Nueva ley de resarcimientos: ¿Qué reciben las víctimas de violencia de género en Cuba?

La nueva ley de resarcimientos carece de un enfoque de género.

El Gobierno cubano publicó este 14 de diciembre en la Gaceta Oficial el Decreto-Ley 86 de 2024, sobre la Caja de Resarcimientos del Ministerio de Justicia (MINJUS), que sustituye a uno del año 1954 con el que se regula hasta la actualidad la ejecución de la responsabilidad civil derivada de delitos.

De acuerdo con la nueva legislación, la Caja de Resarcimientos será la encargada de gestionar estos procesos y actuará en representación de las víctimas para evitar cualquier interacción con los sancionados. Además, el Decreto-Ley establece convenios de pago para los casos en que el sancionado no pueda asumir la totalidad de la indemnización de forma inmediata.

En situaciones excepcionales, como la insolvencia del sancionado, la Caja podrá asumir el pago de las indemnizaciones con cargo a sus propios fondos, siempre que se demuestre que la víctima enfrenta una grave necesidad económica. Este resarcimiento también cubrirá derechos esenciales, como "las pensiones alimentarias para menores de edad y personas en situación de discapacidad".

Aunque todavía no se ha implementado, las autoridades cubanas dijeron que trabajan en extender los servicios de la Caja a nivel municipal, lo que facilitaría el acceso a las víctimas que actualmente deben trasladarse a las cabeceras provinciales.

Sin embargo, el alcance del Decreto-Ley está centrado principalmente en el resarcimiento económico, dejando pendientes aspectos relacionados con el apoyo psicológico o medidas adicionales de rehabilitación para las víctimas.

Opiniones de expertas sobre la nueva Ley de resarcimiento en Cuba

El nuevo Decreto, que busca garantizar la reparación económica a las víctimas, priorizando a personas vulnerables como menores de edad, ancianos, jubilados y mujeres que han sufrido violencia, ha generado numerosas interrogantes entre los cubanos.

Yanelys Núñez, coordinadora del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), valoró el Decreto-Ley como un paso esperado dentro del programa legislativo cubano, aunque destacó la necesidad de analizarlo en profundidad. "Dicen que consultaron a expertos y organismos como el MINJUS y el Ministerio del Interior (MININT). No sabemos si también estuvo la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) entre los organismos consultados, que es el mecanismos del Estado para implementar el Programa de Adelanto de las Mujeres y la única organización de mujeres permitida en el país", señaló.

Uno de los puntos críticos destacados por Núñez fue la falta de una fecha concreta para implementar las representaciones municipales de la Caja. "Ellos dicen que no será de inmediato. Eso, por supuesto, es un impedimento para las personas que viven en zonas rurales -como ellos mismos han comunicado- y no tienen medios de transporte, por lo que tienen que ir a las cabeceras provinciales para exigir estos resarcimientos", explicó.

Sobre los casos de violencia de género, Núñez señaló que sigue recayendo en los agresores la responsabilidad de pagar las indemnizaciones, lo que genera limitaciones cuando los sancionados no están en condiciones de cumplir con esta obligación. "En muchos casos, los agresores se suicidan. ¿El régimen tiene en cuenta esto? Dicen en la nota del Granma que solo en casos excepcionales la Caja de Resarcimientos se hará cargo. Habrá que ver en la práctica cómo funciona", comentó.

Asimismo, resaltó que los resarcimientos deben cubrir los gastos básicos de las víctimas no mortales de los feminicidios y deben ir más allá de la compensación económica. "Tiene que haber una tipificación específica en estos casos, y la reparación no solo puede ser en cuestión de dinero, sino acompañada de una garantía de no repetición, una rehabilitación, que son parte de las reparaciones integrales", sostuvo.

Ileana Álvarez, directora del OGAT, calificó la aprobación del Decreto-Ley como un avance significativo en el reconocimiento de las víctimas de violencia de género. “Que exista una ley específica para resarcir a las víctimas de la violencia de género, que aclaro, no solamente son las hijas e hijos, sino también las personas mayores y personas con discapacidad que estaban bajo el cuidado de las víctimas ya de una manera bien específica, es un logro, y pienso que de alguna manera es también fruto de las demandas de organizaciones civiles y feministas que han puesto esto sobre el debate público”, señaló.

No obstante, Álvarez expresó preocupación por la implementación práctica de la norma. “Hay que ver ahora cómo la ley se instrumentaliza, cómo se interpreta, porque de hecho sí tenemos conocimiento que con la anterior Ley los resarcimientos eran muy ineficientes, y en la mayoría de los casos relacionados con la violencia de género, inexistentes. La investigación que realizó Casa Palanca puso sobre el tapete cómo existen muchas víctimas que no han logrado realmente un resarcimiento, no solamente de índole económico, sino tampoco de índole psicológico, de reparación de esas personas que han quedado rotas, de esas familias que han quedado destruidas por la violencia de género y por el feminicidio”, denunció.

Alertas de Cubalex

Cubalex, en uno de sus informes para la CEDAW, también alertó sobre las barreras que enfrentan las víctimas de violencia de género en Cuba para acceder a la justicia y obtener reparaciones. Según su análisis, el sistema legal presenta deficiencias significativas que impiden una reparación integral, como la falta de un enfoque de género en las normativas existentes y la fragmentación legal, que crea un entorno confuso y complicado para las víctimas.

Aunque el Código Penal y la Ley del Proceso Penal incluyen disposiciones para la protección, estas no abordan completamente los componentes necesarios para una reparación efectiva y las normativas actuales omiten la atención a las necesidades específicas de mujeres y niñas víctimas de violencia, dejando a muchas en un estado de desprotección institucional.

Reclamos de Casa Palanca

También la investigación de Casa Palanca "Víctimas de las que no se habla: la realidad de las familias atravesadas por feminicidios en Cuba", publicada en septiembre indicó que el derecho internacional establece estándares claros para la reparación de las víctimas, como garantizar compensaciones económicas por la pérdida del sustento y los daños emocionales, acceso a servicios médicos y psicológicos para su recuperación integral, así como actos simbólicos que reconozcan el daño causado.

En el contexto cubano, sin embargo, señalaron la carencia de una normativa específica que contemple una reparación integral para las víctimas de feminicidios y para sus dependientes. Actualmente, las ayudas se limitan a pensiones de viudez u orfandad, con montos insuficientes que oscilan entre 600 y 2.300 pesos, dejando a muchas familias en situaciones económicas críticas.

Además, la Caja de Resarcimientos ha trabajado con restricciones para actuar en casos donde no se realiza un juicio o el agresor se suicida, lo que agrava la desprotección de las familias afectadas. La fragmentación de las normativas y los largos trámites burocráticos también dificultan el acceso a las indemnizaciones, dejando a muchas víctimas sin el apoyo necesario.