Sherritt abandona Cuba tras 35 años

La salida de Sherritt de Cuba golpea dos sectores estratégicos, el níquel y la energía, y reactiva el debate sobre la explotación laboral de los cubanos.

La canadiense Sherritt International, una de las mayores empresas extranjeras con presencia en Cuba, anunció el 7 de mayo la suspensión inmediata de su participación en todas las empresas mixtas de la isla y el inicio del proceso de repatriación de sus empleados. La decisión, adoptada el mismo día en que Estados Unidos sancionó al conglomerado militar GAESA y a Moa Nickel S.A., pone fin a una presencia de 35 años en la isla que ha sido fundamental para dos sectores estratégicos de la economía cubana: la minería de níquel y cobalto, y la generación de electricidad.

Aunque Sherritt aclaró que no ha sido formalmente incluida en la lista de entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro, reconoció en un comunicado que la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el 1 de mayo crea por sí sola las condiciones que afectan su capacidad para operar con normalidad.

Tras al anuncio, dimitieron tres miembros del consejo de administración de Sherritt, incluido su presidente, Brian Imrie, sin que la compañía explicara los motivos.

Treinta años de níquel, cobalto y electricidad

Con presencia en Cuba desde 1994, Sherritt poseía el 50% de Moa Nickel S.A., empresa mixta con la estatal General Nickel Company radicada en Moa, con capacidad anual de producción de 38 mil toneladas métricas de níquel y cobalto. Sólo en 2025, la operación generó más de 25 mil toneladas de níquel y 2728 de cobalto, convirtiéndola en una de las pocas fuentes de divisas duras del régimen cubano, empleadas para sostener importaciones de combustible y alimentos. La planta de procesamiento en Moa abastecía de materia prima a la refinería de Fort Saskatchewan, en Alberta (Canadá), que continuará operando hasta agotar sus reservas a mediados de junio.

Sherritt poseía además un tercio de la empresa Energas, responsable de la generación eléctrica a partir de gas natural en instalaciones ubicadas en Boca de Jaruco, Puerto Escondido y Varadero. Su participación equivalía a cerca del 10% de la generación eléctrica cubana. La retirada de Sherritt agrava así la crónica crisis energética de la isla, que ya sufría apagones masivos desde 2025.

La relación entre Sherritt y el régimen cubano arrastraba desde hace años tensiones financieras considerables. El gobierno de La Habana debía a la empresa unos 344 millones de dólares al cierre del segundo trimestre de 2025, cifra que desde 2023 se intentaba saldar mediante entregas de cobalto. Los incumplimientos parciales del acuerdo durante 2024 habían deteriorado aún más la relación entre los socios. Ese contexto de vulnerabilidad financiera acumulada hace que la retirada de Sherritt, aunque detonada por las sanciones, responda también a una larga acumulación de riesgos que la compañía ya no podía sostener.

COREFCO: acusaciones por trata de personas en suelo canadiense

La salida de Sherritt no puede desligarse de otro problema que pesaba sobre la empresa: las denuncias de explotación laboral en su propia refinería de Alberta. En agosto de 2025, la ONG Archivo Cuba (Free Society Project) publicó un informe que denunciaba un presunto esquema de trata de personas que involucra a trabajadores cubanos enviados bajo misiones laborales a la refinería de metales Cobalt Refinery Company (COREFCO), perteneciente a la empresa mixta Moa Joint Venture.

Según el informe, basado en testimonios y documentos confidenciales, desde hace tres décadas La Habana enviaba regularmente a la refinería especialistas que sobre el papel percibían salarios de nivel canadiense, pero en la práctica se veían obligados a transferir al régimen hasta el 84% de sus ingresos brutos. Un contrato de 2016 muestra que un especialista podía devengar 95.450 dólares canadienses anuales, pero tras impuestos, descuentos y la transferencia forzada a cuentas estatales cubanas, le quedaban apenas entre 600 y 1000 dólares mensuales, con los que no alcanzaba a cubrir sus necesidades básicas en Canadá. En 2016, el total de transferencias realizadas desde Fort Saskatchewan a cuentas controladas por CubaNíquel ascendió a casi medio millón de dólares canadienses.

Más allá de la confiscación salarial, el informe describe un régimen de control y vigilancia extremo: los trabajadores no podían relacionarse con la población local, necesitaban autorización para salir de Fort Saskatchewan y recibían instrucción política de forma clandestina para no despertar sospechas ante las autoridades canadienses. Muchos de los trabajadores cubanos en COREFCO eran, según el informe, miembros del Partido Comunista o agentes de la Seguridad del Estado. Se estima que al menos 40 trabajadores desertaron en Alberta y Edmonton; y todos los que solicitaron asilo fueron reconocidos por las autoridades canadienses como víctimas de explotación laboral.

Archivo Cuba señaló que este esquema viola el Protocolo de Palermo contra la Trata de Personas, ratificado por Canadá en 2002, y recomendó al gobierno de Ottawa auditar los casos de asilo, investigar a Sherritt por complicidad y sancionar a los bancos canadienses que facilitaron las transferencias. La ONG también instó al Departamento de Estado de EE.UU. a considerar a Canadá como un país que tolera la trata. Sherritt International no respondió en ningún momento a las solicitudes de comentario formuladas por los medios que cubrieron el informe.

La repatriación y el contexto de la esclavitud moderna

En su comunicado del 7 de mayo, Sherritt informó que había solicitado a sus socios de la isla la repatriación del personal cubano destinado en Canadá. Esta petición adquiere una resonancia especial ante las denuncias de Archivo Cuba: significaría el regreso a la isla de trabajadores sometidos a un régimen que el informe califica como trata de personas. El asunto se inserta en una de las prioridades de la administración Trump: la lucha contra la trata y la esclavitud moderna, que Washington ha abordado con intensidad en los últimos meses, en particular en relación con las misiones médicas cubanas en el exterior.

En ese marco, las sanciones a GAESA y Moa Nickel, el fin de las operaciones de Sherritt y la repatriación de sus trabajadores configuran una estrategia coherente que va más allá del endurecimiento económico y apunta a desmantelar un sistema que Washington ha definido como cleptocrático y coercitivo en todos sus niveles.

La salida de Sherritt, por otra parte, priva al régimen cubano de una importante fuente de divisas y agrava la crisis energética que ya sufre el país.