Envejecer en Cuba: entre la necesidad y el privilegio

El primer hogar de ancianos privado abre sus puertas en Cuba con precios inalcanzables para una sociedad cada vez más envejecida sumida en la pobreza.

En El Vedado habanero, en una casa equipada con aire acondicionado, agua fría y caliente, y atención de profesionales de la salud las veinticuatro horas, acaba de abrir la primera residencia privada para adultos mayores de Cuba. Se llama TaTamanía y tiene, por ahora, diez plazas distribuidas en habitaciones dobles. El precio es de alrededor de 1080 dólares mensuales, según reporta 14ymedio.

En un país donde el salario estatal promedio no supera los 5000 pesos cubanos —menos de diez dólares al tipo de cambio informal—, esa cifra es astronómica. Lo que evidencia que el servicio no está pensado para los cubanos que viven en la isla, sino para quienes tienen familia en el exterior que pueda pagar en divisas por el cuidado de sus mayores.

La apertura de TaTamanía es fruto de una decisión política que se formalizó legalmente en febrero de 2026, cuando el Consejo de Ministros autorizó al sector privado a gestionar residencias para adultos mayores y personas con discapacidad, reconociendo de manera explícita tanto el “acelerado proceso de envejecimiento de la población cubana” como “la necesidad de ampliar el alcance de los servicios sociales de cuidados”.

En abril, el Ministerio de Salud Pública publicó el reglamento técnico que detalla cómo deben funcionar estos establecimientos. Cuba regula así por primera vez, y con décadas de retraso, un fenómeno que ya existía en la práctica desde hacía años: el cuidado privado de personas mayores.

La crisis demográfica y el envejecimiento poblacional

Al cierre de 2024, según el Anuario Estadístico de la ONEI, el 25.7% de la población cubana tenía 60 años o más, una de las proporciones más altas de América Latina y el Caribe. Provincias como Villa Clara alcanzan el 29.1% y La Habana el 28.1%. Es una situación que viene agudizándose desde 2010, y en los últimos tiempos el envejecimiento, lejos de desacelerarse, avanza a un ritmo que el propio Estado admite no ser capaz de gestionar.

A este proceso demográfico estructural se suma una variable más reciente y devastadora: la emigración masiva. En apenas cinco años, Cuba ha vivido uno de los mayores éxodos de su historia, impulsado no solo por la escasez de alimentos, combustible y medicamentos, sino también por la falta de libertades económicas y políticas. El resultado es una isla con muchos más ancianos y pocos jóvenes disponibles para cuidarlos.

Sobre ese vacío nació TaTamanía. La empresa lleva trabajando desde 2022 en hogares y hospitales, en cuatro provincias, sin que existiera aún un marco legal para su actividad. Su presidenta, Yadira Álvarez, ha señalado que el negocio surgió precisamente para llenar ese hueco que el Estado no podía cubrir.

El Estado transfiere su responsabilidad

El retroceso del Estado cubano en la asistencia social no es nuevo, pero en los últimos meses se ha vuelto crítico. La socióloga Elaine Acosta, directora del Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos “Cuido 60”, lo ha descrito con claridad a El Toque: la política social cubana, “en lugar de ampliar y profundizar el presupuesto, los programas y los mecanismos de protección social, se ha comportado de manera regresiva, disminuyendo la participación del Estado en la asistencia social y transfiriendo buena parte de estas responsabilidades a las familias, a los municipios y las comunidades”.

En otra entrevista, publicada por Alas Tensas, la propia Elaine Acosta añadía: “el desafío no es solo ampliar la oferta a los actores privados, que está muy bien y es algo que hemos exigido durante mucho tiempo, sino también garantizar que el derecho al cuidado no dependa única y exclusivamente del poder adquisitivo de las personas mayores, sobre todo cuando el propio Estado ha depauperado sus ingresos y sus condiciones de vida”.

Los datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) lo confirman: ocho de cada diez cubanos mayores de 61 años tuvieron que saltarse alguna comida en 2025 por falta de dinero o escasez de alimentos. Un 14% de los mayores de 70 años encuestados seguía trabajando después de jubilarse porque la pensión no alcanza para cubrir sus necesidades básicas. “Cuando queremos ponerle rostro a la pobreza en Cuba pensamos en los adultos mayores”, dijo Yaxys Cires, director del OCDH, al presentar el informe en septiembre de 2025.

Los hogares estatales de ancianos, mientras tanto, llevan años sin poder garantizar los servicios básicos, incluida la alimentación. Son instituciones tensionadas hasta el límite por la falta de recursos materiales, financieros y humanos, muchos de cuyos trabajadores también han emigrado.

La desigualdad y las reglas del mercado

La normativa aprobada —el Acuerdo 10249/2025 del Consejo de Ministros, desarrollado por la Resolución 247/2025 del Ministerio de Salud Pública— permite que mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia operen tres modalidades de servicio: residencias diurnas, permanentes o mixtas. Los locales deben cumplir condiciones sanitarias específicas, incluyendo la obligación de contar con un sistema alternativo de generación eléctrica, un reflejo directo de la crónica crisis energética cubana. El personal debe estar certificado, y cada residencia debe reservar al menos el 10% de sus plazas para personas “vulnerables”, que pagarían la tarifa estatal —alrededor de 1260 pesos mensuales— o, en caso de insolvencia, serían cubiertas por la Asistencia Social.

Sin embargo, la normativa no establece tarifas máximas para el resto de las plazas, que quedan libres al criterio del mercado. Tampoco define una proporción de cuidadores por residentes ni prevé mecanismos para la apelación ante negativas de autorización. Y el compromiso de atender a personas vulnerables descansa sobre una Asistencia Social que, como advierte El Toque, es históricamente “focalizada, burocrática y con recursos escasos”.

En la práctica, esto significa que TaTamanía reservará una de sus diez camas actuales para alguien que pague 1260 pesos al mes —mientras las otras nueve costarán el equivalente a más de medio millón de pesos—. La brecha es tan abismal que ilustra, sin necesidad de comentarios, cuán grave es la desigualdad que esta apertura consagra.

Una crisis sistémica

Lo que ocurre en Cuba con el cuidado de sus mayores no es solo un problema de gestión ni de demografía: es la expresión de una crisis sistémica en la que el Estado, incapaz de sostener el modelo de protección que prometió durante décadas, transfiere esa responsabilidad silenciosamente al mercado y a las familias. El mercado, a su vez, fija precios que solo pueden pagar quienes tienen acceso a divisas desde el exterior.

El resultado es una sociedad que envejece y se empobrece rápido, y en la cual la calidad de la vida, especialmente en la vejez, depende cada vez más de si hay alguien al otro lado del mar que pueda transferir dinero a tiempo.