Violencia política de género en Cuba: el control sobre nuestros cuerpos y nuestras voces

"En Cuba, las mujeres que forman parte de la prensa independiente, así como les activistas de la comunidad LGBTIQA+, han sido señaladas de manera desproporcionada debido a que sus voces desafían no solo al Estado, sino al sistema patriarcal que lo sustenta".

En octubre de 2021, tuve mi primer enfrentamiento con la Seguridad del Estado cubano. Se acercaba el 15 de noviembre, fecha en la que se esperaban manifestaciones masivas, similares a las del 11 de julio del mismo año. Varias mujeres fuimos citadas por las autoridades cubanas, solo mujeres.

Esa primera experiencia fue suficiente para darme cuenta de que las fuerzas represivas en Cuba consideran a las mujeres y a las personas LGBTIQA+ que manifiestan disidencia como figuras vulnerables. Una visión machista y patriarcal, característica de los regímenes totalitarios como el cubano. La represión ejercida contra activistas, periodistas, y personas vinculadas a medios independientes en Cuba no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón de violencia estructural que tiene dimensiones de identidad de género, orientación sexual, raza, ideología, etc.

La violencia política de género como herramienta de represión

En las últimas semanas, una nueva ola de represión ha sacudido a Cuba, dirigida especialmente contra activistas y periodistas, en su mayoría mujeres y personas de la comunidad LGBTIQA+.

El 22 de septiembre, Adelth Bonne, colaborador de Cubanet, fue intimidado en su casa por dos mujeres que, según sus declaraciones, actuaban en nombre del Gobierno. Lo confrontaron por su labor periodística y activismo contra el régimen. Del mismo modo, la activista Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, fue detenida arbitrariamente y desaparecida por 72 horas en La Habana cuando intentaba ejercer su derecho a la protesta y la libertad de expresión. Yamilka Laffita, conocida en redes como "Lara Crofs", recibió una amenaza de muerte el 24 de septiembre debido a su activismo en favor de grupos vulnerables. En el mensaje, también se mencionaba a la académica Alina Bárbara López Hernández, quien ha sido acosada constantemente por el Estado cubano.

"Bajo presión, se nos ha obligado a grabar testimonios en video, confesando delitos que no hemos cometido y renunciando públicamente a colaborar con medios independientes, considerados "subversivos" por el gobierno cubano."

Desde mediados de septiembre varios colaboradores de medios independientes cubanos, además de activistas, personas que lideran proyectos sociales o emprendimientos y creadores de contenido han sido sometidos a disimiles violencias por parte de los órganos de la Seguridad del Estado.  Las violencias han incluido interrogatorios de entre 8 y 12 horas, además del decomiso de herramientas de trabajo como laptops, celulares y dinero ahorrado. Quienes hemos sido víctimas de estos abusos hemos sido coaccionades para declarar como "testigos" en una supuesta investigación penal por el delito de “mercenarismo”. Bajo presión, se nos ha obligado a grabar testimonios en video, confesando delitos que no hemos cometido y renunciando públicamente a colaborar con medios independientes, considerados "subversivos" por el gobierno cubano.

"La violencia ejercida no es una simple muestra de poder estatal, sino una clara manifestación de violencia política de género, un fenómeno que se agudiza en regímenes totalitarios."

Este patrón de violencia política no es nuevo. Hace dos años, en agosto de 2022, una ola represiva similar afectó a periodistas y colaboradores del medio independiente El Toque. Sin embargo, lo que ahora se presenta tiene características aún más brutales, con un enfoque especial en el control de los medios independientes, a quienes se les acusa de “mercenarismo”, bajo el artículo 143 del Código Penal cubano. Este tipo de represión no solo apunta a silenciar voces disidentes, sino que también busca desgastar psicológica y socialmente a quienes desafiamos las narrativas oficiales.

La violencia ejercida no es una simple muestra de poder estatal, sino una clara manifestación de violencia política de género, un fenómeno que se agudiza en regímenes totalitarios. Este tipo de violencia, según ONU Mujeres, se utiliza para controlar, deslegitimar y hacer callar a las mujeres y personas LGBTIQA+ que desafían las estructuras patriarcales y autoritarias de los estados. La represión contra activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos sigue patrones similares en otros países de América Latina con regímenes autoritarios, como Nicaragua o Venezuela, donde la persecución estatal se convierte en un arma de control.

"La violencia política de género busca tanto desalentar la participación política de las mujeres como reforzar las normas patriarcales tradicionales".

En Cuba, las mujeres que forman parte de la prensa independiente, así como les activistas de la comunidad LGBTIQA+, han sido señaladas de manera desproporcionada debido a que sus voces desafían no solo al Estado, sino al sistema patriarcal que lo sustenta. Tal y como ha denunciado Amnistía Internacional, este tipo de represión afecta desmedidamente a mujeres, generando un impacto psicosocial que busca anular su capacidad de resistencia. Mona Lena Krook, experta en violencia política de género en su libro "Violence Against Women in Politics", señala que las mujeres en política "son vistas como una amenaza no solo porque desafían el statu quo político, sino porque también transgreden las normas de género que limitan su participación en el poder." Krook argumenta que la violencia política de género es una respuesta directa a este desafío dual, y que busca tanto desalentar la participación política de las mujeres como reforzar las normas patriarcales tradicionales. Es decir, la violencia que enfrentan tiene una intersección que va más allá de lo político y se enmarca en una lucha de poder sobre sus cuerpos y voces.

