a ella o por la inexistencia de respuestas efectivas una vez activados los canales formales.

Análisis interseccional 

El análisis interseccional de los 48 feminicidios verificados en Cuba durante 2025 muestra una sobrerrepresentación de mujeres afrodescendientes en el registro independiente de los observatorios. En 46 casos fue posible identificar el color de la piel de la víctima: 22 correspondieron a mujeres afrodescendientes (45,8 %) y 24 a mujeres blancas (50 %), mientras que en 2 casos (4,2 %) esta variable no pudo ser determinada.

Esta distribución adquiere especial relevancia al contrastar con los datos demográficos disponibles. Según el Censo de Población y Viviendas de Cuba de 2012, el 9,3 % de la población se autoidentificó como negra y el 26,6 % como mestiza, categorías que en conjunto representan a la población afrodescendiente. Incluso considerando esta estimación ampliada, la proporción de mujeres afrodescendientes entre las víctimas de feminicidio documentadas en 2025 resulta significativamente superior a su peso demográfico, lo que permite identificar un patrón de sobrerrepresentación.

Este dato no puede analizarse de forma aislada. En el contexto cubano, la racialización se entrecruza con desigualdades estructurales vinculadas al acceso a recursos materiales, condiciones habitacionales, inserción laboral, redes de protección y respuesta institucional frente a la violencia. Estas desigualdades inciden tanto en la exposición al riesgo como en las posibilidades de prevención, denuncia y acceso efectivo a la justicia.

5. Conclusiones 

La violencia feminicida documentada en Cuba durante 2025 se inscribe en un contexto de crisis multidimensional que agrava la vulnerabilidad de mujeres y niñas: colapso económico, deterioro de los servicios de salud y asistencia social, crisis habitacional, aumento de la pobreza, éxodo migratorio y represión política. En ese escenario, la incorporación sistemática del monitoreo de desapariciones confirma la existencia de zonas de riesgo extremo, caracterizadas por la ausencia de protocolos públicos de búsqueda inmediata, la falta de registros accesibles y la demora institucional. En 2025, a partir del registro trabajado por OGAT, se documentaron 37 desapariciones de mujeres, niñas y niños; de ese total, 26 personas fueron localizadas con vida, 6 casos permanecen como alertas activas y 5 corresponden a mujeres que aparecieron muertas. Este panorama desplaza la carga de la búsqueda hacia familias y comunidades, mientras se mantiene un clima de coerción social: hay un centenar de presas políticas tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, otras protestas pacíficas o por el simple hecho de sostener activismo cívico no violento.

En 2025, los observatorios OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba verificaron 48 feminicidios, una cifra inferior a la de 2024 que no puede interpretarse como una reducción real de la violencia, sino como una variación condicionada por condición de subregistro de nuestra labor, debido a la opacidad institucional y a las restricciones para denunciar y verificar de manera independiente. El feminicidio de pareja o expareja se mantiene como patrón dominante (83,3 %), y en más del 90 % de los casos el agresor tenía un vínculo previo con la víctima. El hogar continúa siendo el principal escenario del crimen (62,5 %) y el uso de arma blanca predomina (64,6 %); en dos tercios de los casos se identificaron agravantes de especial crueldad, lo que refleja altos niveles de ensañamiento.

En 29 casos (60,4 %) las víctimas tenían personas dependientes a su cargo, principalmente hijas e hijos menores de edad, generando situaciones de orfandad y desprotección sin políticas estatales específicas de reparación y acompañamiento. Solo en 9 casos (18,8 %) se confirmó la existencia de denuncias previas por violencia. En más de la mitad de los casos no fue posible determinar este dato, lo que refleja desconfianza institucional, ausencia de garantías reales de protección y deficiencias estructurales en los sistemas de prevención.

En este contexto, el régimen cubano ha intentado proyectar una respuesta institucional mediante gestos como la inauguración, en noviembre de 2025, de “una oficina especializada para la atención jurídica integral y multidisciplinaria a víctimas de violencia de género”. Sin embargo, la negativa a impulsar una Ley Integral contra la violencia de género, la falta de tipificación del feminicidio en el Código Penal, la ausencia de campañas masivas de sensibilización, la inexistencia de refugios para víctimas y sus hijos, y la falta de mecanismos efectivos de protección y acompañamiento sostienen un escenario de impunidad estructural, en el que el monitoreo independiente continúa siendo clave para documentar, alertar y construir memoria pública.

6. Recomendaciones

Para las instituciones gubernamentales cubanas

• Aprobar e implementar una Ley Integral contra la Violencia de Género, que tipifique el feminicidio como delito autónomo, incorpore sus agravantes específicos y establezca obligaciones claras de prevención, protección, investigación, sanción y reparación, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

• Incorporar de manera transversal un enfoque interseccional en la legislación y en todas las políticas públicas relacionadas, reconociendo las violencias agravadas por razones de raza, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, condición migratoria, situación socioeconómica y territorialidad rural o urbana.

• Establecer una red nacional de refugios seguros y accesibles, con cobertura territorial suficiente, que garantice alojamiento inmediato y atención integral (legal, psicológica, médica y social) a mujeres en situación de riesgo, especialmente en provincias y municipios con alta incidencia de violencia feminicida.

• Crear protocolos públicos, obligatorios y verificables de atención y búsqueda inmediata para desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, con plazos definidos, activación automática de alertas y coordinación interinstitucional, evitando la revictimización de las familias.

• Garantizar la transparencia, periodicidad y acceso público a los datos oficiales sobre feminicidios, intentos de feminicidio, desapariciones y otras violencias de género, con desagregación por edad, raza, territorio, vínculo con el agresor y contexto del crimen, así como la publicación clara de la metodología utilizada.

• Implementar programas de formación continua y obligatoria en perspectiva de género y derechos humanos dirigidos a fuerzas policiales, operadores de justicia, personal de salud, educación y trabajo social, con énfasis en prevención, detección temprana y atención a víctimas.

• Garantizar el respeto a las libertades civiles y políticas, incluida la liberación inmediata e incondicional de personas presas por motivos políticos, cuya criminalización debilita los mecanismos sociales de denuncia y prevención de la violencia de género.