La violencia contra la mujer aún encuentra espacio en Cuba

La brecha entre las políticas formales y las acciones reales es profunda y, en el contexto de la violencia contra la mujer, extremadamente perjudicial.

El artículo del Granma "En Cuba no hay espacio para la violencia de género", firmado por la Fiscal Jefe de la Dirección de Información y Análisis, Ana Hernández, y Anneliesse Toranzo, Fiscal de la Dirección de Procesos Penales, resalta las medidas legales existentes en Cuba para abordar la violencia de género. No obstante, la realidad que viven las mujeres en las calles y hogares cubanos sugiere un gran desfase entre las políticas públicas y las experiencias reales.

El artículo subraya que "las cubanas hemos sido dignificadas por la Revolución", destacando iniciativas como la creación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y "el compromiso del Estado con la igualdad de género". Sin embargo, reconoce que la violencia de género sigue siendo "un problema complejo y estructural". Esto muestra la persistencia de estas manifestaciones a pesar de las proclamas oficiales.

Aunque se describe un "sistema normativo moderno y garantista", la discrepancia sólo entre las estadísticas oficiales y los reportes de organizaciones independientes como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba, que han documentado 274 feminicidios desde 2019 hasta abril de 2025, es notable. 

Por otra parte, la Federación de Mujeres Cubanas, que actúa como el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer, ha demostrado importantes reticencias. En 2022, se opuso a incluir el feminicidio como delito específico en el código penal. 

Además, ha sido criticada por otorgar reconocimientos a instituciones implicadas en controversias de abuso sexual, como cuando en 2024 concedió la “Distinción 8 de marzo” a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV), justo después de que exestudiantes denunciaran haber sufrido abusos sexuales en ese centro educativo. 

La FMC también ha participado en actos de repudio contra activistas y disidentes. Además, nunca ha expresado su solidaridad hacia las presas políticas cubanas, cuyo número aumentó tras las protestas del 11 de julio de 2021.

Continúa la invisibilización de la violencia contra la mujer por parte de las autoridades  

Un aspecto preocupante que se destaca de este artículo en el Granma es el desarrollo de un “Registro Administrativo, informatizado e interoperable, sobre la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género”, que no tendrá carácter público. 

Ya en agosto de 2024, cuando este registro fue anunciado por Amarelle Boué, presidenta de la FMC, y que aún al parecer continúa en proceso de elaboración, el OGAT ya llamaba la atención sobre la urgencia de que las cifras recopiladas fueran públicas. 

Este ocultamiento se contrapone al “compromiso con la Ley de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública”, al que se hace referencia en el mismo artículo, y mantiene los datos claves bajo control estatal y fuera del alcance de la sociedad civil.

Las medidas legales que se desgajan en este artículo, parecen ser más un esfuerzo más por mejorar la imagen del régimen que por implementar una solución efectiva para la violencia que enfrentan las mujeres cubanas diariamente. 

La brecha entre las políticas formales y las acciones reales es profunda y, en el contexto de la violencia contra la mujer, extremadamente perjudicial.