Cuba cierra 2025 con 1197 presos políticos, según Prisoners Defenders

La organización Prisoners Defenders denuncia un modelo represivo que se extiende desde La Habana hasta Caracas.

Cuba cerró el años 2025 con 1197 prisioneros políticos documentados, según el informe mensual publicado por la organización internacional Prisoners Defenders. A lo largo del año pasado se incorporaron 134 nuevos presos políticos a los registros, confirmando un patrón de represión sistemática que utiliza la privación de libertad como herramienta para silenciar la disidencia y el ejercicio de derechos humanos.

Solo durante diciembre la organización documentó 10 nuevos casos de encarcelamiento por motivos políticos, mientras que 5 personas fueron liberadas tras cumplir íntegramente sus condenas. Entre las personas identificadas hay 128 mujeres, 32 menores de edad (29 chicos y 3 chicas), 464 casos con patologías médicas graves y 42 con trastornos de salud mental, todos sin recibir tratamiento médico adecuado.

Perfil de la represión: ciudadanos comunes por protesta social

Uno de los hallazgos del informe es que la mayoría de los nuevos presos políticos no pertenecen a organizaciones disidentes. Se trata de ciudadanos comunes que protestaron por la miseria y la ausencia de servicios básicos como electricidad, agua o alimentos.

El caso de Mariam Prieto Rodríguez, una mujer detenida en diciembre sin tutela judicial, ejemplifica este patrón. Fue arrestada por exigir derechos básicos para ella, su hija y su nieta, acusada del delito de “propaganda contra el orden constitucional”. Paciente con VIH, estrés postraumático y depresión extrema, permanece recluida sin atención médica adecuada en la prisión Cuba-Panamá, a cinco horas de distancia de su única familia.

En Las Tunas, tres personas fueron detenidas arbitrariamente bajo la misma acusación, con la Fiscalía solicitando hasta 6 años de privación de libertad. En Santiago de Cuba, dos mujeres fueron arrestadas tras una protesta pacífica contra los cortes eléctricos en el barrio de El Carmen, enfrentando cargos por “desórdenes públicos” y permaneciendo bajo vigilancia constante y amenazas.

La conexión cubano-venezolana: exportación del modelo represivo

Los recientes eventos en Venezuela han expuesto la profundidad de la influencia cubana en la represión regional. Con la muerte de 64 militares cubanos integrados en el anillo de seguridad de Nicolás Maduro, según fuentes internas verificadas por Prisoners Defenders, se confirma lo que diversas investigaciones han denunciado durante años: la penetración masiva de las fuerzas represivas cubanas en Venezuela, pese a las negativas del régimen cubano.

El informe presenta una comparativa reveladora entre testimonios de expresos políticos venezolanos torturados y el exhaustivo “Primer Estudio Integral sobre la Tortura en Cuba”, realizado por Prisoners Defenders en 2023. Los patrones son idénticos: tortura física y posturas forzadas, privación deliberada del sueño mediante música a alto volumen, tortura psicológica con amenazas de ejecución, condiciones de detención degradantes diseñadas para humillar, y negación de atención médica.

Los políticos Wilmer Azuaje y Roberto Marrero, el abogado Marcelo Crovato y el periodista Víctor Navarro describieron métodos que coinciden exactamente con los 15 patrones de tortura documentados en Cuba, técnicas heredadas de la Stasi durante la Guerra Fría y aparentemente transferidas ahora al régimen venezolano.

Excarcelaciones fraudulentas: Cuba y Venezuela, el mismo guion

El reciente informe de Prisoners Defenders también documenta cómo Venezuela está replicando el modelo de “excarcelaciones fraudulentas” aplicado por el régimen de Cuba en 2025. Mientras el gobierno venezolano afirma haber “liberado” a más de 100 presos políticos, la ONG Foro Penal confirmó que solo 57 personas habían sido excarceladas hasta el 14 de enero, y sin publicar listas oficiales.

Es exactamente lo que ocurrió en Cuba a principios de 2025. De los 553 excarcelados, la mitad eran presos comunes, y los presos políticos “liberados” mantuvieron sus condenas bajo terribles situaciones represivas, control y amenazas. Además, el 91% de los 209 presos políticos excarcelados ya cumplían los requisitos para estar en libertad condicional desde hacía más de un año.

Prisoners Defenders advierte sobre la importancia de distinguir entre “liberación” (caso cerrado, sin condena) y “excarcelación” (manteniendo cargos y condenas vigentes). Las víctimas se sienten agraviadas cuando se habla de su “liberación” porque en realidad siguen bajo un régimen carcelario-domiciliar con amenazas constantes. Varios casos lo confirman: cuatro presos políticos excarcelados en Cuba fueron devueltos casi enseguida a prisión, incluido José Daniel Ferrer, quien tras meses de torturas fue forzado al destierro en octubre de 2025, aceptando el exilio como “la única opción para salvar su vida”.