En este sentido, las coacciones que les obligan a renunciar públicamente a colaborar con medios independientes no solo buscan amordazarle, sino también despojarles de su autonomía. Las horas interminables de interrogatorio, las amenazas y la extorsión son estrategias diseñadas no solo para castigar, sino para sembrar el miedo y la autocensura. Las confesiones forzadas y los testimonios grabados bajo amenaza son solo otra capa de control que perpetúa la narrativa del Estado, donde las voces críticas se presentan como traidoras y los medios independientes como enemigos del pueblo.

Revictimización mediática: una nueva capa de violencia

A la violencia ejercida por el Estado se suma la violencia que enfrentan en el espacio digital. Aunque algunos medios de comunicación y voces influyentes tratan de visibilizar estos abusos, con frecuencia terminan contribuyendo a la revictimización de las personas que denuncian. Según la UNESCO, el uso de las redes sociales para amplificar estas historias a menudo resulta en una doble victimización. En lugar de recibir apoyo, las activistas y periodistas se enfrentan a campañas de desprestigio, ataques en redes sociales y críticas que, en muchos casos, les culpan por su postura pública.

Expertas como Rita Segato han abordado cómo las narrativas mediáticas refuerzan el poder patriarcal. En su libro "La guerra contra las mujeres" (2016) examina cómo los sistemas de poder patriarcal se sostienen no solo mediante la violencia directa, sino también a través de la representación y reproducción de estereotipos en los medios de comunicación, donde se puede revictimizar a quienes ya han sufrido agresiones. Su análisis incluye cómo los discursos mediáticos trivializan o minimizan la violencia, contribuyendo a la invisibilización de la verdadera naturaleza del problema y, en muchos casos, a la consolidación de la impunidad.

La revictimización se produce cuando los medios de comunicación o incluso influencers y voces de cambio, que podrían parecer aliados en la lucha por la justicia, terminan reproduciendo discursos que minimizan o ridiculizan las experiencias de violencia. En muchos casos, los medios de comunicación no abordan la violencia política de género con la gravedad que amerita, sino que presentan los ataques como episodios aislados o como parte del "juego político". Este enfoque trivializa el impacto emocional y psicológico que estas violencias tienen sobre las víctimas. Además, al centrarse en los detalles morbosos de los casos (interrogatorios, coacción), los medios pueden convertir el sufrimiento en un espectáculo para consumo público, invisibilizando el componente estructural de la violencia. Cuando los medios o ciertas voces prominentes en redes sociales e influencers no entienden la dimensión de género en la violencia, pueden caer en el error de repetir las narrativas de desprestigio promovidas por los actores represores.

"La violencia de género ejercida a través de la política estatal, especialmente en contextos de represión, tiene un impacto en las estructuras de resistencia feminista y LGBTIQA+."

No todas las mujeres experimentan la violencia de la misma manera; aquellas que son racializadas, pobres o pertenecen a la comunidad LGBTIQA+ suelen enfrentar formas más agudas y complejas de represión. Sin embargo, muchos medios de comunicación o voces de cambio no adoptan una perspectiva interseccional, lo que contribuye a la invisibilización de las experiencias particulares de estas personas.

Este fenómeno ha sido especialmente duro para las mujeres y personas LGBTIQA+, ya que son percibidas como amenazas no solo políticas, sino también sociales y culturales. Lo que comienza como un intento de visibilización, termina por convertirse en un ciclo de estigmatización y aislamiento. Como señalan los expertos en violencia política de género, estas dinámicas incrementan el malestar psicológico de las víctimas, al añadir la carga emocional del juicio público a las secuelas del abuso estatal.

La revictimización tiene consecuencias graves. En términos psicológicos, según el informe de Amnistía Internacional "La era de las mujeres: Estigma y violencia contra mujeres que protestan", la exposición reiterada a estas formas de violencia genera un doble trauma: las víctimas no solo deben enfrentar la violencia original, sino también el daño secundario causado por la distorsión o explotación de sus historias. Las personas afectadas suelen experimentar ansiedad, depresión, agotamiento emocional, e incluso aislarse de la vida pública debido al miedo de ser estigmatizadas nuevamente.

"Las feministas hemos denunciado que, en situaciones como estas, el objetivo del Estado no es únicamente silenciar la crítica, sino también erosionar las redes de apoyo y solidaridad que hemos construido."

Desde un enfoque más amplio, la revictimización también afecta el tejido social, ya que desincentiva la participación política de mujeres y personas LGBTIQA+. ONU Mujeres ha advertido que la violencia simbólica y mediática contribuye a la subrepresentación de mujeres en espacios de poder, y promueve una cultura del silencio que invisibiliza las luchas de género.

La violencia de género ejercida a través de la política estatal, especialmente en contextos de represión, tiene un impacto en las estructuras de resistencia feminista y LGBTIQA+. Las feministas hemos denunciado que, en situaciones como estas, el objetivo del Estado no es únicamente silenciar la crítica, sino también erosionar las redes de apoyo y solidaridad que hemos construido. Las violencias que hemos experimentado no son un indicio de nuestra debilidad, sino de la fuerza que el Estado reconoce en nosotras. Somos conscientes de que la violencia política de género tiene raíces profundas en los sistemas patriarcales y autoritarios, pero también sabemos que cada periodista, activista o creador de contenido que es silenciado, representa una pérdida para los movimientos sociales que luchan por una Cuba más justa y equitativa.