Cuba ofrece negociar con EE.UU. compensación por las nacionalizaciones

Cuba estaría dispuesta a compensar a EE.UU. por las propiedades confiscadas, pero insiste en que el acuerdo deberá contemplar las demandas cubanas.

El régimen cubano está dispuesto a ofrecer compensaciones a ciudadanos y empresas estadounidenses que perdieron propiedades tras las nacionalizaciones llevadas a cabo por Fidel Castro a principios de los años sesenta, según reveló en una entrevista exclusiva el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, publicada el domingo 22 de marzo por el portal de noticias Drop Site News.

La declaración del viceministro cubano representa un giro importante en la postura oficial de La Habana y llega en un momento muy delicado del diálogo con la administración de Donald Trump y en medio de una crisis sin precedentes en la isla.

Una oferta con condiciones

Fernández de Cossío explicó que Cuba estaría dispuesta a alcanzar un acuerdo de “suma global” —un mecanismo mediante el cual La Habana pagaría una cifra al gobierno de Estados Unidos, que luego se encargaría de distribuirla entre los reclamantes—, pero supeditó la negociación a que sea parte de un proceso “holístico” y más amplio de normalización de relaciones entre ambos países. Eso incluiría el levantamiento del embargo, una mayor apertura a la inversión estadounidense en Cuba y el reconocimiento de las propias demandas cubanas.

“Cuba también tiene reclamaciones”, dijo Fernández de Cossío: “Creemos que el pueblo cubano y la nación cubana merecen ser compensados por el daño causado por el bloqueo económico, por la invasión, por el terrorismo, por los asesinatos, por las acciones violentas contra la economía”.

De Cossío recordó que, tras la revolución de 1959, Cuba llegó a acuerdos de compensación con varios países —entre ellos Canadá, el Reino Unido, Francia, España y Suiza— cuyas propiedades fueron nacionalizadas en la isla. Estados Unidos fue la excepción, pues prefirió en aquel momento apostar por derrocar al gobierno de Castro antes que negociar. Según él, de haberse aceptado entonces esa compensación, los pagos habrían concluido en la década de 1980.

El tenso diálogo entre Cuba y Estados Unidos

Las declaraciones de Fernández de Cossío se producen en el marco de unas muy opacas y tensas negociaciones entre Cuba y Estados Unidos que el régimen de la isla negó durante semanas y el propio dictador Miguel Díaz-Canel se vio forzado a confirmar públicamente el 13 de marzo.

El lunes 16 de marzo, Cuba anunció una mayor apertura a la inversión extranjera y, en particular, la posibilidad de que los nacionales residentes en el exterior inviertan en el país. La medida chocó con el rechazo del exilio cubano y del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que la calificó como insuficiente y sugirió que lo que Cuba necesita es cambiar a las personas que dirigen el país.

El propio día 16, Donald Trump aseguró que tendría “el honor de tomar Cuba” y que, en su opinión, podía hacer lo que quisiera con la isla. Y un día más tarde, The New York Times informó que funcionarios estadounidenses habrían exigido la salida de Díaz-Canel del poder, condición que La Habana rechazó de plano.

La batalla judicial en la Corte Suprema

La disposición cubana a negociar compensaciones ocurre en paralelo a un proceso legal de enorme alcance dentro de Estados Unidos. Cerca de 6000 ciudadanos y empresas estadounidenses han presentado reclamaciones ante el gobierno federal por propiedades nacionalizadas por Cuba después de 1959. La Comisión de Reclamaciones contra el Exterior (FCSC, por sus siglas en inglés) ha certificado 5913 de esas reclamaciones, originalmente valoradas en 1900 millones de dólares. Con décadas de intereses acumulados, la cifra estimada asciende hoy a unos 9300 millones de dólares.

Entre los reclamantes figuran grandes corporaciones como ExxonMobil, que exige más de mil millones de dólares de la estatal cubana CIMEX por la confiscación de sus instalaciones petroleras en 1960. También la empresa Havana Docks demanda a navieras como Royal Caribbean y Carnival por el uso de terminales portuarias en La Habana que fueron propiedad de una firma estadounidense.

Ambos casos llegaron ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que escuchó los argumentos el pasado 23 de febrero. En el centro del debate está el Título III de la Ley Helms-Burton, legislación que formalizó el embargo y estableció un mecanismo para que ciudadanos estadounidenses puedan demandar a entidades que usen sus propiedades confiscadas. La administración Trump ha respaldado las demandas ante la Corte, argumentando que la ley fue diseñada para ejercer presión económica sobre Cuba.

Un fallo favorable a los demandantes podría elevar aún más el costo político y económico de cualquier acuerdo futuro entre Washington y La Habana. Expertos legales han señalado que la incertidumbre sobre los títulos de propiedad en Cuba ha inhibido durante años la inversión extranjera. “Hasta que eso no se resuelva, será difícil para cualquiera hacer avances allí”, dijo Ryan Paylor, gestor de carteras de Thomas J. Herzfeld Advisors.

La propuesta cubana de negociar compensaciones busca precisamente a desactivar esta amenaza legal como parte de una estrategia más amplia. Sin embargo, cualquier acuerdo deberá sortear también la oposición del exilio cubano, que prioriza el cambio de régimen sobre cualquier otra consideración y que, según activistas consultados por Drop Site News, buscarán “sabotear” un eventual acuerdo diplomático.

Resolver las reclamaciones de propiedad es, bajo la Ley Helms-Burton, una condición necesaria para cualquier normalización entre Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, la propuesta de Fernández de Cossío no ha recibido hasta ahora una respuesta oficial de Washington, y el Departamento de Estado no respondió a la solicitud de comentarios por parte de Drop Site News.