La ONU advierte sobre desalojos forzosos como herramienta represiva

El 10 de diciembre, Naciones Unidas publicó una comunicación acusatoria contra Cuba por desalojo forzoso y hostigamiento sistemático en el caso de Marcia Natacha Parra Taupier y su familia. Los Relatores Especiales de la ONU documentaron un patrón de detenciones arbitrarias, amenazas, denegación de acceso a expedientes judiciales e incluso el despido laboral de la víctima mediante una llamada telefónica.

El caso revela una situación de vulnerabilidad extrema: Parra es la principal cuidadora de su madre de 102 años postrada en cama, padece una colostomía permanente, una enfermedad cardíaca y recibe tratamiento oncológico. Sin embargo, fue declarada “ocupante ilegal” de una vivienda estatal que ella misma rehabilitó con sus propios medios, y posteriormente fue ingresada por la fuerza en el Hospital Psiquiátrico de La Habana sin supervisión judicial, un mecanismo puramente represivo.

Cuatro años de represión intensificada

Desde julio de 2021 hasta diciembre de 2025, Cuba ha totalizado 1935 presos políticos en sus cárceles en apenas cuatro años y medio, con 1788 nuevos ingresos en ese período. De los 1197 prisioneros políticos actuales, 716 son clasificados como “Convictos de Conciencia” y 445 como “Condenados de Conciencia”, personas cuya privación o limitación de libertad resulta de la violación de derechos fundamentales por motivos políticos o ideológicos.

Entre los manifestantes del 11 de julio de 2021, 219 fueron condenados por “sedición” con un promedio de 10 años de privación de libertad. Los menores condenados por este delito han recibido penas promedio de 5 años, un castigo superior al que sufrían los adultos en prisión política antes de las protestas del 11J.

El sistema de tortura: 15 patrones documentados

El “Primer Estudio Integral sobre la Tortura en Cuba”, realizado por Prisoners Defenders en 2023 sobre la base de 181 testimonios de presos políticos civiles, identificó 15 patrones de tortura que ahora se replican en Venezuela. Los más prevalentes son:

• Agresiones físicas (67,86% de los casos)
• Patrones posturales dañinos (54,76%)
• Privación del sueño (47,02%)
• Tortura sexual y exhibición de instrumentos de tortura (36,90%)
• Privación de atención médica

Estos métodos, heredados de la Stasi durante la Guerra Fría, han sido estandarizados por el régimen cubano y ahora se implementan en Venezuela con el mismo diseño y finalidad: quebrar psicológicamente a los disidentes y mantener el control social mediante el terror.

Menores en centros penitenciarios disfrazados de escuelas

Uno de los aspectos más alarmantes es la situación de los menores. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas confirmó en junio de 2022 que aproximadamente 410 menores sufren privación de libertad cada año en Cuba: 150 menores de 16 años en las llamadas “Escuelas de Formación Integral” (auténticas prisiones que no dependen del Ministerio de Educación sino del Ministerio del Interior) y 260 jóvenes de 16 y 17 años en prisiones convencionales.

De los 32 menores actualmente en la lista de presos políticos, 16 ya han sido condenados por “sedición”, con penas promedio de 5 años. La mayoría se encuentra en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento, pero bajo constante vigilancia y amenazas.

La organización Prisoners Defenders hizo un llamado a la comunidad internacional para que reconozca la gravedad de estos crímenes y se establezcan responsabilidades más allá de las fronteras cubanas, particularmente en lo que respecta a la exportación del modelo represivo cubano a Venezuela y otros países de la región.

Violaciones sistemáticas al debido proceso

Según denuncias de seis mandatos de Naciones Unidas en junio de 2024, el régimen cubano viola el debido proceso: las Fiscalías imponen medidas de privación de libertad sin supervisión judicial alguna, sin defensa efectiva y en flagrante violación de la ley internacional. Esta práctica, que Prisoners Defenders ha documentado exhaustivamente, permite que ciudadanos sean encarcelados de forma arbitraria bajo acusaciones políticas sin las mínimas garantías procesales.

Los delitos más comunes utilizados para criminalizar la disidencia incluyen “propaganda contra el orden constitucional”, “sedición” y “desórdenes públicos”, términos ambiguos que permiten al Estado perseguir cualquier expresión de descontento. En muchos casos, como en Las Tunas durante diciembre, las personas fueron detenidas “sin tutela judicial”, acusadas sin acceso a abogados ni a los expedientes de sus propios casos.