Represión en Cuba: 1250 presos políticos, mujeres y niños entre rejas

Con 145 mujeres condenadas por motivos políticos, Cuba alcanza un nuevo récord de presas políticas, advierte informe de Prisoners Defenders.

Mientras el régimen cubano mantiene su narrativa de diálogo y proclama excarcelaciones ante la comunidad internacional, los números cuentan una historia diferente. Según el informe mensual publicado el 16 de abril por la ONG Prisoners Defenders, Cuba cerró el mes de marzo con 1250 presos políticos y de conciencia verificados, una cifra récord que no deja de crecer. Solo en los últimos doce meses se han sumado 205 nuevos presos políticos a la lista, un promedio de 17 cada mes. En total, desde julio de 2021, el régimen ha encarcelado a más de 2000 personas por motivos políticos.

Los datos desmienten cualquier supuesto de que Cuba avanza hacia una flexibilización política. Cada anuncio de liberaciones ha ido acompañado, según Prisoners Defenders, de nuevas oleadas de detenciones que compensan con creces las salidas.

Un récord entre las mujeres

Uno de los datos más alarmantes del informe es el que concierne a las mujeres: 145 condenadas por motivos políticos, Cuba alcanza un nuevo récord de presas políticas. Solo en marzo, de los 44 nuevos presos políticos verificados, 13 eran mujeres, lo que representa el 29% del total, evidenciando que la represión contra colectivos vulnerables se intensifica.

Entre los casos documentados destaca el de Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes como Anna Bensi, joven de 21 años que se hizo viral en redes sociales por sus vídeos críticos sobre la situación en Cuba. Ella y su madre, Caridad Silvente Laffita, fueron procesadas penalmente en marzo por grabar dentro de su propia casa la actuación de agentes de la Seguridad del Estado durante la entrega de una citación policial y difundirla en redes sociales. La acusación contra ellas surgió como consecuencia de haber documentado el abuso, no de haberlo cometido. El objetivo, señala el informe, era silenciarlas, pero no lo lograron: la presión internacional y la movilización en redes consiguió el sobreseimiento de los expedientes el 13 de abril, aunque las autoridades advirtieron a madre e hija que podrían volver a reprimirlas.

“De los 44 nuevos presos políticos verificados en marzo, 13 son mujeres.”

También fue detenida en marzo la periodista independiente Yania Suárez Caballero, colaboradora de medios como Cubanet y Diario de Cuba, arrestada cuando acudió voluntariamente a una unidad policial para denunciar el uso ilegal de un generador que contaminaba su edificio. En lugar de tramitar la queja, las autoridades la acusaron de “ejercicio arbitrario del derecho” y “amenazas”. Otro caso que ilustra el patrón sistemático del régimen: convertir la denuncia en delito.

Niños en prisión de adultos

Quizás el aspecto más perturbador del informe es la situación de los menores de edad. De la lista actual de presos políticos, al menos 33 fueron detenidos siendo menores de edad, dos más que el mes anterior. Pero la situación se torna aún más grave si se tiene en cuenta que, según el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, al menos 150 niños menores de 16 años son confinados cada año en Cuba, y unos 260 adolescentes de 16 y 17 años sufren privación de libertad anualmente en prisiones de adultos, lo que eleva a 410 el número de menores que padecen encarcelamiento cada año en el país.

“Al menos 150 niños menores de 16 años son confinados cada año en Cuba.”

El informe recoge con especial urgencia el caso de Jonathan Muir Burgos, de 16 años, hijo de un pastor evangélico que ya venía siendo hostigado por el régimen. Jonathan fue detenido en Morón, Ciego de Ávila, durante las protestas del 13 de marzo, y enfrenta cargos de “sabotaje”, un delito que en Cuba suele procesarse en tribunales militares, incluso cuando afecta a civiles o menores. A la fecha de publicación del informe, se encontraba recluido en la Prisión Canaleta —un centro penitenciario de adultos—, sin recibir atención médica pese a padecer hipoglucemia e inmunodepresión, en condiciones insalubres y con un cuadro grave de estrés postraumático. Su solicitud de habeas corpus fue rechazada.

Junto a él se encuentra Cristian Crespo Álvarez, también menor de edad. Ambos se conocieron en prisión, y los dos se les presiona para que firmen declaraciones falsas inculpatorias sobre delitos que no han cometido, según advierte Prisoners Defenders.

Otro menor detenido en el contexto de las protestas de Ciego de Ávila fue Kevin Samuel Echevarría Rodríguez, de 15 años, sin orden de arresto ni garantía procesal alguna, y acusado de organizar las manifestaciones.

Protestas por el hambre, la luz y el agua: el detonante

Las protestas que motivaron la mayoría de los arrestos en marzo estallaron en respuesta a los prolongados apagones, la escasez de alimentos y la falta de servicios básicos. Ciudadanos que golpearon cacerolas, publicaron vídeos en redes sociales o se manifestaron en sus barrios se han visto de repente procesados. 217 manifestantes han recibido condenas por sedición a una media de 10 años de cárcel.

La represión no solo alcanzó a individuos aislados. El informe de Prisoners Defenders documenta múltiples casos de familias enteras detenidas: hermanos arrestados juntos, madres recluidas con sus hijos, parejas perseguidas de forma simultánea. En Ciego de Ávila, entre los casi doscientos detenidos tras las protestas del 13 de marzo, figuran tanto adultos como menores de edad, todos arrestados sin orden judicial por agentes conocidos como “Boinas Negras”. En La Habana, Prisoners Defenders verificó 21 nuevos presos políticos en los municipios Arroyo Naranjo, Cerro, Guanabacoa, Regla y Diez de Octubre.

Tortura, enfermedad y orfandad forzosa

Las condiciones de reclusión son en sí mismas una condena adicional. 447 presos políticos padecen enfermedades causadas o agravadas por la deficiente alimentación, los malos tratos y la ausencia de atención médica. Otros 47 sufren trastornos mentales severos sin tratamiento psiquiátrico adecuado.

Prisoners Defenders ha identificado a 32 presos cuya situación constituye una urgencia humanitaria: 21 con enfermedades que podrían causarles la muerte en menos de un año, 4 madres cuyos hijos menores han quedado en situación de orfandad forzosa —algunas trasladadas a prisiones lejos de sus familias—, y 7 con trastornos mentales incompatibles con el encarcelamiento.

El periodismo como última línea de defensa

El propio informe concluye con una reflexión sobre el papel de la prensa internacional. En un contexto de silencio institucional por parte de organismos como la Comisión Europea y de gobiernos como el de España, Prisoners Defenders señala que la atención constante de la prensa sobre la represión en Cuba —con nombres y apellidos— se ha convertido en la única tabla de salvación para muchos perseguidos y torturados. El caso de Anna Bensi es el ejemplo más reciente: fue la movilización de medios internacionales la que logró el sobreseimiento de los cargos, al menos por ahora.

Cada mes que pasa, la lista de presos políticos en Cuba crece. Y cada mes, el régimen sigue hablando de apertura. Pero la realidad en la isla es muy distinta y requiere atención internacional urgente.